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<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa<BR></FONT><U>27 de marzo 2012<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Montevideo - Uruguay<BR>Redacción y
suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Ecuador</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Una marcha revolucionaria versus una
contramarcha contrarrevolucionaria</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT size=3>La Marcha de los movimientos
sociales y la Contramarcha del oficialismo se dieron cita de poder a poder el
pasado 22 de marzo en la ciudad de Quito.<BR><BR></FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify></FONT><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Decio
Machado</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Vamos a cambiar el
mundo</STRONG></FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><A
href="http://vamosacambiarelmundo.org/"><STRONG>http://vamosacambiarelmundo.org/</STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify><BR> </DIV>
<DIV align=justify>La historia reciente de este acontecimiento comienza el
pasado 15 de enero del presente año. Unas 2000 personas movilizadas desde
diversas partes del país, representantes de diversas organizaciones sociales y
políticas, acordaban en Yanzatza, realizar la Marcha por la Vida, el Agua y la
Dignidad de los Pueblos. Su punto de partida sería el cantón El Pargui en Zamora
Chinchipe, zona que será afectada por la explotación de la minería a cielo
abierto. Su partida estaba prevista para el 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer. El arranque de la marcha se dio tres días después de la firma del
contrato minero Proyecto Mirador entre el gobierno y la transnacional ECSA
(Ecuacorriente SA)[1]de propiedad china.<BR><BR>Más de setecientos kilómetros
recorrió la marcha, atravesando parroquias y capitales provinciales donde
recibió distintas muestras de solidaridad e incorporaciones a la movilización.
Junto a la CONAIE se movilizaron desde El Pangui representantes de la ECUARUNARI
– Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, del Frente
Popular (UNE, FEUE, FESE, CUBE, CUCOMITAE, UGTE, CONFEMEC, UNAPE, JRE y UCAE) y
de la Asamblea de los Pueblos del Sur.<BR><BR>El 21 de marzo la marcha llegaba
al sur de Quito. Unos 2.500 marchantes dormían en Guamaní[2], estando la mayoría
de ellos enfermos y muy cansados. Habían combinado durante 14 días tramos en
vehículos con largas caminatas, durmiendo en pabellones deportivos, colegios y
espacios públicos.<BR><BR>A la mañana siguiente, el 22-M, partían desde el sur
del sur de Quito hacia el centro de la capital. Seis horas más de marcha. En
esta ocasión, marcharon acompañados por miles de manifestantes que se juntaban
en distintos tramos del recorrido para participar en la movilización indígena y
popular.<BR><BR>Liderando la marcha se encontraba la Confederación Nacional
Indígena del Ecuador (CONAIE) con su presidente Humberto Cholango a la cabeza. A
su lado, otros dirigentes indígenas pertenecientes a las diversos pueblos y
nacionalidades del Ecuador, entre ellos el prefecto de Zamora Chinchipe,
Salvador Quishpe, y otros tantos dirigentes sociales provenientes de barrios,
sindicatos, organizaciones de mujeres, estudiantes y organizaciones
ambientalistas. Detrás, desfilaban líderes y militantes de las diversas
organizaciones políticas de izquierda, que conforman la Coordinadora
Plurinacional[3].<BR><BR>Las banderas rojas se combinaban con el multicolor
indígena, estandartes con el rostro del Che con pancartas contra la megamineria.
De igual manera, organizaciones de mujeres caminaban junto a jóvenes
estudiantes, partidos políticos al lado de organizaciones profesionales, o
sectores libertarios se movilizaban conjuntamente a organizaciones de corte
marxistas y sindicatos obreros. Las imágenes de la marcha, reproducida por
múltiples medios de comunicación ecuatorianos y extranjeros, dieron muestra de
la variopinta amalgama de organizaciones sociales que las conformaron.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por otro lado, las movilizaciones oficialistas concebidas
como contramarchas contra una supuesta movilización desestabilizadora al
gobierno, se congregaron en cuatro espacios físicos diferentes: Plaza de San
Francisco, Plaza de la Independencia, Plaza Sto. Domingo y parque El Arbolito.
