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<BODY bgColor=#ffffff background=""><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><EM>boletín solidario de información -
edición internacional</EM><BR><FONT color=#800000><FONT
size=5><U>Correspondencia de Prensa<BR></U>Agenda Radical - Colectivo
Militante</FONT><BR></FONT><U>10 de junio 2009</U><BR>suscripciones y redacción:
</FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Colombia</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>El lado oscuro del Plan Colombia
</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Teo Ballvé</FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>The Nation</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><A
href="http://www.thenation.com/"><STRONG>http://www.thenation.com/</STRONG></A></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Traducido por el Observatorio
Social sobre Etnodesarrollo, Conflicto Armado y Desplazamiento en el
Chocó</STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR>El apoyo a la investigación para este artículo fue
proporcionado por el Fondo de Investigación Fundación Puffin en el Instituto La
Nación, con apoyo adicional de Proyecto Palabra, una organización sin ánimo de
lucro de Massachusetts dedicada a los medios de comunicación. </DIV>
<DIV align=justify><BR> El 14 de mayo la Fiscalía General de Colombia
publicó una noticia en su página oficial sobre una audiencia pública que
decidirá el destino de COPROAGROSUR, una cooperativa de aceite de palma con sede
en el municipio de Simití, en el norte del departamento de Bolívar. Un confeso
narcotraficante jefe paramilitar conocido como Macaco ha entregado al gobierno
los activos de la cooperativa, de la cual reivindica su propiedad, como parte de
un programa de reparación a las víctimas. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>¿Está el Plan Colombia subvencionando a
narcotraficantes para cultivar agrocombustibles en tierras robadas?</STRONG>
</DIV>
<DIV align=justify><BR>Macaco, cuyo nombre real es Carlos Mario Jiménez, fue uno
de los comandantes paramilitares más sanguinarios en la larga guerra civil
colombiana y ha confesado el asesinato de 4.000 civiles. Él y su grupo armado
son también en gran medida responsables de forzar a 4,3 millones de colombianos
a la condición de refugiados internos, la mayor población de desplazados
internos del mundo después de Sudán. En mayo de 2008, Macaco fue extraditado a
los Estados Unidos acusado de tráfico de drogas y "narcoterrorismo". Está a la
espera de juicio en una cárcel en Washington , DC . </DIV>
<DIV align=justify><BR>Macaco se entregó a las autoridades a finales de 2005
como parte de un programa de amnistía del gobierno que requiere que los
comandantes paramilitares entreguen sus bienes mal habidos ‐ incluyendo las
tierras obtenidas mediante el desplazamiento forzado. Macaco ofreció
COPROAGROSUR como parte del acuerdo. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Sin embargo, la notificación de la Fiscalía General no
menciona que COPROAGROSUR había recibido una subvención en 2004 Agencia de los
EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID). La subvención ‐ pagada a través
del Plan Colombia , el multimillonario paquete de ayuda de EE.UU. encaminado a
luchar contra el tráfico de drogas ‐ parece haber puesto dólares de la guerra
contra las drogas en manos de un conocido narcotraficante paramilitar, en
posible violación de las leyes federales. Los paramilitares de Colombia están en
la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado.
La debida diligencia de USAID en el proceso "no falló", según una respuesta
oficial de la embajada de los EE.UU. en Colombia , porque Macaco no aparecía
oficialmente entre los propietarios de COPROAGROSUR. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Desde 2002, el Plan Colombia ha destinado cerca de $75
millones de dólares al año para programas de "desarrollo alternativo", como la
producción de aceite de palma . Estos programas proporcionan fondos para
asociaciones de agronegocios con campesinos tendientes a erradicar los cultivos
de uso ilícito como la coca, utilizada para elaborar cocaína. Estos proyectos
están concentrados en partes del norte de Colombia que fueron tierras azotadas
por el desplazamiento masivo de campesinos. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Funcionarios de USAID dicen que los proyectos ofrecen una
alternativa a la violencia relacionada con el tráfico de drogas en un país
aterrorizado por la guerra. Insisten en que la agencia vigila con atención las
actividades ilegales y que no ha subvencionado a los cultivos en tierras
robadas. Sin embargo, un estudio de los documentos internos de la USAID, sus
presentaciones institucionales y los informes de prensa plantea serias
cuestiones acerca de la investigación de los antecedentes de los solicitantes,
en particular, su aptitud para detectar sus vínculos con el
narco‐paramilitarismo, crímenes violentos e incautaciones ilegales de tierras.
