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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><EM>boletín solidario de información -
edición internacional</EM><BR><FONT color=#800000><FONT
size=5><U>Correspondencia de Prensa<BR></U>Agenda Radical - Colectivo
Militante</FONT><BR></FONT><U>10 de abril 2009<BR></U>suscripciones y redacción:
</FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Colombia</FONT></STRONG></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Misión extranjera
horrorizada<BR></FONT></STRONG></DIV></FONT>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Constanza
Vieira</FONT></STRONG> <BR></DIV></FONT>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>IPS, La Haya, 9 de
abril</STRONG></FONT></DIV>
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href="http://www.ipsnoticias.net/"><STRONG>http://www.ipsnoticias.net/</STRONG></A></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2>Siete parlamentarios laboristas de
Gran Bretaña y 10 líderes sindicales de ese país, estadounidenses y canadienses
se declararon en "estado de shock" por lo que oyeron en su visita de una semana
a Colombia.</FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR>En un fuerte comunicado leído el miércoles en rueda de
prensa en plena sede del parlamento colombiano, la misión parlamentaria y
sindical acusó al gobierno del derechista Álvaro Uribe de ser presunto "cómplice
en delitos de lesa humanidad". <BR><BR>Esos delitos están tipificados en el
Artículo 7 del Estatuto de Roma, que dio vida a la Corte Penal Internacional
(CPI) con sede en esta capital administrativa de Holanda. <BR><BR>Se trata de
todo asesinato, exterminio, traslado forzoso de población, tortura, violación,
persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos o culturales,
desaparición forzada y otros delitos, cuando se cometan "como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de
dicho ataque". <BR><BR>El Estatuto de Roma entró en vigor en Colombia el 1 de
noviembre de 2002 para crímenes de lesa humanidad y de genocidio, tipificados en
el Artículo 6, pero el país sudamericano invocó una salvaguardia de siete años
para los crímenes de guerra, descritos en el Artículo 8, cuyo plazo se cumplirá
el 1 de noviembre de este año. <BR><BR>Por ahora, la fiscalía de la CPI mantiene
el caso colombiano en observación. <BR><BR>"No tenemos dudas, dadas las
evidencias recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe y la fuerza
pública son cómplices de abusos de derechos humanos", dice el comunicado leído
por la parlamentaria Sandra Osborne, del gobernante Partido Laborista e
integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña.
<BR><BR>"Además, estamos convencidos de que las actividades asesinas de los
paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el gobierno y el
ejército", leyó Osborne en referencia a las milicias de ultraderecha comandadas
por capos del narcotráfico y parcialmente disueltas tras negociaciones con
Uribe. <BR><BR>"Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan
los que cometieron estos delitos, y la falla del sistema judicial para procesar
a los criminales y a los que dieron las órdenes", agrega la declaración.
<BR><BR>Colombia vive en guerra civil desde 1964, cuando se alzaron en armas dos
guerrillas izquierdistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los grupos paramilitares emergieron
en los años 80 para combatir a la insurgencia junto a las fuerzas del Estado.
<BR><BR>Según un informe de octubre de 2008 de Amnistía Internacional, en 2007
fueron asesinados fuera de combate 1.400 civiles. En 2006 los asesinados fueron
1.300. En el primer semestre de 2008, cerca de 270.000 personas huyeron de sus
hogares, lo que constituyó un aumento del desplazamiento forzado de 41 por
ciento respecto de 2007. <BR><BR>La justicia logra condenas en solo ocho de cada
100 homicidios, según la Unión Europea. <BR><BR>Además, desde mediados de 2002
han sido asesinados al menos 1.200 civiles indefensos para ser presentados como
bajas de la guerra contrainsurgente, es decir éxitos militares. <BR><BR>Durante
siete días de gira en Colombia, el grupo parlamentario y sindical recogió
"información sobre los abusos de derechos humanos y derechos laborales", dice la
declaración dada a conocer por Osborne. <BR><BR>La misión se reunió "con un
amplio abanico de la sociedad colombiana, cubriendo intereses cívicos,
políticos, jurídicos y militares, incluyendo sindicatos, estudiantes,
profesores, indígenas, campesinos, abogados sindicales, defensores de derechos
humanos, y con los retenidos liberados de las FARC". <BR><BR>Esa guerrilla ha
liberado desde 2008 a ocho políticos a los que mantenía como rehenes y a los que
aspiraba a cambiar por sus combatientes presos, mediante una negociación con el
gobierno. Por fuga, o tras un rescate de inteligencia militar, fueron liberados
otros tres rehenes civiles, incluida la ex candidata presidencial Ingrid
Betancourt. <BR><BR>La misión viajó al oriental departamento petrolero de
Arauca, en la frontera con Venezuela, donde escuchó los testimonios de
comunidades y personas afectadas por la guerra, visito la cárcel de mujeres y al
encarcelado líder defensor de derechos humanos en la región, Martín Sandoval.
