<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19190">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY background="" bgColor=#ffffff><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa<BR></FONT><U>27 de marzo 2012<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Montevideo - Uruguay<BR>Redacción y
suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Uruguay<BR></FONT></STRONG></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Una letal asociación
pública-privada</STRONG></FONT><FONT size=2
face=Arial><BR><STRONG></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Ernesto
Herrera</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Correspondencia de
Prensa</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR> </DIV>
<DIV align=justify>Sábado 17 de marzo de 2012. Un día que José Mujica
difícilmente pueda olvidar. Muy temprano en la mañana su ministro del Interior,
Eduardo Bonomi, le comunicaba la noticia maldita. El asesinato de por lo menos
15 pacientes internados en Centros de Cuidados Intensivos (CTI) de dos
hospitales. Uno público, el otro privado. Los “ángeles de la muerte” eran dos
enfermeros que habían “evadido todos los controles”. Mataban a los
pacientes -así lo dijeron ante el juez- “para evitarles el sufrimiento”. Según
fuentes del propio oficialismo citadas por la prensa, la conversación telefónica
entre los jefes tupamaros que hoy visten como hombres de Estado fue tensa. El
presidente de la República la cortó con una angustiada exclamación: “¡No puede
pasarnos esto a nosotros!”. Se entiende. Debe haber sentido que el “país de
primera” crujía bajo sus pies. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La tragedia se conoció en el momento político menos
apropiado. Cuando el gobierno iniciaba su tercer año de mandato con “balance
positivo”. Y en medio de un mega-espectáculo que lo tenía como anfitrión de
lujo. Cerca de cuatro mil invitados internacionales habían desembarcado en
Montevideo para asistir a la 53ª Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores
del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Si bien la agenda anunciaba los
temas centrales (la crisis europea, la cooperación entre Asia y América Latina,
el impulso al empleo juvenil, la seguridad ciudadana, y el cambio climático en
la región), de antemano se sabía que lo importante del cónclave era lo otro: el
mostrador de negocios. Esto era lo que más interesaba al gobierno. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Por una parte, para vender las “ventajas comparativas”
del Uruguay progresista. Fue lo que hicieron en sus “impecables exposiciones”
tanto Mujica como sus dos tesoreros, Danilo Astori (vicepresidente) y Fernando
Lorenzo (ministro de Economía). Ante un auditorio dominado por gerentes y
patrones -presidentes de Bancos Centrales, autoridades del FMI y el Banco
Mundial, agencias de desarrollo, bancos privados, fondos de inversión, cámaras
empresariales, firmas multinacionales-, ofrecieron lo más preciado:
previsibilidad macro-económica, seguridad jurídica para la propiedad privada,
grandes exoneraciones tributarias al capital local y extranjero, y una ley
“transparente” de proyectos público-privado. Además de recordarles a los
invitados un “valor agregado” típicamente uruguayo: la “paz social”. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Por otra parte, el cónclave era un escenario óptimo para
mostrarle a la llamada comunidad internacional las “excelencias” de un país que
pretende ubicarse entre las “naciones desarrolladas” o con “potencial para
serlo”. No por casualidad, la Unidad de Análisis Estratégico del Ministerio de
Relaciones Exteriores, elaboró un “riguroso estudio” sobre el impacto que
supondría el hecho de que Uruguay solicite el ingreso a la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico), institución que reúne a las 34
“principales” economías del mundo. Lo que no solo “sería altamente beneficioso
en términos de credibilidad ante los principales actores del desarrollo
económico”, sino que permitiría “someterse a un proceso comparativo con países
más avanzados”. Porque integrar la OCDE supone, según los técnicos de la
Cancillería, tener “un sello de calidad, emanado de la convivencia institucional
con un selecto grupo de naciones comprometidas con la democracia y las mejores
prácticas en materia de políticas públicas”. (1) </DIV>
<DIV align=justify><BR>Las conclusiones del estudio tienen mucho de ficción
política, hasta por la fantasiosa descripción que hace de la OCDE, una
institución que no tiene nada de democrática y en donde las potencias
imperialistas hacen y deshacen a su antojo. Aunque parece que el delirio de los
técnicos del canciller Luis Almagro no alcanzó todavía al equipo económico. Para
los que comanda Astori la meta es mucho más inmediata y modesta: recuperar la
calificación dentro del grado de inversión no especulativa -el “investment
grade”-, como forma de obtener un sello de mejor reputación ante el “mercado
internacional de capitales”. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En el mega-espectáculo las elites fueron generosas.
