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<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa <BR></FONT><U>26 de febrero 2011<BR></U><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Gaboto 1305 - Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Estados Unidos/Colombia
</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Bases militares: la amenaza continúa
<BR></FONT></STRONG><BR><BR><STRONG>Rafael Ballén </STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Le Monde Diplomatique,
edición colombiana</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT face=Arial size=2>Bogotá, febrero
2011</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><A
href="http://www.eldiplo.info/"><STRONG>http://www.eldiplo.info/</STRONG></A></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV><FONT face=Arial
size=2>
<DIV align=justify>El gobierno de Santos puede revivir el tratado, incluso en
peores condiciones para Colombia. Pero el hecho violatorio de la soberanía no
puede verse de manera aislada. Hay que mirarlo al menos en tres contextos: la
constante injerencia de Estados Unidos en Colombia, la internacionalización del
conflicto interno, y el gobierno autoritario y guerrerista de Álvaro Uribe
Vélez.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Recién posesionado Juan Manuel Santos como presidente de
Colombia, se conoció la decisión de la Corte Constitucional sobre el Acuerdo
EUA-Colombia, según el cual el país autorizaba al mayor ejército del mundo a
operar con más libertad de la que tenían hasta ese entonces dentro del
territorio nacional. La parte resolutiva de tal auto se hizo pública el 17 de
agosto de 2010. Como resultaba previsible, Santos quiso presentar el hecho como
menos importante de lo que era, con el propósito de minimizar el impacto de la
decisión del alto tribunal ante la opinión pública.<BR><BR>La Corte
Constitucional abordó el estudio del Acuerdo en cuestión, ante acción pública de
inconstitucionalidad elevada por los ciudadanos Luis Alfredo Sánchez, Liliana
Rodríguez Naranjo, Mauricio Umbarila Romero y Julieth Isadora Vanegas Delgado.
Igualmente, en ejercicio de la misma acción, los ciudadanos Sandra Rocío
Barreto, Edna Carolina Obando Bravo, Íngrid Paola Gómez Sánchez y María Fernanda
Ariza Carrero, quienes solicitaron la revisión del precitado Acuerdo, “para que
se ejerza el control automático u oficioso por haber omitido el trámite
consagrado para los tratados internacionales”.<BR><BR>Atendiendo el rigor
procedimental, la Corte Constitucional, mediante auto del 10 de diciembre de
2009, admitió la demanda, y en la misma providencia se dispuso decretar la
práctica de algunas pruebas y fijar el asunto en lista.<BR><BR>Cumplidos los
trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el
Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional dictó el referido auto del 17 de
agosto de 2010, en cuya parte decisoria dispuso dos cosas. En primer lugar,
remitirle al Presidente de la República el denominado “Acuerdo complementario
para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los
Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América”,
suscrito en Bogotá el 30 de octubre de 2009, para que le imparta el trámite
constitucionalmente previsto para los tratados internacionales. Y, en segundo
lugar, declarar que el denominado “Acuerdo complementario para la Cooperación y
Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de
Colombia y de los Estados Unidos de América” no puede surtir efectos en el
ordenamiento interno colombiano hasta tanto cumpla con el trámite constitucional
previsto para los tratados en forma solemne, de conformidad con lo establecido
en los artículos 150.16, 154, 157, 158, 160, 165, 224 y 241 numeral 10 de la
Carta Política. El Acuerdo quedó anulado pero la puerta para activarlo sigue
abierta.<BR><BR><STRONG>Injerencia permanente<BR></STRONG><BR>América Latina es
el continente con más intervenciones por parte de Estados Unidos. Colombia firmó
el primer tratado militar con ese país en el decenio de los 50, que legalizó su
intromisión en nuestro país (1). La historia no termina. El hecho violatorio de
la soberanía nacional hace parte de la constante injerencia de Estados Unidos en
Colombia, permitida por gobiernos enceguecidos por la estrella del norte. Tal,
la injerencia de Estados Unidos se acentuó desde la Segunda Guerra Mundial, con
el inicio de la Guerra Fría y luego el triunfo de la Revolución Cubana (2). Las
preocupaciones imperialistas en los 60 del siglo XX las sintetizó John F.
