<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 6.00.2900.3429" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff background=""><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><FONT color=#800000><EM><U><FONT
size=5>correspondencia de prensa - boletín solidario</FONT></U></EM>
<BR><FONT color=#ff0000 size=6>Agenda Radical</FONT><BR>Edición internacional
del Colectivo Militante<BR><U>30 de octubre 2008</U><BR>Redacción y
suscripciones:</FONT> </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Colombia</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Estalla la bomba de las ejecuciones
extrajudiciales<BR></STRONG></DIV></FONT><FONT face=Arial></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Constanza
Vieira</FONT> <BR><BR></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>IPS, Bogotá,
30-10-08</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><A
href="http://www.ipsnoticias.net/"><STRONG>http://www.ipsnoticias.net/</STRONG></A></FONT></DIV><FONT
face=Arial size=2></FONT><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR><BR>La destitución de 20 oficiales y siete suboficiales
del ejército, por ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate,
"es un triunfo de las organizaciones de derechos humanos, un triunfo de la
sociedad colombiana", dijo Reynaldo Villalba, del Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Villalba llamó a la Fiscalía General de la Nación a hacer
"un gran trabajo", "no solamente con los destituidos sino especialmente con los
no destituidos, los que permanecen ocultos y son responsables de estas
políticas". <BR><BR>Los tres generales, 11 coroneles, cuatro mayores, un
capitán, un teniente, seis sargentos y un cabo destituidos tenían jurisdicción
en los departamentos de Santander (nororiente), Norte de Santander y Arauca,
ambos fronterizos con Venezuela, y en Antioquia, en el noroccidente. <BR><BR>Las
divisiones Segunda y Séptima quedaron acéfalas con la salida de sus respectivos
comandantes, los generales José Joaquín Cortés (Santander, Norte de Santander y
Arauca) y Roberto Pico (Antioquia). <BR><BR>El otro general destituido es
Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30, en cuya jurisdicción, provincia
de Ocaña, región del Catatumbo, Norte de Santander, se abrió la caja de Pandora
de las ejecuciones extrajudiciales en este país que vive en guerra interna desde
1964. <BR><BR>La medida fue anunciada el miércoles en mitad de la visita de la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la
sudafricana Navi Pillay, ex jueza de la Corte Penal Internacional y del Tribunal
Penal Internacional para Rwanda. <BR><BR>Pillay reiteró la recomendación del
informe anual de su oficina, emitido en 2007: que el gobierno y los comandantes
de las Fuerzas Armadas erradiquen las ejecuciones extrajudiciales y prevengan,
sancionen y hagan públicos los casos. <BR><BR>Asimismo, Pillay subrayó "la
importancia de que estos hechos sean investigados por la justicia ordinaria" e
instó al fiscal general Mario Iguarán "a fortalecer la Unidad de Derechos
Humanos" para esclarecer todas las denuncias. <BR><BR>En la tarde terminó la
visita del director para América Latina de la Dirección de Relaciones Exteriores
de la Comisión Europea, Stefano Sannino, quien el martes afirmó que "hay un
avance muy importante, muy positivo y una atención muy importante del gobierno
colombiano en el tema de derechos humanos". <BR><BR>El 23 de septiembre estalló
la noticia: la morgue de Ocaña estaba repleta, pues el contrato con la parroquia
católica local había vencido y no había dónde enterrar tantos muertos.
<BR><BR>Al menos 23 de los cuerpos eran de jóvenes remitidos por autoridades
militares como muertos en combate y entraron en distintas fechas a la morgue en
los últimos cuatro meses. <BR><BR>Once de ellos desaparecieron de sus casas en
la deprimida zona sur de Bogotá un día y medio o dos antes del 23. Pero entre
Ocaña y Bogotá hay unos 700 kilómetros y el viaje por tierra demora día y medio.
Si no fueron trasladados vía aérea, murieron casi inmediatamente al llegar a la
remota región. <BR><BR>En Ocaña operan la Brigada Móvil Número 15 de
Contraguerrilla, con dos coroneles destituidos, pero también el Batallón de
Infantería Número 15 y el Batallón Plan Energético Vial. <BR><BR>El cuerpo de
Joaquín Castro, obrero fundidor de 25 años, ya no estorbaba en el depósito de
cadáveres. Desapareció el 13 de enero de su casa en Bogotá, dos días después
entró a la morgue de Ocaña como muerto en combate, y el 20 de septiembre le
avisaron de su muerte a la madre, Elvira Vásquez, quien le dio sepultura.
