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<HR>
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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><EM>boletín solidario de información -
edición internacional</EM><BR><FONT color=#800000 size=5><U>Correspondencia de
Prensa</U><BR>Agenda Radical - Colectivo Militante</FONT><BR><U>3 de junio
2009</U><BR>suscripciones y redacción: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Ecuador<BR><BR>Las contrarreformas
laborales del gobierno de Rafael Correa<BR><BR></FONT><FONT size=2>Reproducimos
el documento que nos ha hecho llegar la Coordinadora Nacional de Sindicatos
Públicos de Ecuador sobre las reformas laborales realizados por el gobierno del
Rafael Correa.</FONT></STRONG> <BR><BR><BR><STRONG>Movimiento al
Socialismo (Ecuador)</STRONG><BR><A
href="http://www.litci.org/"><STRONG>http://www.litci.org/</STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify><BR><BR>Luego del Consenso de Washington, en el mundo se
impusieron las políticas neoliberales procedentes del Imperio, mediante
las llamadas recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En
el Ecuador éstas arreciaron a finales de las décadas de los 80 e inicios de los
90, del siglo pasado. <BR> <BR>Unas de las agresiones más groseras del
neoliberalismo, en contra de los pueblos, fueron la flexibilización y
desregulación laboral que se implementaron al amparo del falso argumento de
combatir el desempleo. En realidad estas formas de neo-esclavitud agravaron la
condición de mercancía de la fuerza laboral, para provecho de los empresarios
tercerizadores e intermediadores, quienes sobre-explotaron a los trabajadores y
trabajadoras para adueñarse de sus salarios: sin reconocerles ningún tipo de
derecho, peor el de la estabilidad laboral. Pero tal vez la consecuencia más
dolorosa de esta infamia, fue la desaparición de muchísimas organizaciones
sindicales, que afectó particularmente a los trabajadores del sector
privado.<BR> <BR>Pocos sindicatos quedaron en el sector público, los mismos
que asumieron la responsabilidad de la defensa de las instituciones y empresas
públicas, que pretendían ser entregas a las grandes transnacionales,
multinacionales o alguno de los grupos de poder criollo. El proceso de
resistencia, que dura aproximadamente 20 años, en gran medida fue posible
gracias a la existencia de la organización y a la protección o cobertura de la
contratación colectiva; que más allá de regular las relaciones laborales
trabajador-empleador o ser el mecanismo para alcanzar derechos y controlar el
cumplimiento de los mismos, en el caso ecuatoriano viabilizó el proceso de
defensa de la propiedad pública, de las áreas estratégicas de su economía:
petróleo, electricidad, telecomunicaciones, agua, minería, salud, educación,
seguridad social, entre las principales; para que estas continuaran en manos del
Estado.<BR> <BR>Pese a ello los neoliberales concibieron formas "creativas"
de afectar a las empresas públicas, mediante la descapitalización y falta de
inversión, creando corrupción e ineficiencia intencionalmente, o mejor
expresado malintencionadamente, a través una campaña sostenida de
desprestigio de las mismas instituciones y de sus trabajadores. Estas
estratagemas se han venido repitiendo en todos los gobiernos que se sucedieron
desde los 80, pero con mayor énfasis desde 1998 hasta ahora, incluido al actual
de Rafael Correa, quien ha auto-calificado a su gobierno de "Socialista de siglo
21 o de la Revolución Ciudadana", pero es necesario dar algunos elementos de
reflexión: principalmente en materia laboral, para que la comunidad
internacional conozca y se forme su propio criterio sobre la situación en
la que se encuentran los derechos laborales en el Ecuador a raíz de las
contrarreformas que se impulsaron en la nueva Constitución y la legislación
secundaria; así como por la emisión de decretos ejecutivos y acuerdos
ministeriales que afectan terriblemente a los trabajadores.<BR> <BR>Una vez
instalada la Asamblea Nacional Constituyente (con mayoría absoluta
gobiernista), al finalizar noviembre de 2007, se crean como instrumentos
de legislación los denominados Mandatos Constituyentes, que no tienen asidero
jurídico ni constitucional. Algunos de ellos: en específico el 2, 4 y 8,
desconocen los principios de la irrenunciablidad e intangibilidad de los
