<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 6.00.6002.18278" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff background=""><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR></FONT><FONT size=4><FONT color=#800000
size=5>Correspondencia de Prensa <BR></FONT><U>8 de setiembre 2010</U><BR><FONT
color=#800000 size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Gaboto 1305
- Montevideo - Uruguay<BR>redacción y suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV>
<HR>
</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=3>Resistencias</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=3>América Latina</FONT></STRONG></FONT></DIV><FONT
face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Nace tribunal ético contra minería
de frontera</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Daniela Estrada * </STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG>IPS, Santiago de Chile, setiembre 2010</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><A
href="http://www.ipsnoticias.net/"><STRONG>http://www.ipsnoticias.net/</STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><BR>Quieren llamar la atención sobre desarrollos mineros en
zonas limítrofes o con repercusiones bilaterales. Son los activistas
latinoamericanos que se reunirán en la capital chilena para "juzgar" proyectos
que consideran negativos para las comunidades locales, el ambiente y la
seguridad nacional.</DIV>
<DIV align=justify><BR>"Una de las particularidades de la actividad minera hoy
es la expansión hacia zonas tradicionalmente no tocadas, donde se impedía el
ingreso por razones geopolíticas o de seguridad nacional, como las fronteras de
los países", explicó a IPS Lucio Cuenca, del no gubernamental Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), de Chile. <BR><BR>El OLCA es
uno de los organizadores del primer tribunal ético contra la minería de
frontera, a realizarse el 30 de este mes en Santiago. En esa instancia se
analizarán proyectos de Argentina y Chile, Ecuador y Perú, Bolivia y Brasil, El
Salvador y Guatemala, México y Guatemala y el de Costa Rica y Nicaragua (mina
Crucitas). <BR><BR>El ejemplo paradigmático lo constituyen Argentina y Chile,
que en 1997 firmaron el Tratado de Integración y Complementación Minera. Hasta
ahora cinco proyectos han recibido de parte de una comisión binacional el
protocolo necesario para operar en la limítrofe cordillera de Los Andes, rica en
glaciares. <BR><BR>Se destaca la cuestionada mina Pascua Lama, de la corporación
canadiense Barrick Gold, en la norteña región chilena de Atacama y la
noroccidental provincia argentina de San Juan, además de El Pachón, las Flechas,
Vicuña y Amos-Andrés, todos de capitales extranjeros. <BR><BR>Aún está en
trámite el proyecto Cerro Cuadrado, en la Patagonia, de la también canadiense
Desarrollo de Prospectos Mineros SA. <BR><BR>Todas presentan oposición de
comunidades locales y ecologistas. <BR><BR>Según Cuenca, los efectos
ambientales, sociales y políticos de esta minería, principalmente en manos de
firmas trasnacionales, constituyen una "realidad nueva" que debe ser
visibilizada, ya que no está siendo atendida por la "institucionalidad de
protección a los derechos humanos, ni bilateral ni internacional". <BR><BR>Los
activistas critican, además, el decidido apoyo de los gobiernos a las empresas.
OLCA, por ejemplo, detectó complementariedad entre el tratado minero
chileno-argentino y algunos proyectos IIRSA (Iniciativa para la Integración de
la Infraestructura de la Región Sudamericana). <BR><BR>El tribunal ético,
conformado por un panel de jueces y personalidades latinoamericanas, enjuiciará
en distintos niveles a los Estados, las empresas mineras y a los países de
origen de éstas. <BR><BR><STRONG>CORDILLERA DEL CÓNDOR</STRONG> <BR><BR>En el
norte de Perú, en el límite con Ecuador, las concesiones casi se han triplicado
si se comparan los mapas de febrero de 2005 y junio de 2010, con dos casos
simbólicos: el de la minera Afrodita, de capitales canadienses, y Río Blanco, de
la compañía china Zijin. <BR><BR>Afrodita posee una concesión aurífera en plena
cordillera del Cóndor, en la región Amazonas, donde habita el pueblo nativo
awajún, y conocida por el conflicto bélico que enfrentó a Perú y Ecuador en
1995. Río Blanco explotaría cobre en una zona de campesinos de la región Piura.
<BR><BR>Ambos proyectos están en etapa de exploración y son rechazados por la
mayoría de las comunidades nativas y campesinas por temor a que se contaminen
sus ríos y bosques. Un escenario similar se observa en las sureñas Puno y Tacna,
que colindan con Bolivia y Chile, respectivamente. <BR><BR>José de Echave, de la
no gubernamental CooperAcción de Perú, señaló a IPS que "el gobierno no tiene
una política que considere los riesgos de seguridad y daño al ambiente antes de
dar concesiones en zonas de frontera. Todo parece que se deja a la
improvisación". <BR><BR>La Constitución de Perú prohíbe que se otorguen
concesiones a capitales extranjeros en un rango de 50 kilómetros de la frontera,
salvo que se apruebe un decreto supremo que declare de interés nacional el
emprendimiento. Entre 2002 y 2009 se emitieron 23 de estos decretos.
