<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML xmlns:o = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 6.00.6002.18357" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff background=""><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de Prensa
<BR></FONT><U>28 de marzo 2011<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Gaboto 1305 - Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV>
<HR>
</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=3>Ecuador</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Los conflictos
de la “revolución ciudadana”<BR></FONT></STRONG> <BR></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Mario Unda y Ellis
Bethania</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><FONT size=+0>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"
align=justify><FONT size=+0><FONT face=Arial><B
style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=ES-EC
style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Antique Type'"><FONT size=2>R, revista
para un debate político socialista</FONT></SPAN></B></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"
align=justify><FONT size=+0><FONT face=Arial><B
style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=ES-EC
style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Antique Type'"><FONT size=2>Año 3, Nº 7,
enero-marzo de 2011</FONT></SPAN></B></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"
align=justify><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=ES-EC
style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Antique Type'"><FONT face=Arial><FONT
size=2>Quito, Ecuador<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P>
<DIV align=justify><BR></FONT><BR><STRONG>Del año 1 al año
4</STRONG></FONT></DIV></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><BR></FONT><FONT face=Arial size=2>En
los primeros días de 2011 se cumplieron ya cuatro años de la “revolución
ciudadana”, el período de mayor estabilidad política desde 1996. Cada uno de
ellos ha ido marcando el recorrido del proceso iniciado en enero de 2007 con la
posesión presidencial de Rafael Correa (o incluso antes: en noviembre de 2006,
cuando Correa ganó la segunda vuelta presidencial).</FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><BR>2007 fue el año de la
Constituyente, año de expectativas y de conflictos con las derechas; detrás de
unas y de otros se obscurecieron para muchos las contradicciones que comenzaban
a manifestarse con los movimientos sociales (por ejemplo, alrededor de la
minería y de la respuesta represiva del gobierno a las movilizaciones). 2008 fue
el año de la aprobación de la nueva Constitución, cuando las expectativas
comenzaron a mezclarse con las realizaciones y parecía lícito dejar en segundo
plano aspiraciones de reformas más profundas para cuidar “lo que se había
alcanzado” y tolerar el sacrificio de algunos en aras del interés general (por
ejemplo, la proscripción de la organización y de la lucha de los trabajadores
públicos). 2009 fue el año de la ratificación, la segunda elección de Correa y
la promesa de “radicalización de la revolución ciudadana”; pero fue también el
año en que la crisis del capitalismo mundial inspiró al gobierno políticas que
fueron el inicio de los rumbos por donde iba a caminar la radicalización: por la
vera de los intereses generales del capital. 2010 fue el año en que quedaron
evidenciados los distintos componentes de su propuesta y su verdadero sentido:
un proyecto de modernización capitalista enfrentado a los movimientos sociales;
pero también fue el año en que quedaron evidenciadas sus debilidades: los
límites políticos de la vía conservadora de modernización, y las debilidades
sociales, pues, a pesar de todo, no ha logrado movilizar más que un consenso
pasivo en respaldo a su gestión.<BR> <BR><STRONG>2010: el balance del
gobierno y algo más<BR></STRONG></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2>En reunión con su gabinete ampliado,
el presidente hizo un balance de los cuatro años de su gestión[1]. Lo considera
positivo básicamente por tres razones: a) por haber logrado estabilidad política
(vinculada a los altos índices de popularidad del gobierno y a una mayor
participación del pueblo en continuadas elecciones), b) por haber “recuperado el
Estado” (en concreto: sus capacidades de “rectoría”, planificación y control, y
la coordinación y coherencia de la acción del Ejecutivo), y c) por haber
multiplicado la inversión social.</FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR>Pero hay un elemento adicional, que no es visible en la
autoimagen del gobierno ni en su discurso: durante el año 2010 ha reordenado su
campo de alianzas, sobre todo las alianzas sociales. Lo más significativo es el
acercamiento con los gremios empresariales, lo que ha podido hacer con ocasión
del Código de la Producción, a través del cual el gobierno quiere presentarse
como el representante de los intereses generales del capital, ofreciéndole unas
adecuadas condiciones para la acumulación. Del otro lado, los gremios
empresariales también han comenzado a cambiar su discurso frente al gobierno: de
la confrontación inicial, han pasado a señalar que existen diferencias, pero que
hay una importante apertura a raíz de la discusión del mencionado Código (vale
la pena recordar que el gobierno tuvo siempre cerca a grupos empresariales[2],
incluso de los más grandes del país, pero las Cámaras empresariales, hasta
mediados del año 2010, se habían ubicado en la oposición, incluso beligerante).
