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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de Prensa
<BR></FONT><U>25 de noviembre 2010<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Gaboto 1305 - Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<DIV><STRONG><FONT size=3>México</FONT></STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Otra guerra que
invisibiliza la violencia sexista<BR></FONT></STRONG></DIV></FONT>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Daniela Pastrana <BR>IPS,
México, 24-11-10</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><A
href="http://www.ipsnoticias.net/"><STRONG>http://www.ipsnoticias.net/</STRONG></A></FONT></DIV><FONT
face=Arial size=2>
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<DIV align=justify>Ellas no pidieron una guerra, pero igual les alcanzó:
Griselda y Yosmireli, de cuatro y dos años, murieron con el cráneo perforado por
las balas de los soldados. La muerte agarró también a su madre, su tía y un
hermano de siete años, en un camino rural del noroeste de México.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Griselda Galaviz, la madre, y Gloria Alicia Esparza, la
tía, eran maestras en una remota aldea del estado de Sinaloa, en la costa del
Pacífico, y se desplazaban en el vehículo rústico familiar cuando éste fue
abaleado por un regimiento militar. Solo sobrevivieron otras dos maestras y Adán
Esparza, esposo, hermano y padre de las cinco víctimas. <BR><BR>Era el 1 de
julio de 2007 y la matanza se convirtió en el primer caso conocido de civiles
asesinados por soldados dentro de la "guerra" emprendida por el gobierno del
conservador Felipe Calderón contra los carteles del tráfico de drogas, que
empujó al país a una espiral imparable de violencia. <BR><BR>Oficialmente se
reconocen 30.000 víctimas mortales en casi cuatro años de militarización del
combate contra los narcos. Pero falta sumar una cantidad no cuantificada de
personas huérfanas, viudas, mutiladas, exiliadas y desplazadas. <BR><BR>La
estrategia gubernamental incluye la participación activa de las fuerzas
militares y ha provocado distintos efectos en la población mexicana, de 108
millones. <BR><BR>Uno, muy claro, es la "invisibilización de la violencia contra
las mujeres", dijo a IPS David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados
Democráticos, que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso
del Campo Algodonero por el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, en que
el Estado mexicano fue condenado como responsable. <BR><BR>"Es tal la cantidad
de muertos, que no hay una diferenciación entre hombres y mujeres. Y aún peor,
no hay distinción entre los motivos de los asesinatos", explicó. <BR><BR>"Si una
muchacha es encontrada muerta en la calle con signos de violencia, pero tiene un
balazo, está atada o hay a su lado un hombre muerto, entra en el cajón (rubro)
de la delincuencia organizada", detalló el letrado. Un ejemplo de este fenómeno
es Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, conocida mundialmente por
la cadena de feminicidios iniciada en 1993. <BR><BR>El número de mujeres
asesinadas en los últimos tres años ya superó el total feminicidios en los 13
años anteriores: 575. En lo que va de 2010, los asesinatos por violencia
machista suman ya 288. <BR><BR>"Al entrar en el gran cajón de la delincuencia
organizada, las familias ya no tienen acceso al expediente ni pueden presionar a
las autoridades para que se esclarezca el crimen", explicó Peña. Aseguró,
además, que en estos cuatro años "se fueron para abajo" los avances que había
logrado la sociedad civil en derechos humanos. <BR><BR>El fenómeno se extiende
en todo el país. Un informe de abril de la Comisión Especial de Feminicidios de
la Cámara de Diputados indica que desde 2007 se registraron 1.756 homicidios
dolosos de mujeres en 18 estados. De ellos tan solo en tres por ciento de los
casos hay sentencia, sin que esté registrado si hubo condenados o no en ellas.
<BR><BR>"No hay registros y los que hay son insuficientes", sintetizó la
presidenta de la comisión, la diputada Teresa Incháustegui, del opositor Partido
Revolucionario Democrático. <BR><BR>"Pero el problema no solo son las mujeres
muertas o el aumento de su número", dijo a IPS Sara Lovera, pionera en México
del periodismo con enfoque de género. "Está constatado históricamente: siempre
que hay una guerra las mujeres son las víctimas", planteó. <BR><BR>"La presencia
de los militares en las calles aumenta la vulnerabilidad de las mujeres, las
pone en riesgo, genera miedo y sobre todo, no rinden cuentas de sus abusos",
explicó. <BR><BR>Lovera puso como ejemplo el caso de Castaños, localidad del
norteño estado de Coahuila, donde en julio de 2006 fueron violadas 13 bailarinas
en un centro nocturno por un grupo de soldados. De los inculpados, 80 por ciento
están libres, recordó. <BR><BR>México es la más reciente expresión en América
Latina de la vinculación entre militarismo y violencia de género, el tema que
centra los 16 días de activismo contra el maltrato sexista que se abre en el
mundo este jueves 25, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer. <BR><BR>"En cualquier circunstancia en donde participa activamente el
ejército, las mujeres se convierten en botín de guerra y son las más vulnerables
a las agresiones", dijo Blanca Rico, directora ejecutiva de la no gubernamental
Semillas, promotora de los derechos de la mujer. <BR><BR>El problema, dijo, es
que de parte del Estado no hay mecanismo alguno de contención o reparación del
daño. Y aún las propias organizaciones están teniendo que replantear sus metas
para hacer el diagnóstico que el gobierno no quiere aceptar. <BR><BR>"Es un
fenómeno de rebase total. Semillas no había tenido nunca como tema central a las
defensoras de derechos humanos porque no había pasado esto que está pasando hoy:
un aumento brutal de amenazas, que es constante. Todas se están viendo acosadas,
amenazadas", contó. <BR><BR>Los "daños colaterales" de la violencia generalizada
en el país todavía no pueden cuantificarse, pero son un poliedro de muchas
caras, indican los expertos. <BR><BR>Están, por ejemplo, los casos de
encarceladas bajo la acusación de ser "mujeres de narcos", sin que haya pruebas
de su participación en algún delito. O el aumento de la prostitución en lugares
donde hay campamentos militares. "Es el uso y abuso de las mujeres. Algo que
pasaba en regiones muy específicas donde había presencia militar, pero ahora se
ha extendido", dijo Lovera. <BR><BR>La organización independiente internacional
Human Rigths Watch (HRW) criticó al gobierno por su propuesta de reforma del
sistema de justicia militar y de su fuero especial. Este martes 23 demandó que
se excluya de la jurisdicción castrense delitos de agresión sexual y violación
de los derechos humanos, entre otros. <BR><BR>El Código de Justicia Militar, que
data de 1933, actúa para delitos cometidos por personal castrense activo en el
desempeño de sus funciones, así estén establecidos en leyes penales ordinarias.
Además, no contempla delitos perpetrados por uniformados a civiles, al estar
pensado para una situación de guerra. El caso de la familia Esparza es un
ejemplo. Cuando ocurrieron los hechos, las mujeres de la ranchería (aldea)
Sinaloa de Leyva, donde enseñaban las maestras asesinadas, aprovecharon la
llegada de periodistas a cubrir el caso, para congregarse y demandar al
presidente Calderón el esclarecimiento de la matanza. <BR><BR>Más de tres años
después, la familia no ha recibido una disculpa pública, ni siquiera un mensaje
de condolencias. No hay información oficial del juicio militar contra los 19
soldados involucrados. <BR><BR>"Las pruebas existentes indican que los soldados
dispararon sin justificación" contra el vehículo donde viajaban las cinco
personas muertas y los tres sobrevivientes, asegura el informe "Impunidad
uniformada", publicado en 2009 por HRW, basada en Washington.
<HR>
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