Kennedy así: “Hoy en día nuestras fronteras se encuentran en todos los
continentes” (3). “La ayuda estadounidense [léase: dólares para la guerra] a
Colombia es hoy sólo inferior a la que se otorga a Israel y Egipto en
cumplimiento de los Acuerdos de Camp David”.<BR></DIV>
<DIV align=justify>La modalidad de intervención que se adelanta en Colombia no
es nueva. En febrero de 1962 llegó a Colombia el general estadounidense William
Yarborough a la cabeza de un ‘equipo de sondeo’ que evaluaría la supuesta
insurgencia armada y haría las respectivas recomendaciones. Aunque el equipo fue
informado por los servicios de inteligencia de nuestro país de que “unos 8.000
comunistas eran unos tontos ineptos y no representaban una amenaza real para el
gobierno”, Yarborough regresó a Washington con la recomendación de asignar cinco
destacamentos de las Fuerzas Especiales, de 12 hombres cada uno, para dirigir
las brigadas colombianas de contraguerrilla, así como especialistas en
psicología de guerra. De este modo, surgió el Plan Laso (Latin American Segurity
Organization).<BR><BR><STRONG>Antecedentes <BR></STRONG><BR>Consistía este Plan
en equipos de cazadores-asesinos de “bandoleros-comunistas”, según el modelo de
guerra de baja intensidad estrenado en Vietnam. El estadounidense Paul Wolf
estima que entre 20.000 y 40.000 civiles fueron eliminados por los
cazadores-asesinos que recibieron formación de los expertos de Estados Unidos.
Wolf cita al secretario general del Partido Comunista, quien describe las cinco
fases del Plan.<BR><BR>La fase uno es de preparación y organización, y en ésta,
una vez que las tropas se entrenan en combate contraguerrilla, se envían espías
al área y se reclutan delatores. Para este propósito se organizan acciones
‘cívico-militares’, en el contexto de las cuales el Ejército se muestra como
benefactor, entregándoles ropa, primeros auxilios médico-odontológicos y
alimentos a los campesinos, y construyendo puentes, carreteras y escuelas. En la
fase dos se pone en ejecución un programa de gran alcance de acción psicológica,
usando el factor sorpresa, y se toman medidas para controlar a la población
civil: es el bloqueo del área. En la fase tres, las operaciones aíslan al grupo
armado para destruirlo. En la fase cuatro, el grupo guerrillero es dividido
metódicamente con la utilización de técnicas psicológicas. Se aprovechan las
controversias internas, las diferencias ideológicas, y las pasiones y las
miserias humanas. La fase cinco es la etapa final o de reconstrucción económica,
política y social de la zona de operaciones, con la ayuda de Estados Unidos
(4).<BR><BR>La primera etapa del Plan Laso fue la Operación Marquetalia, que se
inició el primero de mayo de 1964. Tenía como propósito el aniquilamiento de 42
familias campesinas en resistencia que habían llegado al sur del Tolima,
provenientes de distintas regiones del país (5). El Ejército trató de cerrar el
amplio cerco, y lo que hasta entonces había sido un reducto contra la violencia
oficial se convirtió en guerra de guerrillas (6). Con otro antecedente en las
guerrillas de Viotá y Sumapaz, así nacieron las farc. (7). Del Plan Laso se pasó
al Plan Andes (1968), y luego al Manual Provisional para el Planeamiento de la
Seguridad Nacional (1974).<BR><BR>¿En qué consistía el plan o la doctrina de la
‘seguridad nacional’? Era la estrategia de la contención: se trataba de frenar
la expansión de la Unión Soviética. Pero en Latinoamérica se hacía mediante el
papel subalterno por parte de los ejércitos locales: “Washington no asignaba a