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Además de los 161.000 dólares concedidos a COPROAGROSUR,
USAID también concedió 650.000 dólares a GRADESA, una empresa de palma con dos
acusados de paramilitares vinculados con narcotraficantes en su Junta Directiva.
Una tercera empresa de palma , URAPALMA, también acusada de vínculos con
paramilitares, casi obtiene la aprobación de una subvención antes de que su
solicitud se estancara debido a la falta documentos. Los críticos dicen que este
tipo de subvenciones contradicen la estrategia antidrogas del Plan Colombia .
</DIV>
<DIV align=justify><BR>"El Plan Colombia está luchando militarmente contra las
drogas pero al mismo tiempo, da dinero para apoyar la palma , que es utilizada
por las mafias paramilitares a blanquear dinero", dice el senador colombiano
Gustavo Petro, una voz crítica de la industria de la palma . "Los Estados Unidos
están subsidiando implícitamente a los traficantes de drogas." </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>El robo de tierras y el auge de los
agrocombustibles</STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><BR>El Brigadier General Pauxelino Latorre condujo a un
anciano agricultor a través de un laberinto de pasillos de concreto, pasando por
una serie de rústicas habitaciones con vista a las plantaciones de banano y
adentrándose en los cuarteles del ejército colombiano de la Brigada XVII en
Carepa, localidad del noroeste de Colombia. Los soldados saludaban forzadamente
en cuanto el general pasaba. El agricultor ‐ Enrique Petro ‐ pobre, con más de
60 años, arrastraba los pies pocos pasos atrás, tratando de evitar el contacto
visual. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Comprensiblemente, Petro estaba ansioso. En repetidas
ocasiones investigaciones penales han vinculado a la XVII Brigada con los grupos
paramilitares ilegales que han asesinado brutalmente a miles, incluyendo el
hermano de Petro y su hijo adolescente. Como se internaba más en los cuarteles,
Petro tenía un sentimiento de aprensión. Latorre abrió una puerta en un edificio
en la parte trasera de la base militar, donde Javier Daza, entonces Gerente de
URAPALMA, estaba esperando. En el encuentro, Daza y el general llevaron la mayor
parte de la conversación. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Era agosto de 2004. Unos días antes, Petro había
denunciado ante el general que URAPALMA estaba sembrando palma de aceite en la
tierra que los paramilitares le habían robado en 1997, en el cercano
departamento del Chocó. En respuesta, el general había sugerido una reunión en
la base militar, y Petro, suponiendo que tenía poco que perder, había aceptado.
Al final del breve encuentro, dice Petro, Daza y Latorre lo intimidaron para
legalizar la usurpación de sus tierras. Con la firma de Latorre en el contrato,
en calidad de testigo, Petro perdió el 85 por ciento de su finca de 370 acres
para que, casi cinco años después, todavía no haya recibido el magro pago
estipulado. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Petro es uno de los afortunados; todavía está vivo. Según
informes del gobierno colombiano y de organizaciones no gubernamentales,
URAPALMA ha reclamado ilegalmente más de 14.000 acres de las selvas tropicales
en el Chocó ‐ tierra usurpada con ayuda de gente como Latorre y sus
colaboradores paramilitares. Latorre, graduado de la academia de formación del
Ejército de los EE.UU., conocida como la Escuela de las Américas, fue acusado el
año pasado del lavado de millones de dólares para una red de narcotraficantes
paramilitares, y los fiscales dicen que están investigando sus actividades como
Comandante de la XVII Brigada. Otro general, Rito Alejo Del Río, quien dirigió
la XVII Brigada en el momento del desplazamiento de Petro, está en la cárcel,
acusado de colaborar con los paramilitares; él, también, recibió capacitación en
la Escuela de las Américas. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Informes del gobierno, documentos legales y testimonios
de grupos de derechos humanos demuestran que los paramilitares alimentados por
