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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa</FONT><BR><U>9 de noviembre 2011</U><BR><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: <A
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href="mailto:germain5@chasque.net">germain5@chasque.net</A></FONT></STRONG><A
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Uruguay</FONT></STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT size=3>Derechos
Humanos</FONT></STRONG></FONT></DIV>
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size=3></FONT></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT size=3>La Ley de
Caducidad (impunidad) no fue
eliminada</FONT></STRONG><BR> <BR></DIV></FONT>
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<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Agrupación
ProUnir</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>En Lucha Nº 3,
o</STRONG></FONT><FONT size=2 face=Arial><STRONG>ctubre-noviembre
2011</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG><A
title="mailto:periódicoenlucha.enlucha@gmail.com CTRL + clic para seguir el vínculo"
href="mailto:periódicoenlucha.enlucha@gmail.com">periódicoenlucha.enlucha@gmail.com</A></STRONG></FONT></DIV>
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face=Arial><STRONG></STRONG><STRONG></STRONG><BR> </DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial>En un tiempo record y cerca del plazo
de la prescripción de los delitos cometidos por la dictadura, la bancada
parlamentaria del Frente Amplio (mayoritaria en ambas cámaras) aprobó un
proyecto de Ley que declara el carácter de Lesa Humanidad de dichos delitos. El
texto, "restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para
los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de
marzo de 1985" comprendidos en la Ley de Caducidad. En el segundo artículo
establece que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de
caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la
vigencia de esta ley para los delitos" antes mencionados. El tercer artículo es
el que establece el carácter de delitos de Lesa Humanidad.<BR> <BR>Como ya
se ha divulgado, incluso desde estas páginas (ver En Lucha Nº 1) los delitos de
Lesa humanidad, según la Convención de San José de Costa Rica y el Tratado de
Roma (ambos suscritos por Uruguay) no prescriben (esto es, no tienen limite de
plazo para ser objeto de juicio). A este aspecto de dichas Convenciones y al
fallo de la Corte Interamericana de DDHH -caso Gelman- es que se remite la ley
aprobada, lo cual significa que los juicios contra los represores podrán
continuar después de noviembre A ello hay que agregar, según la opinión de
Helios Sarthou, la resolución 3074 de las Naciones Unidas, que es anterior al
periodo en que se cometieron los delitos. <BR> <BR>Sin embargo, no tiene
asidero formal la opinión expresada por muchos medios y también por legisladores
de la derecha tradicional, en el sentido de que ello implica la virtual
supresión de la Ley de Caducidad (de impunidad del terrorismo de Estado).
Sarthou insiste al respecto de que lo aprobado va a ser evadido por los que no
han sido aun procesados, con el argumento (de recibo en el derecho penal) de que
deberían ser juzgados "de acuerdo a la norma más benigna". Solo la anulación de
la nefasta Ley de Caducidad asegura que ello no ocurra. No obstante, al
caracterizar dichos delitos como de Lesa Humanidad y al considerar las
Convenciones Internacionales en la materia, que los mismos "no pueden ser objeto
por su carácter grave, ni de caducidad de la acción punitiva estatal, ni de
amnistía o indulto", puede abrirse la posibilidad de que cada juez en cada caso
concreto (y eventualmente la Suprema Corte) decidan la no aplicabilidad de la
ley de Impunidad. Ello sin suprimir la vigencia formal de la misma. Este es el "
remedio" que encontraron los "leguleyos" del FA, para mantener la aberrante ley
y (al mismo tiempo) "pasarle la pelota" al Poder Judicial, el que decidirá en el
futuro la aplicabilidad de la reciente disposición legal votada
.<BR> <BR><STRONG>El trasfondo político</STRONG> <BR> <BR>Van ya seis
años largos de gobierno del FA. De más de 400 militares, policías y civiles
inculpados por las organizaciones de DDHH, solo una docena y media han sido
procesados y están presos. Y en la búsqueda de los restos, solo