las fuerzas armadas de la región un papel fundamental en el combate contra la
URSS. En cambio, impuso la doctrina de la ‘seguridad nacional’ para combatir al
‘enemigo interno’: el comunismo local” (8). Luego de este plan, se impuso la
Estrategia Nacional contra la Violencia (1991), y de ahí se pasó al ‘plan
Colombia’ (1998). Este rótulo lo cambió el presidente Uribe por el de ‘plan
patriota’, bajo la dirección de la ‘seguridad
democrática’.<BR><BR><STRONG>Internacionalización del conflicto
interno<BR></STRONG><BR>En la medida en que la guerra escaló en el decenio de
los 90, traspasó las fronteras de Colombia y alcanzó a tocar la comunidad
internacional. Desde 1984, con el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo
Lara, Estados Unidos y Colombia les declararon la guerra a los principales
carteles de la droga. Esta lucha contra el crimen organizado se acentuó a partir
de 1989, con el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán: “Una
década después, Colombia se había convertido en la cuestión prioritaria de la
política exterior de los Estados Unidos en América Latina”. El apoyo del Imperio
en esa lucha se concretó en 1.319.100 dólares, de los cuales el más alto
porcentaje estaba destinado a operaciones militares del ‘plan
Colombia’.<BR><BR>El ‘plan Colombia’ fue objetado por distintos sectores de la
sociedad, en especial por las organizaciones no gubernamentales defensoras de
derechos humanos. Pero el aspecto de fondo provino de la comunidad
internacional. En efecto, en una reunión celebrada en Madrid (julio de 2000),
casi todos los países de la Unión Europea lo rechazaron “ante los consternados
funcionarios colombianos presentes”. Los europeos querían darle un apoyo
irrestricto al proceso de paz de Colombia, pero no apoyar el escalamiento de la
guerra que significaba el ‘plan Colombia’. La guerra del país era ahora materia
de preocupación de la comunidad internacional. El ascenso de la guerra y la
sensibilidad de americanos –que no de los gringos– y europeos por la búsqueda de
la paz en Colombia es un proceso que destaca el politólogo estadounidense Mark
Chernick en el siguiente párrafo:<BR><BR>“Después de medio siglo de violencia
ininterrumpida en Colombia, por fin, en los años 90 del siglo pasado, la
comunidad internacional fijó su atención en los conflictos internos de esa
nación. Para entonces, el conflicto se había transformado en un enfrentamiento
multipolar y atomizado que oponía a dos agrupaciones insurgentes de izquierda
contra las fuerzas de seguridad del Estado y una red de ejércitos privados de
derecha que mantenían vínculos con los actores estatales y los dueños locales
del poder. El conflicto había desembocado en una crisis humanitaria y se estaba
desbordando hacia los países vecinos. Entre 1985 y 2002, más de dos millones de
personas fueron desarraigadas de sus hogares a causa de la creciente violencia,
generando una de las mayores crisis de desplazamiento interno de personas en el
mundo”.<BR><BR>Así, pues, durante el gobierno de Andrés Pastrana, el conflicto
colombiano llegó al corazón de la comunidad internacional: el Secretario General
de las Naciones Unidas, Kofi Annan, nombró un consejero especial para Colombia,
James Lemoyne, con el propósito de que sirviera de garante para que las
conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla tuvieran un mayor compromiso en
la solución política del conflicto social y armado. Para la negociación con el
eln, cinco países ofrecieron su apoyo: Suiza, España, Noruega, Francia y Cuba.
