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</DIV>
<DIV align=center><FONT size=4><STRONG><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de Prensa
<BR></FONT><U>17 de febrero 2010</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Gaboto 1305 - Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: </STRONG></FONT><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><FONT
size=4><STRONG>germain5@chasque.net</STRONG></FONT></A></DIV>
<DIV>
<HR>
</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=3>Colombia</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Informe de Amnistía Internacional
sobre la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales<BR></STRONG></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Buscando
Justicia: Las madres de Soacha</FONT></STRONG><BR><BR><BR><STRONG>Amnistía
Internacional<BR></STRONG></FONT><A href="http://www.amnesty.org/es/"><FONT
face=Arial size=2><STRONG>http://www.amnesty.org/es/</STRONG></FONT></A></DIV>
<DIV align=justify><BR><BR><FONT face=Arial size=2>El descubrimiento en 2008 de
que las fuerzas de seguridad habían ejecutado extrajudicialmente a decenas de
hombres jóvenes de Soacha, una localidad pobre cercana a la capital, Bogotá,
obligó al gobierno a reconocer finalmente que las fuerzas de seguridad eran
responsables de ejecuciones extrajudiciales y a adoptar medidas para abordar el
problema. Los homicidios, cuyas víctimas fueron falsamente presentadas por el
ejército como “guerrilleros muertos en combate” (y en ocasiones como
“paramilitares muertos en combate”), se llevaron a cabo en connivencia con
grupos paramilitares o bandas de delincuentes. </FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><BR>Los jóvenes habían sido atraídos
al norte del país con promesas de empleo remunerado, pero posteriormente los
mataron. En la mayoría de los casos los soldados recibieron dinero, días de
permiso y una carta de felicitación de sus superiores, como recompensa por haber
“matado a un miembro de la guerrilla”.<BR><BR>La dimensión nacional e
internacional del escándalo fue tal que causó la expulsión en octubre de 2008 de
27 oficiales del ejército, entre ellos tres generales, y en noviembre de ese
mismo año la dimisión del jefe del ejército, General Mario Montoya, quien había
sido relacionado con violaciones de derechos humanos. El presidente Uribe afirmó
que los homicidios de los jóvenes de Soacha serían investigados por tribunales
civiles y no por el sistema de justicia militar, que a menudo reclama la
jurisdicción en casos de esa índole y luego los cierra sin llevar a cabo ninguna
investigación seria. En la actualidad la Fiscalía General de la Nación está
investigando unas 2.000 ejecuciones extrajudiciales que al parecer fueron
cometidas directamente por miembros de las fuerzas de seguridad durante las
últimas décadas.<BR><BR>Desde el descubrimiento de las fosas comunes en las que
fueron enterrados algunos de los jóvenes de Soacha y las protestas
subsiguientes, las madres y otros familiares de las víctimas que han hecho
campaña por la justicia han sido amenazados, hostigados y sometidos
vigilancia con el fin de silenciar su campaña.<BR><BR>En 2009, y en buena medida
a consecuencia de las protestas públicas que suscitaron los homicidios de los
jóvenes de Soacha, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad fueron
detenidos en relación con estas muertes. Sin embargo, en enero de 2010, las
personas que hacían campaña por la justicia sufrieron un serio revés cuando unos
31 soldados detenidos fueron liberados por los tribunales por “vencimiento de
términos”, ya que la audiencia de su juicio oral no se había iniciado en un
plazo de 90 días desde su detención, tal y como establece la legislación
colombiana. Otros miembros de las fuerzas de seguridad implicados en los
homicidios también pueden ser liberados por la misma razón.<BR></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial
size=2><STRONG>Casos<BR></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Luz Marina Porras
Bernal</STRONG> <BR><BR>El hijo de Luz Marina Porras Bernal, Fair Leonardo
Porras Bernal, desapareció el 8 de enero de 2008, a los 26 años. El 16 de
septiembre del mismo año su madre recibió una llamada telefónica en la que le
informaron de que se había encontrado el cadáver de su hijo en una fosa común
del municipio de Ocaña, en el departamento noroccidental de Norte de Santander.
</FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><BR>Según la información que
facilitaron fuentes del ejército sobre su muerte, el fallecido era miembro de un
grupo armado ilegal y había muerto en combate el 12 de enero de 2008.
Investigaciones posteriores realizadas por la Fiscalía General de la Nación
establecieron la falsedad de esta información e indicaron que Fair Leonardo
Porras Bernal había sido ejecutado extrajudicialmente por el ejército. Fair
Leonardo Porras Bernal, así como decenas de hombres jóvenes de Soacha y de otros
municipios de Colombia, dejó su hogar atraído por falsas promesas de trabajo en
otra ciudad, cuando en realidad iba a ser ejecutado por miembros del ejército y
presentado como un miembro de un grupo armado ilegal muerto en
combate.<BR><BR>El hermano de Fair Leonardo Porras Bernal, John Smith Porras
Bernal, comenzó a recibir amenazas después de que su madre, junto a otras madres
de Soacha cuyos hijos habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales,
comenzó su campaña por la justicia. El 2 de noviembre de 2009, alguien deslizó
una carta por debajo de la puerta del domicilio de John Smith en Soacha. La
carta contenía la siguiente amenaza: “Así se esconda y se encierre en ese
apartamento usted sale porque sale y hay te vamos a coger porque se le advirtió
[…] si no quieres que te pase nada lárguese lo más pronto posible porque le
queda muy poco tiempo no lo olvide no estamos jugando porque ya lo tenemos
fichado créalo no estamos jugando […].<BR><BR>Ésta no era la primera amenaza que
recibía John Smith. Ya había recibido en su domicilio una amenaza por escrito el
20 de octubre, en la que le decían que “se atuviera a las consecuencias”, en
referencia a una carta enviada el 10 de octubre en la que le advertían que tanto
él como otras personas de Soacha cuyos familiares habían sido víctimas de
ejecución extrajudicial a manos del ejército debían guardar silencio. No lo
habían hecho. Temiendo por su seguridad y la de sus familiares, John Smith
decidió dejar su casa y a su familia y trasladarse a otro domicilio en Soacha.
Se cree que estas amenazas contra John Smith pretendían coaccionar a Luz Marina
Porras Bernal, su madre, para que ponga fin a su campaña por la
justicia.<BR>Carmenza Gómez Romero <BR><BR>El hijo de Carmenza Gómez Romero,
Víctor Fernando Gómez, fue víctima de una ejecución extrajudicial cometida por
las fuerzas de seguridad el 25 de agosto de 2008. Ella ha recibido amenazas,
mientras que otro de sus hijos ha muerto víctima de homicidio y una hija también
ha recibido amenazas telefónicas.<BR><BR>John Nilson, hijo de Carmenza Gómez
Romero y hermano Víctor Fernando Gómez, sobrevivió a un atentado contra su vida
ocurrido en el municipio de Fusagasuga, a 60 kilómetros de Bogotá, cuando fue
empujado desde un puente de 20 metros de altura. Según los informes, el día del
ataque debía mantener un encuentro con alguien relacionado con la investigación
sobre el homicidio de su hermano.<BR><BR>Según el testimonio de su madre, el 22
de noviembre de 2008 John Nilson recibió la siguiente amenaza en una llamada
telefónica: “No sirve la experiencia, no basta con lo de su hermano, deje de
investigar”. John Nilson murió después de recibir varios disparos el 4 de
febrero de 2009.<BR><BR>Tras la muerte de John Nilson otros miembros de la
familia siguieron recibiendo amenazas. El 4 de marzo de 2009, Luz Nidia Torres
Gómez , hija de Carmenza, recibió una llamada de teléfono en la que la persona