Las posiciones habían sido tomadas incluso días antes con grupos militantes de
Alianza PAIS y algunas organizaciones afines.<BR><BR>El presidente Correa visitó
los cuatro lugares en el transcurso de la jornada, propiciando mítines y arengas
a sus simpatizantes en los diversos espacios, que fueron confluyendo
sucesivamente en los entornos del Palacio presidencial de Carondelet.<BR><BR>El
discurso presidencial se articuló en base a los siguientes puntos: la marcha de
los movimientos sociales tiene un carácter desestabilizador y esta fomentada por
golpistas, existe una alianza entre la izquierda y la derecha para derrocar al
gobierno, tiene un fin electoral y el resultado de la movilización social
resultó un fracaso.<BR><BR>El mandatario ecuatoriano volvió a utilizar la
retórica empleada durante la campaña de la Consulta/Referéndum Popular del
pasado 7 de mayo, planteando nuevamente el “confíen en mí”, a la par que
indicaba que este es el gobierno que ha defendido entre otras cosas el agua en
el Ecuador.<BR><BR>Según los cálculos realizados por diversos observadores y
profesionales de los medios se estima que la contramarcha oficialista congregó
un número más o menos similar a los movilizados por los movimientos sociales,
incluso hay quienes calculan que fue inferior, a pesar de las declaraciones del
presidente Correa que hacía alusión a un supuesto “10 a 1” a favor del gobierno
o los datos emitidos por la ministra de la Política, Betty Tola, donde se habla
de 60.000 partidarios del correísmo. Sin duda, las expectativas oficialistas
fallaron de largo aunque en su discurso este hecho no quiso
reconocerse.<BR><BR>Sin embargo, más allá del empate técnico en la cuestión
numérica, las diferencias entre ambas movilizaciones fueron notables en diversos
aspectos:</DIV>
<DIV align=justify><BR>- En primer lugar la movilización social duró 15 días, es
decir, desde que salió de El Pangui hasta su llegada a Quito. El oficialismo
movilizó –en buses pagados por el Estado- el día del inicio de la marcha en
Quito y el día de su llegada también en Quito. La estrategia de generar
contramarchas en cada una de las diferentes localidades por las que avanzó la
marcha tuvo que ser abandonada debido a la escasez de asistentes y la notable
desigualdad numérica entre las convocatorias gubernamentales y las muestras de
simpatía y solidaridad que se dieron localidad tras localidad por la que
atravesó el recorrido de la marcha. El oficialismo desorientado fue cambiando de
estrategia varias veces durante la caminata.<BR></DIV>
<DIV align=justify>- Mientras la movilización de las organizaciones sociales
sufrió varios obstáculos para su realización (negación de los salvoconductos
oficiales para circular los buses, controles policiales, infiltración de
miembros de la fuerza pública, boicots de autoridades locales afines al gobierno
y una fuerte propaganda de desprestigio por parte de los medios públicos o
controlados por el gobierno); la oficialista contó con todas las bondades que
permiten ser auspiciadas por el Estado.<BR></DIV>
<DIV align=justify>- Los participantes de una y otra movilización eran
claramente diferentes. Mientras el oficialismo movilizaba voluntariamente o no,
a funcionarios públicos, juntas parroquiales y organizaciones dependientes del
Ministerio Coordinador de la Política, sobre todo provenientes de fuera de
Quito; la Marcha por la Vida se nutría de indígenas, sectores sociales y
sindicatos que han ido rompiendo vínculos con el correísmo.<BR></DIV>
<DIV align=justify>- Por último, mientras las marchas de los movimientos
sociales mostraban iniciativa política, las contramarchas oficialistas fueron
claramente reactivas. A esto hay que añadir el enorme error estratégico por
parte del Gobierno, el cual se encerró en el centro de Quito (casco histórico de
la ciudad), mientras que la movilización social recorrió barrios populares del
sur y centro de la capital, ganándose la simpatía de gran parte de la población.