En relación con las negociaciones entre el Gobierno y las farc, la solidaridad
se amplió: cuatro países americanos y seis europeos “se constituyeron en un
Grupo de Amigos para actuar en nombre del cuerpo diplomático acreditado en
Bogotá”. Esos países fueron: México, Venezuela, Canadá, Cuba, Francia, España,
Suecia, Noruega, Suiza e Italia (9).<BR><BR><STRONG>Encuentro entre las partes
<BR></STRONG><BR>Estados Unidos, el país con mayor injerencia en la guerra en
Colombia, en este despertar de la comunidad internacional por la paz se mantuvo
al margen, pues sus preocupaciones siempre habían sido por la ‘seguridad
nacional’. Sin embargo, Pastrana, con el apoyo de tres de sus más inmediatos
colaboradores, Víctor G. Ricardo, Guillermo Fernández de Soto y Luis Alberto
Moreno, logró lo imposible: un encuentro EUA-farc. Después de superar varias
etapas preparatorias, para “convencer a los norteamericanos de la importancia de
dicho encuentro”, esa reunión se realizó en San José de Costa Rica el domingo 13
y el lunes 14 de diciembre de 1998. El representante de los Estados Unidos fue
Philip Chicola, y los voceros de las farc Raúl Reyes y Olga Marín. En
“representación y testigo del gobierno colombiano” estuvo Juan Hernández, y como
anfitrión del histórico evento ofició Álvaro Leyva.<BR><BR>Pese a que en el
encuentro hubo momentos de tensión, fue productivo para las dos partes. Chicola
“enfatizó” –es el verbo que utiliza Pastrana en La palabra bajo el fuego– en
tres puntos: 1. Las razones de Estados Unidos para reunirse con las farc. 2. El
vínculo existente entre la guerrilla y el narcotráfico. 3. La suerte de los
norteamericanos Dave Mankins, Mark Rich y Rick Tenenoff, miembros de la Misión
Nuevas Tribus, capturados por las farc desde enero 1993. Aunque el gobierno
estadounidense suponía que los investigadores estaban muertos, quería saber
dónde estaban sepultados para tranquilidad de sus familiares y de las propias
autoridades estadounidenses. Las farc, por su parte, “manifestaron las razones
de su lucha, resumieron los cambios políticos, económicos y sociales que
demandaban para el país, y expresaron su voluntad de contribuir en programas de
sustitución de cultivos ilícitos”.<BR><BR>¿Qué causa determinó que el encuentro
EUA-farc de diciembre de 1998 no haya pasado de ahí? Un acto de locura ocurrido
el 25 de febrero de 1999. Bajo la acusación de “agentes de inteligencia” que
persiste por parte de la guerrilla, ese día fueron asesinados por un comando de
las farc los indigenistas americanos Íngrid Washinawatok, Terence Freitas y
Laheenae Gay, cuando viajaban por carretera hacia Saravena (Arauca), donde
tomarían el avión para Bogotá con rumbo a los Estados Unidos. La noticia, que se
convirtió en una bomba contra el proceso de paz de Pastrana, se supo una semana
después, el 4 de marzo, cuando fueron hallados sus cadáveres en territorio
venezolano.<BR><BR>El proceso de paz entre Pastrana y las farc se rompió a las
9:30 de la noche del 9 de enero de 2002. El ex presidente dice: “La hora de la
verdad había llegado”. Como el rompimiento de los amantes, que en el fondo de su
alma saben que se necesitan, el propio Pastrana dice que dejó las puertas
abiertas: “Pero que quede claro: éste no es el final. Yo seguiré buscando la
paz, de la mano de todos ustedes. Mantendré abiertas las puertas del diálogo y
la negociación, porque sigo convencido de que esta es la mejor salida para el
conflicto”.<BR><BR>Durante los últimos 40 días (del 10 de enero al 20 de febrero
de 2002), el proceso estuvo en cuidados intensivos con el oxígeno que le inyectó
el grupo de países amigos, liderado por el delegado de la ONU, James Lemoyne.
