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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><EM>boletín solidario de información -
edición internacional</EM><BR><FONT color=#800000><FONT
size=5><U>Correspondencia de Prensa</U><BR>Agenda Radical - Colectivo
Militante</FONT><BR></FONT><U>10 de abril 2009</U><BR>suscripciones y redacción:
</FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Uruguay</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Se reunieron
270.000 firmas para anular la Ley de Impunidad</FONT></STRONG>
<BR><BR><STRONG>Redacción</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2>La Coordinadora Nacional para la
Nulidad de la Ley de Caducidad ya reunió 270.000 firmas, 15.000 más de las que
precisa para convocar un plebiscito, pero busca llegar a las 300.000 y tener un
margen que comprenda impugnaciones. <BR><BR>Voceros de la Coordinadora
explicaron que aún se espera conseguir otras 30.000 firmas, hasta alcanzar
las 300.000, que permitan garantizar la celebración del plebiscito incluso si se
dan impugnaciones. <BR><BR>El plazo para reunir las firmas concluye dentro de 15
días y es preciso que 255.000 sean validadas por la Corte Electoral para poder
convocar la consulta popular, que tendría lugar el próximo 25 de octubre en
coincidencia con los elecciones nacionales que celebran en esa fecha. <BR><BR>La
iniciativa cuenta con el respaldo del PIT-CNT (central sindical), el
Servicio Paz y Justicia, diversas organizaciones populares y partidos políticos
de izquierda. No todos los que integran el Frente Amplio apoyaron la iniciativa.
Hay que recordar, que el gobierno "progresista" cuenta con una mayoría
parlamentaria que hubiera permitido anular la ley sin la necesidad de recurrir a
la recolección de firmas.<BR><BR>La "Ley de Caducidad de la Intención Punitiva
del Estado", que fue aprobada por el Parlamento en 1986 y refrendada por un
plebiscito en abril de 1989, cerró paso a la posibilidad de enjuiciar a
militares y policías involucrados en violaciones de derechos humanos durante la
dictadura militar (1973-1985). <BR><BR>Con la llegada de Tabaré Vázquez a la
presidencia (quien se niega a anular la ley, y por lo tanto no firmó), se
flexibilizó la aplicación del artículo 4 de la ley y se habilitó el
enjuiciamiento de algunos antiguos represores, al excluir de la norma los
crímenes que fueron cometidos totalmente o en parte fuera de Uruguay. <BR><BR>En
2007 y 2008, los ex- dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Alvarez, más
ocho militares y policías fueron condenados por el asesinato y la
desaparición de decenas de uruguayos bajo el denominado Plan Cóndor, de
represión coordinada por los gobiernos militares del Cono Sur en la década de
los años 1970 y 1980. <BR><BR>Según una encuesta de la consultora Cifra
divulgada hace unos días, la mitad de los uruguayos está de acuerdo con que se
someta a una nueva consulta popular la Ley de Impunidad y el 42 por ciento
está decidido a votar a favor de su anulación. </DIV>
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size=4>Correspondencia de Prensa</FONT><BR>boletin solidario de información -
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size=3>Gaboto 1305 - Teléf: (5982) 4003298 - Montevideo -
Uruguay</FONT></STRONG><BR></DIV>
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