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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><EM>boletín solidario de información -
edición internacional</EM><BR><FONT color=#800000 size=5><U>Correspondencia de
Prensa<BR></U>Agenda Radical - Colectivo Militante</FONT><BR><U>20 de
setiembre 2009<BR></U>suscripciones y redacción: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Argentina</FONT></STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>El escepticismo
llega al puente en Gualeguaychú</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT
size=3></FONT></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Vecinos de la ciudad
argentina de Gualeguaychú, que desde 2002 resisten la instalación de una fábrica
de celulosa en Uruguay, río limítrofe de por medio, tienen pocas expectativas
sobre el fallo que emitirá la Corte Internacional de Justicia para dirimir la
disputa entre ambos países por esta causa.</STRONG></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Marcela Valente <BR>IPS,
Buenos Aires, 18-9-2009</STRONG></FONT></DIV>
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href="http://www.ipsnoticias.net/"><STRONG>http://www.ipsnoticias.net/</STRONG></A></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2>"Argentina perdió varias
oportunidades políticas de frenar la radicación de la planta y ahora, en esta
instancia, el conflicto está en un callejón sin salida", dijo a IPS el
economista Juan Carlos Quinteros, miembro de la Asamblea Ciudadana Ambiental de
Gualeguaychú que protesta desde noviembre de 2006 bloqueando el tránsito de
vehículos por la ruta de acceso al puente binacional sobre el río Uruguay.
<BR><BR>Ambientalistas de ambos países advirtieron a los vecinos de la zona hace
casi una década del plan de radicar, con consecuencias para la salud ambiental,
dos grandes fábricas de pasta para elaborar papel en las proximidades de la
occidental ciudad uruguaya de Fray Bentos, distante 22 kilómetros de esa
localidad de más de 80.000 habitantes de la oriental provincia argentina de
Entre Ríos. <BR><BR>En 2002, un grupo de pobladores de ambas orillas del río
comenzaron a movilizarse para impedir la instalación de una fábrica de la
Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) y otra de la firma finlandesa
Botnia. La primera finalmente desistió de su proyecto y aún estudia su
instalación más al sur de Uruguay, pero la segunda comenzó a producir en
noviembre de 2007. <BR><BR>Mientras, los gobiernos de Argentina y de Uruguay
ventilan sus desacuerdos en la Corte Internacional de Justicia con sede en La
Haya. Buenos Aires planteó la demanda por la presunta violación por parte de
Montevideo de cuerdos bilaterales de administración conjunta del río al
autorizar la construcción de las fábricas. <BR><BR>Esta semana comenzaron las
audiencias finales previas al veredicto del alto tribunal, que se conocerá
probablemente a comienzos de 2010. Argentina planteó que Botnia provocará un
"daño irreparable" al ambiente en torno al río limítrofe y que la contaminación
"se nota" por los olores y manchas en el agua. <BR><BR>La delegación argentina
negó haber dado su consentimiento a la instalación de la fábrica, como argumenta
Uruguay y obliga el tratado bilateral, y remarcó el olor a "huevo podrido" que
llega hasta las costas de Argentina como consecuencia de las emanaciones de la
planta. <BR><BR>Uruguay deberá fijar su posición la semana próxima. Pero
mientras, el presidente de ese país, el izquierdista Tabaré Vázquez, aseguró que
es "absolutamente inexistente" el daño que menciona Argentina y que diversos
estudios independientes "han demostrado que (la planta) no contamina".
