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</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de Prensa</FONT>
<BR><U>22 de abril 2010</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Colectivo Militante -
Agenda Radical</FONT><BR>Gaboto 1305 - Montevideo - Uruguay<BR>redacción y
suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV>
<HR>
</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=3>Colombia</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>'Paras' asesinan en Colombia y
arrojan cuerpos en Venezuela <BR></STRONG></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Se trata de
hombres y mujeres que retienen en Cúcuta y varios municipios vecinos que son
declarados objetivos militares por grupos paramilitares. Hasta el momento no se
tienen cifras concretas sobre las víctimas.</FONT> </STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Informe especial de Juan
Diego Restrepo E. </STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><STRONG>Verdad Abierta</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><A
href="http://www.verdadabierta.com/"><STRONG>http://www.verdadabierta.com/</STRONG></A></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2> </DIV>
<DIV align=justify><BR>En diversas zonas rurales del estado Táchira se han
encontrado osamentas de presuntas víctimas de paramilitares
colombianos.</FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR>“Eso es una cueva de paramilitares”, dice el taxista
minutos antes de llegar al corregimiento Juan Frío, municipio de Villa del
Rosario, en Norte de Santander. Atemorizado, cruza a mediana velocidad por la
única vía pavimentada que tiene el sector, donde predominan restaurantes de todo
tipo que ofrecen un pescado conocido como cachama, la especialidad del lugar.
Varios kilómetros después, el vehículo da la vuelta y sale del caserío. “Aquí el
ambiente es muy pesado”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El temor del conductor no es infundado. Dada su ubicación
de frontera con el estado Táchira, Venezuela, en Juan Frío los paramilitares
pusieron en práctica desde el 2000 un macabro plan para atentar contra aquellos
que son considerados objetivos militares: los retienen del lado colombiano, los
asesinan y los cuerpos son arrojados al otro lado de la frontera para evitar que
sean recuperados. La Fundación Progresar, una organización no gubernamental de
Cúcuta que impulsa una investigación al respecto, describe este fenómeno como
desapariciones transfronterizas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Extraoficialmente se calcula que durante esta década más
de 200 personas, entre campesinos, contrabandistas, líderes sociales,
comerciantes y hasta enfermos mentales, han sido retenidas por grupos
paramilitares que delinquen en Norte de Santander, particularmente en Cúcuta y
municipios vecinos, que luego son asesinadas y sus cadáveres arrojados en
diversos terrenos baldíos del estado Táchira. Hoy, los familiares de esas
víctimas se encuentran en varios caminos sin salida.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El corregimiento Juan Frío se convirtió durante esta
década no sólo en un fortín del Frente Fronteras, comando urbano que hizo parte
de la desmovilización colectiva del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) ocurrida el 10 de diciembre de 2004 y liderada por el jefe
paramilitar Salvatore Mancuso, sino en una zona clave para los grupos de origen
paramilitar que surgieron luego de la dejación de armas de esa estructura
ilegal.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Uno de los “botaderos” frecuentados por los paramilitares
para arrojar los cuerpos es el Llano de Jorge, un sitio justo al otro lado del
corregimiento Juan Frío, tan solo separados por río Táchira. Allí se han
encontrado varias osamentas en los últimos meses. Pero no es la única. Se cree
que hay por lo menos cinco puntos específicos entre los 450 kilómetros de
frontera que tiene Norte de Santander con los estados Zulia y Táchira.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Buena parte de esos lugares han sido recorridos por
familiares de víctimas quienes, en un intento por recuperar a sus parientes, se
arriesgan a buscarlos entre las aguas del afluente, en sus riberas y en entre la
maleza.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Una de ellas es María (*). Su hermano fue retenido en
Juan Frío por un comando paramilitar en julio del año pasado. Hasta la fecha no
se sabe dónde está. “Recorrimos varios lugares, nos metimos por varias trochas,
en la maleza, para ver si encontrábamos algo, pero nada. Mirábamos dónde había
chulos (gallinazos) y los seguíamos pero nada. Sólo nos encontramos con varios
animales muertos”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Durante varias semanas, esta mujer caminó por diversos
lugares fronterizos buscando a su hermano, pero sin resultado alguno. “En una de
