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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><EM>boletín solidario de información -
edición internacional</EM><BR><FONT color=#800000 size=5><U>Correspondencia de
Prensa<BR></U>Agenda Radical - Colectivo Militante<BR></FONT><U>25 de junio
2009<BR></U>suscripciones y redacción: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Brasil</FONT></STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>El Congreso brasileño aprobó la base
legal que destruye la Amazonia <BR><BR>Bruno Lima Rocha *</STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Barómetro
Internacional</STRONG></FONT></DIV>
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size=2><STRONG>Argenpress</STRONG></FONT></DIV>
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href="http://www.argenpress.info/"><STRONG>http://www.argenpress.info/</STRONG></A></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2>La aprobación en el Congreso de la
Medida Provisional (MP) 458 es un absurdo. Esta MP, que originalmente visaba
regularizar tierras ocupadas por pequeños campesinos ocupantes de tierra en el
área de la Amazonia Legal (equivale a 48% del territorio de Brasil), con su
actual redacción abre margen para una inversión de valores, beneficiando a quién
desmata y destruye.<BR><BR>Una vez más diputados federales y senadores consiguen
ajustar los intereses de un sector de clase –el de los grandes propietarios,
ladrones de tierras públicas de la Amazónia- perjudicando a un posible
desarrollo sostenible e inclusivo. Veamos por qué.<BR><BR>La división de los
lotes de los campesinos tiene dos categorías. La de los pequeños, de 100 a 400
hectáreas (ha), y a de los medianos, de 400 a 1500 ha. Acordemos que el módulo
rural varía de acuerdo con la región del Brasil y su vocación. Para la dimensión
amazónica, una extensión de 100 ha es considerada pequeña. Pues bien, con este
texto, sobre este pequeño recae la desconfianza del Estado y el titular del lote
sólo podría venderlo después de diez años de la regularización de las tierras.
¡Ya para los medianos, que en teoría pueden tener representantes legales
(prepuestos, también conocidos como “naranjas” o “testaferros”), los lotes
serían pasibles de venta después de tres años! Para empeorar, en este mismo
negociado entran los grandes “ocupantes” a ser regularizados, ocupantes de
tierras con más de 1500 ha de extensión. Estos también podrían vender las
tierras después de tres años. Si es aprobada la MP 458 como está, queda abierta
la puerta para la especulación de tierras robadas. Sinceramente, o el texto
tiene problemas desde su origen, o no tiene sentido.<BR><BR>El peor de los
mundos, en mi opinión está en el mantenimiento de los artículos 2º, 7º y 13º.
Entiendo que esto implica algunos descalabros, tales como: los “ocupantes”
regularizados no necesitarán ser habitantes del municipio donde en teoría
producirían bienes primarios o la extracción de bienes naturales; las personas
jurídicas podrán ser beneficiadas de una ley que originalmente favorecería el
modo de producción de base familiar; y por fin, las concesiones de tierras
podrían darse sin pasar revista previa ni análisis a los papeles originales. ¡No
es sin sentido el que la Medida Provisional ganara el sobrenombre de “MP del
robo de Tierras Públicas”!<BR><BR>La complejidad del problema aumenta cuando
dimensionamos los valores inmobiliarios y su extensión. Estamos hablando de una
área de 64,7 millones de hectáreas de tierra con un valor inicial de la orden de
R$ 70 mil millones (cerca de USd 35 mil millones de dólares USA). No se trata de
materia de ocasión y sí de una determinación estructural de la Amazonia para las
próximas décadas. Por eso mi temor es el de siempre. Si el presidente Luiz
Inácio Lula da Silva no veta el texto, veremos más de lo mismo. Es decir, la
derrota de la razón de Estado y del bienestar de la nación, siendo todo cambiado
por las leyes que legalizan a los ladrones de arriba, fortaleciendo la base
aliada del gobierno de turno y su composición de clase.<BR><BR><STRONG>En el
Senado de Brasil, la pesadilla del agronegocio sigue</STRONG><BR><BR>La noche de
miércoles 3 de junio, el Senado de la República dio un aula de análisis
político. No fue una lección de actitud republicana, tampoco de defensa de la
ciudadanía ni del interés nacional. Lo que se vio fue la materialización de dos
conceptos: lo de sobre-representación y lo del eufemismo como arma del discurso.
