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<BODY bgColor=#ffffff background=""><FONT face=Arial size=2></FONT><FONT
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<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de Prensa
<BR></FONT><U>24 de abril 2010</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Gaboto 1305 - Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV>
<HR>
</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=3>Honduras</FONT></STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial
size=2>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Un Lobo sin rumbo, un gobierno sin
brújula</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Honduras sigue herida por las dinámicas que
desató el golpe de Estado. Queriendo quedar bien con todos, Pepe Lobo organizó
un gabinete de gobierno que es una Torre de Babel. Del gobierno sólo se sabe que
Lobo no decide nada y que cada quien anda en lo suyo, sacando ventajas
personales, sin que exista una autoridad creíble y de consenso. En este
desgobierno, la violencia del crimen organizado es la que ha tomado en sus manos
el timón del país.</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Ismael Moreno, corresponsal en Honduras<BR>Revista
Envío Nº 337, Managua, abril 2010<BR></STRONG><A
href="http://www.envio.org.ni/articulo/4159"><STRONG>http://www.envio.org.ni/articulo/4159</STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify><BR> </DIV>
<DIV align=justify>El fantasma del golpe sobrevuela todas las esferas políticas
hondureñas. El diputado Wenceslao Lara, del golpista Partido Liberal, habló así
en el Congreso, sin ningún pudor: “Nosotros los liberales, propusimos un
candidato que el pueblo hondureño eligió como Presidente de la República. Ese
liberal (Zelaya) nos falló, y nosotros responsablemente lo quitamos y pusimos a
otro en su lugar. Ahora les toca a los nacionalistas ser igualmente responsables
con la nación, como lo fuimos nosotros”. <BR><BR><STRONG>LOBO Y MICHELETTI: TAN
PARECIDOS</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>¿Quién decide en Honduras desde el 27 de enero? Lo que
queda de aquel hombre que en los años 2004 y 2005 levantaba el puño como símbolo
de firme decisión frente a la delincuencia, que aparecía con convicciones sin
fisuras, es quien hoy encabeza el Ejecutivo, un enclenque. Porfirio Lobo Sosa es
un “presidentillo” indeciso, de sonrisa nerviosa y habla tambaleante, que dice
no a lo que debía decir sí y que dice sí a todos los que lo buscan para sacar
ventajas de su indecisión.<BR><BR>No es para menos. Porfirio Lobo se montó en la
silla presidencial más inestable de la historia nacional. Sólo lo haría una
persona muy ambiciosa, como es su caso, por cierto con exageradas similitudes a
aquel que el 28 de junio se trepó a la Presidencia.<BR><BR>Estos dos personajes
del paisaje político hondureño, Lobo y Micheletti, tienen tantos parecidos, que
las únicas diferencias son su color de piel y su pelo, y el color político de
sus banderas. Los dos se han afanado hasta el delirio en buscar la “guayaba”
presidencial sin importar el costo. Los dos son fieles católicos romanos y
fanáticos adeptos de figuras cardenalicias. Los dos son expertos en decir las
mayores torpezas. Los dos son serviles ante los uniformados verde olivo, y sobre
todo ante el santo y seña de todo lo que anuncia y pronuncia la voz que procede
de Washington. Ambos se saben rodear de las peores calañas de la política y del
alto empresariado hondureño. Y ambos conducen el Estado a la deriva, sin planes
precisos, con rumbos inciertos, con hermosas frases de patrioterismo y, al final
de cuentas, ambos quedan atrapados en la devaluada vanidad de ser Presidentes
sin ser estadistas conductores de un Estado, expertos solamente en hundir al
país.<BR><BR><STRONG>HOMICIDIOS Y VIOLACIONES</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>“Nadie sabe quién de verdad manda y decide en el país”. Es
ésa una frase clave que define la actual coyuntura hondureña después del 27 de
enero. Nadie sabe quién, pero sí se tiene claro qué es lo que gobierna: la
violencia y la inseguridad. Hay días en que se han contabilizado 19 homicidios.