“Uruguay tiene una ejemplar estabilidad, política y seguridad jurídica”, dijo
Tracy Betts, representante del BID en el país. “Uruguay se ha preparado para
afrontar la crisis internacional”, afirmó Luis Alberto Moreno (ex embajador de
Álvaro Uribe en Estados Unidos) que preside el BID desde octubre 2005. (2)
Opiniones parecidas dieron banqueros, inversores, empresarios. Todos destacaron
las bondades de un país llamado a ser el “polo logístico regional”. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Mientras tanto, el Banco “amigo” continuará siendo el
principal sponsor de los proyectos de obras de infraestructura y saneamiento
(sobre todo en las Intendencias Municipales de Montevideo y Canelones,
gobernadas por el Frente Amplio), y de los planes sociales del MIDES (Ministerio
de Desarrollo Social) que asisten a los “sectores más vulnerables” de la
sociedad. Como por ejemplo el que se aplica en la Cuenca del Casavalle. El
balance de la “cooperación para el desarrollo” entre el BID y el MIDES en esta
zona de clase trabajadora, con la mayor concentración de niños y adolecentes del
país, es, sencillamente, desolador: transporte deficiente, inseguridad,
malnutrición infantil, asentamientos precarios (12% de los que existen en la
capital), desempleo juvenil, inasistencia escolar…y un 63% de pobreza extrema.
Es la zona de Montevideo donde se constatan las peores condiciones de vida. Todo
dicho. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Las complicidades transversales</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Resultaría exagerado afirmar que la acción de los
“asesinos seriales” (el número de víctimas puede aumentar a medida que avancen
las investigaciones judiciales) haya afectado la imagen de “país serio”. Ni que
al BID le importe demasiado. Pero la “epidemia criminológica” (definida así por
la Organización Panamericana) tiene el efecto de un torpedo en la línea de
flotación. Unos y otros (gobierno y oposición, autoridades de salud pública y
empresas privadas, aparatos sindicales y corporaciones médicas) reconocen la
gravedad de lo ocurrido. Mujica dice que tendrá un "shock prolongado” en la
población. Sin embargo, todos enfocan “la crisis en la salud” hacia el ámbito
exclusivo de la “falla en los controles”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>No bien se conoció el horror, el ministro de Salud
Pública, Jorge Venegas (Partido Comunista), -quién ni siquiera estaba informado
que la policía investigaba desde hacía dos meses un asunto relacionado a su
cartera-, salió a defender la tesis favorita del gobierno. El sistema de salud
no está en tela de juicio. Ni se le pueden achacar responsabilidades por “hechos
aislados” e “individuales”. La senadora Mónica Xavier (Partido Socialista)
resumió el argumento defensivo: "Con los protocolos se busca prever o detectar
fallas en los aspectos sanitarios, de mala praxis, pero no criminológicos como
en este caso". (3) El gobierno insiste en el concepto de "acto criminal". Para
remarcar “la excepcionalidad de estos hechos y separarlos de la cotidianidad del
sistema de salud. Es que las autoridades saben que es en este punto donde se
juega la credibilidad del sistema”. (4)</DIV>
<DIV align=justify><BR>Fue en este plano que las complicidades (más allá de
matices discursivos y gestos teatrales) atravesaron a los actores políticos y
corporativos: el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional, las
empresas privadas “prestadoras de servicios”, el Sindicato Médico del Uruguay
(SMU) que nuclea a la poderosa corporación. Y los aparatos sindicales
“compañeros” del gobierno. Tanto la Federación de Funcionarios de Salud Pública,
como la Federación Uruguaya de la Salud (que reúne a los trabajadores de la
salud privada) se anotaron en la lista de apoyos corporativos al gobierno. Lo
que no puede sorprender a nadie, ya que el PIT-CNT considera que la instalación
del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) es uno de los “principales
logros” del progresismo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Ministro y gobierno recibieron otro respaldo de peso. El
de Tabaré Vázquez, bajo cuya presidencia (2005-2010) se puso en funcionamiento
el SNIS. El ex jefe de Estado manifestó su “cálido” apoyo a las autoridades y
reivindicó las virtudes de un sistema que “integra” lo público y privado. Lo
conoce mejor que nadie. Además de haber ejercido en el sistema público, Vázquez
es un empresario médico de fortuna y continúa haciendo carrera profesional en la
Asociación Española. Institución privada, en cuyo hospital estaban internados 10
de los 15 pacientes asesinados con inyecciones de aire y morfina. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La conmoción producida por la “epidemia criminológica”
llevó al movimiento de algunas fichas. El ministro sigue “por ahora”, dijo el
presidente de la República. Al director del Hospital Maciel (institución
pública, donde los muertos fueron cinco) se lo quiere remover de su cargo. Se
revisan cientos de historias clínicas y se intensifican las inspecciones en las
instituciones de salud, sean públicas o privadas. La corporación médica (donde
se anidan verdaderas mafias) se declaró en “sesión permanente” y busca
“recomponer la confianza” del paciente. Como consecuencia de este entramado
cómplice, que saca de foco la naturaleza perversa del sistema de salud, el
calvario que sufren las capas sociales más empobrecidas es presentado como una
“omisión de asistencia”. Que puede perfectamente solucionarse. Alimentado una
débil esperanza. Sobre todo entre aquellos que se atienden en los centros y
hospitales públicos. Donde faltan medicamentos, camas, camillas, ambulancias.
