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<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa<BR></FONT><U>13 de febrero 2012<BR></U><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Montevideo -
Uruguay<BR>Redacción y suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Colombia</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Capitalismo gangsteril y despojo
territorial </STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Renán Vega
Cantor * </STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Revista Cepa Nº 14,
febrero-junio de 2012</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Calpu/Nueva
Radio</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><A
href="http://calpu.nuevaradio.org/"><STRONG>http://calpu.nuevaradio.org/</STRONG></A></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><EM>“La tierra sin hombres de los
hombres sin tierra”.<BR></EM>Augusto Roa Bastos</FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><BR></FONT><FONT size=2
face=Arial>Acumulación por desposesión es un término que se utiliza para
estudiar la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión
violenta de habitantes del campo, junto con la transformación de los derechos
comunes en derechos privados. A esto se le agrega el análisis de los métodos
imperialistas para apropiarse de los recursos naturales y energéticos, en
consonancia con el papel del capital financiero como instrumento de
endeudamiento de la población, urbana y rural, y como soporte “legal” de la
expulsión de campesinos e indígenas, reducidos a la servidumbre por
deudas.</FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR>Colombia es un inmenso laboratorio de la acumulación por
desposesión porque se presentan, a vasta escala y con un increíble nivel de
violencia, las características antes enunciadas. En síntesis, “lo que posibilita
la acumulación por desposesión es la liberación de un conjunto de activos
(incluida la fuerza de trabajo) a un coste muy bajo (y en algunos casos
nulo)”[1]. El elemento esencial es el despojo como forma violenta que vincula
las actividades económicas y la apropiación de tierras. En este sentido, los
asesinatos, las masacres, las torturas, el desplazamiento forzado son vehículos
de la concentración de tierras, llevados a cabo por “empresarios” que impulsan
la acumulación de capital en el campo, gran parte de la cual proviene del robo
de la tierra y de la riqueza de los campesinos.<BR></DIV>
<DIV align=justify><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Despojo de tierras</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>La concentración de tierras en manos de pocos
terratenientes ha sido una característica distintiva de la historia de Colombia
desde el mismo momento de su separación de España. En este país nunca se realizó
una reforma agraria y siempre los latifundistas han tenido un papel protagónico
en la escena política y en la vida económica y social. Esto se expresa con
indicadores elementales de concentración de la propiedad de la tierra: en el
país hay 114 millones de hectáreas, de las cuales 51.3 millones se consideran
como superficie agropecuaria, de cuyo total 36 millones están dedicados a la
ganadería extensiva, expresión tradicional del poder de ganaderos,
terratenientes y narcotraficantes; 10 millones de hectáreas son aptas para la
agricultura, y de ellas la mitad se dedica a actividades agroindustriales y en
el resto, laderas y zonas bajas tropicales, subsisten millones de campesinos y
colonos, de los cuales sólo tiene título de propiedad el 15 por ciento; un 0,43%
de los propietarios (grande latifundistas) es dueño del 62,91% del Área Predial
Rural, al tiempo que el 57.87% de los propietarios (minifundistas y pequeños
propietarios), tiene un ridículo 1.66% de la tierra; el 53% del total de la
tierra registrada se concentra en manos de sólo tres mil grandes propietarios
rurales; el índice GINI en cuanto propiedad rural ascendió en 2009 a 0.863, uno
de los más altos del mundo, sólo superado en América Latina por Paraguay, un
país más pequeño; entre el 76 y el 79% de las personas desplazadas tenía
derechos asociados a la tierra, bien como propietarios, ocupantes de hecho,
poseedores o tenedores; en el último cuarto de siglo se le han usurpado por
medio de la violencia unos 7 millones de hectáreas a sus legítimos propietarios
o poseedores [2].</DIV>
<DIV align=justify><BR>De acuerdo a estas cifras, Colombia es uno de los países
más injustos y desiguales del planeta, lo cual explica el permanente conflicto
agrario de los últimos 60 años, como continuación de las luchas que libraron los