Las matanzas masivas se han convertido en pan nuestro de cada día. Cinco
periodistas y varios dirigentes que se opusieron al golpe de Estado han sido
asesinados en apenas dos meses. <BR><BR>La violación sexual se ha convertido en
instrumento para aterrorizar y desmovilizar la resistencia política organizada.
Una joven de la resistencia del norte hondureño, violada en agosto por cuatro
policías debidamente identificados, que aún siguen en sus postas policiales, fue
secuestrada en febrero junto con su familia, conducidos a una montaña por siete
hombres vestidos de policías, y frente a los varones fuertemente amarrados a
unos árboles, la joven y su cuñada fueron violadas por cada uno de los siete
hombres. El que hacía de jefe dictó la sentencia: “Esto te pasa por andarnos
denunciando. Y la tercera vez te lo volveremos a hacer, y te vamos a matar”.
Este hecho, con sus pelos y señales, lo encontré documentado en las oficinas del
Departamento de Estado en Washington, en manos del responsable de derechos
humanos para Centroamérica. <BR><BR>Este funcionario me confirmó tan gravísima
violación de derechos humanos, el 4 de marzo, víspera de la reunión que
sostendría la Secretaria de Estado Hillary Clinton con los presidentes
centroamericanos. Aunque Clinton conocía este hecho, anunció sin pestañear en la
reunión la decisión del gobierno de Estados Unidos de restablecer la ayuda
económica al gobierno hondureño. Y demandó a los gobiernos del continente
reconocer la administración de Lobo “porque ha dado los pasos adecuados para la
restauración de la democracia”.<BR><BR><STRONG>LA SORDERA DE
WASHINGTON</STRONG><BR></DIV>
<DIV align=justify>Mientras conversaba con el funcionario responsable de
derechos humanos en el Departamento de Estado confirmé <BR>que nada se puede
hacer para lograr un cambio de postura en la política estadounidense. Sus
percepciones son inflexibles, como las del Vaticano cuando se aferra a defender
lo indefendible aunque tenga todos los datos en contra. <BR><BR>Teniendo en sus
manos brutales datos sobre violaciones sexuales contra mujeres hondureñas, los
funcionarios gringos dejaron muy clara su posición: el gobierno de Estados
Unidos está comprometido con esta “democracia” hondureña y ese compromiso pasa
por respaldar al ejército y a la policía. “No podemos ayudar a la democracia
desde afuera -nos dijo Craig Kelly-. Sólo estando dentro del ejército y dentro
de la policía podremos lograr cambios”. <BR><BR>Y ante la pregunta que le
hicimos, sobre cómo explicaba el apoyo a la policía sabiendo de estas
violaciones, sin fruncir el ceño me contestó: “Nadie puede estar seguro si
fueron policías. Bien puede ocurrir que los delincuentes se vistan de policías
para cometer fechorías”. Eran inútiles otras preguntas. El Departamento de
Estado está decidido a fortalecer a la delincuencia que en Honduras, en estos
aciagos tiempos de golpe y postgolpe, se viste de agentes
policiales...<BR><BR><STRONG>LO SABEN TODOS</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Las lógicas están muy bien establecidas en el país.
Mientras los diversos sectores que se opusieron al golpe de Estado siguen
sometidos a persecuciones, amenazas, asesinatos y a una feroz campaña
publicitaria para hacerlos aparecer como actores de la violencia en el país, la
comunidad internacional avanza inexorablemente en el proceso de reconocimiento
al régimen, aunque saben que están reconociendo a un gobierno con una muy
reducida legitimidad interna. <BR><BR>Lo saben los gobiernos de la Unión
Europea, que se han decidido a jugar en las turbias aguas de las ambigüedades.
