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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><FONT color=#800000><EM><U><FONT
size=5>correspondencia de prensa - boletín solidario<BR></FONT></U></EM><FONT
color=#ff0000 size=6>Agenda Radical</FONT><BR>Edición internacional del
Colectivo Militante<BR><U>8 de diciembre 2008</U><BR>Redacción y
suscripciones:</FONT> </FONT></STRONG></FONT><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><FONT face=Arial
size=4><STRONG>germain5@chasque.net</STRONG></FONT></A></DIV>
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size=3>Colombia<BR><BR>La guerra sucia que oscurece a Colombia<BR><BR>Las
autoridades judiciales investigan a militares por la desaparición de más de mil
civiles desde 2002</FONT></STRONG></FONT></DIV>
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size=3></FONT></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>El perfil de la
víctima corresponde a hombres entre 18 y 30 años, campesinos, mendigos,
drogadictos, líderes comunales y jóvenes marginales. Los embaucan con promesas
de trabajo en campos lejanos de sus hogares para que nadie pueda reclamarlos y
así enterrarlos en fosas comunes.</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><BR><STRONG>Winston Manrique Sabogal<BR>El País, Madrid,
7-12-08</STRONG><BR></FONT><A href="http://www.elpais.com/"><FONT face=Arial
size=2><STRONG>http://www.elpais.com/</STRONG></FONT></A><BR><BR><BR><FONT
face=Arial size=2>En la región del Bajo Ariari, en el centro de Colombia,
estaban acostumbrados a la violencia de paramilitares y guerrilleros, pero no a
ésta. Hace dos años, empezaron a desaparecer campesinos y marginados sin motivo
alguno. Sus cuerpos fueron encontrados después, a decenas de kilómetros, y el
Ejército los contabilizó como insurgentes muertos en combate. En total han sido
supuestamente 55 víctimas, aunque las ONG elevan hasta 2.100 los casos de
posibles ejecuciones extrajudiciales, cometidas desde 2002 presuntamente por
militares, en complicidad con narcotraficantes, paramilitares y delincuentes
comunes. Oficialmente, la justicia investiga más de mil
desapariciones.<BR><BR>Más de 3.000 funcionarios del Ejército están siendo
investigados por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de
la Nación en relación con los cientos de casos que han sido denunciados. El
Gobierno ha destituido a 40 militares hasta ahora. Dos centenares de ONG afirman
que los crímenes han aumentado y su impunidad.<BR><BR>Este escándalo, que
estalló a finales de septiembre, es producto de las grietas de la política de
Seguridad Democrática, la principal arma del presidente Álvaro Uribe desde su
llegada al poder en 2002. "Su objetivo es la recuperación y el control del
territorio y la presencia del Estado donde no estaba", explica Sergio Jaramillo
Caro, viceministro de Defensa. Es decir, reducir la violencia y el número de
secuestros, y devolver la tranquilidad a un país en guerra permanente.<BR><BR>La
paz ha vuelto a muchas zonas del país. El aumento de la seguridad ha atraído a
más inversores y mantiene la popularidad de Uribe en máximos sin precedentes en
América Latina. Pero esta estrategia, basada entre otras cosas en un sistema
agresivo de incentivos, también ha derivado en una guerra sucia. En primer
lugar, el Gobierno recompensa a los civiles que informan sobre guerrilleros, lo
que generado presuntamente una red de delincuencia que saca beneficio de
entregar a las autoridades los cuerpos de inocentes. En segundo lugar, el
Ejército premia a los militares en función del número de bajas que consiguen, lo
que supuestamente ha provocado más de un abuso.<BR><BR>Entre el afán de lograr
objetivos y el ansia de obtener recompensas se estarían cometiendo hechos muy
graves, según el fiscal Mario Iguarán Arana. "Yo presiono, pero no presiono a
nadie para que haga actos criminales", se ha defendido Uribe. "La realidad ha