colonos, indígenas y campesinos desde comienzos del siglo XIX. En ese sentido,
la brutal expropiación de tierras del último cuarto de siglo refuerza un proceso
estructural, aunque ahora ese despojo se esté llevando a cabo con unos niveles
de violencia y de terror difíciles de concebir en otros lugares del mundo. Este
proceso puede definirse como una revancha terrateniente (ahora nutrida con la
savia criminal de la alianza que se gestó desde el Estado, entre el Estado, las
clases dominantes, el paramilitarismo, el narcotráfico y las multinacionales)
cuya finalidad ha sido arrebatar las tierras a los campesinos pobres y destruir
a los movimientos sociales de tipo agrario que se les pudieran oponer.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Esto se encuentra ligado con los intereses del
capitalismo contemporáneo, porque como lo señaló un campesino que logró escapar
de esa barbarie: “En los Hornos crematorios, los criaderos de caimanes y las
fosas desaparecieron a muchas víctimas de la contra-reforma agraria en Colombia”
[3] Por si hubiera dudas, 4.000 paramilitares confesaron que habían cometido
156.000 asesinatos y participaron en 860 masacres y la Fiscalía General de la
Nación informó que entre 2005 y 2010 fueron asesinadas por paramilitares 173.000
personas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El cambio en el uso de la tierra en Colombia ha sido tan
evidente en los últimos 20 años que en donde antes habían parcelas campesinas,
llenas de vida, sembradas de maíz y de cultivos de pan coger, con unas cuantas
gallinas y cerdos, hoy pasan carreteras y se han sembrado cultivos de
exportación, o se han convertido en tierras de ganadería. La expropiación de las
tierras de los campesinos tiene varias finalidades, como se describe a
continuación.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Tierras para ganadería</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Los terratenientes colombianos tienen una especial
debilidad por las vacas y los caballos, y por eso poseen grandes latifundios
donde pastan miles de cabezas de ganado y caballos de paso fino. La
ganaderización del campo colombiano es uno de los rasgos distintivos de este
país desde el siglo XIX, cuando los terratenientes introdujeron el alambre de
púas y la siembra de pastos, mientras expulsaban a los colonos de las tierras,
les arrebataban los títulos y los convertían en peones y agregados de las
haciendas. Hasta tal punto domina la lógica ganadera que en las ferias y fiestas
que se celebran todos los años se exhiben los “grandes avances” de la ganadería,
con exposiciones equinas, corridas de toros, certámenes de coleo o carralejas,
para agasajar a los gamonales y terratenientes de un pueblo o una región. Un
solo dato es indicativo del poder de los ganaderos en la sociedad colombiana:
ocupan 36 millones de hectáreas para un hato ganadero de 19 millones de vacas,
es decir, que cada vaca ocupa en promedio casi dos hectáreas del suelo, mientras
que millones de campesinos no tienen ni un pedazo de tierra a donde caer
muertos. En tales condiciones, uno de los móviles centrales del despojo de
tierra busca convertirlas en grandes pastizales, para “sembrar” vacas, caballos
y en algunos casos, como en ciertas regiones de Antioquia, hasta búfalos.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Tierras para sembrar cultivos de
exportación</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Las clases dominantes en Colombia, con una histórica
vocación de terratenientes, han visto con muy buenos ojos el proyecto que
impulsan los países imperialistas y sus empresas transnacionales de sembrar
cultivos de exportación. La puesta en marcha de ese proyecto se sustenta en la
expropiación de tierras en varias regiones del país, que se destinan a sembrar
productos como la palma aceitera. Ningún cultivo como éste simboliza los nexos
entre violencia, despojo, apropiación de tierras y paramilitarismo, como se
evidencia en todas las regiones donde se ha implantado.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La propuesta de convertir a Colombia en un país
palmicultor cobró fuerza durante el régimen criminal de Álvaro Uribe Vélez,
quien estableció como una de sus prioridades incrementar la cantidad de tierras
dedicadas a la siembra de palma. Y en efecto, durante el período 2003-2009 el
cultivo de palma aceitera pasó de 206.801 a 360.537 hectáreas, con la pretensión
de alcanzar pronto seis millones de hectáreas, como expresión del deseo de
convertir a Colombia en la “Arabia Saudita del biodiesel”. Tan drástico
incremento se logró en antiguas tierras de campesinos, apropiadas por “prósperos