Saben que al apoyar al gobierno están dando un cierto visto bueno a la política
represiva que el gobierno ha comenzado a implementar, especialmente desde el
Ministerio de Seguridad con el iracundo Oscar Álvarez al frente. Álvarez
entiende que la crisis del país se resuelve aniquilando a los contrarios, sean
delincuentes callejeros o dirigentes de la Resistencia. <BR><BR>Para curarse en
salud, los embajadores europeos decidieron poner en marcha un programa de
protección a los defensores de los derechos humanos. La comunidad internacional
ha aceptado reconocer a un gobierno al que deliberadamente identifican como
violador de los derechos humanos y en línea de continuidad con el golpe de
Estado. No lo dicen con claridad -para algo existe la diplomacia con todos sus
sofismas-, pero se cubren creando algunos mecanismos para proteger a las
potenciales víctimas de las políticas represivas del régimen al que han decidido
incorporar a la nómina de países con regímenes democráticos.<BR><BR><STRONG>EL
GOLPE: ILEGAL E INNECESARIO</STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><BR>La comunidad internacional ha sabido ir arreglando sus
entuertos con Honduras, pero no acaba de saber cómo hacer frente a un conflicto
que quedó enraizado en las dinámicas internas del país. <BR><BR>Queriendo hacer
frente a un conflicto geopolítico latinoamericano, los promotores del golpe de
Estado despertaron dinamismos internos que estaban latentes, pero no activados.
Con el correr de los meses, el golpe de Estado fue dejando al descubierto a
actores y a intereses que traspasan las fronteras hondureñas. Una vez más, a
Honduras le tocó jugar un papel subordinado en la geopolítica del continente.
<BR><BR>El golpe de Estado no sólo fue un acto violento e ilegal, sino un
innecesario hecho político interno. Si sólo hubiese sido por los factores
internos, el golpe de Estado nunca se hubiese producido. No había necesidad de
ningún golpe de Estado, porque los sectores que internamente materializaron el
golpe tenían muy bien controlados todos los factores que hacían políticamente
inviable que Mel Zelaya tuviera éxito en sus propuestas políticas. <BR><BR>No es
ocioso recordar que en el primer semestre del año del golpe hubo una escalada en
contra de Zelaya en la elección de cargos públicos. En enero de 2009 se logró
cristalizar la elección de quince magistrados de la Corte Suprema, todos
opuestos a la política del equipo de Zelaya. En febrero, la más alta alcurnia de
la élite hondureña dio el visto bueno a la elección del Fiscal General de la
República. Ya un año antes, ese mismo visto bueno recibió Ramón Custodio, feroz
detractor de las políticas de Zelaya, para reelegirse como Comisionado Nacional
de Derechos Humanos. En abril el Partido Liberal convocó a una Convención
Nacional para elegir una nueva directiva del Consejo Central Ejecutivo del
partido. Los electores llevaban una sola consigna, que se cumplió a rajatabla:
sacar de la dirección del partido a todos los miembros del equipo de Zelaya.
Patricia Rodas cesó intempestivamente en la presidencia del partido, y en su
lugar los convencionales eligieron nada más y nada menos que al gran perdedor de
las elecciones primarias de noviembre de 2008: Roberto Micheletti.<BR><BR>De
estar en la lona y ya políticamente enterrado, Micheletti resurge de esa
Convención liberal con energías inusitadas. Los medios de comunicación se
encargaron de colocarlo en una primera plana de la que meses atrás había
desaparecido. De los 128 diputados del Congreso Nacional, la tercera parte
estaba en contra de las políticas del equipo de Zelaya. En esas condiciones, la
Cuarta Urna propuesta por Zelaya para las elecciones del último domingo de
noviembre del 2009 no podía prosperar porque las élites hondureñas tenían
blindada completamente toda la institucionalidad del
Estado.<BR><BR><STRONG>RAZONES GEOPOLÍTICAS DEL GOLPE</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>¿Por qué entonces el golpe de Estado? Porque los actores
hondureños materializaron un plan detrás del cual había muchos actores
internacionales. Las semanas previas al golpe de Estado, altos representantes de
organismos políticos de la extrema derecha continental, como es el caso de
UnoAmérica, estuvieron presentes para advertir que en Honduras se libraría una
batalla frontal para salvar al país del comunismo de Hugo Chávez. <BR><BR>A
comienzos de marzo de 2010, esos mismos representantes regresaron al país para
afirmar que en Honduras se había ganado una batalla, pero que había que
consolidarla para proseguir con otras, hasta enterrar al enemigo de las
libertades del continente. De igual manera, advertían que los enemigos de la
democracia seguían activos, presentes en el Foro de Sao Paulo, y que desde allí
se decidían acciones para recuperar el terreno perdido en Honduras. Una era
atizar luchas internas como la que ocurría en la región del Aguán, en la que se
confrontaban grupos campesinos que, en su afán por crear desorden, buscaban
apropiarse de las tierras que legalmente pertenecen al próspero y fructífero
empresario Miguel Facussé Barjum. Así lo dijeron y así lo publicaron los medios
de comunicación que han justificado y avalado el golpe de Estado.