Miles de vecinos aplaudían la movilización social a su paso, entregando fruta,
agua e incluso chicha a los movilizados.<BR><BR>En resumen, si ambas
movilizaciones se miden desde las enormes diferencias respecto a los medios
existentes entre poder y contrapoder, se podría sentenciar que los resultados
del oficialismo fueron un rotundo fracaso dada la desigualdad entre los
contradictores.<BR>La Marcha por la Vida había ganado la disputa con el gobierno
días antes de llegar a Quito<BR><BR>Si bien las reivindicaciones sociales suman
19 puntos, los cuales incluyen temas tan diversos como la oposición a la
ampliación de la frontera petrolera, incluyendo la defensa del ITT, la exigencia
de reforma agraria, el respeto a los derechos laborales, el rechazo a la firma
de acuerdos de libre comercio, el respeto al ejercicio de los derechos sexuales
y reproductivos, o el cuestionamiento a la criminalización social entre otros;
el elemento que originó la movilización social fue la defensa del agua y el
cuestionamiento a la megaminería.<BR><BR>Las movilizaciones sociales, que se
reprodujeron durante el recorrido de la Marcha en diversos puntos del país,
hicieron de la cuestión del agua y su afectación por la minería a gran escala un
debate social que tomó envergadura nacional desde antes que la movilización
llegara a Quito. Recordemos que un grupo de mujeres activistas fue violentamente
desalojada y encarcelada por entrar a la Embajada china a entregar una carta en
contra de la megaminería el día 8 de marzo. La posición autoritaria del
presidente Correa, convertido en el mayor defensor de la megaminería y sin
apertura al dialogo con los futuros damnificados, facilitó esta
circunstancia.<BR><BR>En Ecuador no es necesaria la propaganda que habitualmente
desarrollan las grandes transnacionales mineras en los países donde operan, es
el presidente de la República quien personalmente se ha erigido en el principal
portavoz de las bondades que ofrecen las grandes multinacionales extractivas
(petroleras y mineras fundamentalmente) de capital extranjero.<BR><BR>El hecho
de que una movilización de estas características generase las simpatías
nacionales que se dieron durante los diferentes días de caminata previa la
llegada a Quito, todo ello frente al hobbeliano aparato de comunicación estatal
que día tras día cargaba contra una marcha supuestamente golpista y financiada
por la ultra-derecha y un presidente de la República que insultaba a los
marchantes referenciándolos como unos cuantos con “plumas y ponchos”, funcionó
como un boomerang contra el discurso oficial. La ciudadanía ecuatoriana mostró
su simpatía por los más débiles, rechazando en gran medida la retórica
presidencial y reclamando el derecho a la protesta y la
resistencia[4].<BR><BR>Dicha situación se evidenció en la movilización que tuvo
lugar en Cuenca el 10 de marzo, cuando aproximadamente 30.000 manifestantes se
movilizaron por la defensa del agua y mostraron sus simpatías con la Marcha por
la Vida. Las contramarchas del oficialismo con miembros del ejecutivo
desplazados al territorio, en dicha ciudad, otrora bastión del correísmo, no
superaban los 2.000 asistentes. Ese mismo día llegaba la Marcha a la localidad
de Saraguro, al sur..<BR><BR>Ante esta circunstancia, el gobierno desplegó una
gran campaña en todo el territorio nacional, cuya estrategia consistía en que
más allá de promocionar las obras locales y otros logros del correísmo, se
intentó visibilizar un supuesto apoyo indígena al gobierno y en especial al
primer mandatario. Para ello se acentuaron las alianzas que desde el Ministerio
Coordinador de la Política ya se venían trazando con dirigentes altamente
cuestionados en el mundo indígena, entre los que destacan casos como Miguel
Lluco[5] en Chimborazo o Antonio Vargas[6] en Pastaza. Este tipo de maniobras
generó un mayor rechazo en gran parte de comunidades y organizaciones
indígenas.<BR><BR>Dos días antes de las movilizaciones en Quito las
organizaciones de la Red Agraria (no alineada a la CONAIE) y que podrían ser
definidas como la base indígena y campesina del correísmo, presentaban en la
Asamblea Nacional 41.000 firmas respaldando su propuesta de Ley de Tierras[7].