Aunque la coyuntura de la consulta popular genere un distanciamiento ahora, el
trayecto de las aproximaciones ya ha sido marcado.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En cambio, respecto a los movimientos sociales, la
confrontación se mantiene, si bien, después del 30 de septiembre, el gobierno ha
“bajado el tono” en los discursos; al mismo tiempo, ha comenzado a tratar
de organizar su propia base social, pero siempre tratando de atraerse
organizaciones con poca capacidad política, incluso creando algunas desde el
propio Estado.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El modelo económico sigue en la misma línea: utilizar al
Estado y a la inversión pública como motor de la economía; pero esto se combina
ahora con la mano extendida al gran capital, lo que finalmente es lógico dentro
de la perspectiva de modernización capitalista que propone. La transformación de
la base productiva sigue esperando: queda claro que, para el gobierno, la vía
para salir de la economía extractiva (petrolera) es la misma economía extractiva
(petróleo + minería). Hay quienes sostienen que la economía podría traerle
sobresaltos este año, pues todo sigue dependiendo aún del precio del petróleo,
lo que es un imponderable de siempre para economías dependientes. El gobierno
intenta enfrentar esa dificultad por la vía del endeudamiento (sobre todo con
China), de la inversión pública (con herramientas que no se habían utilizado
hasta ahora: el ingreso del IESS al financiamiento de las inversiones públicas
ha sumado ya cerca de 6.000 millones de dólares, que, comparativamente,
significa algo así como un 25% del presupuesto general del Estado) y de la
imposición de mayores cargas impositivas. Pero, además, comienza a mostrar
algunos retrocesos, como el empeño puesto a la firma de un tratado de libre
comercio con la Unión Europea (poco importa que ahora se los bautice como
“acuerdos comerciales”).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Al mismo tiempo, continúa avanzando la reforma jurídica,
aprobándose una serie de leyes que, en principio, se desprenderían de la nueva
Constitución. Sólo que la tendencia en todas las leyes sigue siendo fortalecer
el control por parte del Estado; dentro del Estado, por parte del Ejecutivo; y
dentro del Ejecutivo, todo termina recayendo en las manos del presidente. El
gobierno de Alianza País refuerza y extrema la tendencia presidencialista que ha
marcado tradicionalmente la política ecuatoriana. Al mismo tiempo, y en
consecuencia, la participación se ve desvalorizada. Mencionada tantas veces en
la constitución, ahora es apenas un apéndice de la política pública, buena para
la consulta y para la “socialización”, pero ni un gramo de capacidad de
decisión. El gobierno se justifica diciendo que la democracia participativa no
reemplaza a la democracia representativa, sino que la complementa. Y el
complemento, como se ve, es desde un rol por entero subordinado.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Hay otros “agujeros negros” en la puesta en práctica de
la constitución: los derechos de la naturaleza (subordinados a la visión
desarrollista que predomina en el gobierno) y la plurinacionalidad, que se
reconoce sólo en tanto se subordinen a la visión cultural occidental (o
mestiza).</DIV>
<DIV align=justify><BR>En fin: año de conflictos y de sobresaltos, 2010 ha sido
igualmente un año de definiciones o, por lo menos, de clarificaciones. A lo
largo de estos 12 meses hemos visto cómo se desplegaban, afinaban y afirmaban
las líneas de alianzas establecidas por el gobierno y, con ellas, el propio
proyecto de la así llamada “revolución ciudadana”. Pero también han quedado de
manifiesto las debilidades y limitaciones que lo
acompañan.<BR> <BR><STRONG>Los conflictos y las alianzas</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Aun cuando el período de Correa no ha sido precisamente
calmo, el 2010 puede considerarse como uno de los años más conflictivos. Dos
conflictos, sobre todo, fueron reveladores, a su turno, de la línea de
despliegue de las tensiones desatadas. El primero, en abril, el conflicto de la
ley de aguas; el segundo, en septiembre, la sublevación policial que fue
interpretada por el gobierno como un proceso de golpe de Estado. El conflicto de
la ley de aguas (o ley de Recursos Hídricos, su nombre oficial) mostró límites
políticos de la propuesta gubernamental en tanto propuesta de reforma, y reveló,
igualmente, que el límite está situado en su relación con los movimientos
sociales, en la medida en que estos tengan capacidad de avanzar así sea
lineamientos de un proyecto propio para el conjunto de la sociedad. Por su
parte, el 30 de septiembre mostró límites internos del proyecto: por un lado,
límites de la reforma estatal; por otro lado, límites en la construcción de su
base social. Pero fue también la ocasión para transparentar las modificaciones
en la política de alianzas del régimen, un proceso que había venido
produciéndose de modo más callado desde noviembre del año anterior, y que ahora
pudo salir a la luz.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Los conflictos que se han desplegado en el 2010 han
continuado por los andariveles en que habían transcurrido durante los años
anteriores. Por lo demás, el campo continúa marcado por la relación entre tres
actores centrales: por un lado, el gobierno (que ocupa el centro y, por lo
general, impone las iniciativas);por otro lado, la derecha (en sus dos caras: la
derecha política: los partidos y movimientos políticos, y la derecha económica;
los gremios empresariales); y, en tercer lugar, los movimientos
sociales.<BR> <BR><STRONG>a) Los conflictos con la derecha</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Dividimos en dos segmentos los conflictos del gobierno
con la derecha: los conflictos con la derecha política (los partidos y
movimientos de derechas, igual los antiguos que los nuevos, igual los
“orgánicos” que aquellos que, sin serlo, se postulan como sus mejores
defensores[3].<BR> <BR><STRONG>¿Con la derecha política o con la “oposición
partidista”?</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Al centrarse este conflicto en la Asamblea, el motivo
visible está en las leyes y códigos: de Comunicación, de Aguas, de Educación
Superior, Cootad (Código de Ordenamiento Territorial). Pero esto, que no es sino
una de las manifestaciones de la conflictividad, parece en ocasiones ocupar el
lugar central dada la importancia que el proyecto de Alianza País le ha dado a
las reformas legales[4]. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Por otro lado, al tocar temas que interesan a diversos
grupos sociales, el conflicto legislativo suele combinarse con la oposición
fuera de la Asamblea, mezclándose o superponiéndose, sea con la acción de los
medios de comunicación (empresarios, gremios periodísticos en cuanto a la ley de
Comunicación), sea con las movilizaciones indígenas y campesinas (en cuanto a
ley de Aguas), sea con las manifestaciones universitarias (respecto a la ley de
Educación Superior), etc. La oposición de derecha ha tratado de aprovechar estas
superposiciones para fingir una oposición unificada de todos los sectores
políticos y sociales que no concuerdan con el proyecto oficialista.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Aunque en cada ley hay aspectos particulares que se
disputan, en general el contenido del conflicto se desdobla en dos direcciones:
por una parte, en torno al papel del Estado (del Ejecutivo en particular). Por
otra parte, una disputa ideológica que, en la Asamblea, se ha batido entre el
neoliberalismo que sostienen las oposiciones de derecha y las diversas
ideologías que alimentan la propuesta modernizadora que adelanta el gobierno.