esas salidas, una niña en una finca nos impidió la entrada; en otra, la misma
policía nos obligó a devolvernos porque nos advirtieron que por allí vivían los
paramilitares”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En una de las últimas búsquedas, María encontró la
osamenta de una mujer, que aún conservaba su falda. “Me asusté tanto que me
devolví”. Pero tuvo que suspender sus recorridos porque comenzó a recibir
llamadas de hombres que le advertían que dejara de buscar a su hermano. “Si no
lo hacía, correría la misma suerte de él”, dice.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Sus viajes de un lado y otro de la frontera la llevaron a
conocer tres predios rurales, conocidos como San Francisco, Las Margaritas y La
Candelosa, donde al parecer permanecen grupos paramilitares, quienes asesinan
allí a sus víctimas. “Aquí en Villa del Rosario nadie habla sobre el tema, hay
mucho miedo, sobre todo porque la Policía no colabora”.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Camino de los NN</STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><BR>Este tipo de crimen se ha convertido en todo un drama
para los familiares de las personas que son asesinadas y “botadas” al otro lado
de la frontera. Tres aspectos sustanciales afectan la búsqueda de las víctimas:
el temor a represalias por parte de los grupos paramilitares; la falta de
organización de las autoridades venezolanas en el tratamiento de los cadáveres,
que impide una identificación efectiva de las víctimas; y las tensiones
políticas entre los gobiernos de los dos países, que genera obstrucciones en el
acceso de los colombianos a Venezuela para averiguar por sus muertos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>“Cuando las autoridades venezolanas encuentran cuerpos
sin vida en las riberas del río Táchira, les hacen el levantamiento sin mayores
cuidados y son enviados a la morgue del cementerio de la ciudad de San
Cristóbal”, explica un investigador de la Fundación Progresar que solicitó la
reserva del nombre. “Si el cuerpo está entero los dejan varios días en las
neveras a la espera de la identificación, pero como no llega nadie entonces los
arrojan a una fosa común. Si lo que se encuentra es una osamenta, se remite a
Caracas para su análisis. En ambos trámites se pierde todo rastro de la víctima,
quedando en total impunidad”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>De acuerdo con cifras de la Fundación Progresar, a
finales del año pasado 23 cuerpos fueron arrojados a una fosa común del
cementerio de San Cristóbal luego de varios meses a la espera de ser
identificados. “Como nadie llegó a reclamarlos, procedieron a enterrarlos. La
hipótesis que tenemos es que son colombianos”, afirma el investigador
consultado.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La falta de experiencia de las autoridades venezolanas en
este tipo de casos impide, por ejemplo, que se tomen registros fotográficos de
los cadáveres, de sus prendas o de sus objetos personales, lo cual facilitaría
una identificación posterior de la víctima por parte de sus familiares.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Otro de los problemas en Venezuela es que la información
de Medicina Legal es supervisada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC) organismo adscrito al Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores y Justicia que no permite la divulgación de
cifras sobre el crimen porque pueden afectar la imagen del gobierno, de ahí que
sea complejo establecer cuantos realmente son los casos que tienen.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero la impunidad no sólo se activa del lado venezolano.
La Fundación Progresar ha tratado que los fiscales de la Unidad Nacional para la
Justicia y la Paz que procesa a los paramilitares acogidos a la Ley 975 indaguen
entre los postulados por esta forma de desaparición forzada, sin que se haya
logrado mayor profundidad en las confesiones.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Uno de los paramilitares postulados que por lo menos ya
aceptó el delito de desaparición forzada es Gilmar Mena Cabrera, alias
‘Balsudito’, del Bloque Catatumbo, quien reconoció ante la Fiscalía su
responsabilidad en la desaparición de por lo menos 80 personas, durante octubre,
noviembre y diciembre de 1999, en el municipio de Tibú. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Otro paramilitar, que delinquió en la región del
Catatumbo, le dijo a un fiscal de Justicia y Paz en marzo del año pasado que en
algún momento se habían metido en problemas con la Guardia Nacional venezolana
por cuanto los cuerpos de sus víctimas arrojados al río Catatumbo estaban
quedándose en ese lado de la frontera. Según la confesión, llegaron a un acuerdo
con los uniformados para evitar ese problema y comenzaron a depositar los
cadáveres, muchos de ellos mutilados, en una zona conocida como Los Caracoles,