Allá expresaron su decepción con el gobierno y lo que el oficialismo llama
“revolución agraria”. El 22 de marzo, aunque de bajo perfil, Luis Andrango
presidente de la FENOCIN[8] participaba en la marcha de los movimientos sociales
en Quito.<BR><BR>Por último, cabe destacar que según la marcha llegaba a Quito
el gobierno se veía forzado a hacer consecutivas concesiones en el campo de la
política laboral y económica: subida de salarios retroactiva a maestros, de
igual manera con el Ejército, paralización de la medida ya acortada de aumento
de un 25% en los pasajes de viajes interprovinciales, entre otras.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La marcha ya antes de llegar a Quito era una victoria
social.<BR><BR><STRONG>Escenarios y reflexiones de cara al
futuro<BR></STRONG><BR>El debilitamiento del gobierno se plasma día a día. Ya no
son creíbles para gran parte del país las encuestas contratadas por el Ejecutivo
donde le dan el 80% de apoyo al presidente Correa. El hecho de que en la mañana
del 23 de marzo el presidente Correa ocupara una hora completa de programación
televisiva en Gamanoticias (canal gubernamental) de la mano de un mediocre
periodista[9] hoy al servicio del régimen y con anterioridad funcionario del
gobierno de Lucio Gutiérrez, es una prueba más de que el oficialismo no salió
triunfante el 22 de marzo. El presidente Correa, al igual que el resto de sus
ministros, que ocuparon espacios mediáticos en la mañana del 23-M, mantuvieron
torpemente la tesis de que la movilización social había sido un fracaso y su
asistencia “paupérrima”. Lamentablemente para el discurso oficial, las imágenes
televisivas y el hecho de que gran parte de la población de Quito fuera testigo
de la movilización hacen insostenible el argumento gubernamental.<BR><BR>Por su
parte, las organizaciones sociales y partidos de la izquierda retoman la
iniciativa política, la cual habían perdido incluso antes de la llegada de
Rafael Correa al despacho presidencial. Además, han dejado, al menos
coyunturalmente, fuera del tablero político a la derecha, la cual por todos los
medios intentó involucrarse en la marcha y no fue aceptada en ningún momento por
sus convocantes.<BR><BR>Asambleístas conservadores como César Montufar y
organizaciones políticas como el Partido Sociedad Patriótica intentaron en
reiteradas ocasiones implicarse en la movilización, cosa que la CONAIE y el
resto de organizaciones involucradas nunca lo permitió. Durante los quince días
de movilización la única acción política implementada desde los partidos
políticos conservadores fue instalar un patético monumento en memoria del ex
presidente León Febres Cordero[10].<BR><BR>El conflicto político en este momento
se define en el ámbito de la izquierda social y política del Ecuador. Por un
lado una caricatura de “revolución” auspiciada por un gobierno de perfil
socialdemócrata con muchísimas contradicciones en su política económica, laboral
e internacional; frente a una oposición a su izquierda que comienza a mostrar
capacidad de movilización, agenda común y principios de entendimiento.<BR><BR>El
presidente Correa le quedan dos caminos que tomar. Debe optar por girar a la
izquierda y demostrar mayor capacidad de consenso con las comunidades afectadas
por su política extractivista y neodesarrollista, a la par que con movimientos
sociales y las organizaciones a su izquierda; o terminar de dar el giro
conservador cada vez más evidente en el cotidiano del ejecutivo, consolidando y
estableciendo nuevas alianzas con sectores empresariales y organizaciones
políticas a su derecha.<BR><BR>El desgaste gubernamental, agudizado por un
fuerte desprestigio internacional tras la sentencia contra el diario El
Universo, sumado al caso de la “narcovalija” que ruboriza de igual manera al
interior como al exterior del país, así como el descontento popular por la
subida de los precios en productos básicos, mientras sectores empresariales
rinden beneficios insólitos en un momento de crisis internacional, no permite
demasiado margen de maniobra a un gobierno que está a 10 meses de una nueva
contienda electoral.<BR>En Ecuador, 62 grupos económicos concentran el 41% del
PIB del país; la riqueza no petrolera se queda en manos de importadores,
intermediarios financieros y sector comercial; las utilidades de los grupos
económicos del país creció entre 2006-2009 un 54% más que en el periodo
inmediatamente anterior (previo a la llegada de Correa a la presidencia) y la
banca ganó solo en el pasado año un 51% más con respecto al anterior.<BR><BR>En
el caso del mundo indígena, principal protagonista de la marcha del 22 de marzo,
el Índice de Pobreza por Ingresos se cuantifica en 59,4 % al cierre del
ejercicio 2011 y la tasa de analfabetismo en el 20,4 % (datos INEC, Censo de
población, 2010).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Respecto a la tenencia de las tierras, el Ecuador tiene
uno de los índices más altos de inequidad en el acceso a la tierra, el índice
Gini[11] sobre la tierra es de 0.81, y la acción gubernamental ha sido
prácticamente nula durante estos algo más de cinco años de gobierno correísta;
es más, Correa se ha pronunciado una y otra vez en contra de la reforma agraria.