<BR><BR>Magdiel Carrión, líder campesino de Piura y presidente de la
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, se
opone al proyecto de Zijin porque considera que afectará los páramos y el río
Blanco, que da origen a otros dos cursos de agua en el límite con Ecuador.
<BR><BR>Según Carrión, los proyectos generan división y violencia entre los que
están a favor y en contra. "Espero que en el Tribunal Ético de Chile se ponga en
evidencia lo que hacen estas empresas y sea vea una forma de sancionarlas",
planteó. <BR><BR><STRONG>EL PANTANAL</STRONG> <BR><BR>En Bolivia, preocupa el
proyecto siderúrgico del Mutún, en el oriental departamento de Santa Cruz, que
limita con Brasil, a cargo de la compañía india Jindal Steel. <BR><BR>Patricia
Molina, del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, señaló que el
Mutún potenciará el polo siderúrgico de la región de Corumbá, en el
sudoccidental estado brasileño de Mato Grosso do Sul, y dejará en segundo plano
el interés boliviano por contar con materia prima y productos terminados
derivados del hierro. <BR><BR>El gran impacto ambiental será percibido de
inmediato en la región boliviana de El Pantanal, el humedal más grande del mundo
con función reguladora del clima que se extiende también por Paraguay y Brasil,
porque la industria siderúrgica requiere grandes volúmenes de agua para el
proceso del hierro en su fase inicial, aseguró a IPS Molina. <BR><BR>A cuatro
años de la firma del contrato entre Jindal Steel y el gobierno no existen
avances en el proyecto, pero algunas comunidades indígenas ya sufren la
prohibición de usar lagunas naturales como fuentes hídricas, afirmó.
<BR><BR><STRONG>EN EL NORTE</STRONG> <BR><BR>La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, con sede en Washington, solicitó el 20 de mayo a Guatemala
suspender la explotación de oro y plata de la mina Marlin, ubicada en el
occidental departamento de San Marcos, fronterizo con México, al acoger una
medida cautelar a favor de 18 comunidades indígenas. <BR><BR>No obstante,
Montana Explotadora, subsidiaria de la canadiense GoldCorp, acusada de
contaminar varios ríos, continúa operando la mina por retrasos administrativos
en el trámite de suspensión. <BR><BR>Mientras tanto Entre Mares, otra filial de
la corporación canadiense, está a cargo del proyecto Cerro Blanco en el
sudoriental departamento de Jutiapa, limítrofe con El Salvador, al que se oponen
grupos sociales salvadoreños y guatemaltecos. <BR><BR>"Existe el riesgo de un
conflicto político binacional porque El Salvador tendría los argumentos legales
para afirmar que se violan los derechos humanos de sus ciudadanos" debido a la
eventual contaminación de los compartidos río Lempa y lago Güija, que surten de
agua a la población salvadoreña, sostuvo a IPS Rafael Maldonado, del no
gubernamental Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala.
<BR><BR>Natalia Atz, de la no gubernamental Asociación Ceiba de Guatemala, dijo
a IPS que la realización de un tribunal ético contra la minería supone una gran
oportunidad para mostrar los graves daños que esta industria está provocando a
las comunidades en América Latina. <BR><BR>La mexicana Ana María Alvarado, de la
directiva del no gubernamental Observatorio de Conflictos Mineros de América
Latina, confirmó a IPS que expondrá en ese tribunal el caso de la empresa
canadiense Blackfire Exploration, que extrae barita en el sureño estado de
Chiapas, fronterizo con Guatemala. <BR><BR>En noviembre fue asesinado Mariano
Abarca, dirigente de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería,
reconocido opositor a Blackfire. Desde diciembre la mina permanece cerrada.
<BR><BR>Una misión de organizaciones no gubernamentales canadienses que visitó
Chiapas este año constató daños ambientales, corrupción y violaciones a los
derechos humanos por parte de la minera. <BR><BR>* Aportes de Milagros Salazar
(Lima), Franz Chávez (La Paz), Danilo Valladares (Guatemala), Emilio Godoy
(México).
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>