<BR><BR>Los visitantes también se entrevistaron con Uribe y con altos
representantes de su gobierno, pero su reacción no fue publicitada localmente.
<BR><BR>"En vez de encarcelar a los verdaderos criminales, el gobierno ha
encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política, y a defensores
de derechos humanos" como Sandoval, señala la declaración, que clama "por su
liberación inmediata, y por la liberación inmediata de otros prisioneros
políticos y sindicalistas". <BR><BR>Los integrantes de la misión anunciaron que,
de regreso a sus países, "estaremos llamando por la inmediata terminación de
todo apoyo militar y político al gobierno colombiano". <BR><BR>También
exhortaron a "la no aprobación de cualquier Tratado de Libre Comercio (TLC)
hasta que los derechos humanos y laborales sean respetados de una manera
internacionalmente verificable". <BR><BR>La aprobación de un TLC con Colombia
fue paralizada en el Congreso legislativo estadounidense con argumento parecido
por el ahora gobernante Partido Demócrata. <BR><BR>Entretanto, el 26 de marzo el
gobierno conservador del primer ministro canadiense Stephen Harper abrió la
cuenta regresiva de 21 días de debates para obtener la ratificación de un TLC
entre Canadá y Colombia, al presentar el proyecto al parlamento de su país y
radicar la ley para su aplicación. <BR><BR>Mientras, en la penúltima semana de
marzo avanzó en Lima la segunda ronda de negociaciones entre tres países
andinos, Colombia, Perú y Ecuador, y la Unión Europea, para alcanzar un acuerdo
de libre comercio. <BR><BR>La misión parlamentaria y sindical advirtió que
expondrá "públicamente la complicidad de empresas multinacionales en las
violaciones de derechos humanos y laborales" en Colombia. <BR><BR>También se
propone actuar para poner fin a la "criminalización de la oposición democrática
y legítima", apoyar diálogos de paz y el intercambio de prisioneros entre las
FARC y el gobierno, así como el cese de las ejecuciones extrajudiciales de
civiles para mostrar éxitos en combate por parte del ejército colombiano.
<BR><BR>Entre los parlamentarios integrantes de la misión se destaca el ex
ministro de Defensa y ex portavoz del gabinete británico Peter Kilfoyle, quien
renunció en 2000 por considerar que el entonces primer ministro Tony Blair no
estaba cumpliendo el mandato del Partido Laborista. <BR><BR>La misión fue
coordinada por Justice for Colombia, una organización no gubernamental británica
creada en 2002, año en que fueron asesinados 184 sindicalistas en el país
andino, considerado el lugar más peligroso del mundo para ejercer la actividad
sindical. <BR><BR>Justice for Colombia es integrada por más de 40 sindicatos
industriales británicos, además de otra decena de asociaciones profesionales y
agrupaciones del orden nacional. <BR><BR>En septiembre de 2007, la entidad
convocó la furia del ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos, al
solicitar al por entonces recién investido primer ministro británico Gordon
Brown y a su secretario de Relaciones Exteriores que pusieran fin a la ayuda
militar a Bogotá. <BR><BR>La cooperación militar británica con la guerra
colombiana es la segunda después de la estadounidense. A su vez, Colombia es el
tercer mayor receptor de ayuda militar de Washington, después de Israel y
Egipto. <BR><BR>La petición de 2007 fue suscrita por todos los entonces miembros
del comité ejecutivo nacional del Partido Laborista que no integraban el
gobierno, todos los miembros laboristas del Parlamento Europeo, decenas de
parlamentarios del mismo partido y todos los sindicatos afiliados a esa
colectividad. <BR><BR>"Los colombianos nos hemos acostumbrado a que este tipo de
declaraciones son importantísimas, y que ahora sí va a pasar algo", como lograr
un cambio en la política de ayuda militar al gobierno, dijo telefónicamente a
IPS desde Bogotá la defensora de derechos humanos Lilia Solano. <BR><BR>"Pero
hay que esperar los resultados", agregó, "no estamos seguros de que sea tan
eficaz".</DIV>
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Uruguay</FONT></STRONG><BR></DIV>
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