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<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa<BR></FONT><U>21 de enero 2012<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Montevideo - Uruguay<BR>Redacción y
suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Argentina</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Una ley argentina bajo presión
internacional<BR></STRONG></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT size=3>Antes militante
social, ahora terrorista </FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT
size=3></FONT></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT size=3>La ley rompe -por lo menos-
con tres tres bases del discurso oficial</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><BR><FONT size=3></FONT></STRONG></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Fabián Kovacic
</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Semanario Brecha, Montevideo,
20-1-2012</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><A href="http://www.brecha.com.uy/"><FONT size=2
face=Arial><STRONG>http://www.brecha.com.uy/</STRONG></FONT></A></DIV>
<DIV align=justify><BR><BR><FONT size=2 face=Arial>Pese a los días soleados y
calurosos, en la capital argentina no cesa la lluvia de críticas al oficialismo
por la nueva ley antiterrorista, sancionada al cierre del año 2011 entre gallos
y mediasnoches. Los dardos provienen incluso de filas cercanas al oficialismo.
El texto, denunciado como una amenaza para los movimientos sociales, habría sido
"sugerido" por el gafi, un organismo internacional de monitoreo de los
movimientos financieros.<BR><BR>"Cuando alguno de los delitos previstos en este
código (Penal) hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la
población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos
extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o
abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el
máximo." Esa es la modificación al Código Penal que el Senado nacional convirtió
en ley en su sesión del 22 de diciembre a pedido de la presidenta, Cristina
Fernández. Una semana antes Diputados la había aprobado como parte del paquete
de nuevas leyes enviadas de urgencia por el Poder Ejecutivo tras convocar a
sesiones extraordinarias, y el 28 de diciembre Cristina Fernández la
promulgó.</FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR>La nueva ley motivó el repudio de organizaciones sociales
y especialistas de derecho, tanto oficialistas como opositores, quienes ven en
ella una seria amenaza potencial a los reclamos sociales de organizaciones y
ciudadanos en todo el país. El alerta se enciende especialmente para las
asambleas ciudadanas que en la cordillera resisten los embates de las empresas
mineras, y las organizaciones de los pueblos originarios en lucha por retener o
recuperar sus tierras en las provincias del norte, como Santiago del Estero,
Formosa y Salta, avasalladas por trasnacionales o por grandes empresas
nacionales que pretenden extender la frontera agrícola. El denominador común de
esos movimientos es que han sido acusados de "prácticas terroristas" en sus
acciones de resistencia.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>¿Gafi estás? </STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>A mediados de octubre pasado –cuando ya era palpable el
triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas y presidenciales– el
gobierno envió al Parlamento el proyecto de modificaciones al Código Penal y
esperó el resultado de la consulta nacional del 23 de octubre, que no sólo
ratificó la reelección de Cristina Fernández sino la recuperación por el
kirchnerismo de las mayorías parlamentarias tanto en Diputados como en el
Senado.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Apenas transcurrida la consulta, el ministro de Justicia,
Julio Alak, prometía que sería sancionada una nueva ley antiterrorista. El
anuncio, realizado a pedido expreso de la presidenta, sonó como extemporáneo,
pero tenía sentido: fue formulado en París, ante el pleno de la asamblea del