Pero el final llegó. “Fue sin duda –dice Pastrana– una de las decisiones más
difíciles de todo mi gobierno”. El Presidente no cumplió con su palabra:
concederles a Marulanda y sus hombres las 48 horas prometidas desde el principio
del proceso de las conversaciones, para retirarse en caso de ruptura, sino tan
solo tres. Y como gran gesto de ‘nobleza’ señala que no quería masacrarlos de
inmediato: “Si bien no iba a concederles las 48 horas para salir, tampoco quería
iniciar un ataque a mansalva, por lo que consideré honorable el mínimo plazo de
tres horas”. A partir de entonces, fue la guerra total.<BR><BR>Las Farc pasaron
de ser un movimiento subversivo político-militar a un “círculo terrorista”. La
apreciación es absolutamente subjetiva: el mismo gobernante que había presentado
a las farc en los refinados círculos políticos europeos promovía su inclusión en
la lista negra del terrorismo. Según Pastrana, las Farc, “con su actitud se
habían incorporado al tenebroso círculo del terrorismo y habían perdido
cualquier posibilidad de respaldo popular”. Y no niega un cambio en su actitud:
“Repetí una y mil veces en los escenarios europeos a que fui invitado”. ¿Qué era
lo que repetía? Que las farc eran terroristas: “Poner en duda la calidad de
terroristas de las farc, que día a día violentan y atemorizan con sus actos a la
población colombiana; que tienen secuestradas a cientos de personas […], entre
muchas otras viles acciones, constituye un mensaje muy doloroso, no sólo para mi
gobierno sino también para todo el pueblo colombiano” (10).<BR><BR>Si esa era la
actitud de Andrés Pastrana, el gobernante que había eludido la seguridad oficial
del Estado colombiano para ponerse bajo la seguridad de la guardia personal de
Marulanda, ¿cuál sería la conducta de su sucesor, para quien las farc son una
serpiente que constituye la más grande amenaza del subcontinente
suramericano?<BR><BR><STRONG>Gobierno sin normas<BR></STRONG><BR>Durante los
ocho años de sus dos mandatos, Uribe vivió para la guerra. Todo el aparato del
Estado y todo el presupuesto estuvieron al servicio de la guerra; recorrió el
mundo buscando apoyo para la guerra, le pidió a Bush que sacara la tropa de
Oriente Medio y la ubicara en el Amazonas, y dijo ante los pupitres vacíos de la
ONU que el mundo debía volcar sus ojos sobre Colombia porque aquí había una
tropelía de facinerosos que representaban una amenaza para el mundo.<BR><BR>Como
abogado, Álvaro Uribe Vélez no lleva en su alma un jurista sino un sargento u
oficial de campo. Él ha hecho de la guerra su proyecto de vida, y al asumir la
Presidencia acentuó la razón de ser de su existencia. Para Uribe, como para Bush
(los dos pertenecen a la misma escuela, la neoliberal de ultraderecha), quien
disienta de este mundo de miseria, inequidad y exclusión es terrorista, y hay
que echarles la tropa, matarlos o encadenarlos y confinarlos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La ‘seguridad democrática’ no fue más que una estrategia
de guerra integral y total contra la insurgencia armada, y contra los sectores
sociales, intelectuales, docentes y de la comunicación que se apartaran de las
políticas del gobierno. ¿Quién duda de que la ‘seguridad democrática’ del
presidente Uribe fue la continuación de la llamada ‘seguridad nacional’ diseñada
en conjunto por el Pentágono y la CIA, y con el adiestramiento de sus ejecutores
en la Escuela de las Américas? ¿Quién duda de que la ‘seguridad democrática’ y
el ‘plan patriota’ fueron la continuación del Plan Laso? Los métodos fueron los
mismos, las tácticas las mismas, las estrategias las mismas. Sólo que durante el
siglo XXI la tropa estadounidense con presencia en Colombia es superior, el
armamento más técnico, y el apoyo en dólares a raudales.<BR><BR>Para resolver
cualquier duda, basta responder esta pregunta: ¿Quién trazó las líneas generales
de la llamada ‘seguridad democrática’? La respuesta nos la da la ministra de
Defensa de la época, Marta Lucía Ramírez, quien señala que, desde cuando el
presidente Uribe le encomendó la tarea de desarrollar las bases de la ‘seguridad
democrática’ en un documento que recogiera el marco conceptual y las políticas
del gobierno, reunió “un equipo del Ministerio de Defensa, el comando General de
las Fuerzas Militares, la Escuela Superior de Guerra y la Policía Nacional para
estudiar y estructurar las soluciones más adecuadas a los problemas del país en
esta materia. El resultado de este trabajo es el documento que aquí presentamos”
(11). Es decir, quienes diseñaron el plan de la ‘seguridad democrática’ fueron
los veteranos egresados de la Escuela de las Américas, desde 2001 denominado
Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en la
Seguridad.<BR><BR>Uribe, en carta de presentación de la ‘seguridad democrática’,
se apresuró a decir: “Este gobierno no hace suyas concepciones de otra épocas
como la ‘seguridad nacional’ en América Latina, que partía de considerar a un