<BR><BR>Honduras ha sido excusa en un contexto continental de confrontación
geopolítica de sectores de extrema derecha que se sustentan en los monopolios de
las multinacionales, y que ideológicamente se nutren también del discurso
religioso neoconservador de las élites eclesiásticas, tanto católicas como
protestantes, cada vez más relevante en Honduras.<BR><BR><STRONG>RAÍCES DEL
CONFLICTO EN EL AGUÁN</STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><BR>En los dos primeros meses de administración del régimen
de Pepe Lobo, junto con la ola creciente de criminalidad y de asesinatos
cotidianos, el conflicto que ha llamado más la atención es el agrario, latente
en la región del Aguán, en el atlántico hondureño. <BR><BR>Los actores que
intervienen en este conflicto son los mismos que han venido confrontándose en
las últimas tres décadas. Al frente de ellos aparece Miguel Facussé, el
empresario más emblemático del país, hasta el tuétano de origen árabe, quien
logró incrustarse en la dinámica del Estado desde los años 70, cuando en uno de
los tantos regímenes militares logró desviar para sus arcas personales los
millonarios fondos destinados a la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI),
institución del Estado creada para incentivar la industria en el país, de la que
era su presidente ejecutivo. <BR><BR>A comienzos de la década de los 90, con el
gobierno de Rafael Leonardo Callejas, Facussé incidió para que el Congreso
aprobara la Ley de Modernización del Sector Agrícola. En la práctica, esto
significaba, entre muchas otras ventajas para los empresarios privados, que las
tierras destinadas a la reforma agraria podían ser privatizadas por
particulares, al tiempo que se abrían oportunidades legales a la empresa privada
para proponer a los grupos campesinos beneficiarios de la reforma agraria
-aprobada en los inicios de los años 70- entrar en programas llamados de
“coinversión”: los campesinos ponían la tierra y la mano de obra, los
empresarios la técnica y el dinero y, teóricamente, los beneficios se repartían
entre los coinversionistas. En los hechos, esta ley creaba condiciones para
dejar la tierra y la propia vida de los campesinos a merced de la dinámica
agroindustrial exportadora. Una vez aprobado este instrumento jurídico, Miguel
Facussé se dedicó a “convencer” a dirigentes y bases de las cooperativas,
comenzando por las más exitosas en la producción de palma africana de la región
del Aguán, para que vendieran sus tierras y sus activos, propósito que logró en
apenas dos años de feroz campaña publicitarias alabando primero los beneficios
de la coninversión y promoviendo después las bondades de la empresa privada,
afirmando que estaba dispuesta a “sudar la camiseta por Honduras”, según el lema
oficial de los primeros años de la década de los 90, cuando se impulsó con la
mayor de las furias los ajustes a la economía y la apertura de las aduanas al
ingreso de capital para la agroindustria en el campo y para la maquila en
algunos de los centros urbanos, especialmente en el Valle de
Sula.<BR><BR><STRONG>LOBO EN SU LABERINTO</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Dos décadas después, aquellos polvos que levantó Facussé,
en complicidad con el Estado hondureño y un puñado de dirigentes campesinos
corruptos, se han convertido en un verdadero lodazal, que concentra la atención
de todo el país. Es en esta zona en donde se ha comenzado a expresar la alta
conflictividad y la tierra movediza del país en el que Pepe Lobo decidió
proseguir administrando una crisis insostenible, agudizada con el golpe de
Estado. <BR><BR>Sólo en los dos primeros meses de administración de Lobo, al
menos 13 personas han sido asesinadas en este conflicto agrario. El gobierno
decidió nombrar una comisión que ponga en marcha una propuesta que conduzca a la
resolución del conflicto, apenas la punta de un témpano en donde se está
estrellando cualquier propuesta o política de un gobierno, atrapado en un
verdadero laberinto enlodado.<BR><BR>Miguel Facussé ha puesto ahora en marcha
