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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de Prensa</FONT>
<BR><U>13 de setiembre 2010</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Gaboto 1305 - Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
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<DIV> </DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=3>México</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Entrevista a Liliana Souza,
integrante del Colectivo contra la Tortura y la
Impunidad<BR></STRONG></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>“En México rige un estado de
excepción”</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>"Estamos viviendo un estado
militarizado y paramilitarizado".</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial><FONT size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=2>Luciana Bertoia<BR>Página/12, Buenos
Aires, 6-9-10</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><A
href="http://www.pagina12.com.ar/"><STRONG>http://www.pagina12.com.ar/</STRONG></A></FONT></DIV><FONT
face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR><BR>La legislación se rompe en aras de una supuesta
seguridad nacional que está en peligro y la población queda en una situación
vulnerable, mientras el gobierno de Calderón libra su guerra contra el
narcotráfico.</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Liliana Souza es integrante del Colectivo contra la Tortura y
la Impunidad (CCTI), una organización mexicana, fundada en 2004, que presta
atención a las víctimas de la represión institucional. La psicóloga participó en
el Seminario Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos que concluyó
ayer en Buenos Aires y dialogó con Página/12 acerca de la situación de los
derechos humanos en México. Souza denunció que en ese país rige un estado de
excepción de facto que atenta contra las garantías de la población civil.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>–¿Cómo definen desde CCTI la situación que
actualmente se vive en México?</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>–Estamos viviendo un estado militarizado y
paramilitarizado. Hay pugnas por los territorios que resultan claves para el
crimen. Si bien el gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico,
lo que está ocurriendo es que la población civil se está viendo cada vez más
afectada. Ésta queda en una situación de vulnerabilidad y de suspensión de las
garantías individuales que el Estado debe asegurar a la población. Por eso
hablamos nosotros de un Estado de excepción, en el que la misma legislación se
rompe en aras de una supuesta seguridad nacional que está en peligro. Creemos
que hay un repunte de violaciones de los derechos humanos y que el papel de las
organizaciones ahora es hacer visible lo que queda escondido detrás de una
cantidad inmensa de cifras que da el Estado sobre cómo va la guerra contra el
narcotráfico.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>–El diario La Jornada publicó la semana pasada
que hay tres mil desaparecidos en México, entre ellos 400 por razones políticas.
¿Ustedes manejan esos números?</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>–Tenemos dificultades para identificar si se trata o no
de un asunto político. A veces las personas denuncian, pero otras no; a veces no
son por asuntos políticos y se politiza en el proceso de la denuncia. Es
complicado dar cifras exactas. Oficialmente, la cifra que se maneja es de 24.000
muertos, pero no se contabiliza la desaparición porque no conviene. Hay
denuncias de familiares, sobre todo en el norte del país, de detenciones de
jóvenes que se los lleva el Estado.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>–En este marco, ¿cuál es el trabajo que realiza
la CCTI?</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>–Recibimos en el centro a personas que alegan haber sido
torturadas. Pero también nosotros mismos nos trasladamos adonde se encuentran
personas que se presume que han sido torturadas, por ejemplo en las cárceles,
cuando nos permiten entrar. Trabajamos también en las comunidades, dando
talleres de prevención para que una persona si es detenida sepa cuáles son sus
derechos. Asimismo nos coordinamos con abogados y podemos acompañar el proceso
de las personas que han sido torturadas. El cabildeo con las autoridades es otra
área que tenemos para conocer cómo va la implementación de los instrumentos
internacionales en materia de tortura.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>–¿Cómo toma el gobierno las denuncias que ustedes
presentan?</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>–El Estado no reconoce estas violaciones de los derechos
humanos. Hay una criminalización de la protesta social y una culpabilización de
las víctimas. Cuando estos grupos a los que les llaman sicarios llegan y hacen
una masacre, inmediatamente asumen que las víctimas son parte de otro cártel y
que son pugnas internas por droga y territorio. Hay otras situaciones donde está
bien claro que el ejército dispara sobre civiles y hay una reprobación en el
discurso, hablan de los “daños colaterales”. Muchas víctimas llegan a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la Procuración General de la República
y no les aceptan las denuncias por tortura o por desaparición. Existen muchas
trabas legales que tienen que superar los familiares. Para eso hay dos
soluciones: el silencio u organizarse como colectivos para luchar por sus
derechos. Desde los años 70 se formaron organizaciones de familiares de
desaparecidos, de perseguidos políticos, de torturados. Ahora se conformó una
asociación de desaparecidos en este contexto de narcotráfico, en los estados
fronterizos de Nueva León y Chihuahua.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>–¿Ustedes reciben más denuncias desde que Felipe
Calderón lanzó la llamada guerra al narcotráfico?</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>–Desde Vicente Fox hubo un repunte del uso de la tortura,
ya se aplicaba, pero era más discrecional. Ahora ya se emplean modalidades de
tortura masiva. Porque hay un goce de impunidad, no importa que haya mucha gente
o que sea en privado la tortura. Hay un discurso oficial que lo justifica. Hay
un caso muy paradigmático en San Salvador Atenco (en el estado de México), donde
las mujeres fueron torturadas sexualmente sobre sus compañeros, que estaban
apilados. Pero no se aceptaron los testimonios de los otros como prueba. Este
caso se va a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>–¿Cómo evaluaron que la CIDH haya tratado días
atrás la causa de dos ecologistas mexicanos torturados en 1999 por el
ejército?</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>–Ese caso es muy importante porque los defendía una
abogada que se llamaba Digna Ochoa que fue asesinada. La versión oficial es que
se suicidó. Pero la represión contra los ecologistas en Guerrero sigue porque
continúan defendiendo los bosques y denunciando la tala indiscriminada.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>–Con la matanza, hace quince días, de 72
migrantes, salieron muchas organizaciones centroamericanas a denunciar los
abusos de las autoridades mexicanas. ¿Ustedes cuentan con registros de este tipo
de denuncias?</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>–Nosotros manejamos poco el tema de la migración. Pero
sabemos que se tortura en las estaciones migratorias.
<HR>
<BR></FONT></DIV></BODY></HTML>