el tráfico de drogas ‐ a menudo en cooperación con fondos militares de EE.UU. –
han desplazado por la fuerza a miles de campesinos del Chocó a finales de 1990,
matando a más de un centenar. Desde 2001 URAPALMA y una docena de otras empresas
de palma han usurpado por lo menos 52.000 acres de las tierras despobladas en el
Chocó, la mayoría de ellas tituladas colectivamente a los agricultores
afrocolombianos como Petro. </DIV>
<DIV align=justify><BR>El daño puede estar apenas comenzando. En 2005 el
presidente colombiano, Álvaro Uribe, citando el incremento de los mercados de
alimentos y agrocombustibles, instó al país a aumentar la producción de palma de
750.000 hectáreas a 15 millones de hectáreas ‐ un área del tamaño de Virginia
Occidental. Los críticos señalan que muchas de las nuevas regiones de cultivo de
palma presentan patrones del narcotráfico y la violencia paramilitar similar a
la del Chocó, como las masacres y el desplazamiento forzado. Un informe de la
organización internacional Human Rights Everywhere encontró crímenes violentos
relacionados con el cultivo de palma en cinco regiones ‐ todas las cuales entran
dentro de la propuesta de Uribe. Casi todas estas regiones también han sido
objeto de apoyo al cultivo de la palma por parte de USAID. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La agencia de EE.UU. administra el programa de desarrollo
alternativo del Plan Colombia desde su sede en el complejo edificio de la
Embajada de los EE.UU., en una de las congestionadas calles de Bogotá. Palma de
aceite, o palma africana, es uno de los pocos cultivos subsidiados cuyos
beneficios pueden igualar los de los cultivos de coca. Desde 2003, los contratos
de desarrollo alternativo de USAID han proporcionado casi 20 millones de dólares
a proyectos agroindustriales de palma aceitera en todo el país. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Casi la mitad del aceite de palma producido en Colombia
se exporta cada año ‐ en su mayoría a Europa, pero también a los Estados Unidos.
El gobierno tiene ahora su mira puesta en el estancamiento del acuerdo de libre
comercio entre Estados Unidos y Colombia, cuya aprobación por el Congreso ‐
considerado como probable, con el apoyo explícito del Presidente Obama ‐
permitiría que el aceite de palma colombiano entrara libre de impuestos en los
mercados de EE.UU. Aunque el aceite encuentra espacio en las importaciones de
EE.UU. de productos alimenticios diversos, Colombia está invirtiendo en el
creciente mercado de los agrocombustibles. </DIV>
<DIV align=justify><BR>"Estamos en los albores de un nuevo desarrollo de la
energía: la producción de biodiesel de palma africana", dijo el presidente Uribe
en 2005, cuando anunció la iniciativa. Aproximadamente el país ha duplicado la
superficie sembrada en palma desde 2001, año en el cual Colombia se convirtió en
el cuarto mayor exportador de aceite de palma ‐, año en el cual llegaron también
las empresas de palma al Chocó. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Los grupos de derechos humanos han acusado durante muchos
años a las empresas de palma en Colombia ‐ URAPALMA en particular ‐ de
cultivarla en tierras robadas. Jens Mesa, presidente de FEDEPALMA, Federación
Nacional de Cultivadores de Palma , dice que estas acusaciones son totalmente
exageradas. Mesa se queja de que en el Chocó las empresas, que no están en la
Federación, son excepciones que han estigmatizado injustamente a la industria.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>No obstante, la Bancada Negra del Congreso ha expresado
con frecuencia su preocupación por la industria de la palma , que se concentra
en zonas con grandes poblaciones Afrocolombianas, en la administración de Uribe.
Preocupado de que el Congreso retenga fondos del Plan Colombia o bloquee el
Tratado de Libre Comercio, el gobierno colombiano ha comenzado a tomar más en
serio estas acusaciones. A finales de 2007, el Fiscal General Mario Iguarán
anunció una investigación sobre las denuncias de que veintitrés representantes
de empresas de palma en el Chocó, incluyendo URAPALMA, colaboró con los
paramilitares para apoderarse de tierras de propiedad comunitaria.
