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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de Prensa
<BR></FONT><U>30 de marzo 2011<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Gaboto 1305 - Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<DIV><STRONG><FONT size=3>Guatemala</FONT></STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Desalojos indígenas echan más leña
al fuego agrario</STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>"No tenemos dónde cosechar maíz, no
tenemos nada", dijo a IPS el campesino Jorge Chocoj, mientras aguardaba junto a
sus tres hijos y su esposa que la policía los expulsara de la finca San Pablo
Pamoxan, en el noroccidental departamento guatemalteco de Alta
Verapaz.</STRONG></FONT></DIV></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG>Daniel Valladares<BR>IPS, Guatemala, 28-3-11
<BR></STRONG><A
href="http://www.ipsnoticias.net/"><STRONG>http://www.ipsnoticias.net/</STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify>"No tenemos dónde cosechar maíz, no tenemos nada", dijo a IPS
el campesino Jorge Chocoj, mientras aguardaba junto a sus tres hijos y su esposa
que la policía los expulsara de la finca San Pablo Pamoxan, en el noroccidental
departamento guatemalteco de Alta Verapaz.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La policía no llegó ese día, jueves 24. Pero guardias
privados del ingenio azucarero Chabil Utzaj Sociedad Anónima procedieron
supuestamente a destruir los cultivos de la comunidad, pese a un amparo judicial
que impide a la empresa adoptar acciones que son potestad de la fuerza pública,
afirma una denuncia del Comité de Unidad Campesina. <BR><BR>Los desalojos
policiales comenzaron nueve días antes. <BR><BR>En la madrugada del 15 de marzo,
más de 1.000 policías y soldados llegaron al Valle del Polochic, en el municipio
de Panzós, Alta Verapaz, para expulsar a más de 3.000 indígenas kekchíes que
ocupaban fincas reclamadas como propias por empresarios agrícolas. <BR><BR>Las
fuerzas de seguridad quemaron o derribaron con topadoras las humildes viviendas
y destruyeron con machetes y tractores las siembras de subsistencia. En la
refriega, una decena de agricultores fueron heridos, y murió Juan Antonio Beb
Ac, de 30 años, lo cual provocó una ola de repudios. <BR><BR>El desplazamiento
de campesinos en Alta Verapaz expone la intensa conflictividad agraria de
Guatemala, ante la cual el gobierno de Álvaro Colom sólo anuncia más desalojos.
<BR><BR>No hay certeza de que los empresarios que reclaman predios en el Valle
del Polochic sean sus propietarios. Desde tiempos de la colonia española se
mantiene allí la práctica del colonato, con sucesivas generaciones de campesinos
reivindicando derechos sobre esos suelos. <BR><BR>"Se debe interrogar sobre la
legitimidad de las propiedades, de la historia bajo la cual se crea la figura de
propiedad privada sobre posesiones históricas", dijo a IPS la investigadora
Laura Hurtado, de la filial guatemalteca de la organización no gubernamental
ActionAid. <BR><BR>En cambio, desde 2005 es evidente la presión para ampliar los
cultivos de caña de azúcar destinados a obtener alcohol carburante (etanol), que
han experimentado un verdadero boom en el sur y buscan expandirse a otras áreas
del país. <BR><BR>La caña es el segundo mayor cultivo de Guatemala después del
café, y ocupaba 28,4 por ciento de las siembras permanentes de acuerdo al último
Censo Nacional Agropecuario, de 2003. <BR><BR>"En el Valle del Polochic los
empresarios quieren más terrenos para sembrar caña", se quejó Carlos Barrientos,
dirigente del Comité de Unidad Campesina. Esto "lleva a una situación muy
difícil a las familias, porque ahora escasean los granos básicos y para
sobrevivir se ven obligadas a ocupar tierras", dijo a IPS. <BR><BR>Para el
director del Instituto de Estudios Interétnicos de la estatal Universidad de San
Carlos de Guatemala, Eduardo Sacayón, "estamos viendo una política de gobierno
que trata de responder a algunos intereses de los sectores hegemónicos".
<BR><BR>Pero la fiebre coyuntural de los agrocombustibles exacerba un problema
añejo. <BR><BR>Casi 80 por ciento de las tierras productivas guatemaltecas están
en manos de cinco por ciento de los 14 millones de habitantes. Mientras, la
mitad de la población es pobre y 17 por ciento indigente, indican cifras de las
Naciones Unidas. <BR><BR>Los acontecimientos de Alta Verapaz reflejan ese
"postergado e histórico" conflicto agrario, según Sacayón. <BR><BR>El reparto de
la tierra mereció medidas extremas en el pasado y dio pie a sangrientas guerras
y golpes de Estado. <BR><BR>En 1952, el entonces presidente Jacobo Árbenz
(1951-1954) puso en marcha una reforma agraria mediante la expropiación de
tierras ociosas a grandes terratenientes para cederlas a campesinos desposeídos.
Pero solo dos años después, Árbenz fue derrocado con la activa participación de
Estados Unidos. <BR><BR>Pocos años después, la concentración agraria fue una de
las causas de la guerra civil (1960-1996), que dejó más de 200.000 muertos y
desaparecidos. <BR><BR>Para darle respuesta, los acuerdos de paz firmados en
1996 por la izquierdista e insurgente Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca y el gobierno incluyeron un capítulo de compromisos sociales,
económicos y agrarios, hasta ahora sin resultados tangibles para los campesinos.
<BR><BR>Para Sacayón, una reforma agraria "sería posible si lográramos una
visión estratégica y articulada de campesinos, sindicalistas, incluso de algunos
partidos políticos, pero por ahora solo se favorece a los grupos dominantes".
<BR><BR>El desalojo en Alta Verapaz tiene ese "claro propósito", según el
experto, pues "se plantea de manera muy evidente en el ámbito del proceso
electoral que se avecina". Las elecciones generales se celebrarán en septiembre.
<BR><BR>El gobierno "trata de decirle a la clase dominante del país, nosotros
estamos con ustedes y no nos interesa resolver la demanda del campesinado,
particularmente indígena", agregó. <BR><BR>De hecho, las autoridades no han
ofrecido ninguna alternativa a las familias expulsadas. Algunas de ellas
improvisaron refugios al costado de la carretera más cercana y piden víveres
para subsistir, mientras la amenaza de más desalojos pende sobre otras
comunidades. <BR><BR>Para Hurtado, la falta de voluntad gubernamental determinó
que duerma en el parlamento el proyecto de Ley de Desarrollo Rural Integral, así
como la creación de un código y de tribunales agrarios para dirimir diferencias.
<BR><BR>"Lo que más me preocupa es que se está dando un tratamiento
exclusivamente penal a un problema social investigado y analizado por el
Estado", agregó. <BR><BR>El dirigente campesino Barrientos recordó que los
acuerdos de paz "hablan de democratizar el uso de la tierra pero, por el
contrario, (ésta) se está reconcentrando como sucede en el Valle del Polochic".
<BR><BR>Se requiere diálogo, el cese de los desalojos y solidaridad para los
desamparados, reclamó.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>