que llamaba la amenazó en los términos siguientes: “Con que ha puesto denuncias
que es lo que quiere triple hijueputa, acabar como su hermano
[…]”.<BR><BR><STRONG>María Ubilerma Sanabria López</STRONG> <BR><BR>Jaime Steven
Valencia Sanabria, hijo de Ubilerma Sanabria, fue ejecutado extrajudicialmente
el 8 de febrero de 2008. María Ubilerma Sanabria recuperó el cadáver y lo
enterró en noviembre de 2008. Pocos días después del entierro comenzó a recibir
llamadas amenazadoras insultándola y recordándole que debía guardar
silencio.<BR><BR>El 7 de marzo de 2009, María Ubilerma Sanabria se dirigía a
recoger a su nieta del colegio cuando dos hombres montados en una motocicleta la
abordaron. El hombre que iba sentado detrás del conductor saltó de la moto y,
agarrándola por el cabello, la empujó contra la pared; mientras tanto, el otro
le dijo: “[…] nosotros no estamos jugando siga abriendo esa jeta y vera que va a
terminar como su hijo, nosotros no jugamos vieja hijueputa […]”<BR><BR>Otros
familiares de Maria Ubilerma Sanabria, entre ellos sus hijas, también han
recibido amenazas.<BR></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Blanca Nubia Monroy</STRONG>
<BR><BR>El 25 de julio de 2009 a las 9:30 de la noche, dos hombres montados en
una motocicleta y vestidos con trajes de faena del ejército dieron el alto
a la hija de 15 años de Blanca Nubia Monroy y a su hijo de 17. Los registraron
violentamente y les preguntaron qué hacían a esas horas en la calle y dónde
vivían. Aunque los hijos de Blanca Nubia Monroy se encontraban en compañía de
otros adolescentes, sólo los registraron a ellos.<BR><BR>Otro hijo de Blanca
Nubia Monroy, Julián Oviedo Monroy, fue ejecutado extrajudicialmente el 3 de
marzo de 2008.<BR><BR><STRONG>Edilma Vargas Riojas</STRONG> <BR><BR>El 27 de
enero de 2008 Julio César Mesa Vargas, hijo de Edilma Vargas Riojas fue
ejecutado extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad. Tras la desaparición
de su hijo, ella comenzó a hacer preguntas en el vecindario para averiguar su
paradero. Un vecino le dijo que era mejor que dejara de hacer preguntas. Tras
estas amenazas, Edilma Vargas Riojas se vio obligada a abandonar su casa en el
vecindario de San Nicolás, en Soacha.<BR><BR><STRONG>Flor Hilda
Hernández</STRONG> <BR><BR>El 15 de agosto y el 20 de septiembre de 2009 a Flor
Hilda Hernández le robaron el teléfono móvil y una agenda. Ambos contenían datos
de personas e instituciones que le habían ayudado en el proceso de denunciar el
homicidio de su hijo, Elkin Gustavo Verano, a manos del ejército, el 15 de enero
de 2008.<BR></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Recomendaciones
</STRONG><BR><BR>Amnistía Internacional insta al gobierno colombiano
a:<BR><BR>-Ordenar investigaciones completas e imparciales sobre las amenazas
recibidas por Luz Marina Bernal Porras, Carmenza Gómez Romero, Maria Ubilerma
Sanabria López, Blanca Nubia Monroy, Edilma Vargas Riojas, Flor Hilda Hernández
y sus familiares; hacer públicos los resultados y llevar a los responsables ante
la justicia;<BR><BR>-Emprender acciones decisivas para garantizar la seguridad
de todas las personas citadas y de sus familiares, de acuerdo con su
voluntad.<BR><BR>-Ordenar investigaciones completas e imparciales sobre las
denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros de las fuerzas de
seguridad, hacer públicos los resultados y llevar a los responsables ante la
justicia.
<HR>
<BR></FONT></DIV></BODY></HTML>