tres, si se confirma el último encontrado. Este magro resultado no se puede
explicar por obstáculos legales (como el haber heredado la vigencia de la Ley de
Impunidad) pues el FA dispuso desde el primer día de mayorías parlamentarias
formales para anularla. En realidad, el objetivo del "progresismo" es que el
tema de los DDHH relacionado con los crímenes de la dictadura, permanezca como
una de las pocas "señas de identidad" que van diferenciando al mismo de los
partidos llamados tradicionales. Para ello era necesario que la posibilidad de
juzgamiento de los represores no finalizara en noviembre. Hay por otra parte
mucha gente allegada a la militancia del FA y en particular al tema DDHH (que
participa en todas las marchas de los 20 de Mayo) que es muy sensible a este
punto, por los valores éticos y emocionales lógicos que
conlleva.<BR> <BR>Pero el valorar como positivo el hecho de que se haya
eliminado ese techo de tiempo, no nos debe llevar a creer que con ello el FA
quiere aplicar a rajatabla la posibilidad plena de que haya Juicio y Castigo a
todos los culpables de los atroces crímenes cometidos. En la nota "Anulan,
Interpretan, Derogan. Al final nada" (En Lucha Nº 1), señalábamos la existencia
de un "verdadero partido de la impunidad" también actuando en el FA y aludíamos
a muchos hechos históricos que lo avalan. En la sesión parlamentaria ese
"partido de la impunidad" se expresó por la voz del senador Carlos Gamou,
diciendo que la CAP-L (liderada por Fernández Huidobro, actual Ministro de
Defensa) votaba" por razones de estricta disciplina" el proyecto aprobado.
Lo mismo cabe deducir de la ausencia de Nin Novoa. Ellos, al menos, se
manifestaron. Otros que para sus adentros piensan lo mismo se callan...En
resumen: ni justicia plena, ni tampoco (por razones de política identitaria y
hasta electoral) dejar morir el tema. Esto es lo que busca el FA en este punto,
más allá de los matices internos.<BR> <BR>En ese contexto, nada se ha hecho
para depurar a las FFAA de los cuadros militares de la pasada dictadura, ni para
desactivar el aparato represivo y de inteligencia interna, enfocado en la
vigilancia y represión de la protesta política y social anti- sistémica. Ni
tampoco por liquidar la nefasta doctrina de la Seguridad Nacional en la
formación de las nuevas generaciones de oficiales. El "arresto simple" (una
sanción simbólica) al brigadier general Bonilla (por sus amenazas de no brindar
más información de los desaparecidos si se eliminaba la prescripción de los
delitos de la dictadura), muestra la condescendencia y la debilidad (a
nuestro entender deliberada) del gobierno frente a los chantajes
militares.<BR> <BR><STRONG>Una lucha estratégica</STRONG><BR> <BR>Como
todo gobierno que defiende el orden regido por el gran capital (nacional e
internacional), el presidido por Mujica necesita tener buenas relaciones con las
FFAA; para tenerlas disponibles, como elementos de "disuasión" o incluso de
represión, si se presentaran las circunstancias para ello. Se trata entonces de
circunscribir el tema "delitos de la dictadura" en una zona donde pueda
satisfacer esa función identitaria del FA, sin entorpecer la sintonía con los
actuales mandos militares. No por casualidad, la senadora Lucía Topolansky tiene
en carpeta un proyecto de ley para que los "presos viejos" (torturadores y
asesinos) de más de 70 años, cumplan su condena en "prisión domiciliaria". De
prosperar la iniciativa, se habrá cumplido con una de las demandas fundamentales
de la institución militar. <BR> <BR>La lucha por Juicio y Castigo tiene
como horizonte estratégico el cuestionamiento radical de las FFAA, como
institución del Estado. De su responsabilidad política en la represión, en la
implementación del terrorismo de Estado. Para nosotros, no hay unas FFAA de ayer
y otras de hoy. En tal sentido, la lucha contra la impunidad apunta a crear
conciencia acerca del rol de estos institutos armados en toda sociedad
capitalista. Y de cómo su razón última de ser, es el de garantizar el poder
explotador que imponen la oligarquía empresarial y el imperialismo. Por ello,
nuestra lucha contra la impunidad se inscribe en un combate de carácter
democrático y anticapitalista a la vez. De enfrentamiento a la dominación
burguesa y de construcción de una nueva sociedad, solidaria y
socialista.</DIV>
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