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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de Prensa</FONT>
<BR><U>4 de febrero 2010</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Colectivo Militante -
Agenda Radical</FONT><BR>Gaboto 1305 - Montevideo - Uruguay<BR>redacción y
suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<DIV><STRONG><FONT size=3>Colombia</FONT></STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial>
<DIV align=justify><BR></FONT><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>La
organización Human Rights Watch (HRW) presentó este miércoles “Herederos de los
paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia”<BR><BR>Medellín, el
Urabá chocoano, Meta y Nariño son las cuatro zonas más azotadas por la nueva
generación del paramilitarismo</FONT></STRONG></FONT><FONT face=Arial
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<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><STRONG>Revista Semana, Bogotá,
3-2-10</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><A
href="http://www.semana.com/"><STRONG>http://www.semana.com/</STRONG></A></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2> </DIV>
<DIV align=justify><BR>La organización Human Rights Watch (HRW) presentó este
miércoles “Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en
Colombia”, un informe sobre lo que ha ocurrido después de la última
desmovilización de las autodefensas, en el 2006, que devela la preocupante
situación de los sucesores de los paramilitares. Según el organismo, ellos han
cometido masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y
extorsión, al igual que durante 20 años lo hicieron sus predecesores.
<BR><BR>Dos años de investigación en siete regiones del país fueron suficientes
para concluir que la nueva generación del paramilitarismo en Colombia está
azotando especialmente a Medellín, el Urabá chocoano, Meta y Nariño. Según el
organismo, en estas zonas atacan a menudo defensores de derechos humanos,
sindicalistas y víctimas de los paramilitares. <BR><BR>“Independientemente de
cómo se les llame a estos grupos —paramilitares, bandas criminales u otra
denominación— no debe minimizarse el impacto que tienen actualmente para los
derechos humanos en Colombia”, aseguró José Miguel Vivanco, director para las
Américas de HRW. “Al igual que los paramilitares, estos grupos sucesores cometen
gravísimas atrocidades y deben ser detenidos”, agregó. <BR> <BR>El ministro
de Defensa, Gabriel Silva, quien justamente esta tarde tiene una reunión con
Vivanco, descalificó este informe y aseguró que tiene claras intenciones
políticas. "Tiene opiniones equivocadas, sesgadas, se meten hasta con el proceso
electoral en Colombia", dijo el ministro, quien dijo que no tenía esperanzas de
la reunión con Vivanco, "porque sabemos que ellos no aceptan razones".
<BR><BR>Cifras de la Policía, citadas en el informe, indican que estas
organizaciones tienen más de 4.000 miembros en al menos 173 municipios de 24
departamentos del país. “Los grupos reclutan activamente a nuevos miembros y,
pese a la captura de algunos de sus jefes, actúan con rapidez para reemplazar a
estos mandos y ampliar sus zonas de operación”, dice el informe. <BR><BR>Muchas
de estas conclusiones coinciden con las que otros organismos han revelado en los
últimos meses. Por ejemplo, en lo que respecta a Medellín, donde se
incrementaron los índices de criminalidad el año pasado, el problema se salió de
madre, en parte, con las organizaciones criminales que dejaron los paras de ‘Don
Berna’ después de su extradición. <BR><BR>Las autoridades tienen identificadas
en toda Colombia organizaciones como Los Urabeños, Los Rastrojos, el Erpac, Los
Paisas, Los Machos, Nueva Generación, el grupo de Magdalena Medio y Renacer.
“Human Rights Watch también recibió denuncias creíbles sobre la existencia de
otros grupos, como los Águilas Negras en Nariño, que la Policía no incluye en su
lista”, señala en su informe. <BR><BR>Igual que otros organismos como la
Mapp-OEA, la Human dice que con la última desmovilización de paramilitares en el
2006 (en total fueron 31.671 paramilitares que se desmovilizaron), este fenómeno
no se acabó. Por eso critica fuertemente al gobierno central que siempre ha
dicho que los paramilitares ya no existen en el país. <BR><BR>“El gobierno (...)
no ha destinado recursos suficientes a las unidades de Policía encargadas de
combatir a estos grupos, ni al grupo de fiscales responsables de investigarlos.
No ha hecho prácticamente nada por investigar ni prevenir posibles vínculos
entre los grupos sucesores y los agentes del estado o las fuerzas de seguridad
pública. Y aún no ha adoptado medidas específicas para proteger a los civiles
frente a esta nueva amenaza. En lugar de ello, el gobierno se ha mostrado
renuente a asignar fondos suficientes y a tiempo al Sistema de Alertas Tempranas
de la Defensoría del Pueblo (...) y en ocasiones organismos del estado habrían
denegado asistencia a civiles que denunciaban haber sido desplazados por los
grupos sucesores”, señala el documento, que tiene 126 páginas. <BR><BR>Por
ejemplo, en varias ocasiones, Human Rights Watch recibió quejas porque la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
(Acción Social) se negó a registrar y brindar asistencia a personas que
reportaban haber sido desplazados por paramilitares (refiriéndose a grupos
sucesores), con el argumento de que ya no existían los paramilitares. “Si bien
Acción Social afirma que estos casos no reflejan la política oficial del
gobierno, debe tomar medidas efectivas para asegurar que esta denegación no
continúe en el ámbito local”, asegura HRW. <BR><BR>El organismo también ve con
preocupación que el gobierno no haya aprovechado el proceso para interrogar a
los paramilitares sobre los activos, los cómplices y las operaciones delictivas
de estos grupos. Muestra de ello es que a pesar de la desmovilización de Freddy
Rendón, ‘El Alemán’, ex jefe del Bloque Élmer Cárdenas, lo reemplazó su hermano
Daniel, alias ‘Don Mario’, quien continuó muchas de las actividades del bloque
como narcotráfico, extorsión, protección de terrenos apropiados en forma ilícita
por personas vinculadas con los paramilitares y hostigamiento de civiles en la
región de Urabá. Este último finalmente fue capturado el año pasado.
<BR><BR>Salvo algunas excepciones, dice Human Rights Watch, los fiscales no han
investigado en profundidad las operaciones delictivas de las AUC, las fuentes
que las financian y las redes que las respaldan. “Los grupos sucesores han
podido reemplazar fácilmente a las AUC, y han empleado los recursos masivos que
ya tenían o podían obtener rápidamente por medios delictivos para reclutar a
nuevos miembros y continuar controlando a la población civil y cometiendo abusos
contra ella”. <BR><BR>Otro problema es el tema de la corrupción en los
organismos del estado que dificulta la posibilidad de rastrear, enfrentar y
juzgar a estos grupos. El ejemplo más evidente es la actual investigación penal
contra el ex director de Fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio
(hermano del actual Ministro del Interior y Justicia), por haber colaborado con
una de las bandas emergentes. “Como se describe en este informe, Human Rights
Watch también recibió múltiples denuncias en Nariño, Chocó, Medellín y Meta de
situaciones en las que miembros de la policía o el Ejército al parecer toleraban
actividades de los grupos sucesores”.
<HR>
<BR> <BR></FONT></DIV></BODY></HTML>