<BR><BR>Las familias niegan que sus hijos hayan sido delincuentes, paramilitares
de ultraderecha o guerrilleros izquierdistas, como afirmó el general Coronado.
De los 11, el ejército reportó expresamente que ocho eran paramilitares y uno
guerrillero. <BR><BR>El día que estalló el escándalo, la Defensoría del Pueblo
(ombudsman) emitió incluso un comunicado que situaba los hechos como
"reclutamiento forzoso de menores de edad", una práctica ajena al ejército, pero
propia de los ejércitos irregulares. <BR><BR>Mientras, las autoridades se
dedicaron a mostrar antecedentes judiciales de algunos de los muertos,
incluyendo una demanda por alimentos. <BR><BR>La secretaria de Gobierno de
Bogotá, Clara López, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, desde el
principio calificó los casos de "desaparición forzada con fines de homicidio",
pero fue duramente atacada por el gobierno, que advirtió que se abstuviera de
"prejuzgar". <BR><BR>El gobierno de Álvaro Uribe centra su principal bandera, la
contrainsurgente política de Seguridad Democrática, en incrementar la imagen
pública de las Fuerzas Armadas. <BR><BR>El 25 de julio, Uribe dijo que "la
estrategia guerrillera" consistiría ahora en que "cada vez que se le da una baja
a la guerrilla (sic), ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el
extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial", en referencia
indirecta a los defensores de derechos humanos. <BR><BR>Y el 9 de septiembre el
ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reportó haber "descubierto" "una
política deliberada de ciertas organizaciones" con relación a "las mal llamadas
ejecuciones extrajudiciales". <BR><BR>Esta política, según el ministro,
consistiría en "simplemente inflar las cifras" progresivamente, "para
deslegitimar la fuerza pública" mediante acusaciones que son luego "muy
difíciles de desvirtuar políticamente". <BR><BR>"Es muy curioso que cuando hay
un combate con guerrilla de civil, inmediatamente comienzan las denuncias sobre
ejecuciones extrajudiciales", dijo Santos el 29 de septiembre a la emisora W
Radio. <BR><BR>Desde septiembre de 2007, la cartera de Defensa orienta a las
tropas en que "mejor un desmovilizado que un capturado, mejor un capturado que
un muerto", según Santos. <BR><BR>Pero el propio Uribe ha dictado incontables
veces a sus tropas la orden de "exterminar" a la guerrilla, incluso este año.
<BR><BR>Y ante reiteradas acusaciones de que la fuerza pública sigue actuando en
connivencia con milicias ilegales conocidas como Águilas Negras y otras
estructuras paramilitares que no se desmovilizaron tras pactos con el gobierno,
Uribe también ordenó "resultados". <BR><BR>Las cifras de bajas, efectivamente,
fueron aumentando. <BR><BR>El 8 de octubre, el senador izquierdista Gustavo
Petro aseveró que serían 130 los muchachos asesinados para que el ejército los
presentara como bajas en combate en distintos puntos del país. <BR><BR>La
Oficina en Colombia de la Alta Comisionada emitió el 26 de septiembre un duro
comunicado contra la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, que había
observado en los departamentos noroccidentales de Antioquia, Córdoba y Sucre.
