<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 6.00.6002.18332" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff background=""><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de Prensa
<BR></FONT><U>20 de diciembre 2010<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Gaboto 1305 - Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV>
<HR>
</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=3>Argentina</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Muertes
simbólicas<BR></FONT></STRONG></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Alcira
Argumedo *</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Sin
Permiso</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><A
href="http://www.sinpermiso.info/"><STRONG>http://www.sinpermiso.info/</STRONG></A></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><BR> <BR>Los tres meses finales
del 2010 han sido un tiempo en el cual el grave drama social de la Argentina se
evidencia a través de una sucesión de muertes simbólicas, vinculadas con
diferentes facetas de este drama. El 20 de octubre, una patota sindical de la
Unión Ferroviaria asesina al militante Mariano Ferreyra de 23 años y deja en
estado de coma profundo a Elsa Rodríguez, de 56 años y madre de siete hijos. Los
dos participaban de una protesta en reclamo de la reincorporación de
trabajadores despedidos y por la contratación en blanco de quienes se encuentran
bajo la modalidad de terciarizados: un gran negocio compartido entre
funcionarios del gobierno, dirigentes gremiales y empresarios. Según datos del
ANSES, el 75% de la población activa entre 18 y 29 años (unos ocho millones de
varones y mujeres) está desocupada, en negro o terciarizada, sin ninguna
cobertura social. La muerte de Mariano es un símbolo doloroso de la situación en
que se encuentra una mayoría abrumadora de nuestros jóvenes, condenados y sin
futuro ante la imposibilidad de calificarse en los niveles que requiere la
organización de los procesos de trabajo en las nuevas coordenadas impuestas por
la Revolución Científico-Técnica. También da cuenta de la degradación de las
dirigencias sindicales, impregnadas de corrupción e impunidad y dispuestos a
conservar su poder utilizando grupos de choque al mejor estilo
mafioso.<BR><BR>Ese mismo mes, un anuncio vino de Misiones: con pocas semanas de
diferencia murieron Héctor Díaz de 2 años en la ciudad de Apóstoles y
Milagros Benítez de 15 meses, en la localidad de Montecarlo; ambos por
desnutrición grave. El gobernador kirchnerista Maurice Closs, reconoce que la
muerte de chicos por hambre y desnutrición es un problema extendido en esa
provincia -unos 300 casos por año- pero la culpa sería de los padres, que no
saben utilizar bien su brillante plan Hambre Cero. Las condiciones de trabajo de
los cosechadores de yerba mate -los tareferos- no evocan precisamente la
vigencia de derechos sociales: explotados en sus salarios y sin ninguna
protección, las tareas estacionales los dejan desocupados una parte del año y
sus niños sufren situaciones de indigencia, compartidas con otros menores de la
provincia. Dos muertes más que son símbolos de una situación laboral
inaceptable, con sus secuelas de miseria e indigencia aunque, según datos del
INDEC, prácticamente estas lacras habrían desaparecido de nuestro país.
<BR><BR>El 16 de noviembre moría Ezequiel Ferreira de 7 años, a causa de un
tumor cancerígeno en el cerebro producido por contaminación de agrotóxicos.
Desde que cumpliera 4 años trabajaba juntando guano y sangre de pollos con
manipulación de venenos, en la granja La Fernández de la empresa criadora
Nuestra Huella, que provee a supermercados como Wall Mart y Carrefour. La
familia había sido reclutada en Misiones a fines del 2007, con la promesa de un
trabajo estable y una vivienda segura, donde los chicos podrían ir a la escuela
y crecer junto a la naturaleza, además de ser gratis los gastos de traslado. Al
llegar a destino las esperanzas se desintegraron ante una realidad que distaba
demasiado de lo prometido. El contratado por la empresa era el padre, quien
debía realizar tareas a destajo imposibles de cumplir; por eso necesita de la
colaboración de su mujer y sus hijos pequeños. Una modalidad estimulada por los
capataces -en tanto si el cupo no se cubre está siempre presente la amenaza del
despido- y naturalizada por la existencia de cientos de familias que, en las
mismas condiciones, trabajan en las setenta granjas de la empresa distribuidas
en Pilar, Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz y distintas localidades de
Córdoba. La muerte simbólica de Ezequiel revela la expoliación del trabajo
infantil y adulto, realizado en condiciones subhumanas. También revela una de
las vertientes de la trata de personas: se ofrece a familias de pueblos
misérrimos del interior o de países vecinos, la posibilidad de un empleo que les
permita aspirar a una vida mejor. Cuando aceptan, el trabajo es agobiante; se
sienten impotentes para defenderse; carecen de dinero y no pueden liberarse; los