derechos laborales, que están y estuvieron antes señalados de manera expresa en
la propia Constitución Política de la República. Infringen los convenios
internacionales 87 y 98 de la OIT referidos a la Libertad de Sindicalización y
la Negociación Colectiva, que el Ecuador, a través de sus Gobiernos se
comprometió a respetar. Quebrantan la naturaleza de la contratación colectiva,
pues los cambios son impuestos de manera unilateral y con abuso de poder, por lo
tanto no sobre la base del diálogo y la negociación.<BR> <BR>El mandato 8
ordenó la revisión de los contratos colectivos de todo el sector público,
mediante una simple disposición transitoria, pero bajo ciertos términos: a)
proceso público, b) participación de empleadores y trabajadores, c) plazo de 180
días que concluyó el 30 de octubre de 2008, d) para establecer
restricciones a determinadas cláusulas catalogadas por los Asambleístas como
excesos o privilegios. Luego de esto, el Gobierno de Correa promulgó decretos
ejecutivos y acuerdo ministeriales que no cumplieron con esos términos; en una
evidente actitud de violación al mandato y arrogación de funciones, con
interpretaciones extremadamente subjetivas y peligrosas del Ministro del Trabajo
y de la Comisión para la revisión, conformada por él e integrada solo por
funcionarios de ese Ministerio, la misma que no estuvo dispuesta por la
Asamblea. <BR> <BR>Las ambigüedades y contradicciones del
Mandato 8, han ocasionado en estos días el despido masivo e indiscriminado de
miles de trabajadores que durante años, y hasta décadas, estuvieron tercerizados
o intermediados; quienes a criterio del Ministro del Trabajo "solo son algunas
nueces". Además, en este Gobierno se han tomado represalias, con el uso del
sumario administrativo, persecución política o el despido intempestivo, en
contra de dirigentes sindicales de varias instituciones o empresas públicas como
el Ministerio de Educación, la Función Judicial, Pacifictel y Petroecuador. En
este último caso, por realizar declaraciones en contra de la política petrolera
neoliberal del Régimen, en ejercicio de su derecho a la Libertad de Expresión y
de su Fuero Sindical.<BR> <BR>Hasta el momento han sido revisados, mejor
dicho, impuestos unilateral e ilegítimamente, 65 contratos colectivos de un
total de 120 en los que básicamente se han visto afectadas cláusulas (reformadas
en unos casos y declaradas nulas en otros) que se refieren a derechos
económicos: subsidio de antigüedad, familiar, vacaciones, bonos adicionales,
todo lo que no se incluye dentro de la remuneración mensual unificada. Otros que
se refiere a la Libertad del Ejercicio Sindical y Fuero: permisos sindicales
remunerados, permisos para realización de Asambleas. Otros que afectan a la
estabilidad laboral reduciendo considerablemente las indemnizaciones a los
trabajadores que son despedidos intempestivamente. Incluso las cláusulas que
protegen a las empresas públicas de la privatización llamada Cambio de Empleador
(declara nula) o aquellas que regulan las horas laborables por los riesgos de
trabajo o enfermedades profesionales, y que son producto de normas
internacionales de protección al trabajador.<BR> <BR>En este proceso, el
Ministro del Trabajo mediante Acuerdo Ministerial 0155 A, anuló el derecho al
reclamo y la protesta, por lo tanto el acceso a la justicia al haber dispuesto,
explícitamente en el numeral 4 de este Acuerdo que: el acta de revisión no
podrá se susceptible de queja, demanda, acción de amparo, criterio o
pronunciamiento administrativo o judicial alguno. Así mismo dispuso que la
revisión se realice con o sin la presencia de empleadores y trabajadores (con
dedicatoria a estos últimos); lo que significa que en el Ecuador no vivimos
un Estado Democrático y de Derecho. De otro lado se amplió el plazo
irregularmente y por decreto ejecutivo, sin que el Presidente de la República
tenga capacidad para hacerlo. Luego se han promulgado varios decretos ejecutivos
que afectan el derecho a la Jubilación Patronal, consagrado legalmente, lo que
perjudica a cientos de miles de trabajadores retirados; así como disposiciones
que desarticulan las organizaciones de trabajadores
profesionales.<BR> <BR>Por último, en los artículos 229 inciso segundo, y
326 numerales 8, 13, 15 y 16 de la nueva Constitución se determinan condiciones
