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<HR>
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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa</FONT><BR><U>17 de julio 2012</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Montevideo - Uruguay<BR>redacción y
suscripciones: <A
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size=4></FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Perú</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT size=3>El interminable
conflicto minero peruano en el desierto político</FONT></STRONG> </FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT size=3>Cinco hipótesis sobre el caso
Conga (Programa Democracia y Transformación Global)</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT><BR><BR><STRONG>Eduardo
Gudynas* </STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Brecha, Montevideo,
13-7-2012</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><A
title="http://www.brecha.com.uy/ CTRL + clic para seguir el vínculo"
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title="http://www.brecha.com.uy/ CTRL + clic para seguir el vínculo">http://www.brecha.com.uy/</STRONG></A></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Calibri></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><BR><FONT size=2 face=Arial>El conflicto desatado en Perú por
el megaproyecto minero Conga es ilustrativo de la importancia de los análisis
internacionales. Allí, en esa inversión de unos 4.500 millones de dólares
presentada por sus promotores como "la salvación" de una de las zonas más pobres
del país, se está jugando una de las más fuertes pulseadas políticas y
económicas sobre cómo entender el desarrollo en América Latina. </FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><BR>Conga es una propuesta de
megaminería a cielo abierto de oro y cobre en el departamento de Cajamarca.
Promovida por la empresa Yanacocha (una asociación de capitales peruanos y
Newmont, una gigantesca corporación minera), siempre estuvo envuelto en
polémicas. Si bien se trata de una enorme inversión (los empresarios aseguran
que llegará a 4.800 millones de dólares), y se espera que disparará las
exportaciones, siempre fue resistido localmente.</FONT></DIV><FONT size=2
face=Arial>
<DIV align=justify><BR>Las razones de la oposición al proyecto son diversas. En
primer lugar se rechazan sus impactos ambientales, incluyendo la desaparición de
unas lagunas andinas que los pobladores locales consideran clave, sea para la
agricultura como para abastecer de agua potable. En las zonas andinas se conocen
esos y otros impactos ambientales ya que los han vivido a lo largo de décadas de
coexistencia con otras mineras. Tampoco creen en las promesas de una gestión
ambiental por parte de la empresa Yanacocha, debido a su comportamiento en otros
emprendimientos. Y por si fuera poco, el proyecto fue aprobado al final del
gobierno de Alan García, sumido en el descrédito ciudadano.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Como Ollanta Humala basó parte de su campaña en sostener
que antes que la explotación minera se encontraba la protección del agua, muchos
creyeron que al conquistar la presidencia el emprendimiento en Cajamarca sería
suspendido. Se equivocaron, y desde ese momento el conflicto no ha dejado de
crecer. La administración Humala abandonó su tibio progresismo inicial, y se
encaminó a una estrategia de desarrollo convencional basada en la explotación
masiva de sus recursos naturales. La promesa de "primero el agua, después el
oro" se reconvirtió en un ambiguo llamado a tener tanto el agua como el oro, las
lagunas como las inversiones.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La consecuencia inevitable fue el estallido de una
protesta ciudadana masiva en Cajamarca, incluyendo populosas manifestaciones y
paros cívicos con apoyo del propio presidente de la región. Frente a la escalada
de las protestas, Humala decidió moverse todavía más a la derecha: declaró el
estado de emergencia, militarizó la zona, y cayó en su primera crisis política
de envergadura. Renunciaron varios ministros y los grupos "progresistas"
abandonaron la administración. El que era un gobierno en disputa entre un ala
conservadora y otra progresista duró apenas 136 días, y en diciembre de 2011 se
volcó decididamente por el "orden y las inversiones", como advirtieron analistas
peruanos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Desde ese entonces, la conflictividad en la zona no ha
decrecido, sino que sigue en aumento, y ha pasado por sucesivos paros, una
marcha nacional en defensa del agua y la vida, y diversos enfrentamientos con
varios muertos (cinco mineros sólo la semana pasada). No es una dinámica
excepcional, ya que el mismo estado de cosas se está repitiendo en Ecuador,
Bolivia, Colombia, y en menor medida en Argentina. La protesta ciudadana contra
la megaminería a cielo abierto se ha vuelto una condición generalizada en casi
toda América del Sur.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Un examen del manejo del caso Conga muestra muchas
lecciones para Uruguay. Todo indica que el gobierno peruano ha decidido aprobar
el proyecto minero a toda costa por razones tales como la enorme inversión, las
expectativas de altos precios de los minerales en los mercados internacionales,
la creciente crisis en los países industrializados, y en particular hacerlo
porque no tiene otros planes alternativos. Más o menos los mismos factores están