para empresarios”. que ahora las destinan a sembrar la palma de la muerte, como
la llaman los campesinos desalojados.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Entre los sectores sociales más afectados por estos
empresarios del crimen, dedicados a negocios legales, se encuentran los
habitantes afrodescendientes de la costa pacífica colombiana, que han sido
expulsados de sus tierras, a punta de fuego y motosierra, como ha sucedido con
los habitantes de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento
de Chocó, cuyos terrenos fueron ocupados por paramilitares en alianza con
miembros de la Armada en 1997. Luego del despojo aparecieron empresarios de la
Palma que empezaron a sembrarla en esos territorios, contando con el respaldo y
el apoyo de la Brigada XVII del Ejercito Nacional que actúa en favor de los
empresarios y apoya la expansión de los cultivos. Fueron limpiadas las tierras,
derribado parte del bosque nativo, y contaminadas las aguas. Las comunidades
campesinas no sólo fueron desalojadas sino que, después de implantarse el
cultivo, empezaron a ser asesinados sus lideres cuando intentaban reorganizar a
las comunidades, contabilizándose cientos de asesinados [4].</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Tierras donde se encuentran riquezas
minerales</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>En las diversas regiones de Colombia donde existen
riquezas minerales se ha organizado la expulsión de indígenas y campesinos, como
ha sucedido en la Costa Atlántica con la explotación del carbón. En la Jagua de
Ibirico, departamento de César, desde mediados de la década de 1990 sicarios a
sueldo realizaron numerosas masacres con la finalidad de limpiar la tierra de
sus incómodos ocupantes, para apropiarse de las mismas y cederlas a empresas
multinacionales, como la Drumond, con la complicidad de notarios del INCODER y
otros funcionarios y abogados que llegaron al descaro de hacer firmar escrituras
a los muertos para legalizar el robo de tierras. Los campesinos que lograron
sobrevivir se vieron obligados a huir, dejaron todo abandonado y, en medio de la
miseria, subsisten como vendedores informales y viven en pocilgas miserables en
pueblos y ciudades de la costa [5].</DIV>
<DIV align=justify><BR>Este es sólo un ejemplo, porque en todo el país se están
realizando apropiaciones de tierra para realizar explotaciones mineras, si se
tiene en cuenta que el Estado les concede facilidades a empresas de capital
transnacional para que se lleven los recursos naturales, en lo cual se incluye
legalizar las concesiones mineras mediante la entrega de miles de hectáreas para
que operen las compañías de Canadá, Sudáfrica, la Unión Europea y otros países.
Esto se evidencia con la expedición de títulos mineros, los que pasaron de 80 en
el 2000 a 5067 en el 2008, con un total de casi 3 millones de hectáreas
concedidas para extracción minera.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Tierras para construir represas</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>El monopolio de la tierra no puede existir si al mismo
tiempo no se monopoliza el agua, porque la tierra sin agua es un desierto. Esto
lo tienen claro los terratenientes y ganaderos, así como el Estado que les
sirve. Por esta circunstancia, la expansión de los latifundios viene acompañada
de la expropiación de las tierras circundantes a los lugares donde se encuentran
fuentes de agua y la apropiación privada de ríos, quebradas, ciénagas, humedales
y lagunas para beneficio exclusivo de los terratenientes y ganaderos. Gran parte
de las represas que se han construido en Colombia en las últimas décadas tienen
esta finalidad.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Al respecto vale mencionar a la Represa de Urra I, obra
que se construyó entre 1993-1999, y que contó con la lucida oposición de la
comunidad indígena de los Embera-Katios, ancestrales habitantes del lugar,
desplazados a sangre y fuego por grupos de paramilitares, organizados por
terratenientes y ganaderos y respaldados por el Estado y los políticos
regionales. La construcción de esta represa es ilustrativa de la destrucción de
los bienes colectivos y su conversión en bienes privados, porque unos 70.000
indígenas, campesinos y pescadores fueron directamente impactados por el
proyecto Urra I. Al mismo tiempo, se destruyó la pesca artesanal, porque
disminuyeron o desaparecieron especies de peces de la cuenca del río, como el
caso del bocachico, fuente alimenticia de primer orden en la dieta de los embera
Katio y los pescadores locales. Esto último se debió a la desecación de los
