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<HR>
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<DIV align=center><FONT size=4><STRONG><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa</FONT><BR><U>31 de mayo 2011</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Montevideo - Uruguay<BR>redacción y
suscripciones: <A
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href="mailto:germain5@chasque.net">germain5@chasque.net</A></STRONG></FONT><A
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<HR>
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<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Uruguay<BR><BR>Declaración
Política<BR>Colectivo Militante - Comuna - Militantes Guevaristas -
ProUnir<BR>30 de mayo 2011<BR></FONT></STRONG> <BR></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT
size=3></FONT></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT size=3>Derechos
Humanos: La renovada IMPUNIDAD...de ayer y de
hoy</FONT></STRONG><BR> <BR> <BR></FONT><FONT size=2 face=Arial>Como
todos los 20 de mayo, decenas de miles de personas volvieron a recorrer la
Marcha del Silencio. La consigna reclamaba "Verdad y Justicia, derecho de todos,
responsabilidad del Estado". En esta ocasión, la tristeza y la decepción se
hicieron más patentes. Había razones de sobra para ello. Un día antes, el
vergonzoso Parlamento había ratificado la continuidad de la Ley de
Impunidad.<BR> <BR>La enorme frustración que se palpaba, aún en su cortante
silencio, era una prueba irrefutable. Es que la inmensa mayoría de los que
volvían a marchar exigiendo la condena al terrorismo Estado, son votantes del
Frente Amplio, adherentes de su programa y, en definitiva, depositarios de una
esperanza. Y, nuevamente, han sido estafados. <BR> <BR>A tal punto, que
desde Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se denuncia
categóricamente no sólo un "vacío aberrante" en la investigación de los crímenes
de la dictadura, sino incluso un "retroceso" en la política de derechos humanos
del gobierno de Mujica en relación al de Jorge Batlle:<BR> <BR>"La
discusión actual nos retrocede a antes de Batlle, porque se desestima algo que
ya estaba saldado política y científicamente: no hubo una guerra y sí terrorismo
de Estado". (Entrevista a Ignacio Errandonea, Gimena Gómez Gadea y Eduardo
Pirotto, semanario Brecha, 20-5-2011).<BR> <BR>Esta frustración, no solo
alcanza a la organización que, sin griterío de barricada ni exposición
mediática, ha mantenido vigente a lo largo de los años la lucha contra la
impunidad, demandando una y otra vez -tanto desde la movilización popular como
ante distintos ámbitos institucionales-, Verdad y Justicia. Alcanza también a
una generación de jóvenes que quieren enterrar la herencia impune del terrorismo
de Estado. Son esos miles de jóvenes -comprometidos y militantes en el
Plebiscito del 2009- que señalan con tono acusador al Presidente de la
República:<BR> <BR>"Mujica termina de militarizar el discurso desde la
política. Pretende tener un sentido de unidad nacional, pero termina siendo una
afrenta a la mitad de los uruguayos, que votamos por la anulación de la ley".