jurisdicción de Tibú.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La razón que al parecer tienen los paramilitares para
admitir que buena parte de sus víctimas hayan sido arrojadas al lado venezolano
es que puedan ser procesados por la justicia de ese país. Por lo menos esa es la
hipótesis planteada por uno de los juristas de la Fundación Progresar: “Intento
creer que es porque temen que el gobierno venezolano les pueda abrir
investigaciones por crímenes cometidos allá y una vez paguen los paramilitares
aquí sus penas, sean extraditados para que respondan penalmente”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Si bien la falta de experiencia de las autoridades
venezolanas para manejar este tipo de casos y la poca claridad que ofrecen los
paramilitares procesados en Justicia y Paz contribuye a que las víctimas no sean
reconocidas, se conocen algunos casos donde los muertos han sido reconocidos
plenamente. Y allí comienza otro drama.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Ese es el caso de Rosa*, a quien grupos paramilitares le
desaparecieron un hijo hace tres años y su cuerpo fue identificado en octubre
del año pasado por autoridades venezolanas. Desde ese momento y hasta la fecha
no ha podido lograr que las fiscalías de ambos países lleguen a un acuerdo para
que la señora pueda registrar la muerte de su hijo en Colombia.</DIV>
<DIV align=justify><BR>De acuerdo con uno de los abogados de la Fundación
Progresar, que acompaña este tipo de procesos, la informalidad fronteriza
prevalece en este tipo de situaciones con efectos negativos para las familias de
las víctimas de desaparición forzada.</DIV>
<DIV align=justify><BR>“Cuando se identifica un cadáver en Venezuela, las
autoridades se lo entregan a una funeraria dese ese país, una vez contactada su
familia, ésta viaja a San Antonio, estado de Táchira, y allí se hace entrega del
cuerpo a una funeraria colombiana, quien transporta el cuerpo hasta Cúcuta”,
explica el funcionario. “Como el trámite entre Fiscalías es muy complejo,
algunas personas prefieren la informalidad”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Jurídicamente este tipo de informalidades tiene un
problema de fondo: el certificado de defunción venezolano no tiene validez en
Colombia, por lo que la víctima, para todos los efectos, sigue viva. ¿Qué
significa eso? Que por ejemplo no hay manera de reclamar la indemnización que
ofrece la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional (Acción Social) ni realizar algún otro trámite legal.</DIV>
<DIV align=justify><BR>“Acción Social alega en estos casos no tiene cobertura
porque sólo puede responder en Colombia por muertes ocurridas en el país
producidas por grupos al margen de la ley colombianos”, precisa el
jurista.</DIV>
<DIV align=justify><BR>A todos estos problemas se suma el de la seguridad para
las familias de las víctimas de desaparición forzada. En ese sentido, Wilfredo
Cañizares Arévalo, director ejecutivo de la Fundación Progresar, asegura que
este tipo de casos genera mucho riesgo para los denunciantes.</DIV>
<DIV align=justify><BR>“Todos los casos que están por fuera de la Ley de
Justicia y Paz son muy delicados. Los victimarios son paramilitares
desmovilizados que hoy están reagrupados ante cualquier tipo de proceso o de
denuncia se hacen matar para que no los lleven a la cárcel”, señala el
directivo. “Por ello es muy riesgoso para todos aquellos que asumen la denuncia
y la búsqueda de sus familiares desaparecidos”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Para contrarrestar esas amenazas, desde la Fundación
Progresar se está gestionando ante las autoridades judiciales para que varios
casos de desaparición forzada sean asumidos por la Unidad Nacional de Derechos
Humanos de la Fiscalía en Bogotá. “Eso ayudará al blindaje de los familiares y a
librar los procesos de influencias ilegales regionales”, afirma Cañizares
Arévalo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero esa es una de las decisiones que se deben sumar a
otras más de fondo que apunten a resolver problemas tan complejos como la
identificación de las víctimas en Venezuela de manera pronta, la entrega a sus
familiares y el reconocimiento de esas muertes ante las autoridades colombianas
que permitan obtener las reparaciones de ley.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En ese sentido, según Cañizares Arévalo, ya hay un
interés manifiesto de algunas autoridades diplomáticas venezolanas y de
funcionarios de la Fiscalía colombiana, en particular de fiscales de la Unidad
de Justicia y Paz. Lo que se espera es que los problemas entre los gobiernos de
Caracas y Bogotá no impidan la construcción de acuerdos que generen soluciones
concretas a un fenómeno de la guerra que hoy afecta a los
nortesantandereanos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>* Por razones de seguridad, algunos nombres fueron
omitidos o cambiados por solicitud de las fuentes.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>