humedales del alto Sinú, ocasionada por la disminución de los flujos naturales
del río, luego de que fuera construida la represa.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Junto con el exterminio del bocachico se han secado
humedales y ciénagas, que entre otras cosas es lo que le interesa a los
terratenientes para expandir sus fincas ganaderas. Lo que antes eran corrientes
de agua llenas de vida, ahora son fuentes contaminadas y muertas, como sucede
siempre con las grandes represas, que finalmente son aguas estancadas en las que
pululan los mosquitos, que generan epidemias que antes no conocían los indígenas
y campesinos [6].</DIV>
<DIV align=justify><BR>Las hidroeléctricas que se han construido en Córdoba no
son una cuestión de energía ni de aguas, sino de tierras ganaderas, las mismas
que pertenecen a unos cuantos latifundistas que se van expandiendo a costa de
los pequeños campesinos e indígenas y que utilizan todos los medios para
quedarse hasta con las tierras de los humedales, los cuales son secados con
Búfalos. En estas ricas tierras se han enfrentado desde el siglo XIX los
hacendados y los campesinos que cultivan maíz, yuca y malanga y son pescadores,
es decir, forman parte de lo que Orlando Fals Borda llamó una cultura
anfibia.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Tierras que se entregan a las
multinacionales</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>La tierra ha adquirido una renovada importancia para las
potencias capitalistas, en la perspectiva de convertirla en medio de producción
que genere agrocombustibles y para apropiarse de las riquezas naturales que en
ellas se encuentren. En ese sentido, los países imperialistas libran una guerra
no declarada por apropiarse de los recursos, cuyo escenario bélico se despliega
en el mundo periférico y dependiente. Colombia, uno de los primeros países del
mundo en biodiversidad, no está al margen de esa guerra y por ello en los
últimos tiempos se ha presentado una ofensiva de las empresas transnacionales y
de sus respectivos estados por adueñarse de importantes reservas de tierras,
sobre todo aquellas en que existan recursos minerales. Esto se facilita porque
el Estado y las clases dominantes del país han optado por regalarle al capital
imperialista nuestras riquezas, a cambio de que siga fluyendo el caudal de
dólares y euros para mantener la guerra interna. Un caso particularmente
destacado de entrega de tierras a las multinacionales está relacionado con la
explotación de recursos minerales en diversas regiones del territorio
colombiano. A manera de ejemplo, valga mencionar el caso de la extracción de oro
por parte de empresas canadienses y sudafricanas en lugares como Cajamarca
(Tolima), San Turbán (Santander), Marmato (Antioquia), entre muchos casos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En Marmato, una tradicional zona minera desde hace varios
siglos, la compañía canadiense Medoro Resources anunció a finales del 2010 que
va a realizar un proyecto de minería a cielo abierto que cubre un área de 200
hectáreas e incluye el casco urbano de esa población. Para llevar a cabo este
proyecto, la compañía anunció que en los próximos años va a extraer unos 10
millones de onzas de oro. Para hacerlo requiere la remoción de 300 mil toneladas
de tierra al año y reasentar el pueblo en otro lugar, el que se anuncia como un
sitio paradisiaco, según la propaganda oficial de la empresa, acogida desde
luego por la gran prensa y por los políticos de Antioquia y de Caldas. Decir que
ese es un reasentamiento es un abuso de lenguaje, porque en verdad se está
hablando del desplazamiento forzado de todos los habitantes de un pueblo, que
durante varios siglos se han dedicado a la pequeña minería, por obra y gracia de
la minería transnacional [7].</DIV>
<DIV align=justify><BR>En las tierras que se ceden a las multinacionales se
incluyen los recursos naturales, la biodiversidad y sobre todo el agua, tan
necesaria para la explotación minera y cuyas fuentes quedan contaminadas por el
arsénico que se vierte diariamente sobre ríos y quebradas. La contaminación y
desaparición de la biodiversidad cierran un proceso de despojo, en el que
previamente los grupos privados de asesinos, en alianza con las Fuerzas Armadas
del estado, han desplazado a los campesinos y habitantes pobres de las regiones
donde se explotan minerales. Se calcula que como resultado de la extracción de
recursos minerales, en Colombia habían sido desplazadas en los últimos años,
hasta agosto de 2008, unas 600 mil personas. Nada sorprendente si se sabe, por
ejemplo, que la transnacional Kedahda (filial de la Surafricana Anglo Gold