("Jóvenes y Ley Caducidad", nota y entrevistas en el semanario Brecha,
20-5-2001) <BR> <BR>El vericueto politiquero del gobierno del Frente Amplio
con relación a la "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado" -que
bien podría ser visto como un folletín de telenovela si no se tratara de una ley
nefasta-, ha dado un golpe demoledor a esa conciencia democrática que reclama
Juicio y Castigo a los culpables de crímenes de lesa humanidad. Porque buscó
salvar en todo momento -bajo la coartada del "mirar al futuro"- la integridad
del aparato policiaco-militar del Estado. Es decir: no "demonizar" el de ayer,
para legitimar el de hoy. <BR> <BR><STRONG>Buscando, otra vez, "dar vuelta
la página"</STRONG><BR> <BR>De más de 400 represores involucrados en actos
de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura -según listas
elaboradas por las organizaciones que han reunido información-, apenas un grupo
muy pequeño de militares y policías (una docena de los más "quemados"), pasaron
a ocupar la "cárcel especial" de Domingo Arena, donde disfrutan de un amplio
régimen de comodidades, visitas, y hasta un sitio en Internet para comunicar sus
infames opiniones. A estos asesinos se les suma el encarcelamiento del ex
canciller de la dictadura Juan C. Blanco (preso en Cárcel Central), el ex
dictador Juan María Bordaberry (con "prisión domiciliaria", o sea, en su propia
casa), y el general Miguel Dalmao, acusado del asesinato de Nibia Sabalsagaray,
y único militar en servicio procesado hasta el momento (detenido en la Guardia
de Coraceros, quien recibió semanas atrás la visita de Mujica."por razones
humanitarias"). </FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR>En este cuadro general, una serie de hechos fueron
sucediéndose. El intento de Mujica de liberar "por cuestiones humanitarias de
edad avanzada" a los represores detenidos; la resolución de la Suprema Corte de
Justicia que decretó la inconstitucionalidad de la ley en algunos casos (aunque
vale aclarar que para esta misma Suprema Corte de Justicia, ninguno de los
asesinos alojados en Domingo Arena, cometió crímenes de lesa humanidad, sino
"homicidios muy especialmente agravados", los cuales "prescriben" a los diez
años); y sobre todo, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el "caso Gelman", la cual estableció que "la Ley de Caducidad carece de
efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir
la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de
derechos humanos".</DIV>
<DIV align=justify><BR>Como consecuencia de todo ello, apareció el "proyecto
interpretativo" de la Ley de Caducidad" (que al pretender "interpretarla" en
realidad la deja formalmente vigente) que se quiso hacer pasar como el
equivalente a una anulación. Ya conocemos los cabildeos posteriores, el voto
negativo de Saravia y la renuncia de Fernández Huidobro después de votar "por
disciplina". A renglón seguido vinieron los chantajes de Mujica, Astori y
Vázquez para que no se votara la anulación de la ley con el argumento de que se
hipotecaban "las chances electorales futuras del FA". Una indecencia mayúscula.
<BR> <BR>Finalmente, Mujica (pese a las resoluciones de dos Plenarios
Nacionales del FA,) encontró el mecanismo para detener este proyecto de falsa
anulación, que igualmente molestaba a los militares. En combinación con
ellos (según lo que reporta el propio presidente del Centro Militar), acordó que
la salida adecuada era encontrar un legislador del FA que aceptara cumplir el
papel de "rebelde" y no votara. La comedia que siguió entre Mujica y un Semproni
dispuesto a "inmolarse", sirvió al objetivo de encontrar un "chivo expiatorio" a
la bronca y el desasosiego de miles de frenteamplistas y, al mismo tiempo,
salvar la responsabilidad del presidente y del conjunto de dirigentes que
defienden a capa y espada la continuidad de la impunidad en aras de la "unidad
nacional". <BR> <BR>El 18 de mayo en Las Piedras, (un día después de
condecorar con la "Orden del Ejercito" a Sanguinetti, Lacalle, Batlle y
Vázquez), Mujica volvió a insistir con "dar vuelta la página". Sin titubeos,
dijo: <BR> <BR>"Sabemos que hay dolores ocultos, viejas que lloran por los
huesos de sus hijos, mucho dolor e injusticia, pero no podemos trasladarles a
las nuevas generaciones de militares nuestras frustraciones". (La República,
19-5-2011)<BR> <BR>Atrapado en la complicidad con los militares (a quienes
se les adjudica, aprovechando el Bicentenario, una falsa "raíz artiguista");
comprometido por lo acordado por el Frente Amplio en el Pacto del Club Naval de
1984 (pacto que el Partido Comunista y el Partido Socialista defendieron contra
otras fuerzas de izquierda que se opusieron); cómplice del maridaje entre las
logias militares y algunos jefes tupamaros; el gobierno busca mantener lo
esencial de la impunidad del terrorismo de Estado. Así haya que "explorar nuevos
caminos". <BR> <BR>Es lo que termina de proponer, con su proverbial falta
de decoro, Tabaré Vázquez: un "gran acuerdo político y social" para llegar a la
"derogación" de la Ley de Impunidad. Atrás, obviamente, está aquella idea
fracasada del "nunca más" el 18 de junio 2008. Es decir, la intención de
desarticular la lucha de las organizaciones populares contra la impunidad y
empezar un proceso de "reconciliación" con las Fuerzas Armadas.