Las posiciones de izquierda muchas veces no han logrado mostrarse con claridad y
autonomía.<BR> <BR><STRONG>Con los gremios empresariales<BR></DIV></STRONG>
<DIV align=justify>Las oposiciones con la derecha partidista reflejan, en cierto
sentido, las oposiciones con un sector de las clases dominantes que hasta ahora
se había representado más o menos homogéneamente en ellas. Como se sabe, una vez
que se afirmó el modelo neoliberal, la derecha partidista y la derecha económica
coincidían en el sentido general de sus propuestas. No obstante, se perciben
ahora ciertos cambios, de modo que conviene analizarlas por separado, sin
descuidar los vínculos que las unen.</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>En estos meses, la burguesía como clase (o como fracciones de
clase) tuvo dos momentos de conflictividad con el gobierno: la ley de Aguas y el
Código de la Producción. Durante la discusión de la ley de Aguas el conflicto se
presentó con sectores específicos de la burguesía: embotelladores de agua y
camaroneros; se pronunciaron también empresarios florícolas y bananeros. El
contenido de la disputa se centraba en los artículos del proyecto de ley que
podrían limitar el campo de acción de empresas privadas de embotellamiento de
agua y ponían un impuesto al uso del agua de mar. El proyecto era defendido en
la Asamblea Nacional y ante el público por la Senagua (Secretaría Nacional del
Agua). Pero todo fue hasta que Rafael Correa, primero en una entrevista radial
en Guayaquil y, a renglón seguido en uno de sus acostumbrados “enlaces
ciudadanos” de los sábados, puso las cosas en su sitio: desautorizó públicamente
al secretario del Agua y respaldó el punto de vista de los empresarios. En
consecuencia, se retiraron los artículos polémicos del proyecto de ley y se
retiró también el secretario del Agua. De todas formas, el proyecto fue
congelado al calor de la movilización indígena.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Y si las vicisitudes de la ley de Aguas mostraron y
reafirmaron el rumbo de los desplazamientos de la “revolución ciudadana”, el
tratamiento del Código de la producción muestra que los desplazamientos son
simétricos. El proyecto fue negociado durante tres meses por el ministerio
coordinador de la Producción con los gremios empresariales. Tras el envío del
proyecto del Código a la Asamblea, los dirigentes empresariales lo criticaron,
afirmando que el gobierno les daba incentivos con una mano y condicionamientos
con la otra, y lo achacaron a la existencia de dos tendencias existentes dentro
del gobierno. Pero, sobre todo, resaltan la apertura del régimen a sus
planteamientos y la actitud de la ministra Nathalie Cely. Aunque encuentran que
el texto enviado no responde plenamente a sus expectativas, delinean una
posición menos confrontativa, y se decantan por el lobby parlamentario, sobre
todo ante Alianza País. Estos indicios de una nueva conducta política de los
gremios empresariales resultan importantes para este análisis porque se hicieron
públicos durante e inmediatamente después de los acontecimientos del 30 de
septiembre, y muy probablemente guiaron su posición en la coyuntura.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Si miramos estos conflictos en la perspectiva del
acercamiento iniciado por el gobierno desde noviembre de 2008 con las políticas
anticrisis, se verá que se afirman las aproximaciones entre el régimen y los
empresarios hacia un terreno de negociación que vele por las condiciones
generales que asegure la buena salud de los negocios: seguridad jurídica –es
decir, reglas claras y condiciones estables– y ventajas tributarias son
las demandas explícitas de los empresarios.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Así que estamos ante dos caras de las derechas, y, por
primera vez durante el gobierno de Correa, no coinciden las expresiones de sus
representantes políticos y de sus representantes económicos, oscilando entre la
ideología y el pragmatismo. <BR> <BR><STRONG>b) Los conflictos con los
movimientos sociales</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Podemos distinguir las confrontaciones del gobierno con los
movimientos sociales según su intensidad en el período. Desde esta
perspectiva, los conflictos de mayor intensidad opusieron al gobierno con
el movimiento indígena y con los trabajadores públicos; mientras que conflictos
secundarios mantuvo con maestros, trabajadores de la salud, jubilados y
pescadores. En este análisis nos centraremos en los primeros.<BR> <BR>Con
el movimiento indígena se han producido dos momentos de alta conflictividad,