Aproximadamente al mismo tiempo, el senador Patrick Leahy adjunta una enmienda a
los fondos del Plan Colombia , que prohíbe la financiación de proyectos de palma
que "causen el desplazamiento forzado de la población local". En breve el
Congreso debatirá la financiación del Plan Colombia para el año 2010, el primer
presupuesto de ayuda internacional elaborado por el equipo de Obama. En el
borrador actual del proyecto de ley, la enmienda Leahy está marcada para ser
eliminada. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Sean Jones, hasta mediados de mayo Director de USAID para
el desarrollo alternativo en Colombia , reconoce que la industria del aceite de
palma en el país tiene "dos caras". Una de ellas es las empresas respetuosas de
la ley, dice, pero "hay este feo rostro de la palma africana, también, donde
usted tiene algunos jugadores muy desagradables." </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Paramilitares y “la violencia”</STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><BR>Incluso en Colombia , con su enorme diversidad geográfica
y cultural, el selvático departamento del Chocó es considerado exótico. Las
selvas húmedas tropicales del Chocó, ubicadas en la esquina noroeste del país en
donde América del Sur se une a Panamá, se encuentran entre las más biodiversas
del planeta. La mayoría de los colombianos aún ven al Chocó como un lugar sin
importancia pero violentamente disputado. Lluvias torrenciales nutren bajas
cadenas montañosas, que a su vez alimentan cientos de ríos y ciénagas que se
extienden a través del paisaje como venas. La mayoría de estas corrientes de
agua desembocan en el gran río Atrato, que serpentea hacia el norte a través de
la selva hasta que por su delta desemboca en el mar Caribe. Los lugareños llaman
a esta zona Urabá. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Los agricultores de Urabá más afectados por los negocios
de la palma viven cerca de dos exuberante afluentes: el Curvaradó y Jiguamiandó.
En el 2000 la entidad gubernamental para el desarrollo rural, INCODER, otorgó
títulos colectivos por 250.000 acres en la región para las comunidades de
descendientes de esclavos negros, que, en virtud de la Constitución de Colombia,
gozan de los mismos derechos territoriales que los pueblos indígenas. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero el gobierno, en un esfuerzo para atraer a
inversionistas extranjeros, ha catalogado a Urabá como "la mejor esquina de
América". Y en los últimos años, las empresas de palma han tomado más del 20 por
ciento de la tierra de las cuencas de los dos ríos ‐ la parte del territorio más
habitable y apta para la agricultura. </DIV>
<DIV align=justify><BR>A finales de los 80 esta parte de Colombia se convirtió
en una base para los grupos paramilitares, o 'paras ", fundados por tres
hermanos de la familia Castaño: Fidel, Vicente y Carlos, que vinieron desde las
filas del tristemente célebre cartel de Medellín de Pablo Escobar. Los Castaño
recibieron generoso apoyo logístico y financiero de empresarios, terratenientes,
narcotraficantes y miembros del ejército. Colaboraron estrechamente con los
militares colombianos en la guerra sucia contra la guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y en un informe de 2001 de Human
Rights Watch son catalogados como la "sexta división" del ejército. Alimentados
por un celoso anticomunismo, los señores de la guerra, como los Castaño,
sacrificaron a miles de inocentes acusándolos de albergar simpatías por la
guerrilla. </DIV>
<DIV align=justify><BR>A mediados de los años 90, muestran los informes de
derechos humanos, los paras enfocaron su violencia hacia un objetivo económico:
la adquisición de tierras y empresas, eliminando opositores y protegiendo su
actividad más lucrativa, el tráfico de drogas. Los Castaño y sus aliados se
convirtieron en indiscutibles barones de la cocaína en Colombia , obteniendo los
primeros lugares en las listas de los más buscados por el gobierno de los EE.UU.
Los señores de la guerra comenzaron una marcha sangrienta en Urabá. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En primer lugar, aparecieron panfletos advirtiendo a
todos los colaboradores de la guerrilla que debían irse, y las ciudades fueron
invadidas con grafiti paramilitares. Uriel Tuberquia, uno de campesinos vecinos
de Enrique Petro, relata que en los meses anteriores a la llegada de los paras,
circularon en la comunidad rumores de que los mochacabezas (decapitadores)
venían, una referencia a la horripilante forma como los paramilitares
desembraban los cuerpos de sus víctimas. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Cuando finalmente los paras llegaron, mataron al papá de
los Tuberquia mientras cuidaba su ganado. "Le dispararon por la espalda, desde
lejos", dice Uriel, mirando hacia los campos de palma . "Mi padre nunca tuvo un
entierro digno. Simplemente lo enterraron por ahí, en algún lugar, debajo de
toda esa palma ." </DIV>
<DIV align=justify><BR>En octubre de 1996 los paras tuvieron una fiesta macabra
de entrada al Chocó, con el asesinato de ocho campesinos en el pequeño caserío
de Brisas en el río Curvaradó, a una hora a pie de la finca de Petro. Lo que
siguió fue un crescendo de terror, que los lugareños simplemente llaman la
violencia. En febrero de 1997 los militares, respaldados ese año con $ 87
millones de dólares de apoyo de EE.UU., se asociaron con su "sexta división"
para golpear el norte de Chocó. Helicópteros del ejército y aviones de combate
lanzaron bombas y dispararon armas de fuego de alto calibre sobre las
comunidades de la selva, mientras que los paras venían "limpiado" detrás de
ellos. Retenes militares y paramilitares se multiplicaron por toda la región.
