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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de Prensa</FONT>
<BR><U>6 de diciembre 2010<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Colectivo Militante
- Agenda Radical<BR></FONT>Gaboto 1305 - Montevideo - Uruguay<BR>redacción y
suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
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<DIV><STRONG><FONT size=3>Argentina</FONT></STRONG></DIV>
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<DIV><FONT size=3><STRONG>Roberto López, indígena qom, asesinado por la
policía</STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Tras la
represion en Formosa ¿Derechos humanos?<BR></FONT></STRONG><BR><BR><STRONG>Darío
Aranda </STRONG></FONT><FONT face=Arial size=2><STRONG>* </STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Prensa de
Frente</STRONG></FONT></DIV>
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href="http://www.prensadefrente.org/">http://www.prensadefrente.org/</A></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2>El diaguita Javier Chocobar fue
asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina
santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom
Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa
reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. El
gobernador Gildo Insfrán es aliado incondicional del Gobierno Nacional. Quizá
por eso ningún funcionario del Gobierno cuestionó la represión al pueblo
originario. Al contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner compartió una videoconferencia con Insfrán, transmitida en directo
por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una
obra eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. <BR><BR>En ese mismo
momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a Roberto López y el
discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos entraba, quizá como
nunca antes, en el mundo de la hipocresía.<BR><BR>“Este Gobierno no reprime la
protesta social”. Lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner infinidad de veces.
Lo repitió (y repite) la Presidenta, ministros, legisladores. Siempre fue una
afirmación cuestionada por sectores sociales de izquierda y siempre fue,
también, la bandera de los intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Ningún
intelectual o periodista que apoya este Gobierno denunció el asesinato y la
directa vinculación del gobierno nacional. Algunos, los menos, llegaron hasta
Insfrán. Pero no a la responsabilidad de la Casa de Gobierno.<BR><BR>Gildo
Insfrán fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese último año asumió
la gobernación, cargo que mantiene hasta la actualidad. Veintitrés años en el
poder provincial. Nada que envidiar a los gordos sindicales. Insfrán apoyó a
Menen, a Rodríguez Saa y a Duhalde. Y fue de los primeros gobernadores en
respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron siete años de apoyos
mutuos.<BR><BR>Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista
como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente. Desde
hace décadas las comunidades y organizaciones sociales denuncian el régimen, que
muy poca difusión tiene en los medios de tirada nacional. “Exigimos respeto” es
el título de la investigación de Amnistía Internacional sobre la situación de
los pueblos originarios de Formosa, donde describe la violación sistemática de
derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural
y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas.
Durante dos años Amnistía trabajó junto a comunidades originarias de la
provincia y comprobó la violación de derechos constitucionales, omisiones del
derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones
propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios,
amenazas anónimas y secuestro de personas. “El gobierno provincial no sólo ha
contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación
histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”,
afirma Amnistía.<BR><BR>La Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, el
Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(dependiente de Desarrollo Social) recibieron la investigación de Amnistía. Nada
hicieron.<BR><BR>En abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta,
indígenas del Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina
López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad
La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación
nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla
de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios
nacionales no dieron cuenta de esas muertes. Muchos menos el gobierno
nacional.<BR><BR>Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble
estándar: los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo
posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos
originarios, pero tuvieron que contar con una “voz autorizada” para amplificar
su pesar: “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase
social y de etnia”, afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl
Eugenio Zaffaroni. Y retrucó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un
sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento
universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende
del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en
público”.<BR><BR>Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una larga lista, no eran
clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación
a los derechos humanos.<BR><BR>Luego del asesinato de Mariano Ferreyra,
oficialismo y oposición se tiraron culpas sobre quién cargaría con la muerte y
el costo político. La clase política y la corporación periodística tiraron
pescado podrido según su conveniencia. Todos querían despegarse de José Pedraza.
Luego de la represión formoseña nadie del oficialismo necesitó esbozar una
diferencia. Asumen, y actúan en consecuencia, que el kirchnerismo es Insfrán,
que Insfrán es el kirchnerismo. Y que el costo político y social del asesinato
indígena no se asemeja a otras muertes. Un indígena no es comparable, creen, con
María Soledad Morales, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Un asesinato indígena
pareciera no tener costos políticos.<BR><BR>Sin embargo, la complicidad de
Cristina Fernández de Kirchner con Gildo Insfrán no es la mayor responsabilidad
con la que debe cargar el kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a
los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo:
monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles,
agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado.
El menemismo creó la ingeniería legal para esas industrias, y el kirchnerismo es
la continuidad y profundización de ese modelo extractivo.<BR><BR>Sólo dos
ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la minería nunca antes crecieron
tanto como en estos últimos siete años. Nunca antes se usaron tantos
agroquímicos, se desmontó y se explotó recursos naturales como en la última
década. Y el avance de estas industrias implica el avasallamiento de las
poblaciones rurales pobres, con la violación de derechos humanos a
cuesta.<BR><BR>En Argentina, y también en el continente, el modelo extractivo
avanza y se fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y
nacional.<BR><BR>Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples
diferencias, pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio, y el
convencimiento para defenderlo. La conflictividad rural es una consecuencia
lógica, y la represión es la respuesta estatal y privada a esa
resistencia.<BR><BR>Salta, Misiones, Santiago del Estero y Chaco no tienen mucho
que envidiar a Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e
indígenas. Todas provincias alineadas con el gobierno nacional. Al igual que San
Juan y La Rioja, donde la represión recae sobre asambleas socioambientales que
rechazan la minería. La oposición también hace lo suyo: Neuquén, Río Negro y
Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa y tampoco merecen la crítica de la
Presidenta.<BR><BR>La muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a
intelectuales y periodistas para repasar y remarcar las justas medidas que el
Gobierno tomó en favor del pueblo.<BR><BR>El asesinato de Roberto López,
originario del Pueblo Qom, debiera ser (al menos para quiénes dicen estar del
lado del pueblo) el momento justo para denunciar la violación de derechos
humanos y, sobre todo, la complicidad política que ocasiona esos
asesinatos.<BR><BR>Optar por el silencio es muy parecido a decir que los pueblos
originarios “algo habrán hecho”.<BR><BR><BR>* Periodista. Autor del libro
“Argentina Originaria. Genocidios saqueos y resistencias.”
<HR>
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