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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><EM>boletín solidario de información -
edición internacional</EM><BR><FONT color=#800000 size=5><U>Correspondencia de
Prensa<BR></U>Agenda Radical - Colectivo Militante<BR></FONT><U>12 de abril
2009<BR></U>suscripciones y redacción: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Colombia</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Otra guerra
desangra al sindicalismo en Cali</FONT></STRONG><BR><BR><BR><STRONG>Mario
Osava<BR>IPS</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><A
href="http://www.ipsnoticias.net/"><STRONG>http://www.ipsnoticias.net/</STRONG></A><BR><BR><BR>Tres
trabajadores colombianos siguen en huelga de hambre en la occidental Cali,
precariamente protegidos en una tienda instalada al lado de la sede de las
empresas municipales de la ciudad, cuyos despidos y amenaza de privatización
provocaron la protesta.</FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR>Javier Román, despedido de las Empresas Municipales de
Cali (Emcali) en 1994, tuvo que ser hospitalizado hace una semana con neumonía,
pero volvió a la tienda y sigue el ayuno, con tratamiento de suero y
antibióticos. <BR><BR>José Reyes es tesorero del Sindicato de Trabajadores de
Emcali (Sintraemcali), pero tuvo que trabajar en los primeros cinco días de la
huelga de hambre. En el sexto obtuvo un certificado médico de incapacidad
laboral. Los dirigentes sindicales son dispensados del trabajo, pero a los de
Sintraemcali la empresa les suspendió sus permisos. <BR><BR>Los trabajadores
reclaman el reintegro de 54 personas cesadas y condiciones básicas para la
supervivencia de su organización. Además de retirar el permiso que permite a los
dirigentes no trabajar y cumplir actividades sindicales, la empresa retiene
desde octubre los aportes sindicales descontados de los salarios de los
empleados, sofocando financieramente al sindicato, dijo Reyes. <BR><BR>Emcali,
una entidad estatal creada en 1931, presta servicios de telecomunicaciones,
distribución de energía y saneamiento básico en Cali, capital del departamento
de Valle del Cauca situado en el oeste de Colombia, con costas sobre el océano
Pacífico. Está intervenida desde hace nueve años por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, órgano de control e inspección del sector,
vinculado a la Presidencia de la República. <BR><BR>Sintraemcali se dividió en
dos juntas directivas, y la empresa no puede transferir recursos a las dos, ni
conceder el permiso sindical a todos sus dirigentes hasta que la justicia defina
qué grupo representa legalmente a los trabajadores, se justificó la gerenta
interventora Susana Correa. <BR><BR>Las dos juntas, así como otros ocho
sindicatos menores organizados por algunas categorías de trabajadores de la
empresa, ya existían cuando Correa asumió la gerencia de Emcali en julio de
2008, dijo la jerarca a IPS. <BR><BR>Pero solo hay "una directiva legal" de
Sintraemcali, elegida en enero de 2008 por una asamblea que contó con 1.026
participantes, 61 por ciento del total de afiliados, y reconocida
administrativamente, replicó Jorge Vélez, presidente de la junta que considera
legítima. <BR><BR>La actual administración de Emcali intenta hacer inviable al
sindicato, negándole las contribuciones ya pagadas por los afiliados, obligando
sus dirigentes a cumplir las jornadas laborales y fomentando organizaciones
paralelas, en clara violación de la autonomía sindical, dijo Vélez a IPS.
<BR><BR>Nueve dirigentes de Sintraemcali fueron asesinados desde que se
intensificó la lucha de los trabajadores, en 1998, y muchos más han sido
heridos, mientras las amenazas de muerte empujaron a otros cinco al exilio,
acotó. <BR><BR>Las cifras de la no gubernamental Escuela Nacional Sindical son
más alarmantes, pues registran 11 asesinatos solo en el período 1998-2003.
<BR><BR>Esa violencia contra el sindicalismo es generalizada en Colombia, que
vive una guerra civil desde 1964. Un estudio de la abogada Lina Paola Malagón,
de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, contó 2.694
sindicalistas asesinados en los últimos 23 años, 685 de ellos dirigentes.
Noventa y seis por ciento de esos crímenes siguen impunes. <BR><BR>Detrás de la
cruenta batalla sindical de Cali está la privatización de las empresas
municipales de servicios públicos. Los trabajadores acusan a la interventora de
preparar la venta de Emcali, aunque la empresa sea eficiente, rentable y apoyada
por la población. <BR><BR>La "privatización es transferencia de activos, y en
ese sentido no se va a privatizar", sino que habrá "una especie de concesión,
mediante un contrato de largo plazo, y sólo para la operación de las
telecomunicaciones, respondió Correa. De esa forma, Emcali seguirá siendo
estatal y manteniendo intactas sus áreas de agua y energía, aseguró. <BR><BR>En
cambio, Reyes sostuvo que sí se trata de una privatización, y precisamente del
"corazón" de la empresa, que concentra el grueso de sus ganancias y por tanto es
capaz de financiar otros servicios menos rentables. Según cifras de 2007, las
utilidades de las telecomunicaciones equivalen a 60 por ciento del total de la
empresa, aseguró el dirigente. <BR><BR>La gerenta, sin embargo, justificó la
concesión de las telecomunicaciones asegurando que es un área deficitaria y sin
recursos para acompañar los rápidos avances tecnológicos de ese sector.