Grupos internacionales de derechos humanos documentaron las matanzas , torturas,
asesinatos y violaciones. Los paramilitares remataron el año asesinando a
treinta y un campesinos una semana antes de Navidad. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Según la Agencia de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), las ofensivas de 1997 obligaron a alrededor de 17.000
personas a abandonar sus hogares. Sólo en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó
140 campesinos han sido reportados como muertos o desaparecidos, sino todos al
menos cuatro por soldados o paramilitares. En 1997, Petro ya había perdido a su
hermano y sus dos hijos por la violencia ‐ uno asesinado por las FARC. Los
paramilitares en varias ocasiones lo amenazaron con asesinarlo si no se iba de
su finca. Trató de permanecer, pero al ver que los otros se iban Petro abandonó
la tierra. </DIV>
<DIV align=justify><BR>"Dijeron que habían venido acá para desterrar a la
guerrilla", recuerda Petro, "pero fue a nosotros, los campesinos, a quienes
desterraron". En las entrevistas, varios sobrevivientes me dicen que cuando
comenzó la violencia, los paras llegaron a sus fincas con la misma escalofriante
oferta: "Véndanos su tierra o negociaremos con su viuda." </DIV>
<DIV align=justify><BR>En el 2001, cuando los paras proclamaron que habían
adquirido el control definitivo de Urabá, Petro y los demás campesinos se
dispersaron. Algunos se escondieron en la selva, otros abandonaron totalmente el
Chocó. Aunque los paras les impedían visitar sus fincas, los campesinos
escucharon rumores de que sus tierras estaban siendo sembradas con palma .
</DIV>
<DIV align=justify><BR>Gustavo Duncan, un analista de seguridad de la
Universidad de los Andes, en Bogotá, dice que la inclinación de los
paramilitares hacia la palma fue una obvia decisión de negocios:" la palma era
una manera perfecta de consolidar su control social y militar sobre un
territorio y la inversión del capital acumulado de las drogas en un negocio
rentable". Según una declaración juramentada de un ex empleado que URAPALMA
quien coopera con la investigación la fiscalía, el puente principal entre los
Castaño y los inversionistas era Hernán Gómez, uno de los primeros mentores
ideológicos de los hermanos Castaño y esposo de la actual Gerente de URAPALMA.
La declaración afirma que Gómez, quien no respondió varias llamadas a su casa,
ayudó a los Castaño a contractar narcos ricos con experiencia en negocios de
palma para invertir en URAPALMA. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Como los campesinos empezaron, individualmente y en forma
dispersa, a regresar a sus hogares después del 2001, muchos encontraron sus
tierras arrasadas y sembradas de árboles jóvenes de palma . Empresas como
URAPALMA había colocado carteles en la tierra con grandes letras mayúsculas:
PROPIEDAD PRIVADA. La presencia permanente de paramilitares aterrorizaban la
zona. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Petro pasó cinco años sin ver su finca, tomando refugio
en la cercana localidad de Bajirá. Regresó sólo en el 2002, y la vista fue
devastadora. "Todo el trabajo de mi juventud había desaparecido", dice. "Ciento
diez cabezas de ganado, nueve caballos, mi esposa tenía toneladas de pollos,
cerdos... todo se ha perdido." URAPALMA había arado pastizales para sembrar
palma . Un año después de su llegada, dice, poco después de comenzar a trabajar
su tierra de nuevo, "los paramilitares llegaron a matarme". Petro había salido a
la ciudad por la mañana, y así eludió el peligro. Pero al volver encontró su
casa saqueada y llena de grafiti. Las consignas de los paras son todavía
visibles en las paredes de su casa en ruinas. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>USAID y palma</STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><BR>Tres meses después de los paras haber destrozado la casa
de Petro, URAPALMA presentó una solicitud de subvención a las oficinas de Bogotá
de ARD Inc., contratista con treinta años de experiencia en desarrollo rural con
sede en Burlington, Vermont, con oficinas en cuarenta y tres países. En su sitio
web, ARD se describe a sí misma como guiada por "los ideales de Vermont de
liderazgo en los asuntos ambientales y la participación local en el gobierno."