El primer concepto se encuentra en la “sinceridad” de la senadora Kátia Abreu
(DEM- estado de Tocantins) que acumula el mandato por el nuevo estado y también
es presidente de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA, o sea, el
sindicato nacional de latifundistas). El segundo, el eufemismo, se encuentra en
las palabras de la “muy noble” senadora, al afirmar que una Medida Provisional
de su autoría, la MP 458, va “a dar seguridad jurídica” para la Amazonia
Legal.<BR><BR>Para quien tiene como faena y labor el análisis del gran juego del
poder en el Brasil, tener un concepto materializado es una oportunidad de
demostrar de modo didáctico las telas de relaciones reales y no formales de la
política brasileña. El “concepto con carne” se hace patente para un público
ampliando las tensiones del ejercicio del mando sin las barreras de un lenguaje
refinado. En este negociado, estoy obligado a ser justo. Si hay una bancada que
actúa de modo “sincero” son los latifundistas, también conocidos como
“ruralistas”.<BR><BR>Este término, “ruralismo”, por sí sólo ya es un eufemismo,
pues se remonta a la sigla de la extrema derecha agraria de los años ’80. Para
quien no recuerda, la lucha por el ejercicio del derecho constitucional del
acceso a la tierra como factor de producción con destinación social, confrontaba
en armas con la Unión Democrática Ruralista (UDR). Esta entidad “democrática”,
que cayó en bajo perfil los últimos años, da la marca a la bancada de mismo
nombre. Esta gente es tan agresiva como los latifundistas soyeros de Argentina y
levantan la supuesta bandera “del campo”. Pobre del Martín Fierro, de Quiroga y
de los caudillos de antaño. Estos “del campo” son poco o más que vende-patrias
que viven de mamar la teta del Estado platense. Pues en Brasil pasa lo mismo. Y
la cara dura no para. Fue una de las líderes de la bancada de la agricultura en
ancha escala, aplicando el concepto que transforma el alimento en commodity, que
escribió el texto de la nueva medida legal.<BR><BR><STRONG>No hay desarrollo sin
preservación</STRONG><BR><BR>Como se sabe, la medida es polémica y provocó una
fractura en la base del gobierno y en la oposición. Por su parte, el presidente
ya señala una maniobra para distraer a la mayoría. Dice que la cuenta a pagar
por la preservación también es de los países ricos. Aunque eso sea correcto, se
aplica en escala mundial y no en la vida cotidiana de la Amazonia Legal y de la
biodiversidad brasileña. Cobrar el cumplimiento del Protocolo de Kyoto y actuar
de forma incisiva contra la pesca de la ballena por los pesqueros japoneses es
legítimo. Pasar la cuenta de una política interna que atraviesa las
posibilidades de mantenimiento de la soberanía nacional en la Amazonia, no lo
es. No hay control sin sustentación, y el Estado brasileño tiene que asegurar la
cobertura vegetal y la biodiversidad en más de la mitad de su
territorio.<BR><BR>Al contrario del sentido común y de las ideas difundidas por
los grandes medios, no hay conflicto entre preservación y desarrollo. Preservar
no es retraso ni costo, pero sí garantía de retorno a largo plazo. Es obvio que
dentro del modelo de devastar para la agro-exportación, esto parece una barrera
para el desarrollo del negocio. En verdad, lo absurdo para un país es apostar a
un modelo que no se sostiene ni asegura los mayores valores futuros. La mayor
riqueza de la humanidad en el siglo que viene es la diversidad genética y el
patrimonio natural. Así, no hay ninguna posibilidad de desarrollar la Amazonia
sin la floresta en pie y el curso de sus ríos. Y lo peor, con la destrucción del
medio, los pueblos amazónicos tienden a migrar, hinchando las capitales de la
región y aumentando la desesperación social.<BR><BR>Con la MP 458 los senadores
fuerzan el país a caminar a través de la misma troja que llevó a la aprobación
de las semillas transgénicas a través del hecho consumado. Oficializando el robo
de tierras y permitiendo la devastación de la selva, quedamos entregados a la
demencia del agente económico devastador e inescrupuloso. El futuro colectivo y
la soberanía del país exigen el veto de esta Medida.<BR><BR>* Bruno Lima Rocha
es politólogo, docente universitario y militante de la FAG.</DIV>
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size=4>Correspondencia de Prensa</FONT><BR>boletin solidario de información -
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Uruguay</FONT></STRONG><BR></DIV>
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