Ashanti) ha solicitado que le otorguen concesiones en 336 municipios del país,
en zonas en las que es notoria la presencia de paramilitares.<BR></DIV>
<DIV align=justify><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>La legalización del despojo</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Luego de perpetrado el robo de tierras se trata de
asegurar su posesión por parte de los usurpadores. Para lograrlo el Estado juega
un papel de primer orden ya que entran a operar los mecanismos “legales”, donde
abogados, jueces, notarios, alcaldes, gobernadores, parlamentarios, ministros y
presidentes actúan en consonancia con el proyecto de legitimar y legalizar la
expropiación de tierras. Todos estos funcionarios estatales adelantan la labor
de limpiar la cara de los criminales y de presentarlos como honestos empresarios
que, al despojar a los campesinos, actúan como portavoces de la patria y se
comportan como excelsos defensores de la sagrada propiedad privada. Siempre se
trata de mostrar ante la opinión pública que no existió el saqueo y que los
pequeños propietarios no son productivos sino, más bien, son un estorbo que
conspiran contra los grandes propietarios que, según el estribillo de moda, son
los que generan empleo y prosperidad.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En Colombia el despojo de tierras se ha legalizado desde
el Estado central con un sinnúmero de leyes. Valga mencionar algunas. La ley 791
de 2002 reduce a la mitad el tiempo estipulado para la prescripción ordinaria y
extraordinaria, con lo cual se acorta el plazo requerido para alcanzar la
legalización de un predio ante los estrados judiciales, argucia que como es
obvio favorece a los usurpadores de tierras. La ley 1182 del 2008 instituye el
“saneamiento de la falsa tradición”, una figura con la que se posibilita la
legalización de predios de más de 20 hectáreas adquiridos de manera ilegal,
siempre y cuando no se presente ante un juez alguna persona que alegue en contra
de esa solicitud y con pruebas, algo difícil porque un desplazado o no está
informado de las solicitudes de adjudicación sobre sus tierras y si está
enterado poco puede hacer ante el chantaje violento que pende sobre su cabeza.
La ley 1152, o Estatuto Rural, establece la validez de los títulos no
originarios del estado registrados entre 1917 y 2007, con lo cual permite la
solución de los litigios a favor de los grandes propietarios y quienes han
robado tierras en los últimos 90 años. Esta misma ley prohíbe la ampliación de
resguardos indígenas en la zona del Pacífico y en la cuenca del Atrato, un
región de gran desplazamiento forzado, que deja a los indígenas desamparados
legalmente para defender sus territorios.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero las leyes de legalización del despojo no sólo están
referidas a las tierras, sino que incluyen el interés de legislar en términos de
agua, paramos, bosques, parques naturales, recursos forestales para que todo
aquello que sea propiedad pública o común se convierta en bienes privados al
servicio de capitalistas, terratenientes y multinacionales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Como si no fuera bastante con este rosario de leyes a
favor del latifundio y los agentes del despojo rural, durante el gobierno de
Juan Manuel Santos se ha impulsado la idea de la consolidación de la seguridad
democrática, un eufemismo para decir que se va asegurar el robo y el despojo. Al
respecto, en el 2010 fueron desplazadas 280.041 personas del campo, en 31 de los
32 departamentos del país y, lo más revelador, el 33 por ciento de los
desplazados se origina en las zonas que el régimen uribista denominó Centros de
Coordinación y Atención Integral (Ccai), “programas que tienen incidencia en 86
municipios en 17 departamentos, los cuales el ex presidente Uribe consideró
prioritarios para recuperar la seguridad y avanzar en inversión social y
empresarial”. Llamativo también que en un tercio de las tales zonas de
consolidación hay explotaciones de minerales, especialmente del oro, como en
Montelíbano (Córdoba), varios municipios del Bajo Cauca, en el Pacífico o en el
Catatumbo. No por casualidad la región más crítica es el bajo cauca, donde “En
las riberas de los ríos Cauca, Man, Nechí y Cacerí hay cerca de 2.000
retroexcavadoras y dragas que según cifras oficiales sacan 28 toneladas de oro
al año. Con la fiebre minera llegaron las bandas criminales, las masacres, los
asesinatos y las amenazas. En la región hay 89 asesinatos por cada 100.000