La condición de inequidad es tan aguda que el 50% de las Unidades Productivas
Agropecuarias (UPA) están por debajo de una extensión que no permite
reproducción plena de los campesinos y campesinas[12].<BR><BR>La tendencia
monopolizadora del agua en el agro también es notoria. La población campesina,
sobre todo indígena, con sistemas comunales de riego, representa el 86% de los
usuarios. Sin embargo, este grupo apenas tiene el 22% de la superficie regada y
accede apenas al 13% del caudal. De esta manera los grandes consumidores, que no
representan el 1% de unidades productivas, concentran el 67% del caudal de agua
para riego. Hasta ahora el gobierno de Correa no ha dado señales de querer
revertir esta situación y cumplir con el mandato constitucional que en su
artículo 312 dice claramente que “se prohíbe toda forma de privatización del
agua”. Y no solo eso, luego de aprobada la Constitución, el gobierno amplió el
plazo de la concesión de agua a la empresa privada Interagua, en la ciudad de
Guayaquil.<BR><BR>Volviendo a los escenarios posibles, si bien primero de ellos
es el deseado por las organizaciones sociales convocantes de la marcha, la
aptitud gubernamental aparece como muy alejada de esa posibilidad, negándose el
diálogo con las organizaciones sociales en lucha y los partidos políticos a la
izquierda del régimen. Sin embargo, respecto al segundo escenario, ya aparecen
elementos que han de ser valorados de manera adecuada: la amnistía a Alberto
Dahik[13], la cual fue propugnada personalmente por el propio presidente Correa,
tal como sucedió con el expresidente Gustavo Noboa Bejarano[14] durante la
Asamblea Constituyente; la incorporación a Alianza PAIS de autoridades locales
provenientes de la partidocracia conservadora; la cada vez más probable firma de
un TLC con la UE, que propiciará alguna dimisión notable en el aparato de la
Cancillería ecuatoriana; así como algunos hechos sorprendentes en el estricto
escenario electoral que podrían responder a acciones tácticas
gubernamentales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Respecto a lo último son destacables dos circunstancias
novedosas. Por un lado, el banquero Guillermo Lasso, líder del Movimiento CREO,
a quien se le consideraba como un potencial candidato opositor de la derecha en
la contienda electoral contra el gobierno, ha bajado prácticamente a cero su
aparición pública mientras su entidad bancaria, el Banco de Guayaquil, con el
Banco del Barrio; este banco sigue siendo una de las herramientas fundamentales
para la distribución del Bono al Desarrollo Humano y otras subvenciones dadas
por el Estado a sectores populares. Por otro lado la fusión de Madera de
Guerrero y el Partido Social Cristiano, quienes han manifestado hace apenas unos
días su voluntad de presentar un candidato presidencial propio, ignorando la
posibilidad de unificar una candidatura común entre las organizaciones del
conservadurismo ecuatoriano.<BR><BR>Los movimientos que se han podido
visibilizar por parte del gobierno están consistiendo en censurar a las
organizaciones convocantes de la marcha o los partidos y autoridades locales que
de una u otra forma la han apoyado. Este es el caso de la retórica sumamente
agresiva utilizada por el presidente Correa contra el Movimiento Popular
Democrático (MPD), organización de perfil marxista leninista que apoyó la
movilización social, o las diferentes acciones emprendidas contra la Prefectura
del Azuay, institución a la cual se le han eliminado varias competencias
delegadas (se le niegan las licencias comerciales a la empresa de lácteos
propiciada desde la prefectura o se le retiran las competencias ambientales y
viales entre otras acciones de carácter punitivo).<BR><BR>En estas condiciones,
queda en manos de las organizaciones sociales y políticas de la izquierda la
responsabilidad de generar una agenda común de mínimos que tenga como punto de
partida el mandato plurinacional de los 19 puntos reivindicados por la Marcha
por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos, que se sustenta en los
principios constitucionales de Montecristi. Es desde esa plataforma
reivindicativa y la coherencia política, el lugar del cual debe articularse una