seguido uno del otro y relacionados por los motivos políticos esgrimidos por el
gobierno: la ley de aguas y la justicia indígena.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El conflicto en torno a la ley de aguas opuso al gobierno
con el conjunto del movimiento indígena y campesino. Se desarrolló en abril y
mayo, como una secuencia de los enfrentamientos que se habían dado en septiembre
de 2009, y que terminó en violentos enfrentamientos en los cuales murió un
profesor indígena a causa de disparos de perdigón. En esta ocasión se produjo,
por primera vez desde el inicio del gobierno de Correa la unidad de la Conaie,
la Feine, la Fenocin y las Juntas de Aguas. El contenido del conflicto se centró
en el control, el uso y la distribución del agua. El gobierno y las
organizaciones indígenas concordaban en la necesidad de establecer una
“autoridad única del agua” (establecida en la Constitución), pero divergían en
cuanto a la instancia estatal que debía tener primacía: para el gobierno, debía
ser el Ejecutivo y, en última instancia, el propio presidente. Los indígenas
planteaban que ese rol debía jugarlo el Consejo Plurinacional de Agua (previsto
también en el proyecto de ley). Una discusión conexa se refirió, entonces, a la
participación, que debía ser decisoria para el movimiento indígena, y apenas
consultiva para el gobierno. Entre otras cosas, el conflicto reafirmó la
tendencia del gobierno a la concentración de las decisiones en el Estado, en el
Ejecutivo, en el presidente.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La resolución misma fue conflictiva: por una parte, el
movimiento indígena quedó relativamente fortalecido, pues logró la unidad de sus
principales organizaciones y detuvo el trámite de la ley (Rafael Correa mismo
declaró entonces que la ley “no era prioritaria” para el proyecto de la
“revolución ciudadana”). Pero, por otra parte, se ensancharon las brechas que lo
separaban de los sectores sociales urbanos debido, sobre todo, a la intensa
campaña de deslegitimación y desprestigio emprendida por el gobierno (y, en
primer lugar, por Correa); esto se tradujo en un rebrote de sentimientos
racistas entre la población. Al mismo tiempo, el gobierno enviaba a la policía y
al ejército a reprimir fuertemente las movilizaciones. Acusaciones de terrorismo
y sabotaje, indagaciones fiscales e inicios de juicios penales fueron armas
utilizadas por Correa contra el movimiento indígena.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El conflicto alrededor de la justicia indígena siguió
cronológica y políticamente al conflicto sobre la ley de aguas.
Cronológicamente, porque se desarrolló prácticamente a continuación, en junio y
julio. Políticamente, porque fue desatado por el gobierno buscando revertir la
posición ventajosa en que había quedado el movimiento indígena tras el
enfrentamiento del agua. Para el efecto utilizó un caso de enjuiciamiento
indígena del asesinato de un joven comunero en La Cocha (provincia de Cotopaxi);
en un determinado momento, la asamblea de la comunidad dijo que podría
ajusticiar a los asesinos, y esa fue la ocasión aprovechada por Correa, que
acusó a los comuneros de delincuentes y torturadores, y pidió su
enjuiciamiento.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El contenido del conflicto, por lo menos el contenido
aparente, fue la legitimidad de la justicia indígena. La Constitución del 2008,
al declarar al Ecuador una nación intercultural y plurinacional, reconoció la
legitimidad de formas de gobierno y de justicia ancestrales. No obstante, en
medio de su conflicto con el movimiento indígena, el gobierno demuestra las
limitaciones de su comprensión de la plurinacionalidad: un reconocimiento
monocultural[5]. Las otras culturas, sus formas de autoorganización, su
justicia, sus saberes en educación y salud, todo puede ser reconocido, siempre y
cuando se sometan a los criterios y parámetros de la cultura dominante. De este
modo, el gobierno presiona para que la justicia indígena se subordine a la
“justicia ordinaria”, mientras que el movimiento indígena lucha para que sean
reconocidas de igual jerarquía. El gobierno, iniciador de la confrontación,
lanzó una nueva campaña de desprestigio contra el movimiento indígena, rayando
en expresiones racistas, presentando a los indígenas como salvajes e
incivilizados. Nuevas indagaciones fiscales y juicios cayeron sobre dirigentes
comuneros.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En ambos casos, el gobierno emprendió una campaña que
pretendía separar a las organizaciones y sus dirigentes de las bases: Correa
llamaba en sus enlaces radiales a que los indígenas desconozcan a su dirigencia.