grupo ideológico o partido político como enemigo interno” (12). Esta aclaración,
que nadie le había pedido, es claramente la confesión manifiesta del hilo
conductor que se desprende de las primeras lecciones de la Escuela de las
Américas para Latinoamérica y que llega hasta nuestros días. Como bien se sabe,
Uribe tiene un problema de lenguaje en relación con el conocimiento, y consiste
en que cuando niega una cosa no se sabe si está afirmando lo que niega o
viceversa: si afirma una cosa, es porque hay que entender lo contrario. Cabe
preguntar si Uribe se negó a la Cooperación en la Seguridad que durante sus dos
mandatos trazó el Instituto del Hemisferio Occidental que reemplazó a la Escuela
de las Américas.<BR><BR>Pero hay algo más; es la identificación entre la
‘seguridad nacional’ de la Escuela de las Américas y la ‘seguridad democrática’
de Uribe: el diseño general y los resultados –preservación del statu quo
político, muertos, desplazados, exiliados. En cuanto al diseño, formula
principios, intereses nacionales, amenazas, instrumentos, presupuesto y red de
cooperantes de un millón de personas con el estímulo de lunes de recompensa. Y
para su ejecución, crea ‘zonas de rehabilitación’ –negadas por la Corte
Constitucional–, nuevas brigadas móviles, batallones de alta montaña, soldados
campesinos, grupos antiterroristas urbanos, pequeñas unidades autónomas con
entrenamiento especial y gran poder de fuego, aviones fantasmas, ‘plan patriota’
de 17.000 hombres y 12 comandos élite del DAS con 300 hombres y mujeres
escogidos (13). Todo lo anterior, según el documento, para fortalecer el Estado
y las instituciones. Esta es la palabra, fortalecer, que se repite cerca de 50
veces en sus páginas, cuyo título exacto es Política de Defensa y Seguridad
Democrática (14).<BR><BR>Como es natural, no hubo operativo del ‘plan patriota’
y de la ‘seguridad democrática’, aparentemente exitoso, donde no estuviese
metida la mano de los Estados Unidos. Así ocurrió en el operativo que eliminó a
Raúl Reyes. En efecto, la mentalidad guerrerista de Uribe lo condujo, sin medir
las consecuencias, a invadir y bombardear el territorio ecuatoriano, propiciando
la masacre de varios guerrilleros y civiles mientras dormían. Este hecho le
produjo a Colombia la más grande crisis internacional de toda su historia
(15).<BR><BR>También en la liberación de los 15 rehenes fue determinante el
apoyo de Estados Unidos. Sergio Gómez Maseri cuenta detalles: “Aunque Washington
y Bogotá trataron de minimizar el rol que jugaron los estadounidenses en el
espectacular rescate […], con el paso de los días ha quedado claro que no fue un
papel marginal”. La crónica agrega que, faltando una semana para el día del
operativo, el gobierno colombiano mantuvo informado minuto a minuto de todos los
detalles al embajador estadounidense, quien a la vez comunicaba a Washington los
pormenores “para solicitar su visto bueno. Tras consultar con la secretaria de
Estado Condoleezza Rice y el vicepresidente Dick Cheney, Brownfield dio el sí”
(16).<BR><BR><STRONG>La intervención no termina<BR></STRONG><BR>Una de las
últimas arbitrariedades cometidas por Álvaro Uribe Vélez fue suscribir un
convenio con los Estados Unidos, mediante el cual tropas y aeronaves de ese
imperio hegemónico podían hacer uso de siete bases militares y de todos los
aeropuertos internacionales de Colombia. Con esta arbitrariedad se profundizó la
histórica injerencia y la intervención de Estados Unidos en Colombia, la cual se
inició en 1939, como ya se dijo.<BR><BR>La conducta del ex mandatario colombiano
cerró un período de ocho años de gobierno guerrerista, autoritario y afecto a
los sectores más agresivos del imperio estadounidense, escalando al mismo
tiempo, nacional e internacionalmente, el conflicto interno. Su gobierno no
podía terminar sino con el quebrantamiento total de la soberanía colombiana; es
decir, con la entrega de las siete bases militares que fueran estratégicamente
mejor ubicadas para los intereses intervencionistas de la potencia del Norte, y
los aeropuertos internacionales del país. Pero esto no le bastó.<BR><BR>Sin
reparar en la Constitución Nacional, Álvaro Uribe violó el bloque normativo de
política internacional establecido en la nuestra Carta Magna, tal como lo
dijeron los demandantes y lo señaló la Corte Constitucional en el auto del 17 de
agosto de 2010. Sin embargo, el alto tribunal optó por el camino más fácil: no
declarar inconstitucional el Acuerdo y más bien darle una mano al Gobierno:
decirle cuál es el camino que debe seguir para que tal engendro tenga éxito y no
se caiga en caso de ser demandado.<BR></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><U></U></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><U>Notas</U></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>1) Otero Prada, Diego, profesor investigador vinculado a
la Universidad Central. Entrevista concedida, en el marco de este trabajo, el 12
de noviembre de 2008.<BR>2) Otero Prada, Diego. Las cifras del conflicto. 2ª.
