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<BODY bgColor=#ffffff background=""><FONT face=Arial size=2>
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<HR>
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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><EM>boletín solidario de información -
edición internacional</EM><BR><FONT color=#800000 size=5><U>Correspondencia de
Prensa<BR></U>Agenda Radical - Colectivo Militante<BR></FONT><U>29 de mayo
2009</U><BR>suscripciones y redacción: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Colombia</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial><STRONG>Informe de Amnistía Internacional</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>La tragedia humanitaria
empeoró</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Para esta ONG internacional,
crece cada vez más el número de víctimas del conflicto, la justicia no funciona,
los paramilitares siguen operando y la Fuerza Pública comete atropellos.
Gobierno dice que el informe no reconoce la política de cero tolerancia con los
excesos cometidos por militares y policías. </STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR></DIV><STRONG></STRONG>
<DIV align=justify><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Revista Semana, Bogotá, 28-5-09</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><A
href="http://www.semana.com/"><STRONG>http://www.semana.com/</STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>En el informe sobre la situación de derechos humanos en el
mundo publicado este jueves por Amnistía Internacional (AI), la situación de los
colombianos más vulnerables sigue siendo grave y sus derechos humanos
fundamentales se siguen violando de diversas maneras. Y más preocupante aún,
sostiene que el número de víctimas del conflicto armado creció en el último
año. Luego de evaluar las cifras y los episodios ocurridos entre julio de
2007 y julio de 2008 informa que los campesinos colombianos son quienes hoy
tienen las peores condiciones de vida. <BR> <BR>Esto, a pesar de los
grandes esfuerzos que ha hecho el gobierno por mejorar las condiciones de
seguridad para la población indígena y campesina.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Aunque AI reconoce estos esfuerzos del gobierno y también
de las cortes colombianas por impartir justicia a los responsables de las
violaciones a los derechos humanos, el panorama que describe de la realidad del
país es lamentable, ya que sostiene que “el persistente conflicto armado siguió
afectando a centenares de miles de personas". <BR><BR>En este período de un año
que evaluó, AI encontró que “la principal víctima era la población civil, y las
comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes eran las que corrían mayor
peligro. Muchas de estas comunidades vivían en zonas de interés económico o
estratégico para las partes enfrentadas. Todas las partes implicadas en el
conflicto -fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros- fueron
responsables de abusos generalizados y sistemáticos contra los derechos humanos
y de violaciones del derecho internacional humanitario”. <BR><BR>Y de ahí se
desprende una preocupante descripción de las consecuencias que trae el conflicto
colombiano, que, según esta ONG, en los 12 meses previos a julio de 2008 provocó
la muerte de 1.492 civiles y la desaparición de 182 personas, cuando 12 meses
antes de julio de 2007 fueron 1.348 los muertos y 119 desaparecidos. Es decir,
el número de víctimas creció. <BR><BR><STRONG>Desplazados <BR></STRONG><BR>Como
es de esperarse, después de cada episodio violento, viene el miedo y el
desplazamiento. De acuerdo con el reporte de AI, éste se incrementó
considerablemente. Mientras en la primera mitad de 2007 fueron 191 mil las
personas que dejaron sus tierras, en el mismo periodo de 2008 fueron 270 mil.
<BR><BR>“El sur del país se vio afectado en especial como consecuencia de los
persistentes combates entre las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares y
grupos guerrilleros”, dice el informe, que señala también una difícil situación
de discriminación que sufren los desplazados, lo que hace aún más complicado su
acceso a servicios de salud y educación. <BR><BR>Si bien es preocupante el
creciente número de desplazamientos, esta ONG reporta también atropellos contra
los niños y las mujeres, que deberían estar alejadas del conflicto. <BR><BR>Los
grupos ilegales también han incorporado forzosamente a sus filas a menores de
edad. “Grupos guerrilleros y paramilitares reclutaron a niños y niñas por la
fuerza. Las fuerzas de seguridad utilizaron a menores de edad como informantes,
en contra de la directiva emitida en 2007 por el Ministerio de Defensa, en la
que se prohibía el empleo de menores de 18 años para obtener información”,
describe el informe, aunque sin mayor detalle de cifras o casos. <BR><BR>Y a ese
panorama se suma la violencia contra las mujeres, que durante el periodo
analizado por AI siguieron siendo víctimas de abusos sexuales, casos que
escasamente se denuncian y, peor aún, no son procesados por la justicia. “Según
los informes, los grupos guerrilleros obligaron también a mujeres combatientes a
abortar o tomar anticonceptivos, violando así sus derechos reproductivos”,
enfatiza puntualmente el reporte de esta organización. <BR><BR>Hasta este punto,
se está hablando de faltas que, para esa organización, ejercen tanto los grupos
ilegales, como guerrillas y paramilitares, y las fuerzas de seguridad. Pero cada
uno tiene comportamientos particulares descritos también en el informe.