Y, por otro lado, pretendía separar a la población urbana y mestiza del conjunto
del movimiento indígena, con sus reiterados llamados a “defender la revolución
ciudadana” contra el movimiento indígena.<BR> <BR>Con los trabajadores
públicos hubieron dos conflictos fundamentales, que se combinaron: la aprobación
de la LOSP (Ley Orgánica de Servicio Público), que generó malestar en amplios
sectores de trabajadores del Estado, y el despido de varios centenares de
trabajadores petroleros, ambos muy cerca del 30 de septiembre, casi
superponiéndose.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Respecto a la LOSP –debe recordarse que el veto de Correa
a los acuerdos a que se habían llegado en la Asamblea Nacional sobre esta ley
fue el detonante visible de la crisis se septiembre–, los puntos de debate
centrales se situaron en torno a las “renuncias forzosas” de los trabajadores
que hubieran sobrepasado los 70 años de edad, renuncias que serían pagadas hasta
en un 50% con bonos del Estado; pero, detrás de esto, los trabajadores miraban
con temor anunciados despidos masivos para “racionalizar” el aparato
estatal.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En cuanto al despido de más de 600 trabajadores
petroleros, se trata del más reciente episodio de una relación tensa que ha
incluido posturas muy críticas de la dirigencia sindical frente al manejo de la
empresa petrolera estatal y de varios contratos que ella ha firmado. En este
caso, el origen fue una denuncia presentada por el entonces secretario de
Transparencia de la Gestión, Juan Sebastián Roldán, que los acusó de “falta de
probidad moral” por ser accionistas de Gaspetsa, una empresa constituida en 1999
por los socios de la Corporación de Ayuda Mutua de los Trabajadores de
Petroecuador, y que, desde 2002 mantiene contratos por servicios con
Petroecuador para producir combustible destinado a los pescadores artesanales de
Esmeraldas. No obstante, al momento de constituirse la empresa y firmarse el
contrato estaba vigente la ley de modernización y la constitución de 1998 que
expresamente animaban este tipo de contrataciones como el componente
“participativo” de las privatizaciones: “Los trabajadores o servidores públicos
que presten sus servicios en las correspondientes entidades u organismos tendrán
derecho a participar en las distintas modalidades de desmonopolización y
privatización”, decía el artículo 50 de la ley de modernización[6]. Dicho de
otro modo, se trataba de convertir a los trabajadores en propietarios
accionistas de “sus” empresas…, más o menos lo mismo que ahora propone la
“revolución ciudadana”, dicho sea de paso. Los trabajadores, además, reclamaban
por el distinto trato que se les da: a los banqueros se les dio un plazo de dos
años para que se deshagan de sus acciones en los medios de comunicación; a
ellos, “ni un solo día”. Los despidos se tramitaron casi sumariamente en medio
de un discurso más o menos escandaloso que achacaba a los trabajadores de
corruptos y que se sumó a la campaña de deslegitimación social de organizaciones
y dirigentes sindicales, que no han sido pocas durante este gobierno.</DIV>
<DIV align=justify><BR>¿Lograron expresión política todas esas luchas? Si por
política entendemos la presencia parlamentaria, los resultados son modestos y
más bien ambiguos. Fue evidente la incapacidad de la izquierda parlamentaria de
presentar una posición definida y diferenciada, que la ha dejado muchas veces a
la sombra de la hegemonía de la oposición de derechas (donde confluyen desde
socialcristianos hasta socialdemócratas). El intento de constituir una suerte de
bloque de izquierdas entre Pachakutik y el MPD, diferenciado de la posición de
derechas, logró cierta presencia al momento del conflicto en torno a la ley de
Aguas, pero fue desdibujándose posteriormente, a medida que la conflictividad se
agudizaba. Su posición frente a los hechos del 30 de septiembre fue también
bastante triste, hablando de demandas sociales, dejando de lado efectos
políticos y juntándose a parlamentarios de la oposición de derecha en
declaraciones desafortunadas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero si por política entendemos la construcción de un
campo de lucha que tiene la capacidad de disputar sentidos de un proyecto de
sociedad a nivel (más o menos) general, el balance es diferente. La lucha de los
trabajadores públicos no ha rebasado el horizonte de los conflictos
particulares; si bien, tanto en el caso de los maestros como en el de los
funcionarios, se presentaban aristas del conflicto que podrían poner en cuestión
al menos algunos elementos de la propuesta gubernamental (por ejemplo: en el
ámbito educativo, una visión tecnicista de la educación y una comprensión
administrativa de la relación entre los actores –la lectura burocrática de la
evaluación–; o, en el caso de los funcionarios, el sentido del derecho al
trabajo y a la organización, la discriminación jurídica de los trabajadores
públicos, etc.), lo cierto es que las respuestas de unos y otros se movieron
únicamente en el marco del propio discurso gubernamental.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En cambio, en el caso de las luchas indígenas el panorama
fue diferente. Tanto en el tema del agua cuanto en el de la justicia indígena se
encuentra en cuestión el sentido de la posible realización de algunos preceptos
constitucionales: la plurinacionalidad, la defensa de la pachamama, los derechos
de la naturaleza, el Sumak Kawsay; pero también está en juego el sentido de la
participación y de la democracia. Sin embargo, el movimiento indígena ha
mostrado debilidades: los modos del debate muchas veces se han quedado en un
duelo verbal con Correa, y eso no permite visualizar adecuadamente los
contenidos más profundos del conflicto.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En síntesis, los movimientos sociales, sobre todo el
movimiento indígena, no han visto su lucha social acompañada por una nítida
representación política formal, marcándose una distancia que, en cualquier caso,
no es de ahora.<BR></DIV>
<DIV align=justify><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>c) Los conflictos pluriclasistas</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Entre los conflictos del período se encuentran también
algunos que podríamos calificar de pluriclasistas. En ellos, el gobierno aparece
opuesto a una concurrencia de actores de diverso origen y situación.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Con las Universidades el conflicto se relacionó con la
ley de Educación Superior (agosto y septiembre) y produjo un acercamiento de las
universidades públicas con las universidades privadas (que, por lo demás,
expresan por lo general posiciones divergentes). El punto nodal del conflicto se
situó en la concepción de autonomía, visiblemente recortada en la versión
gubernamental, que somete el quehacer universitario del país al plan nacional de
desarrollo y al control directo del Ejecutivo, que domina las instancias que
regirán a las universidades. No obstante, en el trayecto el bloque de Alianza
País llegó a acuerdos con los bloques de oposición y con las autoridades
universitarias para flexibilizar la posición inicial del gobierno, y el proyecto
fue aprobado con algunos cambios en la composición de los organismos rectores.