<BR> <BR><STRONG>Criminalización de la pobreza y la protesta
social</STRONG><BR> <BR>El gobierno, la derecha, los medios, hacen de la
"inseguridad" el tema prioritario. Evidente: no se refieren a la inseguridad que
genera el empleo precario y los bajos salarios. Tampoco a la inseguridad de una
pobreza de masas, esa que afecta a más de 600 mil uruguayos debido a que la
prometida "redistribución de la riqueza" todavía está en lista de espera. Ni a
la inseguridad económica que obliga a cientos de miles de adolecentes y jóvenes
a la deserción educativa. En resumidas cuentas: la terrible inseguridad de tener
las "necesidades básicas insatisfechas" no integra el lenguaje
securitario. <BR> <BR>El gobierno, claro está, no puede reconocer que
la "inseguridad ciudadana" se deba a una fractura social cada vez más dramática.
Sería como reconocer la culpabilidad de su programa económico neoliberal y, al
mismo tiempo, el fracaso de sus "políticas
sociales". </DIV>
<DIV align=justify><BR>Por eso, hasta las consecuencias de la miseria social son
reformuladas por el "progresismo". Para el Ministro del Interior, Eduardo
Bonomi, la pobreza y la marginación social ya no pueden considerarse causas del
"flagelo de la delincuencia". Nada menos que un acto recordatorio del
revolucionario Raúl Sendic (29-4-2011), el Ministro dio a conocer la teoría
oficial sobre el problema: </DIV>
<DIV align=justify><BR>"Del robo para comer se pasó a la rapiña y al copamiento
para satisfacer la necesidad de consumo. Hoy lo robos no son producto de la
pobreza, son producto de la sociedad consumista". (El País, 2-5-2011)</DIV>
<DIV align=justify><BR>O sea que para el gobierno, esas personas (sobre todo
"jóvenes que ni trabajan ni estudian") que no se avienen a venderse por un
salario mínimo (para el caso que obtengan un empleo), son una nueva
categoría de "inadaptado social": el lumpen-consumista. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Cruel paradoja. En los años de lucha guerrillera el MLN
destapaba los "ilícitos económicos" de la burguesía. Asaltaba bancos, casinos y
camiones con mercaderías. Repartía ropa y comida en los barrios más pobres.
Practicaba la expropiación de los expropiadores. Hoy, desde la fuerzas
policiales que dirige uno de los suyos, lanzan "operativos de saturación"
(razzias) contra las periferias de la desesperación donde se anida el "riesgo
social de los excluidos". Las armas, esta vez, sirven para atacar la
"feudalización" del delito y consolidar la autoridad del Estado (capitalista) en
las "zonas rojas", donde habitan cientos de miles de personas empobrecidas que,
por lo general, "no respetan la propiedad y los bienes de los otros". Las
declaraciones de Bonomi son toda una fotografía. Mejor dicho: expresan los
límites de un modelo de "combate a la pobreza" cuando se renuncia, incluso, a
distribuir una pequeña porción de la torta. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Los destinatarios de la política represiva son, en lo
inmediato, las más pobres. A falta de una radicalización social y política; en
la medida que las luchas sindicales son mantenidas, por la dirección del
PIT-CNT, en el terreno defensivo; ante la dispersión de las fuerzas de izquierda
clasista y revolucionaria; la amenaza central pasan a ser las "minorías
malvivientes" o, como decía Marx, aquellos que rompen la monotonía de la
sociedad burguesa: los criminales. ¿Y donde se reproducen estos sujetos enemigos
de toda "convivencia ciudadana"? En los "guetos delictivos" de los barrios
miserables y en los "asentamientos irregulares". Donde, al decir de Martín
Aguirre, editorialista de El País, se desarrolla una "favelización a la
uruguaya". Hacia allí -como reclaman el editorialista y sus amigos de la
derecha- deben apuntar las baterías represivas del Estado. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Los últimos datos prueban la espantosa crisis social:
256.958 uruguayos y uruguayas sobreviven como pueden en los "asentamientos
irregulares", 5.000 más que en 2008. El 56% está "colgado de la luz", más del
30% no accede al agua potable y apenas un 14% tiene saneamiento. (Estudio de la
Ong "Un Techo para mi país", 2010) Mientras que en Montevideo (cifras de la
Intendencia Municipal), el 12% de la población total se encuentra en esa
condición. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Como lo afirmábamos en nuestra Declaración Política de
abril 2011: </DIV>
<DIV align=justify><BR>"Lejos del discurso hipócrita de una 'reducción de las
vulnerabilidades sociales", asistimos a una consolidación de la pobreza. Y las
consecuencias 'colaterales' de este verdadero proceso de 'desafiliación social'
están a la vista: marginación, mendicidad, insalubridad, desnutrición,
analfabetismo funcional, prostitución, drogadicción". </DIV>
<DIV align=justify><BR>Es en esta geografía socio-urbana de inaudita pobreza, de
familias quebradas por el hambre, de falta de presente y de futuro, donde se
sitúa (y se reproduce) la raíz fundamental del llamado "problema de la
inseguridad" y el "fenómeno de la delincuencia". ¿"País de primera" dijeron?
¿Cómo pueden vivir decorosamente estos cientos de miles de compatriotas? ¿Donde
están sus derechos a una vivienda digna, a la cobertura de salud, a la formación
educativa, a los servicios públicos, a un salario que les asegure las
necesidades sociales básicas?</DIV>
<DIV align=justify><BR>Unos y otros -gobierno, blancos y colorados-, profesan la
misma religión: sin represión no hay orden. Ni "buen clima de negocios". En eso
consisten las políticas de criminalización de la pobreza, las cuáles se apoyan
en una estratificación social cada vez más elitista. Lo vemos en la segmentación
urbana: por un lado los "barrios buenos" y por otro lado los "barrios malos". En
unos viven los "ciudadanos de bien" (por encima de cualquier pertenencia de
clase), y en los otros aquellos que "roban por consumismo" y cometen "delitos
contra la propiedad". <BR> <BR>Demás estaría decirlo: toda política
de criminalización de la pobreza se asienta en la impunidad del aparato
represivo. Y en la legitimidad del monopolio de la violencia por parte del
Estado. Alcanzaría como muestra, recordar lo de la cárcel de Rocha: doce presos
dejados morir a fuego lento. Ningún jerarca policial sancionado. Por el
contrario, el gobierno rechaza la demanda judicial de los familiares alegando
que como estaban dormidos al desatarse el incendio "no sintieron dolor". Una
inmoralidad pocas veces vista.<BR> <BR>Para las "clases peligrosas" que
viven en los márgenes del "consumo", hasta la "Justicia" resulta una broma
macabra. Basta con ver como se violan sistemáticamente los derechos humanos en
las cárceles y comisarías. O tanto peor: el 65% de los 9.000 presos que hay en
el país ¡no conoce el nombre del abogado de oficio designado para
defenderlo!<BR> <BR>Las políticas de criminalización de la pobreza tienen
un carácter contrainsurgente, de disciplinamiento social. Se trata de instalar
en el imaginario popular el sentido de "orden" para que "nada se desmadre"; que
todo transcurra en el marco del "Estado de derecho"; que ninguna acción de los y
las de abajo rompa la "paz social". Tiene, también, el sentido de una amenaza
latente: la penalización de las luchas. Sobre todo de aquellas que transgreden
la "auto-regulación" de las demandas y se zafan de las "negociaciones
tripartitas" que se imponen en la "mesa de diálogo social". </DIV>
<DIV align=justify><BR>En este contexto, cualquier intento de radicalización
política y social será reprimido a través de distintos mecanismos
"institucionales": declaración de servicios esenciales" (como en el conflicto de
