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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de Prensa</FONT>
<BR><U>12 de enero 2009</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Colectivo Militante -
Agenda Radical</FONT><BR>Gaboto 1305 - Montevideo - Uruguay<BR>redacción y
suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
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<DIV><STRONG><FONT size=3>Imperialismo</FONT></STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Obama y
Guantánamo<BR></STRONG></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Owen
Fiss *</FONT><BR> <BR><BR>Sin Permiso</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><A
href="http://www.sinpermiso.info"><STRONG>www.sinpermiso.info</STRONG></A></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Traducción de Gerardo
Pisarello</STRONG><BR><BR><BR>La lluvia de críticas desatada por el
procesamiento de Khalid Sheik Mohammed, el supuesto cerebro de los ataques del
11-S, no debería ocultar una realidad aún más triste: este juicio no es más que
una pieza aislada de la estrategia de Obama sobre Guantánamo. Algunos de los
prisioneros de la isla, incluidos aquéllos que llevan siete u ocho años privados
de libertad, permanecerán encerrados de manera indefinida sin perspectiva alguna
de comparecer ante un tribunal. La tan elogiada intención de Obama de cerrar
Guantánamo no cambiará el destino de estos prisioneros, que serán transferidos a
otras prisiones de los Estados Unidos o al extranjero. Con ello, el actual
presidente dará continuidad a una de las políticas más controvertidas de la
Administración Bush. Y si finalmente opta por no revisar esta política, Obama
condicionará el futuro margen de actuación del gobierno.
</FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR>La prisión sin juicio es una afrenta a la Constitución y
está reñida con el proclamado compromiso de Obama de ajustar su actuación a
derecho y de luchar contra el terrorismo en los términos previstos por la
Constitución. Lo que está en juego no es más ni menos que uno de los valores
centrales de nuestro sistema constitucional: el principio de libertad. Este
principio ocupa un papel central en nuestras tradiciones políticas y suele
considerarse uno de nuestros más grandes logros como nación. Desde el punto de
vista normativo, encuentra claro fundamento en la exigencia recogida en la
Quinta Enmienda según la cual ninguna persona puede ser privada de su libertad
sin el debido proceso. Este precepto, junto a la garantía del habeas corpus,
prohíbe al gobierno encarcelar a una persona sin que se le impute un delito
concreto y sin que sea prontamente procesada ante un tribunal. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En su sentido más profundo, el principio de libertad
procura asegurar que sólo aquéllos que hayan cometido un delito puedan verse
privados de libertad. Con ese propósito, se prevé la celebración de un juicio en
un tiempo razonable y a través de un proceso capaz de proteger al inocente y de
dilucidar la veracidad del cargo que se le imputa. Estos procedimientos, que
exigen al gobierno probar sus argumentos ante un tribunal público en el que el
acusado puede defenderse a sí mismo, sirven para medir el compromiso
gubernamental con la equidad y operan como fuente de legitimidad. </DIV>
<DIV align=justify><BR>El principio de libertad admite excepciones, pero
limitadas y siempre celosamente justificadas. La facultad de declarar la guerra,
por ejemplo, se encuentra plenamente reconocida por la Constitución, y autoriza
a los Estados Unidos a matar soldados enemigos en el campo de batalla y a
capturarlos y encarcelarlos durante el tiempo que duren las hostilidades. El
Presidente Bush, sin embargo, expandió de manera inédita el alcance de esta
excepción argumentando no sólo que la lucha contra Al-Qaeda después del 11-S era
una guerra, sino atribuyéndose facultades prácticamente ilimitadas para
enjuiciar y encarcelar a quienes considerara agentes de Al-Qaeda. Al prolongar
la detención de algunos de los prisioneros de Guantánamo sin someterlos a
juicio, el Presidente Obama está asumiendo, en realidad, las mismas
facultades. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Si bien Obama ha insistido en que estamos en guerra con
