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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de Prensa
<BR></FONT><U>29 de marzo 2011<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Gaboto 1305 - Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<DIV><STRONG><FONT size=3>Ecuador</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Consulta popular: democracia vs
presidencialismo</STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial
size=2><STRONG>Editorial</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT face=Arial size=2>Floresmilo Simbaña<BR>R,
revista para un debate político socialista<BR>Año 3, Nº 7, enero-marzo de 2011,
Quito, Ecuador</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN
lang=ES-EC><A title=blocked::mailto:R.la.revista@gmail.com
href="mailto:R.la.revista@gmail.com"><SPAN
style="FONT-FAMILY: 'High Tower Text','serif'"><FONT face=Arial color=#0000ff
size=2><STRONG>R.la.revista@gmail.com</STRONG></FONT></SPAN></A></SPAN><SPAN
lang=ES-EC
style="FONT-FAMILY: 'High Tower Text','serif'"><o:p></o:p></SPAN></P><BR><BR><FONT
face=Arial size=2>El Presidente de la República llama a consulta popular con el
objetivo de fortalecer el ejecutivo por sobre los otros poderes del Estado, esto
pone en evidencia el carácter de la “revolución ciudadana” como un proceso cada
vez más centrado en un solo ciudadano. </FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR>Apelar al pueblo y pedir un voto de confianza para “meter
la mano en la justicia” no tiene fundamento constitucional, mucho menos
democrático; por lo tanto, las razones son enteramente políticas: demuestra una
forma de gobernar cada vez más autoritaria, que tiene la necesidad de manejar
todas las instituciones del Estado con el propósito de controlar a la sociedad.
Los 180 juicios por terrorismo y sabotaje contra dirigentes sociales defensores
de su territorio en oposición a la minería; la criminalización de cualquier
protesta social; la persecución judicial en nombre de la majestad presidencial a
quien señale al presidente en la calle; la persecución y deslegitimación a
dirigentes indígenas, estudiantiles, sindicales; las acusaciones de traidores o
de derechistas y oportunistas a quienes discrepen con sus criterios y se
planteen en oposición a su proyecto;… todos estos son claros ejemplos de una
forma de gobernar que no reconoce ni siquiera el marco constitucional construido
en los cuatro años de su administración. Entonces preguntamos: ¿qué más estamos
dispuestos a permitir los ecuatorianos a nombre de mantener unas cuantas
reformas? </DIV>
<DIV align=justify><BR>Prometer al pueblo que con la extensión de la prisión
preventiva y limitando las medidas sustitutivas a la prisión; que con la
reestructuración de la Función Judicial desde la intervención directa del
Presidente de la República; que con la prohibición a las instituciones del
sistema financiero privado para tener participación en empresas de comunicación
de carácter nacional; que creando una instancia que regule los medios de
comunicación, controlada por el Ejecutivo; prometer que con todo esto se vayan a
resolver los problemas graves del país como la delincuencia, la injusticia, las
deficiencias en los procesos de juzgamiento o las desigualdades sociales es una
verdadera demagogia. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Las medidas propuestas en la consulta popular buscan
tener un impacto ideológico sobre la opinión pública; con este fin no se repara
en la violación de derechos y principios establecidos en la Constitución, y a
cambio ofrece medidas que ya la historia ha demostrado como ineficaces.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Mantener en prisión sin sentencia a personas acusadas,
limitar la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión (arresto
domiciliario, obligatoriedad de presentaciones periódicas ante el Juez, etc.) en
casos de delitos no graves solo incrementa la impunidad y la incapacidad de la
Administración de Justicia para resolver el problema de la delincuencia, y la
crisis del sistema de “rehabilitación social”. La acción de “meter la mano a la
justicia” por Presidentes ha sido un mecanismo muy utilizado en el Ecuador. Dos
casos tenemos presentes: con el gobierno de León Febres Cordero, en 1984, cuando
se desconoció la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el
parlamento y se impuso otra Corte a su medida; y con la tristemente célebre
“Pichicorte” en 2004, impuesta por Lucio Gutiérrez. En ambos casos se cambió de
nombres pero se mantuvo el sistema. Sin enfrentar las razones de la violencia,
sin cambiar el carácter y el sistema de la Administración de Justicia, no se
cambia nada; todo es jugar con las necesidades del pueblo. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En cuanto al monopolio privado de los medios de
comunicación, la Constitución, en su Art. 312, ya reglamenta la separación de
las empresas de comunicación y las instituciones del sistema financiero, por lo
tanto lo que no ha existido es una real voluntad política del gobierno para
romper definitivamente este monopolio. Considerando, además, que el Estado es
uno de los mayores contratistas de publicidad, es fácil entender que las
intenciones del gobierno son otras y no la democratización de la información. La
normativa para la regulación de la información es suficiente para establecer
responsabilidades, ¿no será que el pretendido Consejo de Regulación busque
controlar los procesos de comunicación social de los sectores populares? </DIV>
<DIV align=justify><BR>El objetivo de la pregunta que tipifica como un delito el
enriquecimiento privado no justificado abre mucha polémica; la argumentación del
Presidente dice que es para investigar a algunos empresarios y burócratas que
“se enriquecieron de la noche a la mañana”. Si sólo ese fuera el objetivo, en la
Constitución ya consta, en el art. 233, el delito de “enriquecimiento ilícito”,
pero en cuatro años de revolución ciudadana no hemos visto ningún caso juzgado.
Introducir en la ley penal el “enriquecimiento privado no justificado” resulta
un concepto bastante impreciso; igual serviría para “juzgar” a un empresario que
haya amasado fortuna ilegalmente como a cualquier ciudadano (trabajador,
comerciante, profesional) que no lleve contabilidad o registro de sus bienes. Si
esto es así, estamos ante un proceso de endurecimiento de los mecanismos de
coerción del Estado y una anulación de lo social y de la democracia; hablamos
entonces de un proceso de des-ciudadanización, donde la capacidad social
desaparece para dar paso a un Estado autoritario. </DIV>
<DIV align=justify><BR>No se trata de negar el derecho a la consulta como
mecanismo de la democracia, lo que está en juego es defender la posibilidad
social de la lucha política en contra de un Estado excesivamente controlador y
abiertamente autoritario, que ve a la organización y a la movilización social
como amenazas. Nuestra oposición es a los objetivos de Correa para concentrar
mayor poder; nuestra oposición es a la criminalización de la lucha social.
Hacemos un llamado a organizarnos, a crear procesos colectivos y a votar por el
No. </DIV>
<DIV align=justify><BR>¡No al autoritarismo, No a la criminalización de la
protesta social, No a la anulación del pueblo y su capacidad de
decisión!<BR></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>¡No, no, no…, diez veces No!
<HR>
</FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV></BODY></HTML>