Sin embargo, Correa responde vetando parcialmente la ley y dando reversa a los
acuerdos. La mayoría de AP no se sostiene en su posición inicial y se allana al
veto sin presentarse a discutirlo, de manera que la ley de Educación Superior
entró en vigencia “por el ministerio de la ley”. Después, continuaron las
movilizaciones de protesta de los universitarios hasta las inmediaciones del 30
de septiembre.<BR> <BR><STRONG>d) Los conflictos de la
minería</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Los conflictos de la minería deben tomarse muy en cuenta.
Si bien su presencia fue de algún modo secundaria durante 2010, han sido
recurrentes durante el gobierno de Correa, sobre todo con comunidades indígenas
y campesinas opuestas a la actividad minera en sus territorios, y son una suerte
de conflictos “endémicos”: es que, para el régimen, el desarrollo de la gran
minería es estratégico, pues supone que de ella pueden provenir los recursos
para financiar la transformación productiva que se plantea. En esta ocasión, el
enfrentamiento fue con empresarios mineros ilegales, pequeños mineros y
trabajadores de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe (15 y16 de
septiembre). En el discurso, el gobierno se presenta como defensor de la
naturaleza contra los destrozos ambientales causados por la minería ilegal
(Correa ha sostenido siempre que la pequeña minería es más contaminante que la
gran minería). El conflicto se resuelve de modo violento: el gobierno envía
miles de efectivos militares y policiales que ocupan la zona de explotación,
desalojan a los trabajadores y confiscan maquinarias y herramientas. Además, se
inician juicios contra los mineros que resistieron la ocupación militar y
policial. La violencia y la excesiva demostración de fuerza represiva han sido
una constante en el modo en que el gobierno ha enfrentado estos conflictos. Así
que, tomando en cuenta la línea central de la conflictividad minera, podría
decirse que el contenido latente es el control de los territorios con potencial
minero. <BR> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>e) Los conflictos al interior de AP</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Alianza País no se ha caracterizado precisamente por su
fuerza organizativa y por su claridad política; y ha sido evidente, desde
aquellos tiempos de la Asamblea Constituyente, que las decisiones son tomadas en
el círculo inmediato de la presidencia de la república, restándole poder a todos
los demás espacios, tanto de Alianza País como del Estado. En este marco, las
discrepancias internas han sido deslegitimadas por Correa desde el inicio de su
gestión, calificándolas como “agendas ocultas”. Aparte de la disputa con Alberto
Acosta al final de la Asamblea Constituyente, no parecen haber jugado un papel
importante en la correlación de fuerzas general; sin embargo, han tenido un rol
significativo en la correlación de fuerzas al interior de Alianza País: se han
saldado con la derrota de las corrientes más progresistas y democráticas, que
han terminado por quedar excluidas, primero de las instancias de dirección real,
y finalmente del propio movimiento y del gobierno.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Durante el 2010 y lo que va de 2011 se hicieron más
visibles los conflictos internos, las vías antidemocráticas de resolución y sus
efectos políticos. Han salido a la luz conflictos en torno al accionar de la
Asamblea Nacional y de las dos funciones que, se supone, le competen: la
legislación y la fiscalización. En abril de 2010, un grupo de cuatro
asambleístas de AP planteó un juicio político al fiscal general. En un
principio, Correa pareció dejar el asunto en manos del bloque parlamentario, aun
expresando que se trataba de algo inconveniente. Pero pronto, cuando los
interpelantes no desistieron de su empeño, Correa se pronunció abiertamente a
favor del fiscal y utilizó contra los interpelantes el mismo tono que acostumbra
usar contra los opositores. Desautorizados y deslegitimados por el presidente
los contradictores del fiscal, el juicio político naufragó sin llegar a
comenzar.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En los meses siguientes, las tensiones entre la
presidencia y la bancada oficialista tuvieron ocasión de mostrarse con motivo de
la discusión de las leyes de Educación Superior y de Servicio Público.
Encabezado por el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, el bloque de
Alianza País logró llegar a acuerdos con otras fuerzas parlamentarias en algunos
puntos polémicos de ambas leyes. No obstante, mientras todavía se realizaban las
negociaciones en busca de acuerdos, Rafael Correa las desautorizó públicamente y
anunció que vetaría lo que no se ajustara a sus propuestas, como en efecto hizo.
