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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de Prensa</FONT>
<BR><U>16 de mayo 2010</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Colectivo Militante -
Agenda Radical<BR></FONT>Gaboto 1305 - Montevideo - Uruguay<BR>redacción y
suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
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<DIV><STRONG><FONT size=3>Ecuador</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>La consulta es un derecho, no un
mecanismo de disuasión del poder </STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>El gobierno se
ha dedicado a promover spots publicitarios y cadenas informativas, en donde
sataniza a la dirigencia indígena y manipula a la
ciudadanía</FONT></STRONG> </FONT><BR></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Mónica Chuji
G. <BR></STRONG><A
href="http://www.lahaine.org/"><STRONG>http://www.lahaine.org/</STRONG></A></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2> <BR></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2>En 1998 el Ecuador ratificó el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el que se
reconoce el derecho a la Consulta previa, libre e informada y de buena fe, como
parte de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Una
vez ratificado este Convenio, el país asumió un compromiso internacional de
cumplirlo y garantizarlo, en todas las decisiones estatales y las políticas
gubernamentales.</FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR>En la práctica esto no se ha cumplido. Los gobiernos de
turno han hecho caso omiso a este principio. La Consulta previa, libre e
informada y de buena fe, se ha transformado más bien en un instrumento de
manipulación política de los gobiernos de turno, incluido Alianza País. Durante
el último proceso Constituyente, propuse la extensión del derecho de la consulta
previa, libre e informada como un derecho para todos los ciudadanos; asimismo, y
en virtud de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2007, con el
voto favorable del gobierno ecuatoriano, propuse la incorporación del derecho al
consentimiento libre, previo e informado al texto Constitucional; sin embargo, y
por paradójico que pueda parecer, hubo una fuerte oposición de los
constituyentes de Alianza País, para aceptar estos nuevos derechos en la
Constitución.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero ¿en qué consiste la consulta libre, previa e
informada? La consulta es un procedimiento que permite el diálogo, el consenso,
la reflexión y la resolución de conflictos entre el Estado y las comunidades,
así como entre las instituciones públicas y la sociedad civil. Por tanto, no
puede ser usada bajo ningún concepto como un mecanismo de disuasión, y menos aún
puede estar adscrita y determinada desde los intereses partidistas del gobierno
de turno. La Consulta previa, libre e informada y de buena fe es un derecho
irrenunciable que tenemos las nacionalidades y pueblos indígenas y la ciudadanía
de manera colectiva e individual y que está plasmada en la Constitución y el
derecho internacional.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En esta coyuntura la Asamblea y el régimen de Alianza
País, han hecho caso omiso a los reclamos de los sectores populares que piden
democracia, transparencia, diálogo y participación, sobre todo en un aspecto tan
importante para nuestro país como es el agua. Siguen pendientes los temas
relativos a la conformación del Consejo Plurinacional para el manejo del agua,
la adscripción de recurso del agua como servicio ambiental, la desprivatización
del recurso, los sistemas legales indígenas y sus instituciones que manejan el
recurso, la gratuidad del derecho humano al agua, la prohibición del
aprovechamiento del agua para actividades extractivas, entre otros aspectos
conflictivos. Estos temas solamente podrán resolverse con el diálogo y la
participación, y en condiciones de transparencia, democracia y respeto.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Sin embargo, el Presidente de la Asamblea Nacional
propone una consulta pre-legislativa que nada tiene que ver con el derecho
constitucional a la consulta previa, libre e informada, y que más bien se
convierte en una maniobra política desesperada, para controlar una situación de
conflictividad social que cada vez se le escapa de las manos al gobierno. Esta
maniobra política corre el riesgo de devaluar el sentido democrático que tiene
el derecho a la consulta y convertirla en un mecanismo de injerencia sobre las
comunidades y organizaciones indígenas. Con el pretexto de la consulta
pre-legislativa, el gobierno nacional utilizará los recursos públicos para
desmovilizar de forma permanente a las organizaciones indígenas, para
dividirlas, fraccionarlas y someterlas a un intenso proceso de control político.
La ciudadanía conoce la carencia de escrúpulos morales del régimen de Alianza
País y su voracidad por el poder, de ahí que utilice la coyuntura generada por
las movilizaciones en defensa del agua, de la vida y de la soberanía, y las
demandas indígenas y sociales por el diálogo y la búsqueda de consensos por la
vía de la consulta previa, como un mecanismo de recomponer sus propias
estrategias de dominación política.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Es por ello que no sorprende la declaración gubernamental
que dice que hará la consulta a las bases y no a la dirigencia indígena. El
Convenio de la OIT y la norma máxima que es la Constitución establecen
claramente que la consulta se hará de buena fe, y respetando los canales
regulares: “mediante las instituciones representativas cada vez que se prevean
medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente”; es decir,
respetando a las autoridades legítima y democráticamente electas por las
asambleas comunitarias.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El gobierno nacional, ha demostrado en estas últimas
semanas su verdadero rostro cuando se ha dedicado a promover spots publicitarios
y cadenas informativas, en donde sataniza a la dirigencia indígena, manipula a
la ciudadanía con información falsa y promueve el odio racial y la xenofobia.
Estas cadenas ameritan una condena moral nacional e internacional, y evidencian
a un gobierno dispuesto a enfrentar a los ecuatorianos entre sí y exacerbar
odios raciales con mentiras y distorsiones de la verdad, con tal de salvar sus
intereses particulares. Urge una acción democrática de la ciudadanía para
defender la democracia, para salvaguardar el diálogo como mecanismo pacífico
para la resolución de conflictos, y salvar al país que está viviendo sus horas
más sombrías de la llamada 'revolución ciudadana'.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Quito 12-5-10
<HR>
<BR></FONT></DIV></BODY></HTML>