Al-Qaeda, se ha cuidado de reconocer lo suficiente que no se trata de una guerra
común y corriente. Al Qaeda no es un Estado nación confinado en un área
geográfica concreta, sino una organización internacional dispersa y que opera en
secreto. Nuestra batalla contra Al-Qaeda no tiene fin a la vista: incluso si se
capturara a Bin Laden, subsistirían unidades terroristas a lo largo del planeta
capaces de actuar sin su dirección. Y así como es inimaginable tratar cada
rincón de la tierra que pueda albergar a luchadores de Al-Qaeda como un campo de
batalla, sería también impensable permitir al gobierno retener a sospechosos de
Al-Qaeda hasta que la guerra entre esta organización y los Estados Unidos haya
concluido. Otorgar al gobierno este poder ampliaría de tal manera las
excepciones que la guerra impone al principio de libertad que acabaría por
desnaturalizarlo y por socavar los valores que subyacen al mismo. Supondría
reconocer al presidente la capacidad de decidir, prácticamente sin
constreñimiento alguno, cuándo y cómo aplicar el principio de libertad. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En este caso, la política de detenciones de Obama sólo
afecta a personas extranjeras, puesto que no hay estadounidenses detenidos en
Guantánamo. Pero la amenaza al principio de libertad no es por eso menor. La
cláusula constitucional del debido proceso, fuente primaria de este principio,
protege literalmente la libertad de cualquier persona. Debería, por tanto,
interpretarse como un condicionamiento a la actuación de cualquier funcionario
de los Estados Unidos en cualquier lugar y cualquiera sea la persona afectada.
En el pronunciamiento más reciente sobre la materia, el caso Boumediene c. Bush,
la Corte Suprema reconoció acertadamente que los prisioneros de Guantánamo no
quedaban fuera del alcance de la Constitución. En dicha decisión, la Corte
denegaba al Congreso la facultad de privar a dichos prisioneros del derecho al
habeas corpus. Al hacerlo, sugería además que eran titulares de otros derechos
constitucionales. Y aunque la Corte no especificaba cuáles podrían ser
concretamente estos derechos, bien podría presumirse que se refería a ciertos
derechos constitucionales básicos, como el derecho a no ser torturado, pero
también la libertad personal.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Para su crédito, Obama, a diferencia de Bush, ha admitido
al menos que el recurso a la privación de libertad sin juicio le genera
reticencias. De hecho, cuando anunció su política sobre Guantánamo en mayo,
calificó la posibilidad de tener prisioneros encarcelados de manera prolongado e
indefinida como “uno de los problemas más arduos que tenemos por delante”. No
obstante, en lugar de asumir la responsabilidad que le incumbe por dichas
detenciones, Obama ha declarado sin mayores explicaciones que algunos de los
prisioneros “no pueden ser procesados”. En ningún momento ha explicado por qué
el procesamiento no es una opción. Y no se trata aquí de que el derecho
estadounidense sea incapaz de tratar con agentes de Al-Qaeda o con el fenómeno
del terrorismo en general. Bush, de hecho, procesó y condenó a un buen número de
terroristas de Al-Qaeda durante su presidencia, y nada impide que Obama lo
haga. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Se ha especulado con que las resistencias de Obama a
procesar a algunos de los prisioneros tienen que ver con la preocupación de que
las pruebas obtenidas sean el producto de torturas, lo que las tornaría
ilegítimas. Esto es así, de hecho, en virtud de la denominada “regla de
exclusión”, que prohíbe la utilización de pruebas obtenidas en violación de la
Constitución. Pero si éste es el razonamiento de Obama, ante lo que se estaría
sería ante una distorsión de la propia regla, ya que se propiciaría un estado de
cosas en el que las pruebas obtenidas bajo tortura no podrían utilizarse ante un
tribunal pero sí como base para privar de libertad a un sospechoso, incluso
durante el resto de su vida. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Esta interpretación alternativa de la “regla de
exclusión” sólo incentivaría actuaciones indeseables. Los agentes del gobierno