una campaña publicitaria en la que acusa a los campesinos de estar promoviendo
el desorden y la violencia en la región y de atentar contra la institucionalidad
del Estado de Derecho que garantiza la propiedad privada. Acusa a la
resistencia, particularmente a los jesuitas que trabajan en la zona, y a su
“teología de la violencia”, de estar atizando el conflicto con el fin de
desestabilizar el país. <BR><BR>Sin embargo, existen voces serias y con
información fidedigna, a las que nadie podría acusar de simpatías con la
Resistencia, voces estrechamente vinculadas a las élites empresariales, que
sostienen que los actuales conflictos en el Aguán, estarían siendo promovidos
por el mismo Facussé, quien personalmente, y a sus 84 años, se hizo presente en
la zona arengando a turbas que él mismo pagó para que se concentraran en el
Congreso Nacional y demandaran respeto a sus tierras. Actuo así aprovechando el
desorden y la ausencia de brújula que hay en el país y en el Estado para sacar
ventajas. Lo ha sabido hacer a lo largo de toda su vida empresarial.
<BR><BR><STRONG>FACUSSÉ EN SU IMPERIO</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Esta hipótesis parece que va tomando consistencia en la
medida en que avanza la propuesta de la comisión estatal conformada para
resolver el conflicto. Para Facussé podría significar los siguientes logros: que
el Estado le compre al menos 3 mil hectáreas con todas sus mejoras, los cultivos
de palma africana, tierras que el Estado entregaría de inmediato a los grupos
campesinos. Es una compraventa que equivale a unos 50 millones de dólares. De
las tierras compradas, dos hectáreas se entregarían por familia, una libre para
lo que interese cultivar a la familia, y una sembrada con palma africana, de
manera que los campesinos quedan así atados al capital de Facussé, puesto que
toda la comercialización del producto de la palma africana está controlada de
manera absoluta por este exitoso y parasitario empresario hondureño-árabe.
<BR><BR>En virtud de los conflictos generados con la producción, Facussé
quedaría exento de honrar sus deudas con la banca hondureña. Finalmente, ante la
sociedad, y en virtud de su pericia en el manejo de los medios de mayor
influencia en el país, en varios de los cuales dueños o gerentes son de su
parentela, el octogenario empresario sería presentado como benefactor de los
pobres, generosa víctima de las amenazas de los campesinos.<BR><BR><STRONG>LOBO
EN SU TORRE DE BABEL</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Dos meses después de asumir su mandato, el gobierno de
Pepe Lobo sigue sin tener ni la capacidad para definir su propio quehacer ni
para tener su propia identidad. Sus mayores energías las ha invertido en dar
varias señales de auxilio para lograr el reconocimiento de la comunidad
internacional. Primero, con la composición de un gabinete que le hiciera
aparecer al frente de un gobierno de unidad y reconciliación nacional. Segundo,
conformando una Comisión de la Verdad para hacer creer que cumple con los
acuerdos que pusieron fin al régimen de facto y que se desmarca de sus
dinamismos de impunidad e imposición. Esta Comisión carece de credibilidad
interna y no tiene interés en investigar a los personajes de la política y de la
gran empresa hondureña. Tampoco tiene interés en decir algo distinto a lo que
conviene al régimen. <BR><BR>Y tercero, haciendo lo posible por quedar bien con
todo mundo, conformó con los defensores de derechos humanos un Comisionado
presidencial de los derechos humanos. Con las cúpulas eclesiásticas, católica y
evangélica, conformó otro Comisionado: para asuntos religiosos. Y con todas las
corrientes de los partidos políticos y gremiales va creando comisionados
presidenciales para cualquier asunto público. <BR><BR>Se esmeró por quedar bien
con la Resistencia cediendo el Ministerio del Instituto Nacional Agrario (INA),
el más ineficiente, el que apenas tiene presupuesto para el pago de burócratas y
combustible, al Presidente del izquierdista Partido Unificación Democrática,
César Ham, el personaje más controversial al interior de los sectores opositores