Donde la mugre se amontona en baños, corredores, depósitos. Donde el destrato a
los pacientes y sus familias es moneda corriente. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La crisis ha generado una cierta reacción. Algunas veces
como protesta individual frente a médicos, enfermeros, nurses y funcionarios
administrativos en hospitales públicos. Otras veces por demandas de grupos de
usuarios que alzan su voz no solo ante los profesionales que los atienden mal,
sino ante gerentes de las empresas privadas donde el incumplimiento de los
protocolos de control y la violación de derechos es algo cotidiano. Saludables,
ambas reacciones. Es que la “frágil confianza” que los usuarios tenían sobre el
funcionamiento del sistema se evaporó. Hay que “restablecer la credibilidad”
afirman los actores políticos y corporativos. El primer interesado es el
gobierno. Porque la crisis abierta pone al desnudo el modelo progresista de
salud. Mejor dicho, denuncia la existencia de un “sistema integrado” que
refuerza la asociación pública-privada. Con las consecuencias letales que ya
vimos. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Un negocio llamado “sistema mixto”
</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Desde el inicio se sabía. El SNIS que preparó el
progresismo difería del Sistema Nacional de Salud que proponía la izquierda
cuando era de izquierda. Ni era el que defendían con vehemencia los sindicatos
cuando no eran colaterales del gobierno. Fue entonces que la tan publicitada
“reforma de la salud” no modificó la estructura del modelo que venía de antes.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por un lado está la Administración de Servicios de Salud
del Estado (ASSE), un organismo “desconcentrado” del Ministerio de Salud Pública
(MSP) que brinda servicios integrales de salud, “libres de costo” para quienes
no pueden pagar. Que se complementa con el Hospital de Clínicas que depende de
la Universidad de la República, y la red de policlínicas de las Intendencias
Municipales de todo el país. El sector público a su vez, incluye el Hospital
Policial y el Hospital Militar, que dependen del Ministerio del Interior y del
Ministerio de Defensa Nacional respectivamente; y el Banco de Previsión Social
(BPS) que cuenta con una red propia que da servicios de atención
materno-infantil.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por el otro lado están las Instituciones de Asistencia
Médico Colectivas (IAMC), “entidades privadas sin fines de lucro que brindan
servicios integrales de salud por el pago de una cuota regulada por el Estado”.