<BR><BR>Los sindicalistas temen que Emcali tenga el mismo destino de la Empresa
de Servicios Varios (Emsirva), encargada del aseo urbano, que fue liquidada el
jueves de la semana pasada. <BR><BR>Emsirva, que también estuvo intervenida por
la Superintendencia de Servicios Públicos por más de dos años a causa de
dificultades financieras atribuidas a la mala gestión, fue "reestructurada" el
año pasado bajo la batuta de la misma Correa. Tampoco allí había privatización,
sostuvo ella. <BR><BR>La ciudad fue dividida en cuatro zonas para el barrido y
la recolección de basura. Tres fueron concedidas a empresas privadas, pero
Emsirva conservó una zona y la coordinación general. <BR><BR>La mayor parte del
servicio, arguyó Correa, ya era ejecutado por personal de una cooperativa de
"escobitas", como se llama a los recolectores y barrenderos. A la acusación de
que promovió más de 400 despidos, la interventora alegó que no podía obligar a
las empresas privadas a absorber a toda la gente de la cooperativa, incluida la
ineficiente. <BR><BR>Pero la Emsirva amaneció cerrada el jueves 26 de marzo, y
protegida por policías que reprimieron violentamente al personal que,
sorprendido por la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos, se
reunió en una asamblea delante de la sede para informarse de lo ocurrido y
discutir la situación de más de 400 personas que trabajaban para la empresa.
<BR><BR>El concejal Wilson Arias no escapó a los golpes y gases lacrimógenos
lanzados por la policía y acusó el gobierno central de "usurpar" la autoridad
del municipio, en una actitud "centralizadora y autoritaria". <BR><BR>El anuncio
de la liquidación de Emsirva se hizo en la noche del miércoles 25, "sin que las
autoridades locales" fueran informadas previamente, aunque son las responsables
de los servicios, destacó Arias. <BR><BR>El alcalde de la ciudad, Jorge Ospina,
reaccionó convocando una manifestación a la que acudieron decenas de miles de
caleños el 31 de marzo, en defensa de "la dignidad y autonomía" del municipio de
2,5 millones de habitantes, de la reactivación de Emsirva y de la devolución de
Emcali a la gestión municipal. <BR><BR>Vivian Villamil, de 40 años, fue una de
las 51 personas despedidas en 2004, acusadas de invadir la sede de Emcali y de
paralizar sus servicios. Dos años antes, la trabajadora había perdido a su
marido, asesinado por ser sindicalista y líder comunitario, aseguró. Hasta hoy
no se ha identificado al matador. <BR><BR>Acusados de ser "guerrilleros", los
despedidos no logran otro empleo, dijo Villamil, madre de tres hijos. El mayor,
de 23 años, aporta gran parte de los insuficientes ingresos familiares,
trabajando en la construcción y la remoción de escombros. En esas condiciones,
los jóvenes no logran estudiar, se lamentó. <BR><BR>La huelga de hambre se
decidió en respuesta a un nuevo despido de tres empleados, un mes atrás,
acusados de agredir a un colega. La acusación es falsa, pues el Instituto Médico
Legal no comprobó huellas de agresión en la supuesta víctima, según el informe
técnico que muestra el sindicato. <BR><BR>Por eso los huelguistas y el sindicato
reclaman el inmediato reintegro de los 54 despedidos "injustamente". <BR><BR>En
el caso de las 51 personas cesadas en 2004, un fallo definitivo del Consejo de
Estado, tribunal supremo para asuntos de la administración pública, determinó la
nulidad de los despidos, pues no cumplieron "el debido proceso", dijo a IPS uno
de los afectados, Gustavo Izquierdo, acompañado de abundante documentación.
<BR><BR>Además, la fiscalía descartó cualquier acción judicial contra ellos, por
no comprobarse las acusaciones de la empresa, agregó. <BR><BR>Esos despidos
fueron una prolongación de la "Operación Dragón", que en 2004 y 2005 pretendió
"eliminar físicamente a directivos y activistas del sindicato" y que llegó a
manifestarse en algunos atentados sin muertes, hasta que fue descubierta y
denunciada como una acción de personas relacionadas con la intervención de
Emcali, sostuvo Reyes. <BR><BR>Para el dirigente, todo el proceso está destinado
a destruir al sindicato que encabeza la resistencia contra la privatización de
los servicios públicos de Cali.</DIV>
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Uruguay</FONT></STRONG><BR></DIV>
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