Adeom); a través de los decretos que permiten a la policía desalojar centros de
trabajo ocupados; o por vía de leyes que penan las ocupaciones de casas y
terrenos. Por otra parte, sobran los antecedentes de represión y hasta
judicialización de luchadores sociales a lo largo de estos seis años de
"progresismo":</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Los procesamientos por "sedición" a cuatro compañeros por la
protesta en la Ciudad Vieja; la persecución y procesamientos a trabajadores
municipales en el marco de la huelga de 2003; el desalojo de los trabajadores de
Coprograf; el encarcelamiento por varios meses de un joven manifestante en las
manifestaciones anti-Bush; los procesamientos y sanciones a estudiantes y
docentes movilizados contra la ley de educación y en el liceo 62; las citaciones
judiciales a militantes de la Plenaria Memoria y Justicia y del sindicato del
Taxi, el desalojo de los caddies en huelga del Club de Golf; la represión contra
integrantes del Ucrus (clasificadores); las amenazas de muerte y el
procesamiento de la compañera Irma Leites, referente de la lucha contra la
impunidad; el desalojo de los trabajadores de Ta-Ta que ocupaban un local.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>El mensaje desde el poder es clarísimo. Las alteraciones
de la "legalidad vigente" no se toleran. Ni la más mínima. Ahí está para
demostrarlo el caso de Ney Thedy Pintos, "peludo" de Bella Unión, camarada de
Sendic en las marchas cañeras. Desalojado de su tierra por la policía ha pedido
del Instituto Nacional de Colonización (INC). ¿El delito? No poder pagar una
deuda. Como para darle toda la razón al compañero José Rodas, presidente de UTAA
(Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas): </DIV>
<DIV align=justify><BR>"En el gobierno hay una montaña de ex compañeros que
anduvieron peleando con Sendic y que ahora están traicionando sus principios.
¿De qué izquierda hablan estos bandidos y sinvergüenzas? ¿Qué cambio han hecho?
Sacan a la calle a un hombre viejo pero no les da el cuero para expropiar a los
que hacen grandes negociados con la tierra. Los asalariados rurales son los
últimos orejones del tarro en lo que tiene que ver con condiciones de vida,
salarios, educación social y salud". (Entrevista en El Observador, 30-4-2011).
</DIV>
<DIV align=justify><BR>Mejor definición del gobierno imposible. Por encima de
cualquier necesidad social de de los trabajadores y de las capas más
empobrecidas, se alza el interés del capital y la "garantía jurídica" de la
propiedad. Ante cualquier "desborde del orden", se impone el "principio de
autoridad" del Estado. En este engranaje coercitivo de la dominación, la
IMPUNIDAD del aparato represivo, de ayer y de hoy, juega un papel
decisivo. <BR> <BR>- Anulación inmediata de la Ley de
Impunidad;<BR>- Juicio y Castigo a los culpables de violaciones de
derechos humanos, tanto en el periodo previo a la dictadura, durante la misma, y
a los registrados en el periodo posterior;<BR>- Desmantelamiento de
todos los aparatos represivos y de espionaje;<BR>- Eliminación de las
FFAA, no tienen valor como servicio de defensa del país en caso de conflicto
internacional y solo se explica su existencia como instrumento de
contrainsurgencia; <BR>- Indemnización a las familias de los presos
asesinados en la cárcel de Rocha y castigo a los responsables policiales del
crimen;<BR>- Basta de torturas en el INAU. Desmantelamiento del
sistema de encierro inhumano contra niños y adolescentes. Eliminación de los
contenedores de lata en el INAU;<BR>- No a la criminalización de la
pobreza, ni de la protesta política y social;<BR>- No a la baja de la
edad de imputabilidad. Basta de persecución a los
jóvenes;<BR>- Despenalización del aborto. Por el derecho de las
mujeres a decidir. Aborto libre y gratuito
<HR>
<BR></DIV></FONT></BODY></HTML>