USAID, una importante fuente de ingresos para ARD, tiene 330 millones de dólares
en contratos activos con la empresa. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En enero de 2003, ARD empezó a administrar $ 41,5
millones de dólares del Programa de Agronegocios (CAPP) de USAID para Colombia .
URAPALMA fue una de las primeras empresas de palma en enviar una solicitud;
Macaco, vinculado a COPROAGROSUR recibió sus $ 161.000 dólares de donación al
año siguiente (un tercio de los cuales fue devuelto, no utilizado). Informes
trimestrales de ARD muestran que URAPALMA había solicitado $ 700.000 dólares en
financiamiento para cubrir la siembra de palma de unas 5.000 hectáreas en Urabá
‐ el epicentro de la tierra robada. La solicitud de subvención comenzó a seguir
su curso a través del proceso de ARD. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Funcionarios de USAID se refieren al proyecto propuesto
por URAPALMA como una "alianza estratégica" y suelen llamar a esos esfuerzos
como "impulsados por la comunidad." "Sin nuestro apoyo", dijo un funcionario de
la embajada, "los agricultores tendrían una menor capacidad para negociar
alianzas libres con los industriales." Sin embargo, de acuerdo a los documentos
de la investigación de 2007 de la fiscalía de Colombia, obtenidos por el Fondo
de Investigación del Instituto La Nación, las empresas de palma en el Chocó
crean estas asociaciones para legitimar las adquisiciones ilegales de tierras
después de los hechos ‐ a menudo a través del fraude y la coacción. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Los expedientes de la investigación incluyen una
declaración jurada por Pedro Camilo Torres, un antiguo empleado de URAPALMA,
quien desde 1999 a 2007 manejó las solicitudes de préstamo de la empresa,
incluida la propuesta de donación de USAID. Su declaración juramentada acusa a
URAPALMA de crear un "frente" de organizaciones campesinas para garantizar
falsos títulos de tierras y el acceso a los fondos públicos. </DIV>
<DIV align=justify><BR>El más notorio caso de fraude implica a Lino Antonio Díaz
Almario, quien presuntamente en 2000 adquirió 14.645 acres ‐ una fortuna
imposible para un campesino pobre ‐ y de inmediato vendió esas tierras a la
Asociación de Pequeños Productores de Aceite de Palma de Urabá, organización
creada por URAPALMA. Pero Díaz había muerto desde 1995, cuando se ahogó en el
Jiguamiandó. </DIV>
<DIV align=justify><BR>El proyecto URAPALMA propuesto a USAID, que se resume en
un informe de ARD, hace referencia a "Asociaciones Afrocolombianas". Según la
declaración juramentada de Torres y los testigos citados por la fiscalía, todas
las organizaciones campesinas de URAPALMA fueron creadas por Teresa Gómez, a
quien el Departamento del Tesoro de los EE.UU. identifica como la "directora
financiera" de la gran federación narco‐paramilitar de los Castaños. Ella
lideró, al menos, otras dos organizaciones no gubernamentales afiliadas a los
paramilitares y es buscada por el asesinato de un líder campesino en el
departamento de Córdoba que había reclamado las tierras usurpadas por los
Castaño. Las llamadas telefónicas y los mensajes dejados durante meses al
personal directivo de URAPALMA no fueron devueltos. </DIV>
<DIV align=justify><BR>URAPALMA nunca recibió el dinero de las subvenciones en
cuestión, un resultado que Susan Reichle, directora de la misión de USAID en
Colombia, dice que reivindica el "debido proceso" de la agencia. Reichle
sostiene que su equipo ha elaborado un "protocolo de la tierra y todo un proceso
para garantizar realmente, en la medida de nuestras capacidades y a través de
varias etapas de investigación, que esta tierra es una tierra limpia". Pero,
admite, "lamentablemente, le gustaría decir que esto es al ciento por ciento ‐
pero usted nunca lo va a estar". Sean Jones, que se convirtió en jefe de USAID
para programas de desarrollo alternativo en Colombia en 2006, contradice a
Reichle, señalando que la solicitud de URAPALMA se estancó porque la empresa no
presentó la documentación sobre los títulos de propiedad. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Según los informes trimestrales de la CAPP, un "comité de
estudio de proyectos" conjunto de USAID ‐ ARD había avanzado en la propuesta
URAPALMA hasta la penúltima etapa del proceso ‐ el último paso antes de otorgar
dinero ‐ en enero de 2005. Roberto Albornoz, quien ha dirigido el programa de
agronegocios de ARD en Colombia desde el inicio del contrato con USAID, dice que
su personal llevó a cabo el debido proceso, pero nunca se encontró evidencia de
actividades sospechosas. Confirma que el proyecto quedó "en suspenso" en abril
de 2005 solamente después de que URAPALMA no presentó los títulos de propiedad.