habitantes, la tasa más alta de Antioquia”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En esas zonas de consolidación de latifundio
agroindustrial se están sembrado miles de hectáreas con palma aceitera, tales
como en San Onofre (Sucre), Tibú (Norte de Santander), Guapi y Tumaco (Nariño),
en las faldas de la Sierra Nevada y en la Macarena (Meta).</DIV>
<DIV align=justify><BR>En tales zonas de consolidación tampoco se ha erradicado
el narcotráfico, pues en un 70 por ciento de ellas se cultiva hoja de coca, un
hecho que además acelera el desplazamiento porque actúan los narcoparamilitares
y porque las fumigaciones del ejército golpean a los campesinos y sus familias y
les destruyen sus cultivos [8].</DIV>
<DIV align=justify><BR>En rigor, la consolidación que se busca es la del gran
capital agro-minero exportador en el cual sobresale la alianza entre
latifundistas, narcotraficantes, exportadores y empresas multinacionales. Para
hacerlo posible, el Plan Nacional de Desarrollo, en sus artículos 45, 46 y 47,
modifica la ley 160 de 1994 que impedía que las tierras públicas (baldías)
fueran transferidas a particulares que formaran latifundios. Ahora se permite
que se adjudiquen esos baldíos de la nación a cualquier persona, nacional o
extranjero, todo lo cual se justifica con el cuento de promover las grandes
exportaciones agropecuarias, en las que se destila la demagogia que de esta
forma se consolidará la alianza entre campesinos y grandes productores. Algo que
es mucho más explicito con la mal llamada Ley de Tierras, un proyecto que
favorece y fortalece a los capitalistas nacionales y extranjeros.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Los expropiados</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Aunque las grandes empresas agroexportadoras y minerales
necesiten trabajadores ya no requieren vastos contingentes de ellos, ni tampoco
generan unas relaciones salariales clásicas, sino que impulsan formas de
vinculación laborales propias del esclavismo o del feudalismo. El empleo que
generan las minas o las plantaciones de palma o de caña de azúcar es muy escaso
y el grado de explotación de los trabajadores es bestial, sin ningún tipo de
derechos laborales, e incluso sin contratación directa puesto que predomina el
trabajo terciarizado por medio de cooperativas, con el objetivo de esconder al
patrón. Un ejemplo de esta forma de vinculación laboral de tipo salarial,
degradada al máximo, es el de los corteros del Valle del Cauca, que en el 2008
realizaron una heroica huelga.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Estos trabajadores de rasgos cetrinos, muchos de ellos
descendientes de esclavos africanos, soportan interminables jornadas de 12 o más
horas, laborando bajo pleno sol, sin un salario fijo porque se les paga de
acuerdo a la cantidad de caña que sean capaces de cortar, cuyo peso es
controlado por las basculas que pertenecen o las empresas contratistas o a los
ingenios. Su jornada de trabajo discurre los siete días de la semana, con un
solo día de descanso al mes. No tienen derecho a enfermarse porque, aparte de
que no cuentan con servicio médico pago por la empresa sino que lo deben asumir
por su cuenta, deben enviar un sustituto cuando se enferman y si no lo hacen son
despedidos. La jornada diaria de trabajo se inicia a las seis de la mañana y se
prolonga hasta cuando comienza la noche. Todo el día cortan caña a punta de
machete. Se les paga por el volumen de caña cortada, por lo que reciben un
salario variable, a destajo. Los organizadores de las cooperativas asociadas les
dicen que ellos son a la vez patrones y trabajadores, en razón de lo cual todo
lo que utilizan o necesitan (machetes, guantes, zapatos, ropa y protectores de
tobillo) deben ser comprados por ellos mismos, con sus magros ingresos. Tampoco
tienen subsidio de transporte, un gasto importante en su reducido presupuesto ya
que representa hasta la séptima parte de sus salarios, porque supuestamente no
son empleados sino patrones. Entre otras cosas, esta extraña condición de
figurar como patronos de sí mismos les impide en términos legales que hagan
huelgas. No tienen derecho a vacaciones ni a pago de horas extras [9].</DIV>
<DIV align=justify><BR>En el caso de la caña como en los otros sectores de este
tipo de agronegocios, si los trabajadores se atreven a protestar, a organizarse,
afiliarse a un sindicato o hacer huelga, inmediatamente son amenazados,
perseguidos y asesinados sus líderes y activistas más beligerantes.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Liquidación de organizaciones y movimientos
sociales</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Otra característica de la acumulación por desposesión estriba