<BR><BR><STRONG>Grupos guerrilleros</STRONG> <BR><BR>“Las Farc y el ELN
siguieron matando a civiles y perpetrando secuestros. En los 12 meses previos a
julio de 2008 se atribuyeron a los grupos guerrilleros más de 166 homicidios de
civiles, frente a los 214 del mismo periodo en 2007”, reseña AI. <BR><BR>De
acuerdo con su informe, estos grupos son los que siguen cargando con la
responsabilidad de las minas antipersonal instaladas en vastos territorios del
país y que cada años siguen afectando a decenas de personas. <BR><BR>Los
registros de esta ONG hablan de 45 civiles y 102 policías y militares muertos en
2008 por haber pisado estas minas, que dejaron heridas el año pasado a 160
civiles y 404 integrantes de la fuerza pública. <BR><BR><STRONG>Fuerza pública
<BR></STRONG><BR>Si bien es lamentable que soldados y policías sean víctimas de
estas devastadoras minas, la ONG reporta también graves faltas cometidas por las
fuerzas de seguridad colombianas, como son las ejecuciones extrajudiciales.
<BR><BR>“En los 12 meses previos a julio de 2008, las fuerzas de seguridad
ejecutaron extrajudicialmente al menos a 296 personas, frente a las 287 del
mismo periodo en 2007”, dice AI, y recuerda que “en noviembre, durante una
visita a Colombia, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos
afirmó que en Colombia las ejecuciones extrajudiciales eran al parecer
sistemáticas y generalizadas”. <BR><BR>En este informe se hace una mención
especial al caso de los jóvenes de Soacha, que llevó a la destitución de 27
militares de alto rango y a la posterior renuncia del entonces comandante del
Ejército, general Mario Montoya. <BR><BR>En este reporte consta que “según los
informes, el homicidio de estos jóvenes -presentados falsamente por las fuerzas
armadas como “guerrilleros muertos en combate - se llevó a cabo en connivencia
con grupos paramilitares o bandas de delincuentes”. <BR><BR>Pese a que hay
algunas evidencias de la participación de integrantes de la fuerza pública en
algunas muertes de civiles, “en abril, el gobierno promulgó el Decreto 1290, por
el que se establecía un programa para que las víctimas de abusos perpetrados por
los grupos guerrilleros y paramilitares pudieran recibir del Estado
indemnizaciones económicas. Sin embargo, el decreto no contemplaba la
restitución de las tierras robadas ni otras formas de reparación, ni tampoco
reparaciones para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por
las fuerzas de seguridad”, según está consignado en el documento de esta ONG
internacional. <BR><BR>Al respecto, Carlos Franco, director del programa de
Derechos Humanos de la Vicepresidencia, dijo que “el gobierno viene tomando
medidas en casos que comprometen a la Fuerza Pública desde hace años. Las
Directivas 010 y 019 son de 2007 por ejemplo. Lo que no dice el Informe es que
la política del Estado es de cero tolerancia con estos casos y que el impacto de
las medidas se evidencia en la disminución de las denuncias sobre estos casos".