Albornoz dice que su personal no tuvo conocimiento del cuestionable pasado de
URAPALMA hasta que conocieron un artículo publicado en una revista cinco meses
después de que la propuesta quedó en suspenso. Indagado sobre las razones por
las cuales las investigaciones de ARD no sospecharon de las actividades ilegales
de la empresa, hace eco de Jones: "Las denuncias en torno a URAPALMA no
aparecían en la prensa en ese momento." </DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero el desplazamiento forzado y las masacres en Urabá
eran de conocimiento público. En julio de 2003, un mes antes de la solicitud
URAPALMA a USAID, el diario nacional El Tiempo informó de que "los proyectos de
palma africana en el sur de la región bananera de Urabá están salpicados con la
sangre, la miseria y la corrupción." El Washington Post recoge la historia dos
meses más tarde. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En comunicaciones desclasificadas de la Embajada de los
EE.UU., funcionarios de EE.UU. en Bogotá prendieron la alarma acerca del total
dominio paramilitar en Urabá desde 1996. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Un cable de ese año dice: "Los Castaño se han beneficiado
enormemente de sus actividades, según se informa han adquirido miles de acres de
tierra en el norte de Colombia ". El cable se refiere al aumento del control de
los paramilitares en regiones enteras y se menciona específicamente a Urabá.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>En 2003, cinco meses antes de la solicitud de subvención
de URAPALMA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sindicó a URAPALMA de
connivencia con el paramilitarismo en Urabá: "Desde 2001, la empresa URAPALMA
S.A. ha iniciado el cultivo de la palma aceitera en aproximadamente 1.500
hectáreas de los territorios colectivos de estas comunidades, con la ayuda de
‘la protección armada perimetral y concéntrica de la Decimoséptima Brigada del
Ejército y civiles armados’" ‐ es decir, paras. Los soldados y los paras
realizaron incursiones armadas, concluye la Corte, para "intimidar" a las
comunidades a "unirse a la producción de aceite de palma o evacuar". </DIV>
<DIV align=justify><BR>Albornoz dice que el estudio de solicitudes de ARD hace
referencias cruzadas con los registros de las bases de datos de los gobiernos de
Colombia y EE.UU. de personas vinculadas al narcotráfico. Pero la empresa tenía
vínculos evidentes con el narcotráfico: en sus documentos de registro, URAPALMA
relaciona como inversionistas fundadores a dos hermanos de la familia Zúñiga
Caballero, a la cual las autoridades colombianas la sindican de ser un clan
conectado con los paramilitares y con vínculos con los carteles de la droga de
Medellín y Cali. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Cientos de Miles de Dólares</STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><BR>Mientras USAID eventualmente estudiaba la propuesta
URAPALMA, otorgó una subvención a COPROAGROSUR, la empresa entregada por Macaco,
y otro a GRADESA, que refina el aceite de palma para el consumo interno y la
exportación ‐ en gran parte a los Estados Unidos. Según informes de ARD y
documentos de USAID, la agencia otorgó una subvención a GRADESA para un proyecto
en Belén de Bajirá, Chocó, municipio que es el hogar de URAPALMA ‐ y de la
tierra de la antigua finca de Enrique Petro. USAID aparece apoyando la
participación de GRADESA en la refinación del aceite de palma de campos de
muerte del Chocó. </DIV>
<DIV align=justify><BR>USAID insiste en que nunca ha financiado un proyecto de
palma en el Chocó. Representantes de USAID, GRADESA y ARD niegan que el proyecto
de GRADESA se realizara en Belén de Bajirá, a pesar de tres años de mención de
la ciudad en los documentos internos y públicos. Representantes de USAID dice
que la localidad se menciona erróneamente toda vez que GRADESA la introdujo
equivocadamente en un informe de gestión. "El error pasó inadvertido," explica
el encargado de prensa de USAID en un correo electrónico "porque nuestro
principal interés se centra en la información relativa a hectáreas, las
familias, el empleo y el presupuesto invertido." </DIV>
<DIV align=justify><BR>En cualquier caso, en el momento en que USAID otorgó $
257.000 dólares a GRADESA concedidos el 19 de diciembre de 2003, los archivos de
la empresa muestran que los </DIV>
<DIV align=justify><BR>mismos dos hermanos Zúñiga que habían invertido en