al golpe, vinculado con evidentes y sonados casos de corrupción y fuente de
permanentes conflictos internos en la siempre frágil izquierda tradicional
hondureña. Quiso quedar bien con los poderosos gremios magisteriales nombrando
como Ministro de Educación al polémico dirigente magisterial Ventura, militante
del Partido Nacional. Nombró también como Ministro del Trabajo a quien en su
momento fue dirigente campesino, pero que desde hace mucho tiempo ha sido
identificado entre los sectores más conservadores y mandrakeros de la clase
política. <BR><BR>Queriendo quedar bien con todos los sectores, Pepe Lobo
organizó un gabinete de gobierno que es una Torre de Babel. Cada quien anda en
lo suyo, cada quien maneja su propio lenguaje, y cada quien busca encaramarse en
la dinámica del poder a costa de sus otros colegas. <BR><BR>Dos meses han
bastado para dejarnos ante una administración pública que nada en un ambiente de
ingobernabilidad, en el que sólo se sabe que hay muchos que deciden, pero no
existen líneas que apunten a una dirección de autoridad creíble y de consenso.
En este mar, es la violencia la que ha tomado el timón del país. Y como tiene
espacios regionales de control, es la delincuencia quien gobierna y decide.
Honduras es hoy un territorio parcelado por la violencia y las diversas
instituciones del Estado acaban subordinadas no a las autoridades centralizadas
de la capital, sino a las decisiones subterráneas de cada una de las parcelas,
zonas o regiones en las que se administra la violencia.soberanía sobre nuestros
recursos.<BR><BR>La propuesta de gobierno que encabeza Porfirio Lobo no pasa de
ser la continuidad de la propuesta de las élites empresariales y políticas que
buscaron truncar el proyecto que pujaba tras el equipo de Zelaya. Un proyecto
elitista de ese tamaño, en lugar de acortar la inequidad y los conflictos que se
han venido acumulando en el país, apuntan a ahondarlos. Diversos sectores de la
sociedad concuerdan en reiterar la necesidad de un Nuevo Pacto Social o plan
estratégico de lucha, como preferirían llamarlo algunos sectores organizados en
la Resistencia popular hondureña. Este plan tendría que tener al menos tres
componentes. El primero sería definir contenidos que en términos amplios se
podrían situar en tres bloques. <BR><BR>Primer bloque: Demandas para redefinir
los recursos naturales, la tierra y el medioambiente. Tiene que ver con eso que
genéricamente se suele llamar lucha por la soberanía nacional. Si la soberanía
es el control y la decisión del Estado y de la ciudadanía sobre su patrimonio,
es muy difícil hablar de soberanía mientras los bosques, los ríos, el agua, el
medioambiente y la tierra están en pocas manos. Soberanía es, sin duda, el mayor
déficit que tiene el país. La soberanía no es una consigna. Una reforma agraria
que aborde con responsabilidad la tenencia de la tierra, para evitar que un
puñado de empresarios se acaben quedando con las tierras más fértiles de los
valles hondureños, y se subordine la alimentación y la vida misma de la
población campesina a los intereses de las multinacionales agroexportadoras, es
condición prioritaria para que el campo hondureño deje de ser una bomba de
tiempo, fuente permanente de inestabilidad. Lo mismo habría que decir de los
bosques, el agua, la energía y la minería. De todas nuestras riquezas naturales,
incluida la potencial existencia de petróleo en las tierras bajas y costeras del
Atlántico. <BR><BR>Segundo bloque: Demandas sociales: educación, salud,
vivienda, salarios, respeto a las etnias y a las minorías sexuales. Respeto y
promoción de la organización y movilización social. Vincular las demandas
sociales con las demandas por la soberanía y los recursos naturales es
estratégico para garantizar la participación de todos los sectores de la
sociedad, sin dejar que sectores elitistas confundan sus demandas con demandas
nacionales, que es lo que ocurre con los gremios empresariales, o -en otro
sentido- con los gremios magisteriales. <BR><BR><STRONG>EL CLAMOR POR UNA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Tercer bloque: Demandas