<BR><BR>La Oficina describió un "patrón" común: "las víctimas reciben promesas
de trabajo, aparentemente legales o incluso ilegales, para trasladarse a
municipios y departamentos distintos de sus lugares de residencia", y terminan
en un día o dos como éxito militar. <BR><BR>Existe participación de "verdaderas
redes criminales, encargadas de engañar y conducir a las personas hasta el lugar
donde se les da muerte", alertó la Oficina. <BR><BR>El anuncio de la destitución
de los militares se dio hora y media antes de la presentación en Bogotá de
cuatro informes sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de 209
organizaciones de derechos humanos nacionales y de una misión internacional de
13 profesionales de cuatro países europeos y Estados Unidos. <BR><BR>Uno de los
informes reporta más de 55 casos de bajas en combate en la jurisdicción de la
Brigada 15 en los últimos dos años, "que en realidad, de acuerdo a los
testimonios de los familiares y vecinos, eran hombres laboriosos". <BR><BR>Esta
Brigada "en los últimos tres años ha sido una verdadera máquina de muerte",
según el jurista Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos
y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU),
que presentó uno de los informes, pues "ha dejado una estela de muertos en la
zona de su jurisdicción". <BR><BR>Gustavo Gallón, director de la Comisión
Colombiana de Juristas, se preguntó "por qué no han reaccionado antes este
gobierno y gobiernos anteriores", si esto "se ha denunciado por lo menos desde
los años 70 del siglo XX". <BR><BR>"Son comportamientos que se repiten en todas
las brigadas, en todas las divisiones, en todas las regiones del país, para
hablar en términos civiles", agregó, y "obedecen a un patrón, a una forma de
comportamiento" basada en la discriminación de personas humildes, de raza negra,
indígenas, "y por supuesto de opositores", dijo Gallón a IPS. <BR><BR>Muchas
víctimas provienen de sectores socialmente vulnerables, incluyendo indigentes y
adictos a las drogas ajenos a redes sociales, "seguramente para actuar con mayor
impunidad, creyendo que estas personas no serían reclamadas por nadie", según el
abogado Villalba. <BR><BR>Entre enero de 2007 y junio de 2008 "una persona
perdió la vida diariamente por ejecución extrajudicial" directamente atribuida a
la fuerza pública, muestran las denuncias recibidas por la CCEEU, plataforma de
derechos humanos que agrupa a 202 organizaciones. <BR><BR>Es "un aumento de casi
el doble de los hechos" que la CCEEU registró entre el 1 de julio de 2002 y el
30 de junio de 2007, "y de casi el triple" comparado con los cinco años
anteriores a la administración de Uribe, iniciada en agosto de 2002. <BR><BR>El
abogado Yepes atribuye ese aumento a la intensificación de la guerra.
<BR><BR>Hay una "militarización extrema de la vida civil, que ha incrementado
notablemente la presencia de fuerza pública en todo el territorio nacional",
sumada a "una presión muy fuerte de resultados sobre la tropa" que tiene que
mostrar "control de las zonas a cualquier costo", dijo Yepes a IPS. <BR><BR>A
esto se agrega "una estructura perversa de incentivos y sanciones", como
bonificaciones, ascensos, traslados y viajes al exterior, por resultados
militares en el marco de la Seguridad Democrática, añadió. <BR><BR>"Hemos
comprobado que brigadas altamente comprometidas en ejecuciones extrajudiciales
reciben ayuda militar de Estados Unidos", y muchos de sus comandantes "han
recibido también entrenamiento" de ese país, advirtió Yepes. <BR><BR>Los
condicionamientos de derechos humanos que el Poder Legislativo de Estados Unidos
puso a la ayuda militar a Colombia, la tercera mayor que entrega ese país,
después de Israel y Egipto, "no se están cumpliendo", dijo. <BR><BR>Si las
autoridades de control hubieran actuado ante los primeros reportes, "nos
hubiéramos ahorrado muchos muertos", aunque "no todo es negativo", matizó.
<BR><BR>"Hay un aumento de la conciencia pública sobre la realidad dramática de
las ejecuciones extrajudiciales", no sólo en la sociedad sino en las
autoridades, que comienzan a entender que esta práctica es inaceptable
internacionalmente, apuntó Yepes. <BR><BR>Pero también ha influido "una
actividad valiente de las víctimas que han salido a dar la cara, a denunciar",
"con un riesgo enorme para sus vidas", así como la labor del movimiento nacional
e internacional de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas, concluyó. </DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT color=#800000 size=3>Correspondencia de Prensa -
Agenda Radical - Boletín Solidario<BR>Ernesto Herrera (editor):
</FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=3>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR><STRONG><FONT size=3><FONT
color=#800000>Edición internacional del Colectivo Militante - Por la Unidad de
los Revolucionarios<BR>Gaboto 1305 - Teléfono (5982) 4003298 - Montevideo -
Uruguay</FONT><BR></FONT></STRONG><A
href="mailto:Agendaradical@egrupos.net"><STRONG><FONT
size=3>Agendaradical@egrupos.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV></FONT></BODY></HTML>