demostrado que se trata de una política que incluye el pago de recompensas
millonarias por información de insurgentes que ha degenerado en algo siniestro",
denuncia Iván Cepeda Castro, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado de Colombia.<BR><BR>"No es justo considerar que el asesinato
de civiles para ser presentados como guerrilleros dados de baja responda a una
siniestra estrategia de las Fuerzas Militares de Colombia. Menos aún puede
atribuirse al Gobierno una directa responsabilidad en este escándalo",
reflexiona Plinio Apuleyo Mendoza, escritor y periodista.<BR><BR>El perfil de la
víctima corresponde a hombres entre 18 y 30 años, campesinos, mendigos,
drogadictos, líderes comunales y jóvenes marginales. Los embaucan con promesas
de trabajo en campos lejanos de sus hogares para que nadie pueda reclamarlos y
así enterrarlos en fosas comunes. "El secuestro es una plaga y el Gobierno ha
hecho una labor de sensibilización, pero mientras entre los secuestrados hay
políticos y ricos, entre los falsos positivos [víctimas de las ejecuciones
extrajudiciales] sólo hay marginados y pobres", se lamenta Héctor Torres, de la
Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari.<BR><BR>El perfil del ejecutor
varía. Diversas investigaciones del Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la
Procuraduría y organizaciones de derechos humanos permiten establecer que hay
varias clases de criminales. Los narcotraficantes son los que más recurren a
esta macabra estrategia, según explica el viceministro de Defensa. Reclutan con
engaños a estas personas, las dejan en el campo y luego informan a alguien del
batallón más próximo de que en la zona hay guerrilleros. Días después, llega el
Ejército, y, horas más tarde, aparecen como caídos en combate. Así se benefician
las dos partes, los militares cumplen objetivos, ganan méritos y, a cambio,
dejan en paz a los narcos. Los paramilitares también participan en esta guerra
sucia, señalando a personas que creen vinculadas a la guerrilla y así poder
limpiar la zona. El tercer grupo lo constituyen las bandas emergentes o
delincuentes comunes. También están las legalizaciones de inocentes que surgen
por iniciativa de algún militar o soldado para ganar méritos, ascensos, más
poder o permisos. No faltan los falsos positivos producto del azar, del llamado
fuego amigo, donde muere un inocente y el Ejército lo da como baja de un
guerrillero. Finalmente, el Gobierno cree que la guerrilla también podría estar
participando en estos crímenes para desprestigiar a los militares.<BR><BR>¿Por
qué el Gobierno de Uribe ha guardado silencio tanto tiempo y descalificado a
quienes denunciaban estos crímenes? "Uno de los problemas es la veracidad de la
información", explica el viceministro de Defensa. "Sólo a través de un proceso
judicial se puede establecer la veracidad. Además, hay falsas denuncias, sin
desconocer que hay casos reales".<BR><BR>"El Gobierno vive momentos amargos.
Pero lo más importante es que por una vez hay un golpe a la legitimidad de su
principal bandera: la política de Seguridad Democrática", dice Néstor Morales
periodista de Caracol Radio.</DIV>
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<HR>
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<DIV align=center><STRONG><FONT color=#800000 size=3>Correspondencia de Prensa -
Agenda Radical - Boletín Solidario<BR>Ernesto Herrera (editor):
</FONT></STRONG></FONT><A href="mailto:germain5@chasque.net"><FONT
face=Arial><STRONG>germain5@chasque.net</STRONG></FONT></A><BR><FONT
face=Arial><STRONG><FONT color=#800000>Edición internacional del Colectivo
Militante - Por la Unidad de los Revolucionarios<BR>Gaboto 1305 - Teléfono
(5982) 4003298 - Montevideo - Uruguay</FONT><BR></STRONG></FONT><A
href="mailto:Agendaradical@egrupos.net"><FONT
face=Arial><STRONG>Agendaradical@egrupos.net</STRONG></FONT></A><FONT face=Arial
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