encargados de llevar adelante interrogatorios sabrían que una confesión obtenida
a partir de la tortura podrá servir de base para un privación prolongada de
libertad. Y ello a pesar de que Obama emitiera una orden que prohibía la tortura
cuando asumió como presidente. Además, esta interpretación agravaría aún más los
daños ocasionados a los prisioneros de Guantánamo que fueron torturados. Tras
haber sido sometidos a padecimientos extremos, los frutos de dichos abusos los
mantendrían en prisión sin que puedan vislumbrar una salida. La Constitución,
por el contrario, no debería invocar ninguna privación de libertad basada en
pruebas procuradas mediante tortura, con independencia de que dicha privación
sea el resultado de un proceso judicial o de una decisión presidencial
unilateral.</DIV>
<DIV align=justify><BR>También podría ocurrir que la resistencia de Obama
a ir a juicio no provenga del temor a la eventual aparición de pruebas
ilegítimas sino que obedezca a la necesidad de preservar información considerada
secreta. Evidentemente, el gobierno tiene derecho a mantener un cierto grado de
secretismo, pero ello no debería, y de hecho nunca ha pasado, justificar la
privación de libertad sin procesamiento. En un buen número de procesos penales
relacionados con cuestiones de seguridad nacional, los abogados defensores
solicitaron información que el gobierno consideraba ultra secreta. En estos
supuestos, los tribunales fueron más que competentes a la hora de lidiar con los
intereses en juego, fundamentalmente, analizando previamente la información en
privado, sin presencia del acusado o de su abogado, y determinando su relevancia
para el caso concreto. Si el juez determina que la información es importante, el
gobierno puede facilitarla al acusado, ofrecer información alternativa, o cerrar
el caso. Lo que nunca se ha hecho es suspender el proceso y encarcelar
indefinidamente a un prisionero.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La política de detenciones de Obama tampoco puede
justificarse alegando la necesidad de prevenir un daño extraordinario, como
sería, por ejemplo, la detonación de una bomba radioactiva. Ninguno de los
prisioneros de Guantánamo ha sido acusado de conspiración para la comisión de un
delito semejante. E incluso si lo hubiera sido, el gobierno estaría obligado a
procesarlo por dicho delito, incluso si ello comporta el riesgo de absolución.
Si el gobierno es capaz de procesar un individuo tan peligroso y tan dispuesto a
dañar a la gente de este país como Khalid Sheik Mohammed, ¿cómo pude justificar
la privación indefinida de libertad de otras personas? Las excepciones al
principio de libertad no pueden depender de la evaluación que el presidente,
caso por caso, realice de la gravedad o a de la amenaza que pueda suponer la
absolución del prisionero. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Ni la tortura, ni el secreto, ni el riesgo de absolución
excusan a Obama por su decisión de mantener encerrados a prisioneros no
procesados. En el fondo, la justificación que ha esgrimido para ejercer esta
facultad no difiere de la de su predecesor. Quizás porque intuye que es así,
procuró distanciarse en un inicio del unilateralismo de Bush y prometió
desarrollar un sistema de “revisión ante los tribunales y el congreso” de
cualquier decisión que supusiera el encarcelamiento indefinido y sin juicio de
un sospechoso. “En nuestros sistema constitucional –sostuvo entonces- la
prolongación de la detención no debería ser el producto de la decisión de un
solo hombre”. Es dudoso que un sistema de revisión que se limitase a controlar
si el presidente ha actuado de manera razonable pueda satisfacer el principio
constitucional de libertad. Pero la triste realidad es que Obama no ha cumplido
su promesa. Y que con ello su presidencia se asienta sobre el mismo horror que
en su momento tuvo el coraje de denunciar. </DIV>
<DIV align=justify><BR>* Owen Fiss es un reputado constitucionalista
estadounidense. Es Sterling Professor of Law en la Universidad de Yale y
autor, entre otras obras, de The Irony of the Free Speech (1996), A Community of
Equals (1999), A Way Out: America's Ghettos and the Legacy of Racism (2003) y
The Law As It Could Be, 2003.
<HR>
<BR></FONT></DIV></BODY></HTML>