en desarticular por todos los medios posibles, empezando por la violencia física
directa, a todos aquellos sectores sociales de tipo popular que pudiesen
oponerse al proyecto de consolidación del capitalismo agroindustrial de tipo
exportador. En Colombia esto se expresa en el desangre que han sufrido las
organizaciones sociales en los últimos 25 años por parte del Estado y de los
grupos de sicarios que han sido organizados y financiados por diversas
fracciones de las clases dominantes, en cabeza de las cuales sobresalen los
ganaderos y latifundistas, en asocio con empresas multinacionales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La violencia contemporánea que acompaña el despojo de la
tierra y la naturaleza tiene un marcado carácter de clase. Se trata, en pocas
palabras, de eliminar los incómodos obstáculos sociales que impidan la
consolidación del modelo agroexportador, lo cual sigue en términos generales un
mismo modus operandi: primero se limpia la tierra mediante el terror por parte
de grupos de criminales contratados por el Estado y fracciones de las clases
dominantes; luego, los políticos regionales diseñan la planeación estratégica
para transformar esas regiones en lugares adecuados para la puesta en marcha de
actividades económicas, que sólo pueden llevarse a cabo con la consolidación de
los planes de pillaje, muerte y saqueo; en tercer lugar, ya con las tierras
despejadas y con los planes empresariales se llama al capital extranjero para
que invierta en el país, garantizándoles plena seguridad a las inversiones y
brindándole, aparte de protección, todo tipo de gabelas, descuentos y
regalos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La implantación de cultivos como el banano, la palma
aceitera, o de otros productos destinados a producir agrocombustibles (caña de
azúcar) o la extracción de petróleo, minerales y oro viene acompañada de una
dosis notable de violencia, como se evidencia con la gran cantidad de
sindicalistas, dirigentes campesinos e indígenas que han sido asesinados. Las
masacres, desplazamientos forzados, destrucción de sindicatos acompañan esta
forma de acumulación de capital en Colombia en las últimas décadas. Eso no es
algo excepcional o fortuito sino consustancial a este tipo de capitalismo
gángsteril, como lo dice un estudioso de la explotación de palma: “El aceite o
el biodiesel de Palma Africana tienen a la violencia como aditivo. En Indonesia,
en África o en Colombia, la depredación ambiental, la represión a las
comunidades indígenas y campesinas, y el antisindicalismo son algunas de las
huellas de la identidad violenta del cultivo industrial de la Palma Africana”
[10].</DIV>
<DIV align=justify><BR>La implantación de la palma viene acompañada de la
expulsión de los campesinos y por esa razón puede decirse que la palma aceitera
Es el “NAPALM” del Plan Colombia: quemando la selva, quemando la gente y a todo
derecho.” Y lo que queda después son “desiertos verdes, árboles en filas
plantados como zanahorias, sin campesinos, con escasa mano de obra y la poca que
genera mendiga por laberintos donde la esclavitud no encuentra salidas” [11].
Esta es la famosa Arabia Saudita del biodiesel que buscan los para empresarios y
no están equivocados porque quieren transformar a este país en un desierto de
palma, sin campesinos, regido por una monarquía oligárquica y corrupta como la
de Arabia Saudita.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La palma es un negocio criminal de paramilitares y
narcotraficantes, como se prueba con el hecho que 23 empresarios del sector en
el 2003 invirtieron 34 millones de dólares. Esto fue posible mediante el
desplazamiento de 5000 campesinos, la ocupación de 100 mil hectáreas que
correspondían a territorios de comunidades afrodescendientes en el Choco. Esto
fue respaldado por los sicarios privados, aliados con el ejército y burócratas
del Ministerio de Agricultura, que concedieron generosos créditos y llamaron a
la apropiación de la tierra para que “honestos empresarios hicieran patria” con
su sacrificio y tesón. Como para que no quede duda esta operación, encaminada a
impulsar el cultivo de palma, fue directamente comandada por los paramilitares
Carlos y Vicente Castaño, que a su vez eran propietarios de Urapalma, una firma
dedicada al negocio de producir y refinar aceite de palma. Uno de estos
criminales, Vicente Castaño, recibió “2,8 millones de dólares de entidades como
el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y el Banco Agrario”, y
otras tres firmas de paramilitares recibieron más de 6,8 millones de dólares