El fracaso de la capacidad negociadora de AP se revela finalmente en el hecho de
que los asambleístas que aprobaron las leyes se doblegaron ante el veto de
Correa.</DIV>
<DIV align=justify><BR>A inicios de 2011 se vuelven nuevamente visibles los
conflictos al interior de Alianza País. El motivo fue ahora la consulta popular
con la que Correa y su círculo íntimo pretenden relegitimar al régimen tras las
fisuras y debilidades evidenciadas el 30 de septiembre. Las preguntas no fueron
consultadas en ninguna instancia orgánica del movimiento de gobierno, ni
siquiera en su dirección recién electa el 15 de noviembre pasado, menos aún con
el bloque de asambleístas, lo que ponía al descubierto -¡otra vez!– su
funcionamiento casi nada democrático. Por lo demás, las preguntas sobre
violencia e inseguridad recurrían a los tópicos de la derecha, y aquellas otras
referidas a la reorganización de la justicia mostraban claramente los apetitos
de concentración del poder en el Ejecutivo. En uno y otro caso, ciertos aspectos
de la constitución eran pasados alegremente por alto. La falta de espacios para
la discusión interna de temas de esta trascendencia llevó al alejamiento,
primero de un par de asambleístas y, luego, a la salida en bloque de Ruptura de
los 25.</DIV>
<DIV align=justify><BR>¿Cuáles han sido las vías de resolución de estos
conflictos? Los díscolos son llamados al orden, son deslegitimados por “la voz
del amo”, que los tacha de traidores, desleales y oportunistas y amenaza por
igual a todo su bloque con la pérdida de la representación (la amenaza, en su
momento, de la “muerte cruzada”); pierden presencia en la Asamblea, en el
gobierno y en AP. En consecuencia, se refuerza el dominio de Correa y del
círculo de gobierno. A partir del 30 de septiembre todos cierran filas alrededor
del régimen, es decir, alrededor de la hegemonía de Correa; las discrepancias
desaparecen de la escena, y los críticos se autolimitan. El nuevo viraje
derechista de la consulta muestra los límites y la debilidad de acuerdos basados
en la sumisión: a los críticos no les queda más opción de marginarse. Se
consolida la vía conservadora de la modernización dejando de lado toda veleidad
reformista.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Así se presenta, hoy, la línea de conflictividad; y ella
atraviesa cada vez con más nitidez: y lo que está en juego son proyectos
políticos. Por un lado, dos proyectos de gestión del capital: la neoliberal y la
modernizadora. Por otro lado, el proyecto de modernización capitalista
enfrentándose a la posibilidad de un proyecto popular.<BR></DIV>
<DIV align=justify>Como dice Luis Macas:</DIV>
<DIV align=justify><BR>“La resistencia y la vigencia del Sumak Kawsay, al no ser
adaptable al sistema actual, es una propuesta para superar este modelo nefasto,
y posibilitarnos construir el sistema comunitario. Creemos que no puede
incrustarse o incorporarse al modelo de desarrollo actual, ni puede ser un
apéndice de este sistema ni de este modelo en crisis. Es la posibilidad de
transformar este modelo agresivo, las viejas estructuras del Estado vigente y de
construir uno nuevo, desde nuestras manos, del pueblo. Por lo que no se trata de
una propuesta para indígenas; es más, consideramos que es una construcción de
una opción de vida para todas y para todos, no es una propuesta indígena para
los pueblos indígenas, sino para toda la
humanidad”[7].<BR> <BR><STRONG>Conclusiones a la luz opaca del 30 de
septiembre</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><BR></STRONG>Aún se discute si fue un intento de
golpe o un movimiento reivindicativo. Como ocurre siempre, es más fácil
descubrir los indicios después de que los hechos han ocurrido: existía un
descontento entre los policías y los militares por algunas medidas tomadas por
el gobierno (como la presencia de ministros de defensa civiles, incluso, al
principio, ministras; la unificación de los servicios de inteligencia bajo
comando del gobierno; las demoras en la “homologación salarial”, que significa
incrementos de salarios, sobre todo para los segmentos de menores ingresos; el
“destape” de las violaciones a los derechos humanos en acciones policiales,
etc.). De todos modos, el gobierno había tratado de acercarse a los militares y
policías, incluso desde el inicio del gobierno: aumentos salariales, mejora de
equipos y armamento, entrega del manejo de la compañía petrolera estatal a la
marina, entrega de la reconstrucción de vialidad al cuerpo de ingenieros del
Ejército, etc. Por otra parte, también es cierto que, según se sabía, gente
cercana a Sociedad Patriótica andaba cerca de la policía y de los
militares haciendo circular rumores, entre otros, sobre una posible desaparición
del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).</DIV>
<DIV align=justify><BR>¿Fue un intento de golpe, un proceso de golpe, un “golpe
premoderno, posmoderno y transgénico”[8]? Aunque a algunos les hubiera gustado
que lo sea, lo cierto es que no obtuvo el respaldo del alto mando de la policía
ni obtuvo el respaldo prácticamente de ninguna unidad importante de las Fuerzas
Armadas, más allá de un pequeño grupo en la base aérea de Quito y, finalmente,
el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, aun con cierto retraso, expresó su
respaldo “incondicional” a Correa; es decir, en términos militares no tenía
posibilidades de provocar un cambio de gobierno. Tampoco obtuvo el respaldo
conjunto de la derecha (aunque la mayor parte de su expresión parlamentaria