<BR><BR><STRONG>Grupos paramilitares</STRONG> <BR><BR>En su análisis sobre la
situación de derechos humanos en Colombia, AI describe que los paramilitares
siguieron actuando, pese a que el gobierno lo niega. Incluso, dice la ONG, lo
han hecho “con el respaldo o la aquiescencia de las fuerzas de seguridad”, que
ha utilizado a estos grupos “en labores operativas y de inteligencia, a pesar de
la prohibición, establecida en 2007, de estas actividades”. <BR><BR>Así, en el
periodo analizado para este informe, se registraron, según AI, 461 homicidios
por parte de los ‘paras’, cuando un año antes habían sido 233. <BR><BR>Sobre
este tema, Franco explica que "Amnistía Internacional, como otras organizaciones
no gubernamentales, se empeñan en desconocer que los jefes paramilitares se
encuentran recluidos en la cárcel y sus estructuras, desmanteladas. Los grupos
que se han rearmado tienen como principal motivación el narcotráfico, así lo
demuestran las disputas entre ellos. No podemos precisar cuántas muertes les son
imputables a estos grupos. Sin embargo, es evidente la lucha del Estado contra
estas organizaciones. Recuérdese la detención o muerte de los Mellizos Mejía,
Don Mario y HH entre otros". <BR><BR>Algunos paramilitares sí están ahora en un
proceso de Justicia y Paz en el que más de 130 mil víctimas presentaron
solicitudes de reparación. Sin embargo, “el 90 por ciento de los paramilitares,
al no poder ser incluidos en el proceso, eludieron la acción de la justicia.
Continuaron los homicidios y las amenazas contra las víctimas que debían
testificar en los juicios, y muchos paramilitares no colaboraron plenamente con
los tribunales de Justicia y Paz y, en concreto, no devolvieron las tierras de
las que se habían apropiado indebidamente. Esta circunstancia siguió minando el
derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, según el
informe de AI. <BR><BR>En este proceso, algunos ‘paras’ han hablado de sus
relaciones con algunos políticos. En su reporte internacional, AI consigna que
en el periodo analizado fueron investigados 70 congresistas por tener vínculos
con paramilitares y que este escándalo “agravó las tensiones entre el gobierno y
la Corte Suprema. El gobierno afirmó que la actuación de la Corte se debía a
motivos políticos, mientras que ésta acusó al Ejecutivo de tratar de entorpecer
las investigaciones. La mayoría de los legisladores implicados en el escándalo
eran miembros de la coalición progubernamental”. <BR><BR>Aquel vaivén de
declaraciones llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
otorgara medidas cautelares a favor de Iván Velásquez, el magistrado encargado
de investigar a los políticos relacionados con paramilitares. Esas medidas le
impusieron al gobierno brindar especial seguridad al funcionario.
<BR><BR><STRONG>Impunidad</STRONG> <BR><BR>A propósito de la justicia, esta ONG
considera que la impunidad “es la norma” en la mayoría de los casos por abusos a
los derechos humanos, aunque sostiene que la presión internacional ha generado
avances en varias investigaciones, como por ejemplo el asesinato por parte de
miembros del ejército y paramilitares de ocho miembros de la comunidad de paz de
San José de Apartadó y el asesinato de 10 agentes de policía y un civil en
Jamundí, Valle del Cauca. <BR><BR>Pero asegura que si bien la Oficina del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había registrado algunas
mejoras, les preocupa que “los problemas estructurales de la administración de
justicia colombiana persisten”. <BR><BR>En especial en lo que tiene que ver con
las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones “graves y sistemáticas” del
derecho internacional humanitario de los grupos guerrilleros y los presuntos
vínculos entre algunos miembros de la Fuerza Pública y grupos armados ilegales.
<BR><BR>También genera preocupación a esta ONG que, quienes denuncia, se
convierten en blancos de ataques. AI cita el caso de la marcha contra los
crímenes de estado y paramilitares del 6 de marzo, en la que fueron atacados
varios de sus convocantes. <BR><BR>Amnistía registra que por lo menos 46
sindicalistas fueron asesinados en 2008, frente a los 39 que murieron en 2007 y
que 12 defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado.
<BR><BR>También aseguraron que las declaraciones del presidente Uribe ponían en
entredicho la legitimidad del trabajo que realizan los activistas de los
derechos humanos. Sobre este tema, AI registra que “en noviembre, tras la
publicación de unos informes sobre Colombia por Amnistía Internacional y Human
Rights Watch, el mandatario colombiano acusó a Amnistía Internacional de
‘ceguera’, ‘fanatismo’ y ‘dogmatismo’. También acuso públicamente al director
para las Américas de Human Rights Watch de ser ‘defensor’ y ‘cómplice’ de las
Farc”. <BR><BR>Esos son los ojos con los que esta ONG ve y describe a Colombia
en su más reciente informe, divulgado por todo el mundo. </DIV>
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<HR>
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size=4>Correspondencia de Prensa</FONT><BR>boletin solidario de información -
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Uruguay</FONT></STRONG><BR></DIV>
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