político-jurídico-institucionales, que tienen que ver con las transformaciones
que necesita el Estado hondureño para que se avance en lo que los sectores
aglutinados en la Resistencia llaman “la refundación de Honduras”. Aquí se sitúa
la demanda por una Asamblea Nacional Constituyente, móvil que propició que las
élites hondureñas dieran el golpe de Estado.<BR><BR>Una Constituyente es
actualmente la demanda política de mayor relevancia en el seno de las
organizaciones que se convocan en torno al Frente Nacional de Resistencia
Popular (FNRP). A pesar de la trascendencia de esta demanda, muy poco se ha
pasado de la consigna a llenar de contenido esta demanda, que aún muchos
interpretan o asocian al liderazgo de Manuel Zelaya. <BR><BR>A mediados de marzo
y a iniciativa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH) y en conjunto con el FNRP, se convocó a una amplia asamblea de
representantes de todo el país para hacer el simulacro de una Asamblea Nacional
Constituyente. Allí se discutió lo relacionado con el primer bloque de demandas.
No obstante la riqueza de convocatorias como éstas, el simulacro de
participación popular no pasó de ser la convocación de sectores extremadamente
afines a una manera de ver y entender el país, excluyéndose del debate a los
diferentes. <BR><BR>Y así, la demanda de estos sectores populares de una
sociedad incluyente acaba, en los hechos, en una propuesta nuevamente excluyente
porque en ese “experimento de Asamblea Constituyente” sólo podían ser aceptadas
las personas que se acreditaban como militantes opositoras al golpe de Estado y
además con una probada pertenencia a la tradición de izquierda del país.
<BR><BR><STRONG>NO SÓLO LOS CONVENCIDOS</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Un nuevo pacto social no puede reducirse a los
convencidos desde la óptica de los sectores de la izquierda popular. Debe haber
apertura y debate entre todos los diversos sectores de la sociedad hondureña.
Una Constituyente así, y desprendida de contenidos, puede ser una consigna de
doble filo. Contribuye a despertar conciencia de lucha entre los sectores
situados en la Resistencia, pero puede ser un instrumento fácilmente capturado
por las élites, como ya lo han hecho con todas las reformas
político-institucionales realizadas en el país en las últimas dos décadas.
<BR><BR>Ya lo anunció un prominente político hondureño: “Nosotros vamos por una
Constituyente. La que no aceptamos es la de Mel Zelaya, porque no nos interesa
tener que ver con Hugo Chávez. Pero una vez que pase la fiebre melista, nosotros
mismos, a través de Pepe Lobo, la vamos a impulsar. Y vamos a redactar una
Constitución”.<BR><BR><STRONG>UN DEBATE ENTRE TRES POSTURAS</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>El segundo componente de un nuevo Pacto Social
consistiría en definir el sujeto social y político. Aquí se inscribe el debate
en torno a los partidos políticos y a los movimientos sociales, la relación y la
diferencia entre ambos y la identidad que ha de asumir el Frente Nacional de
Resistencia Popular. Actualmente, el debate pasa por establecer la relación y
las diferencias en torno a tres posturas. <BR><BR>Primera postura: La sostiene
el sector de la Resistencia vinculado orgánicamente a los liberales en
resistencia al golpe, en su mayoría seguidores de Manuel Zelaya, aunque entre
ellos se encuentran muchas diferencias secundarias. <BR><BR>Un dirigente
liberal, de entre sus ideólogos, lo formuló así en una de las asambleas
convocadas por el FNRP: “El Frente tiene tres rutas a seguir. La primera es la
de la lucha armada. La descartamos porque no nos dará resultados y porque en los
primeros amagos nos aniquilará esa maquinaria de guerra que sostiene a la
oligarquía. La segunda es la ruta de convertirnos en partido político. Es una
posibilidad real, pero sabemos que la índole antidemocrática de la Ley Electoral
y de Organizaciones Políticas nos lo impedirá con todas sus trancas. Y la