coordinación de luchas comunes, abierta a nuevas incorporaciones, en donde los
protagonismos y ambiciones electorales queden en un segundo plano.<BR></DIV>
<DIV align=justify>No hay duda, el 22-M marcha un nuevo tiempo político en
Ecuador.<BR><BR><STRONG><U>Notas</U></STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>[1]ECSA, propiedad de dos compañías chinas, iniciará
operaciones en una gran mina a cielo abierto en la provincia de Zamora
Chinchipe. Ecuacorriente es propiedad de China RailwayConstructionCorporation,
la cuarta mayor constructora del mundo, y de TonglingNonferrousMetalsGroup
Holding, la sexta mayor productora de cobre del planeta. Sus directivos ha hecho
público que la mina “Mirador” tendrá dos kilómetros de diámetro y 800 metros de
profundidad y de ella se extraerán 60.000 toneladas de material al día. La
compañía exportará el concentrado de mineral, que en un 85% será de cobre y el
resto de oro y plata. Con la firma del contrato entre el Estado y Ecuacorriente
se abrió la puerta a la primera explotación minera a gran escala en la historia
de Ecuador.<BR>[2] Parroquia urbana ubicada en el sur del Distrito Metropolitano
de Quito.<BR>[3]La Coordinadora Plurinacional es un frente común conformado por
organizaciones de perfil político a la izquierda del correísmo: Pachatukit,
Movimiento Popular Democrático, Participación, la Corriente Revolucionaria
Socialista del Partido Socialista y Montecristi Vive.<BR>[4]La vigente
Constitución de Montecristi reconoce en su artículo 98 el derecho a la
resistencia de una manera amplia y generosa, abarcando a todos los derechos: los
que están taxativamente puntualizados y los denominados derechos implícitos que
derivan de la dignidad del ser humano.<BR>[5]Lluco apareció como representante
en el 2005 del fideicomiso Progreso Recapitalization Trust, donde el banquero
Fernando Azpiazu puso las empresas eléctricas Emelec y Electroecuador. Azpiazu
conoció la cárcel por defraudar al fisco.<BR>[6] Vargas fue presidente de la
CONAIE y ministro de Bienestar Social en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Antonio
Vargas es considerado como uno de los responsables principales del pasado
descalabro direccional de la CONAIE.<BR>[7] El pasado 12 de octubre,
organizaciones campesinas afines al Gobierno, junto con la Conferencia de
Soberanía Alimentaria (Copisa), presentaron en la Asamblea un anteproyecto de
Ley de Tierras, que limita su tenencia en manos privadas: 200 hectáreas en la
Sierra y 500 en Costa y Amazonía. El argumento central es la injusta
distribución de la tierra que existe en el país.<BR>[8]FENOCIN es junto a la
Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, las dos organizaciones más
importantes numéricamente de la Red Agraria.<BR>[9]Carlos Ochoa fue asesor de la
actual ministra de Desarrollo Social, Doris Soliz, cuando ejerció como ministra
de Turismo en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Gran parte de profesionales de los
medios ecuatorianos consideran que su responsabilidad actual como jefe de
noticieros de Gamavisión responde a su relación con Doris Soliz y a los pactos
políticos al interior del gobierno entre esta y los hermanos Alvarado. De hecho
Ochoa era extremadamente crítico respecto a la candidatura de Correa durante las
elecciones presidenciales del 2006, cuando ejercía como corresponsal en Cuenca
de los “medios de comunicación corruptos”.<BR>[10] La Comisión de la Verdad en
Ecuador levantó 310 casos de violaciones de derechos humanos durante el gobierno
del socialcristiano Febres Cordero.<BR>[11] El coeficiente Gini es una medida de
la desigualdad. Cuando el coeficiente se acerca a 1, implica una mayor
desigualdad (1 = una persona tiene toda la tierra, los demás no tienen
tierra).<BR>[12]Atlas tenencia de la tierra en el Ecuador. SIPAE, 2011.<BR>[13]
Dahik fue vicepresediente en el gobiernod e Sixto Durán Ballén. Es considerado
el padre del neoliberalismo ecuatoriano. Y estuvo prófugo por corrupto, por el
mal uso de los fondos reservados del Estado.<BR>[14] Noboa Bejarano fue
responsable de uno de los manejos más dolosos de la deuda externa, duramente
criticada por Correa cuando aún no era presidente de la república.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>