que significan 50 años de retroceso en materia laboral y que también
criminalizan la lucha social, al pretender que el Estado infrinja la autonomía
sindical, que la contratación colectiva ya no esté protegida; que se coarte el
derecho a la huelga y que se segregue o divida a los trabajadores en empleados y
obreros, para que solo estos últimos, continúen en el Régimen del Código del
Trabajo y por lo tanto con acceso a los derechos de Sindicalización,
Contratación Colectiva y Estabilidad Laboral. El resto, la gran mayoría, irán al
Régimen Administrativo donde no existen estos derechos; es decir que por
haberse capacitado quedan marginados de la protección laboral, convirtiendo al
estudio y afán de superación en un "delito", empeorando la división social
del trabajo.<BR> <BR>"Consecuente" con estos artículos y de forma aparente
respaldado en la disposición cuarta del Mandato 08, el Presidente de la
República promulgó el 30 de abril de 2009 el Decreto Ejecutivo 1701 con el que
ordena ésta división de los trabajadores, facultando a una Secretaria de
Remuneraciones para que sea quien califique a los que deberán ser considerados
como obreros. Además establece los criterios de la contratación colectiva del
sector público, que básicamente repite las barbaridades de la falsa revisión de
los contratos colectivos; pero menciona dentro de uno de sus considerandos que
esto se realiza luego del Diálogo Social dispuesto por la Asamblea: - situación
que nunca se dio -. Jamás ninguna organización laboral o Central Sindical del
Ecuador fue convocada por el Presidente de la República o autoridad alguna, para
discutir y acordar sobre este asunto, lo que revela la total ausencia de
voluntad política del Gobierno para discutir los temas de los trabajadores con
los trabajadores.<BR> <BR>Estas decisiones tienen a nuestro criterio un
solo objetivo, que no es el de revisar determinadas cláusulas llamadas por el
Gobierno privilegios: revisión a la que siempre hemos estado dispuestos los
trabajadores, pero dentro de la naturaleza de la contratación colectiva. El
objetivo en realidad es desconocer el derecho a sindicalización en el sector
público y por lo tanto desaparecer a las organizaciones: sentando un precedente
nefasto para las organizaciones sindicales del sector privado y, dejando de paso
en indefensión, frente a la privatización, a las instituciones y empresas que
son parte del patrimonio nacional social.<BR> <BR>Todos estos hechos fueron
denunciados en diferentes espacios internacionales como El Consejo Consultivo
Laboral Andino, El Foro Latinoamericano y Caribeño de los Trabajadores/as de la
Energía, entre otros. En donde se resolvió enviar sendas comunicaciones al
Presidente de la República exhortándole a que abra el Diálogo Social con los
trabajadores, como mecanismo idóneo para superar las dificultades y diferencias.
Pero todo ha sido en vano, nunca hubo respuesta.<BR> <BR>Las conquistas
laborales son conquistas sociales. Nacidas de la lucha y sacrificio de los
pueblos y sus trabajadores y no de la "generosidad o dádiva" de ningún gobierno
o empleador. Las decisiones y reformas nacidas del autoritarismo, prepotencia y
abuso de poder, caen en la violación de los derechos, avanzan al fascismo y
terminan en la tiranía.<BR> <BR>Planteamos, y hasta reclamamos, la
necesidad de la solidaridad proletaria mundial, y una buena oportunidad puede
ser la Conferencia Internacional del Trabajo, para que el Caso Ecuatoriano se
discuta en su seno. Nos solidarizamos con los compañeros y compañeras dirigentes
sindicales y trabajadores del mundo. Condenamos a los regímenes despóticos que
han optado por callar las voces, mediante el exterminio selectivo, de los que
con dignidad exigen la aplicación de sus derechos. Pero hay otros gobiernos
soterrados que buscan lo mismo, pero desapareciendo a las
organizaciones.<BR> <BR>¡POR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
DEL MUNDO, EN CONTRA DE LA OPRESIÓN Y LA EXPLOTACIÓN! </DIV>
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<HR>
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size=4>Correspondencia de Prensa</FONT><BR>boletin solidario de información -
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Uruguay</FONT></STRONG><BR></DIV>
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