respaldó a la policía, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, la figura más
importante de esa tendencia, tomó pronto distancias con la medida de los
policías). No obtuvo tampoco el respaldo de los grandes grupos de poder
económico, que se manifestaron contra cualquier intento de “desestabilizar” la
democracia. Y tampoco hubo respaldo en las calles.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero, por otro lado, el gobierno tampoco logró atraer un
respaldo ciudadano masivo, a pesar de las movilizaciones que se reunieron frente
a la casa de gobierno y en las cercanías del hospital de la policía, donde
estaba Correa “retenido” por los policías. Por eso la crisis se resolvió, de
nuevo, por la decisión de las Fuerzas Armadas, que volvieron a ser el actor
finalmente dirimente, como en las crisis políticas anteriores (1997, 2000,
2005).</DIV>
<DIV align=justify><BR>El 30 de septiembre reveló, sobre todo, más limitaciones
y debilidades de las que se reconocían hasta entonces.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La derecha se mostró dividida, desconcertada, escindida
entre los aguijonazos de Sociedad Patriótica para forzarla a caminar detrás de
sus iniciativas, por un lado, y, por otro lado, las dificultades para dotarse de
una representación política orgánica que, al mismo tiempo, sea capaz de
desarrollar capacidad hegemónica hacia el conjunto de la sociedad.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por su lado, los movimientos sociales mostraron la
profundidad de su crisis política y lo que viene siendo su gran debilidad frente
al proyecto modernizador de la “revolución ciudadana”: sometidos a constantes
ataques desestructuradores por parte del gobierno, no logran enfrentarlo
políticamente, es decir, mostrando a la sociedad el conflicto entre proyectos
distintos. De modo que, a veces, algunas organizaciones han cedido a la
tentación de aliarse con todos los opositores perdiendo de vista la necesidad de
independencia de la propuesta popular. Otras organizaciones, en cambio, se han
subsumido en el proyecto del gobierno y han perdido toda capacidad de adelantar
una posición aunque sea mínimamente independiente. Pero, detrás de esta
manifestación de crisis política, lo que se ventila es la readecuación de los
movimientos frente a las transformaciones socioeconómicas de su base y una nueva
disputa política a su interior entre una tendencia de derechas, procapitalista,
y una tendencia de izquierdas que busca mantener un horizonte autónomo y de
transformación social profunda.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Las debilidades de los movimientos sociales se han visto
amplificadas por la pérdida de rumbo de sus presuntas representaciones políticas
en la izquierda, incapaces de articular, ni siquiera a nivel parlamentario, al
menos la sombra de una posición que se diferencie al mismo tiempo del gobierno y
de la derecha.<BR></DIV>
<DIV align=justify>Pero si las debilidades de las derechas y de los movimientos
sociales eran hasta cierto punto visibles, lo novedoso fue la evidencia de las
flaquezas del gobierno. El gobierno se mostró sin capacidad política de reacción
y de iniciativas para enfrentar la crisis y quedaron en evidencia las
debilidades del equipo gubernativo. Pero, sobre todo, se mostró que el respaldo
de que goza el presidente es, sobre todo, un respaldo pasivo, no movilizable
fácilmente. En estas circunstancias, se comprende que el gobierno haga esfuerzos
por acercarse cada vez más a los grupos empresariales, reformule explícitamente
su marco de alianzas, y procure reafirmar su legitimidad social con lo que ha
sido su mejor arma desde un inicio: una nueva elección, es decir, la consulta
popular. Y, con todo eso, afirmar el desplazamiento del proyecto político hacia
su derecha.<BR> <BR><STRONG><U>Notas<BR></U></STRONG><BR>[1] Pedro
Rioseco: Ecuador: estabilidad política, rectoría estatal e inversión social, 13
de enero de 2011; en
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=
254737</DIV>
<DIV align=justify>[2] Al respecto, véase nuestro trabajo “Burguesía
«ciudadana», nueva hegemonía, nueva alianza de clases”, en R, número 3
enero-febrero de 2010, pp. 17-29.<BR>[3] Los partidos orgánicos de la
derecha son aquellos que han surgido, durante el período abierto con el retorno
a la constitucionalidad en 1978, como representación política “natural” de las
clases dominantes: el partido Socialcristiano, la Democracia Cristiana, la
Izquierda Democrática, el Partido Renovador Institucionalista de Acción nacional
(PRIAN), etc., y aquellos que ahora se quieren presentar como “nuevos rostros”
ante la crisis de los partidos tradicionales: UNO, Concertación Nacional, Madera
de Guerrero, etc. El que se postula como defensor de las clases dominantes sin
ser su representante orgánico es, sobre todo, el partido Sociedad Patriótica
(PSP)<BR>[4] En el discurso (y a lo mejor en las creencias) del gobierno
las leyes son la vía para reformar el país. Claro que, cuando no ha podido
imponerlas, Correa ha descubierto de repente que “no son prioritarias” para su
proyecto.<BR>[5] Recogemos acá una observación de Boaventura de Souza
Santos durante una conferencia brindada en el auditorio de la Senplades en enero
de 2010.<BR>[6]http://www.gaspetsa.com/proyectos.html. <BR>[7] Luis Macas:
El Sumak Kawsay, 2011.<BR>[8] Tal la curiosa definición adelantada por Mario
Ramos y Alexei Páez en “El magnicidio perfecto”, Cenae, Quito, octubre de 2010.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>