tercera es que el FNRP se convierta en una corriente interna del Partido Liberal
que logre recuperar a ese partido de las actuales garras de la oligarquía para
avanzar exitosamente a las elecciones y retomar las transformaciones que fueron
truncadas por el golpe de Estado. Nosotros, los liberales en resistencia
proponemos esa tercera ruta”.<BR><BR>Convertir al FNRP en una corriente interna
del Partido Liberal, o asociarse con uno de los tres partidos pequeños, es, al
decir de un importante sector de la Resistencia, uno de los errores políticos
que deben evitarse. La Resistencia terminaría siendo presa del sistema de
partidos políticos que ya colapsó. Una decisión así daría oxígeno a un moribundo
que ya no tiene retorno a la vida. <BR><BR><STRONG>¿UN NUEVO PARTIDO O UN
MOVIMIENTO SOCIAL?</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Segunda postura: Propone convertir al FNRP en un nuevo
partido político desde donde se luche por las transformaciones contenidas en el
primer componente del nuevo Pacto Social. Quienes sostienen esta postura son del
parecer que estamos ante el impostergable desafío de luchar por la toma del
poder político y que, descartada la lucha armada, esto sólo se logrará a través
de las elecciones. Para ello se necesita de un partido político que compita
exitosamente con los otros cinco partidos que van ya en un irreversible proceso
de desgaste. <BR><BR>Otros piensan que convertir el FNRP en partido político
sería reducir la fuerza de la Resistencia, tan amplia y sostenida en muchísimas
expresiones de base, a una estricta lucha electoral. Al final esto llevaría a
los liberales en resistencia y a otros que resisten con filiaciones en otros
partidos a regresar a sus estructuras partidarias, convirtiendo el nuevo partido
político en una propuesta de un tamaño parecido al de la Democracia Cristiana,
al del partido Unificación Democrática o al del Partido Innovación y Unidad, que
en conjunto no pasan jamás del 6% del electorado. <BR><BR>Tercera postura:
Sostiene que el FNRP debe tener una identidad permanente como un frente amplio
que canalice como movimiento social las diversas demandas de los sectores
populares y sociales de todo el país, tanto de los gremiales como de los
organizados comunitariamente en zonas, regiones y territorios del país. Existe
una tendencia que jalona a un sector muy amplio del FNRP, que afirma que éste
deberá mantener su identidad a partir de dos modos de lucha en el presente
período. <BR><BR>El primero, el de la lucha de presión por debilitar, denunciar
y desenmascarar al actual régimen político como fiel continuador del golpe de
Estado, hasta obligarlo a que convoque una Asamblea Nacional Constituyente. El
segundo, el de ir avanzando en la definición de una propuesta de candidaturas
independientes que se convierta en una fórmula exitosa para las próximas
elecciones generales. <BR><BR>El tercer componente de un nuevo Pacto Social es
definir la participación en los procesos políticos electorales. Una vez definida
la identidad del FNRP, en el marco del debate sobre las tres posturas apuntadas,
se debe garantizar la lucha por democratizar los mecanismos de participación
popular con el fin de que, los procesos electorales dejen de ser expresiones
que, bajo procedimientos legales, legitiman la apropiación del Estado en manos
de la reducida élite que impulsó el golpe de Estado. <BR><BR><STRONG>EN HONDURAS
NO HAY ESTADO DE DERECHO</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>El Estado de Derecho no puede existir sin democracia y
sin respeto y vigencia de los derechos humanos. En el caso hondureño no se puede
hablar de un deficiente Estado de Derecho, sino de ausencia de Estado de
Derecho. En Honduras el problema no es tanto que grupos políticos o
empresariales violan el Estado de Derecho sino que, sin existir Estado de
Derecho, manosean este concepto para hacer creer que cumplen las leyes y
defienden la democracia, cuando en los hechos lo que hacen es imponer la ley del
más fuerte y violar a rienda suelta los derechos humanos de la sociedad.
<HR>
<BR><BR></FONT></DIV></BODY></HTML>