invade el desaliento; es imposible salir de esa trampa: lo más parecido a la
situación de los esclavos. Un millón y medio de chicos menores de 12 años
trabajan en Argentina en tales condiciones: criaderos de pollos, talleres
terciarizados de grandes marcas de ropa y otros rubros industriales, el sector
agropecuario, son los principales beneficiarios del trabajo infantil. En todos
los casos redunda en negocios altamente rentables para empresarios convencidos
de pertenecer a una raza superior. En otras épocas, se afirmaba que "los únicos
privilegiados son los
niños" <BR><BR>El 23 de
noviembre guardias privados de la familia Celía y policías provinciales de
Formosa reprimen un corte de ruta de la comunidad toba de los Qom, que se
resistían al desalojo de sus tierras. El gobernador kirchnerista Gildo Insfrán
tomó la decisión: necesitaba las tierras para construir una universidad y un
barrio de viviendas destinado a policías; a fin de alcanzar sus objetivos,
solamente era necesario erradicar a esos seres indígenas inferiores. En el
enfrentamiento muere un policía de Colonia Laguna Blanca y dos miembros de la
comunidad: a Roberto López "lo fusilaron por la espalda de tres tiros"; también
asesinan a Sixto Gómez, como castigo ejemplar. Tres muertes simbólicas más, que
en este caso reflejan el drama de la devastación de bosques nativos y el
desalojo de comunidades indígenas o campesinas en favor de razas superiores,
dispuestas a desplegar en esos territorios la civilización: sea construir una
universidad o extender cultivos de soja transgénica. Al día siguiente, en una
reunión de funcionarios en la Casa Rosada, se recibía con fuertes aplausos la
intervención de Insfrán en una teleconferencia y poco después el gobierno
nacional anuncia que no está dispuesto a intervenir la provincia, respetando el
federalismo. Algunos de sus voceros, como el Secretario de Cultura de la Nación
Jorge Coscia y un participante del programa televisivo kirchnerista Café Las
palabras, llamaron la atención al director de la revista Barcelona, que
tímidamente pretendió criticar el silencio presidencial ante esas
muertes:"Cuidado que allí hay cosas oscuras, murió un policía y por detrás puede
estar la soja; es todo muy oscuro". Lo único oscuro es la mente del Secretario
de Cultura de la Nación. <BR><BR>El 7 de diciembre murieron en Villa
Soldati Bernardo Salgueiro, paraguayo de 22 años y Rosemary Churapuña, boliviana
de 28 años, a consecuencia de balas policiales. La represión de ese día fue
truculenta -con más de treinta heridos ensangrentados- y buscaba aniquilar los
intentos de ocupar tierras para construir viviendas precarias que les
permitieran refugiarse, ante la imposibilidad de pagar alquileres en la villa
vecina. Tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el nacional, han
dado respuestas escasamente eficientes al derecho a una vivienda digna: mientras
crece la especulación y el lavado de dinero en las construcciones de lujo, se
calcula que el déficit habitacional para sectores populares, solamente en la
Ciudad de Buenos Aires, supera largamente el medio millón y crece
exponencialmente en el Gran Buenos Aires. La decisión de retirar a la Policía
Federal y a la Metropolitana en el marco de un conflicto entre Mauricio Macri y
el oficialismo -donde cada uno pretende cargar al otro con la responsabilidad de
las muertes y la carencia de respuestas ante esa demanda- dejó al parque
Indoamericano como tierra de nadie. Los vecinos de los edificios lindantes al
parque deciden tomar el problema en sus manos, contando con el apoyo de
barrabravas que viajaran al Mundial de Sudáfrica y, una vez más, matones
sindicales. Blandiendo consignas racistas contra inmigrantes de países vecinos,
atacan a los ocupantes con armas de fuego: Juan Castañeda Quispe, boliviano de
38 años, muere asesinado; mientras un joven de 19 años -cuya suerte aún no está
clara- es sacado de la ambulancia que lo transportaba y lo golpean brutalmente.
Estas muertes simbólicas remiten al problema no resuelto de pobreza y la
vivienda, que se conjugan con el maltrato a los inmigrantes de América Latina:
el nombre del parque de la tragedia es una cruel ironía. Otra cruel ironía es la
fecha de esas acciones aberrantes: 10 de diciembre, Día Internacional de los
Derechos Humanos.<BR><BR>Muertes por demanda de derechos laborales; muertes por
hambre y desnutrición; muertes por trabajo esclavizado e infantil y por trata de
personas; muertes por despojo de tierras a comunidades indígenas y campesinas;
muertes por reclamar viviendas dignas y por maltrato a inmigrantes de naciones
hermanas. Pareciera que la magnitud de la crisis social argentina sólo alcanza
visibilidad, en un intento demasiadas veces estéril de conmover a los
responsables políticos, al costo de una suma dramática de muertes simbólicas:
todas en poco más de dos meses. <BR><BR>* Alcira Argumedo es
una reconocida científica social argentina, permanentemente comprometida con la
izquierda política.</DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV></FONT></BODY></HTML>