<BR><BR>Cualquiera sea el desenlace en la justicia internacional, los
asambleístas de Gualeguaychú anticiparon que su reclamo "no se agota en La
Haya", dijo Quinteros. "Nosotros vamos a seguir resistiendo hasta que logremos
que Botnia se vaya del río Uruguay", remarcó. <BR><BR>La autora del libro "Daños
Colaterales", Verónica Toller, quien investigó el conflicto bilateral, declaró a
IPS que los vecinos tienen hoy sentimientos que van "desde el moderado optimismo
hasta la rotunda desconfianza en el fallo". <BR><BR>"Frente a los micrófonos o
las cámaras de televisión, los asambleístas se muestran confiados. Con los
micrófonos apagados reconocen que será difícil que la Corte falle en contra de
intereses de los países más poderosos", dijo. <BR><BR>¿Qué pasaría si la Corte
determina en una sentencia que Uruguay incumplió el Estatuto y obliga a las
partes a retroceder a fojas cero?, se pregunta Toller en su libro. "¿Lo haría La
Haya? Y si lo hiciera ¿aceptaría Botnia? ¿Aceptaría Uruguay? Y si no aceptaran
¿qué haría Argentina? ¿Qué podría hacer la Asamblea?". <BR><BR>"Los escenarios
posibles imaginables no son alentadores para Argentina", concluye. <BR><BR>Desde
hace dos años se mantiene el bloqueo del tránsito por la ruta que une a ambos
países a través del puente general San Martín. Este piquete, como le llaman en
Argentina, interrumpe el paso día y noche con poca presencia de manifestantes.
Esa porfiada actitud es sumamente cuestionada por Uruguay por entender que se
atenta contra el derecho a la libertad de movimiento de las personas.
<BR><BR>Quinteros eludió una definición acerca de si se levantará o no la medida
de fuerza luego del veredicto. "El corte de la ruta no tiene nada que ver con La
Haya. Nosotros vamos a seguir reclamando en la justicia federal argentina, donde
ya iniciamos una causa, y en otras instancias internacionales", adelantó.
<BR><BR>La determinación se basa en que el fallo podría ser adverso y los
vecinos lo saben. "Estos tribunales tienen una visión global, no toman en cuenta
la visión de la parte afectada", dijo. Pero, aun en el caso de un fallo
favorable a sus reclamos, dijo, la sentencia no es vinculante y por lo tanto
Uruguay podría no acatarla. <BR><BR>"Es falso que el gobierno argentino nos diga
que fueron a La Haya porque nosotros lo pedimos así, sino que fueron porque ese
es el mecanismo que prevé el Estatuto del Río Uruguay (de 1975) cuando hay que
resolver una controversia", indicó. <BR><BR>"Los vecinos pedíamos ir al tribunal
de La Haya en 2003, cuando el presidente (uruguayo Jorge) Batlle autorizó la
instalación de ENCE. Ese fue el momento en que se consumó la violación al
Tratado y era la oportunidad para ir, en cambio cuando el gobierno argentino
optó por esa vía en 2007 ya era tarde", remarcó. <BR><BR>El río Uruguay tiene
una extensión de 1.800 kilómetros antes de desembocar en el Río de la Plata,
pero Argentina y Uruguay lo comparten a lo largo de sólo 500 kilómetros. Para
reglamentar el uso racional de ese recurso natural, ambos países firmaron en
1961 el Tratado del Río Uruguay y en 1975 el Estatuto. <BR><BR>Por el Estatuto,
las partes se obligaron a "proteger y preservar el medio acuático y, en
particular, prevenir su contaminación", y para el cumplimiento de esos
compromisos se creó la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) integrada
por representantes de ambos estados. <BR><BR>La instalación de las fábricas
debía contar entonces con la autorización de esta comisión. Uruguay argumenta
que la CARU fue informada de los proyectos y que la cancillería argentina los
avaló, pero Buenos Aires lo niega. Y en eso están en La haya. <BR><BR>Más aún,
el canciller argentino Jorge Taiana, antes de apelar al tribunal de La Haya
informó al Congreso legislativo de su país que Uruguay "incumplió" el Estatuto
el 9 de octubre de 2003, cuando se autorizó la instalación de ENCE, y el 14 de
febrero de 2005 cuando permitió el proyecto de Botnia.</DIV>
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<DIV align=center><STRONG><FONT size=3><FONT color=#800000
size=4>Correspondencia de Prensa</FONT><BR>boletin solidario de información -
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size=3>Gaboto 1305 - Teléf: (5982) 4003298 - Montevideo -
Uruguay</FONT></STRONG><BR></DIV>
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