O sea, las empresas privadas, por lo que mejor sería decir venden en lugar de
brindan. Estas IAMC “son las únicas instituciones habilitadas para contratar con
el seguro de salud administrado por el Banco de Previsión Social para dar
cobertura a los trabajadores cotizantes, lo cual explica la importancia que
tiene el sector privado de salud en el Uruguay”. (5) Este sector privado se
complementa a la vez con seguros privados que venden cobertura de salud a un a
sector pequeño de la población. Sobre todo ricos y “clase media” alta.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>Esta estructura no se modificó con la “reforma”. Porque
la creación del Fondo Nacional de Salud (FONASA) es un mecanismo complementario
en el cuadro del mismo modelo. En todo caso introdujo la novedad de hacer las
veces de un cajero, que paga a los distintos prestadores cuotas ajustadas por
riesgo, además del (supuesto) componente de resultados, “metas de asistencia”,
etc. En realidad, lo que se cambió fue “una forma de gestión” y una vía de
financiamiento. Estas modificaciones son presentadas por el gobierno, “como la
materialización del derecho a la salud y a una atención igualitaria, elíjase el
sistema (público o privado) que se elija. Para ello, la Junta Nacional de Salud
(JUNASA) es el organismo que, teóricamente, vela para que ello ocurra. Esto es:
que todos reciban el mismo tipo de atención”. (6) </DIV>
<DIV align=justify><BR>Dejando de lado que el velar por lo que ocurre es más
teórico que nunca, habría que agregar un elemento que los apologetas del sistema
destacan: como el aporte es “en función de los ingresos” adquiere un carácter
más “solidario”. Una falsedad, porque pasa justamente lo contrario. La brecha de
la desigualdad se ensanchó mucho más. No solo porque es mentira que todos
reciben la misma atención. Las conclusiones de un estudio realizado por
académicos del Instituto de Ciencia Política y a quienes nadie puede acusar de
opositores al progresismo, desmienten los supuestos efectos igualitarios: “Otro
factor de desigualdad es que queda una parte de la población que su acceso a la
salud sigue dependiendo del pago de una cuota mutual fija y sin relación al
ingreso”. (7) Es decir, cientos de miles de personas calificadas de “población
carenciada”. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Antes de la “reforma”, el 50,8% de la cobertura de salud
-según la utilización de servicios en 2006-, corría por cuenta del sistema
público. Las empresas privadas “prestadoras de servicios” cubrían el 45,7%.
Gracias al SNIS, la relación se invirtió a favor de los negocios en el mercado
de la salud: en diciembre 2011, el sector privado atendía alrededor de 1.600.000
usuarios y el sector público aproximadamente a 1.200.000. Si por cada afiliado
las empresas reciben una “cápita” (subsidio del Estado), ya podemos ver las
multimillonarias ganancias que tuvieron las empresas privadas por el solo hecho
de captarle al sistema público cientos de miles de usuarios. Además de las otras
transferencias que obtienen por vía de exoneración de impuestos, comercio de
tecnologías, tratamientos sofisticados, etc. Todo lo que preserva “la existencia
y viabilidad inmediata de un sector capitalista de la salud y de los intereses
del empresariado que lo dirige”. (8) </DIV>
<DIV align=justify><BR>El SNIS ha sido un negocio redondo para las IAMC que,
recordemos, figuran con el grotesco estatuto de “entidades privadas sin fines de
lucro”. A este modelo se lo denomina “sistema mixto”. Un eufemismo sin duda,
pero efectivo. La mayoría de los sindicalistas por ejemplo, lo consideran
“universal”, igualitario”, “solidario”. Y lo defienden. Evidente, la fórmula
“sistema mixto” es mucho menos agresiva que la de asociación pública-privada,
identificada con privatizaciones y subsidios al capital en “régimen de
concesión”. No obstante, y más allá de cualquier etiqueta, el sistema que rige
en la salud no deja de ser una estafa colosal a los usuarios-contribuyentes. Que
en su inmensa mayoría son trabajadores y trabajadoras. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><U>Notas </U></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><U><BR></U></STRONG>1) Estudio citado por el
semanario Búsqueda, 8-3-2012. <BR>2) Moreno es el cuarto presidente del BID, lo
antecedieron en el cargo el chileno Felipe Herrera (1960-1971), el mexicano
Antonio Ortiz Mena (1971-1987), y el uruguayo Enrique Iglesias (1988-2005).
<BR>3) Declaraciones al diario Últimas Noticias, 22-3-2012. <BR>4) “Difícil de
creer”, Betania Nuñez y Mariana Contreras. Semanario Brecha, 23-3-2012. <BR>5)
Marcelo Setaro, “La creación del Sistema Nacional Integrado de Salud y el nuevo
Estado para la performance”, en “Reforma del Estado y políticas públicas de la
Administración Vázquez”. Edición de Fin de Siglo/CLACSO/Instituto de Ciencia
Política, Montevideo, 2010. <BR>6) Jorge Maiki, “Sistema Integrado de Salud
¿panacea o privatización disfrazada?” Bimestral En Lucha Nº 4, febrero-marzo
2012. <BR>7) “Reforma del Estado y políticas públicas de la Administración
Vázquez”, edición ya citada. <BR>8) Jorge Maiki, artículo ya citado.
<HR>
<BR> <BR> <BR> <BR> </FONT></DIV></BODY></HTML>