URAPALMA, Antonio y Carlos, también se sentaban en la Junta Directiva de
GRADESA. (Carlos aparece en una lista de narcotraficantes del gobierno
colombiano en 1987). En marzo de 2005, Fiscal General de Colombia anunció que
había evaluando la participación de los Zúñiga en la empresa y presentó cargos
criminales contra los hermanos por el uso de GRADESA para blanquear dinero del
narcotráfico. De acuerdo con un oficial de narcóticos de Colombia, la
participación era del 50 por ciento; una reciente entrevista con el Gerente de
GRADESA reveló que los hermanos tenían esa participación accionaria desde
principios del decenio de 1990, mucho antes de la subvención de USAID. El caso
está ahora haciendo un lento camino a través de los tribunales colombianos, y es
el quinto intento por imputarles cargos por lavado de activo a los Zúñiga.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>A pesar de esta acción legal pendiente, USAID aprobó una
segunda subvención a GRADESA en 2007, esta vez por $ 400,000 ‐ dinero de un
nuevo período de cinco años por $ 182 millones de contrato con ARD. En una
respuesta por escrito, un funcionario de la embajada de EE.UU. dice que toda vez
que USAID no ha recibido ninguna notificación formal de la causa contra los
Zúñiga, "no había manera que USAID pudiera haber sido consciente de la relación
entre GRADESA y la investigación contra los Zúñiga". El funcionario dijo que "no
se han levantado banderas rojas" en el proceso de análisis de la segunda
subvención para GRADESA y que, como los Zúñiga ya no eran "accionistas,
inversionistas o directivos" no califican como "beneficiarios". </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Desplazamiento permanente </STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>La vida no ha mejorado mucho para Petro o sus compañeros
desplazados. En abril, el gobierno devolvió 3.200 acres ‐ sólo el 6 por ciento
de las tierras robadas ‐ a algunos campesinos a lo largo del río Curvaradó. Doce
años después de que se vieron obligados a huir, el resto siguen desplazados. El
gobierno dice que está presionando a las empresas de palma para que devuelvan el
resto de las tierras voluntariamente, pero los lugareños han escuchado antes
esas promesas. Mientras tanto, las empresas están transportando los racimos de
palma en camión. Petro tiene sólo una fracción de su finca, parte de la cual se
convirtió en una improvisada "zona humanitaria", un asentamiento de chozas de
madera llamado Caño Claro, con cerca de una docena de las familias desplazadas.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>Más de 2.500 personas siguen por fuera de un puñado de
estas zonas humanitarias, pequeños puntos en las cuencas de Curvaradó y
Jiguamiandó, y que no gozan de reconocimiento legal por el gobierno. En algunos
casos, lo único que separa a estos desplazados de sus antiguas fincas ahora
cubiertas de palma es un camino de tierra patrullado por paramilitares, ahora
vestidos de civil, y soldados del ejército. Los niños corren alrededor de los
asentamientos con sus vientres hinchados por desnutrición y enfermedad, pues sus
familias fueron arrancadas de su fuente de subsistencia. De otro lado, las
represalias y amenazas violentas hacia los que exigen la devolución de sus
tierras han aumentado. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Un día, el pasado mes de octubre, el líder campesino
Walberto Hoyos fue asesinado a tiros cerca del río Curvaradó, su cuello y su
cara llena de balazos por un pistolero paramilitar. A la mañana siguiente, los
habitantes de Urabá se despertaron para encontrar a sus ciudades plagadas de
grafiti y panfletos anunciando la formación de un nuevo grupo paramilitar, una
escalofriante repetición de los acontecimientos que condujeron a la violencia.
</DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=3><FONT color=#800000
size=4>Correspondencia de Prensa</FONT><BR>boletin solidario de información -
edición internacional<BR></FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=3>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR><FONT size=3><STRONG><FONT
color=#800000 size=4>Agenda Radical - Colectivo
Militante</FONT><BR></STRONG></FONT><A
href="mailto:Agendaradical@egrupos.net"><FONT
size=3><STRONG>Agendaradical@egrupos.net</STRONG></FONT></A><BR><STRONG><FONT
size=3>Gaboto 1305 - Teléf: (5982) 4003298 - Montevideo -
Uruguay</FONT></STRONG><BR></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><BR></FONT> </DIV></BODY></HTML>