Grupo de Acción Financiera internacional (Gafi), uno de los tantos organismos
internacionales surgidos de los países más poderosos que venían exigiendo a
Argentina un "mayor compromiso" en la lucha "contra el terrorismo" y "sus
fuentes de financiamiento".</DIV>
<DIV align=justify><BR>Alak prometió celeridad: los nuevos legisladores
nacionales asumirían el 10 de diciembre, el Poder Ejecutivo convocaría a
sesiones extraordinarias del Congreso, sería pan comido aprobar en un tris un
paquete de leyes de urgencia, entre las cuales se colaría la mentada norma
antiterrorista.<BR></DIV>
<DIV align=justify>A comienzos de año Argentina ya había sido "advertida" –por
el Gafi y por otros– sobre la necesidad de que corrigiera normas presuntamente
laxas en materia financiera que –se aseguraba– habilitaban el ingreso de
capitales provenientes de negocios ilícitos. De no hacerlo, la calificación
otorgada al país por ese organismo, fundamental para su permanencia en el Grupo
de los 20, que reúne a los supuestamente más ricos del planeta, se vería
cuestionada. Luego del anuncio de Alak, la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (ocde), otra instancia que agrupa a una veintena larga de
naciones industrializadas, reunida en París, felicitó a Argentina por sus
flamantes planes para combatir el "financiamiento del terrorismo".</DIV>
<DIV align=justify><BR>Alak viajó a París junto a José Sbatella, responsable de
la Unidad de Investigaciones Financieras, dependiente de la Presidencia de la
Nación. Tras la sanción de la ley, Sbatella admitió que, tal como está
redactada, la norma podría, entre otros riesgos, acarrear "problemas al
ejercicio del periodismo", al quedar en manos de los jueces la interpretación de
qué puede ser considerado o no un acto "terrorista". No era la primera vez que
Sbatella iba a contramano del Poder Ejecutivo. Cuando era responsable de la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ya había desautorizado la compra
de Cablevisión por parte del Grupo Clarín, lo que le había valido una reprimenda
tal del entonces presidente Néstor Kirch­ner –no enfrentado aún con los
grandes conglomerados mediáticos–, que debió abandonar su puesto, según denunció
la periodista Graciela Mochkofsky en su libro Pecado original. Clarín, los
Kirchner y la lucha por el poder (Editorial Planeta, mayo de 2011).</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Modelo</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>El 11 de diciembre, al día siguiente del inicio del segundo
mandato de Cristina Fernández, el periodista Horacio Verbitsky, columnista de
Página 12, un diario habitualmente muy cercano al kirchnerismo, alertaba sobre
los riesgos que presentaba la ley que tres semanas después, el Día de los
Inocentes, sería aprobada. Sugería, por ejemplo, que una legislación de este
tipo podría ser utilizada para la represión de movimientos sociales, aunque esa
no fuera la intención original del gobierno. Verbitsky ponía la norma en
contexto. "El Plan Estratégico Agroalimentario, que Cristina describe con la
consigna de industrializar la ruralidad, se propone agregar entre 8 y 18
millones de hectáreas al área sembrada, que hoy es de 34. La pregunta crucial es
cómo hacerlo sin avanzar sobre ecosistemas vitales, con consecuencias políticas,
sociales y de derechos humanos, como el reciente asesinato de Cristian Ferreyra
en Santiago del Estero", planteaba. Y agregaba que no otra cosa había sucedido
en Chile, Brasil y hasta en el Perú de Ollanta Humala. "Argentina no es original
en este aspecto: el gobierno de Brasil está en conflicto con las distintas
etnias asentadas en torno al río Xingú por la construcción de Belo Monte, la
tercera represa hidroeléctrica del mundo, que anegará sus tierras; el chileno,
con las comunidades mapuches del sur que quemaron bosques para oponerse al
avance sobre sus tierras de la forestación con fines industriales; el de Perú,
con sus campesinos e indígenas que rechazan el emprendimiento aurífero de Conga.