ed. Bogotá, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-Indepaz, 2007, p.
91.<BR>3) Williams, William Appleman. El Imperio como forma de vida. México,
Fondo de Cultura Económica, 1989, pp 9-10.<BR>4) Cualquiera que haya observado
el desarrollo del Plan Patriota, en el contexto de la llamada ‘seguridad
democrática’, podrá darse cuenta de que entre este Plan del ex presidente Uribe
y el Plan Laso no hay ninguna diferencia. Sólo que ahora todo es más intenso y
con la más alta tecnología, y no se construyen escuelas ni carreteras; por el
contrario, se bombardea la escasa infraestructura que la guerrilla surgida como
consecuencia del Plan Laso ha construido durante 40 años. Y aparte de toda la
psicología de guerra que clandestinamente se usa, abiertamente Álvaro Uribe
Vélez tiene sus frases de batalla que inciden en la inteligencia de los hombres
de la guerrilla, y en este sentido dice, simulando rabia: “Que se dividan las
farc”.<BR>5) Lozano, Carlos, Director del semanario Voz. Entrevista realizada el
20 de octubre de 2008, en el marco de esta investigación. Según el dirigente
político y periodista, “la operación Marquetalia fue innecesaria. Nos hubiera
ahorrado tantos años de guerra y de confrontación. Hizo perder la posibilidad a
la solución política cuando era más fácil hacerla”.<BR>6) Wolf, Paul. Historia
secreta de Colombia. Una alianza militar. Conferencia dada en la Universidad de
la Sabana, Chía, 20 de marzo de 2002.<BR>7) Villamil Chaux, Carlos. Ex gerente
del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). En entrevista concedida
el 5 de noviembre de 2008, dijo que esos “primeros planes para derrotar a la
guerrilla mediante el uso de las armas fracasaron y en cambio ésta salió
fortalecida”.<BR>8) Tokatlian, Juan Gabriel. “La configuración de un problema:
el militarismo estadounidense en América del Sur”, en: Le Monde Diplomatique,
número 68. Bogotá, junio de 2008, p. 4.<BR>9) Chernick, Marc, pp. 113, 118, 124,
135.<BR>10) Pastrana Arango, Andrés. ob. cit., pp. 130-135, 449,
453, 474, 476-482.<BR>11) Ramírez, Marta Lucía. “Seguridad democrática”,
presentación del documento. Bogotá, 16 de junio de 2003.<BR>12) Uribe, Álvaro.
“Carta del Presidente de la República”, sobre la Seguridad democrática. Bogotá,
junio 16 de 2003.<BR>13) “El DAS también tendrá grupos élite”, en: El Tiempo.
Bogotá, 6 de noviembre de 2004, p. 1-4.<BR>14) “La política de defensa y
seguridad democrática”. Presidencia de la República, Bogotá, 16 de junio de
2003.<BR>15) “Golpe al corazón de las farc. Aviones Supertucano, que despegaron
en la madrugada de ayer, bombardearon el sitio de Ecuador en el que estaba el
portavoz internacional de Tirofijo”, en El Tiempo. Bogotá, domingo 2 de marzo de
2008, p. 1.<BR>16) Gómez Maseri, Sergio. “Detalles secretos de apoyo de EU a
Jaque”, en: El Tiempo. Bogotá, jueves 7 de agosto de 2008, p. 1-4.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>