[12].</DIV>
<DIV align=justify><BR>Otro tanto sucede con el banano que se ha sembrado en
Colombia para la exportación, producto que desde la masacre de 1928 ha estado
ligado a la violencia del capital imperialista. Y esta no es una evocación
histórica sino actual, porque se han comprobado los nexos entre los grupos de
criminales que mataron a miles de campesinos y trabajadores bananeros en varias
zonas del país, especialmente en el Urabá antioqueño, hasta el punto que la
Chiquita Brands fue condenada en un tribunal de los Estados Unidos a pagar una
multa de 25 millones de dólares por estos crímenes. Eso si, sus ejecutivos no
sufrieron ninguna condena por patrocinar y financiar a los criminales que le
hacían el favor de matar a sus incómodos trabajadores que se organizaban en
sindicatos y querían mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Tal ha sido
la impunidad criminal que se enseñoreo en la zona bananera de Urabá que bien
puede catalogarse como un “modelo” de imposición de los cultivos empresariales
en nuestro país, ya que allí confluyen todos los elementos que hemos descrito:
despojo de tierras, expulsión de campesinos y trabajadores, asesinatos,
masacres, financiamiento de empresas nacionales y multinacionales a los grupos
criminales, alianzas entre sicarios y militares, participación y complicidad del
Estado, eliminación física de la base social de la insurgencia y los movimientos
de izquierda, legitimación por parte de la gran prensa y de los políticos
locales de los crímenes cometidos a nombre de la salvación de la patria y de la
imposición del orden y la seguridad, premio a los criminales donde quiera que se
encuentren o se desempeñen, patrocinio de políticos regionales a nivel nacional,
hasta que uno de ellos alcanzó la presidencia de la República.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Ese modelo bananero es el mismo que se está aplicando con
la palma aceitera y en la explotación minera, como buen ejemplo de los costos
sociales y humanos de la producción primaria exportadora que beneficia al
capital imperialista y a sus socios criollos. En pocas palabras, en el Urabá
antioqueño se demostró que este país es una típica república bananera, aunque
mejor sería llamarla una Para República Bananera.</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>* Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la
Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. Autor y compilador de los
libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá,
1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico,
Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones
Herramienta, 1999; entre otros. Premio Libertador, Venezuela,
2008.<BR><BR><BR><STRONG><U>Notas</U></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>[1] David Harvey, El nuevo imperialismo, Editorial Akal,
Madrid, 2005, p. 119.<BR>[2] Ver, PNUD, Colombia, Colombia rural. Razones para
la esperanza. Resumen Ejecutivo, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011,
Bogotá, septiembre de 2011; Luis Fernando Gómez Marin, Concentración de la
tierra y concentración de ayudas del Estado, en
luisfernandogomezz.blogspot.com/.../la-desigualdad-en-la-propiedad ; Darío
Fajardo, Reforma agraria y paz… o minería, en www.espaciocritico.com/?q=node/72
<BR>[3] Citado en Azalea Robles, “La Ley de Tierras de Santos. De las fosas
comunes a la consolidación del gran capital”, Rebelión, octubre 18 del
2010.<BR>[4] El primer capítulo de la ‘paraeconomía’, en
www.espaciocritico.com/?q=node/72<BR>[5] Carbón y sangre en las tierras de Jorge
40. en www.prensarural.org/spip/spip.php?article4803<BR>[6] Fernando Castrillón
Zapata, Efraín Jaramillo y Gregorio Mesa Cuadros, Colombia: La represa de Urrá y
los Embera Katío del Alto Sinú. Una Historia de farsas y crímenes, en
www.kaosenlared.net/noticia/colombia-represa-urra-embera-katio-alto-sinu-historia-farsas-crimenes<BR>[7]
MEDORO RESOURCES Ltda. se quiere tragar a Marmato, en
www.pacificocolombia.org/.../ medoro - resources -ltda... marmato /77<BR>[8]
Desplazamiento: el desangre continua, en
www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id...<BR>[9] Ricardo
Aricapa, Las razones sociales y laborales que llevaron al paro a los corteros de
caña, en www.rebanadasderealidad.com.ar/escuela-col-08-06.htm<BR>[10] Gerardo
Iglesias, “El agua y el aceite. Palma africana y derechos humanos”, en
www.ecoportal.net Rel-UITA<BR>[11] Ibíd.<BR>[12] La palma africana negocio
criminal de paramilitares y narcotraficantes, en
www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/palma1.html
<HR>
<BR><BR><BR> </FONT></DIV></BODY></HTML>