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó
una medida cautelar frenando la obra de Belo Monte, Dilma Rousseff la
desobedeció, siguió adelante con esa inversión próxima a los 5 mil millones de
dólares, retiró su embajador de la oea y la candidatura para integrar la cidh
del ex ministro de Derechos Humanos de Lula Paulo Vanucchi. La cidh modificó su
resolución para permitir que siguiera la construcción de ese proyecto que Dilma
inició como ministra de Energía y Minas, pero hasta ahora el gobierno no ha
modificado su dura posición. Hasta el presente, Chile sigue aplicando a mapuches
y pehuenches la legislación antiterrorista de Pinochet, con sus reformas
posteriores, y el nuevo presidente peruano Ollanta Humala ha utilizado a la
policía antiterrorista para detener a los dirigentes campesinos opuestos al
proyecto minero de Yanacocha-Newmont."</DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Todos
terroristas</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Martín Caparrós *</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Quizás en unos años, cuando haya que relatar el
kirchnerismo, muchos coincidirán en que el momento del quiebre, el momento en
que todo empezó a verse distinto fue cuando el gobierno de la doctora Fernández
dictó su ley antiterrorista.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Fue la última noticia de un año lleno de noticias –y no
fue de las más discutidas–. En síntesis: un gobierno que se presenta como
democrático y popular acaba de sancionar una ley que dice que cuando algún
delito del Código Penal "hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a
la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos
extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o
abstenerse de hacerlo, la escala (la pena) se incrementará en el doble del
mínimo y el máximo".</DIV>
<DIV align=justify><BR>La formulación es tan imprecisa que permite que cualquier
juez decida que cualquier acto fue cometido con esa finalidad –¿cómo se define
qué aterroriza a una población?, ¿cómo se sabe cuándo una población está
aterrorizada?, ¿cómo se juzga una intención?– y doblar la pena. El gobierno dice
que lo hizo para contener los "golpes de mercado"; está claro que se puede usar
para tantas otras cosas. Aunque hayan agregado al final un párrafo que dice que
esas agravantes "no se aplicarán cuando el o los hechos de que se trate tuvieren
lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier
otro derecho constitucional". Roberto Gargarella, jurista reconocido, lo
comentaba en una entrevista: "Ese agregado que dice 'salvo que usted esté
haciendo ejercicio de un derecho legítimo' es risible: un juez tarda diez
segundos o menos para descartarlo. Un juez puede decir: 'por supuesto esto nunca
se podrá invocar si usted está haciendo uso legítimo de un derecho; ahora, usted
está cortando una calle, cortar la calle no es hacer un uso legítimo de un
derecho, ergo, usted es un terrorista'".</DIV>
<DIV align=justify><BR>La ley rompe con –por lo menos– tres bases del discurso
oficial:</DIV>
<DIV align=justify><BR>La primera es que este gobierno no acepta presiones de
organismos internacionales. Porque, como repitió el juez de la Suprema Corte
Raúl Zaffaroni –y reconocieron muchos otros–, la ley fue un pedido de un
organismo internacional de segunda categoría, el Grupo de Acción Financiera
Internacional, Gafi. Y los rumores –siempre los rumores– insistían en que la ley
fue una condición que Estados Unidos puso para mantener a Argentina en el G 20,
gran tribuna para que la presidenta vaya a dar lecciones de audaz
autonomía.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La segunda, que este gobierno no agita el espantajo del
terrorismo porque eso es lo que hacía la dictadura. Porque, como decía en un
artículo tuitero el filósofo Eduardo Grüner, hay que atreverse a usar una
palabra como "terrorismo" en un país con la historia que tiene Argentina. "La
enorme ironía –habría que decir, más bien, sarcasmo– es que este gobierno, que
se precia con razón de haber impulsado tantos juicios por crímenes de lesa
humanidad, sólo había empleado el término 'terrorismo' para hablar del
terrorismo de Estado. Habría mucho que decir sobre esta verdadera perversión
lingüística que viene a sumarse a la legal, invirtiendo el uso de palabras
'sagradas': hasta ahora, los 'terroristas' eran ellos (Videla y compañía); ahora
podemos serlo también nosotros, casi cualquiera."</DIV>
<DIV align=justify><BR>La tercera, que este gobierno no reprime la protesta
social. Porque lo viene haciendo, a través de las administraciones provinciales,
sin piedad y sin descanso, pero esta ley lo pone negro sobre blanco en el
Boletín Oficial. Es un nuevo instrumento, un modo de legitimar: ahora cualquier
juez puede decidir que un muchacho detenido por cortar una calle y quemar unas
gomas estaba tratando de aterrorizar a la población o, peor, de "obligar a las
autoridades" a –digamos– aumentar sueldos, y meterlo en la cárcel unos años. La
torta se achica y vienen tiempos de ajustes, de pelea social. </DIV>
<DIV align=justify><BR>* Fragmentos del blog Pamplinas, que este periodista y
escritor argentino publica habitualmente en el diario madrileño El País.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>