presentes en Uruguay alrededor del proyecto Aratirí.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El gobierno Humala buscó acallar las protestas apelando a
la ciencia. Como los estudios ambientales iniciales, realizados en Perú, eran
muy cuestionados, se apeló a expertos extranjeros. Se contrató una comisión de
españoles que realizó un llamado "peritaje". La lógica de la medida se basa en
la muy común suposición de que habrá un dictamen de "la ciencia", objetivo y
final, que permitirá cerrar todas las discusiones. Esta es una postura que, si
bien es común, olvida que eso casi nunca ocurre. Las organizaciones ciudadanas
cajamarqueñas aceptaron ese desafío y realizaron un "peritaje" con sus propios
técnicos. Como era de esperar los resultados fueron distintos, las diferencias y
sospechas se ahondaron, y dejaron todavía más en evidencia las debilidades de
las evaluaciones ambientales estatales. No está de más de recordar que
apelaciones similares a la ciencia se han repetido en Uruguay, y con resultados
similares (desde la aprobación a transgénicos hasta el puente en la laguna
Garzón).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Seguidamente, el gobierno peruano apeló a otra táctica
también común. Aceptaría la explotación minera pero le impuso un plan de
compensaciones ecológicas (enfocadas en salvaguardar parte de las lagunas en
disputa), sociales (crear 10 mil puestos de trabajo) y económicos (un fondo
social con un monto de dinero no aclarado). Se cayó en una lógica, muy común en
los gobiernos progresistas, del tipo "destruyo tu ambiente, pero te compenso con
dinero o un empleo". El resultado en Perú: la medida no tuvo mayor eco, y el
conflicto siguió creciendo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Conga y otros casos (por ejemplo en Ecuador) muestran un
nuevo tipo de conflictos que resisten esta idea que evita anular los impactos y
que pretende compensarlos o indemnizarlos. Una vez más esa experiencia peruana
no es lejana a casos uruguayos, como por ejemplo aceptar la destrucción en la
costa oceánica a cambio de puestos de trabajo como jardineros o domésticas en
las futuras casas. Los conflictos de nuevo cuño, como el que ocurre en Perú,
evidencian que ciertos niveles de destrucción ambiental no pueden ser evaluados
en una escala económica.</DIV>
<DIV align=justify><BR>De maneras similares fueron cayendo uno tras otro los
intentos de apaciguar la protesta en Cajamarca. Se ha acosado a las
organizaciones ciudadanas, se volvió a declarar el estado de emergencia, y hasta
se llevaron preso a uno de los líderes locales, golpeándolo frente a las
cámaras. Se llegó así a una situación casi límite con la pérdida de la
legitimidad política del gobierno central. Mucha gente ya no le cree a Humala, a
los partidos políticos más conocidos, ni a la empresa, ni a los técnicos
universitarios. Es un desierto político. Tampoco puede olvidarse que muchas
autoridades locales o regionales conquistaron electoralmente sus cargos desde
plataformas que prometían contener la minería, y por lo tanto están cumpliendo
con sus promesas electorales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En este desierto político están en discusión las esencias
de las políticas de desarrollo del país: ser un país minero, o no serlo. Esa es
la cuestión. Y el gobierno Humala está desnudo de alternativas, no las ha
buscado, y como no las tiene a mano vuelve a caer en la exportación de materias
primas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Se podrá sostener que el caso uruguayo es muy distinto al
de esas comunidades andinas, que enfrentan desde hace décadas la prepotencia
minera, sus impactos sociales y ambientales, así como la complicidad
gubernamental. Pero si se mira varios casos uruguayos, una vez más se
encontrarán similitudes. Hay aquí unos cuantos problemas ambientales que
distintos gobiernos son incapaces de resolver. Se repiten una y otra vez las
denuncias sobre el uso de agroquímicos, persisten las incapacidades en el manejo
de la basura o en resolver la contaminación de arroyos, se presiona sobre las
evoluciones de impacto ambiental, y hasta hay políticos que defienden la
megaminería antes de conocer sus impactos. ¿Se está aprendiendo de la
experiencia peruana? En la izquierda, ¿se está pensando en alternativas para no
volver a ser proveedores de materias primas en la globalización? </DIV>
<DIV align=justify><BR>* Sociólogo, director del Centro Latinoamericano de
Ecología Social. </DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT><BR><FONT
size=3><STRONG>Cinco hipótesis sobre el caso Conga<BR></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3><STRONG>Programa Democracia y Transformación
Global*</STRONG></FONT><BR></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Queremos compartir algunas miradas al conflicto provocado por
el proyecto minero Conga, de la empresa Yanacocha, en Cajamarca, que han estado
ausentes o poco presentes en los artículos periodísticos y analíticos sobre el
caso. Ellas se basan en nuestro trabajo de colaboración con comunidades
afectadas por la minería y las organizaciones que trabajan con éstas en los
últimos años.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>UNO</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>El gobierno con Ollanta Humala siempre iba a ser un campo de
disputa. Sin proyecto ni aparato político sólidos, en un país con poca
institucionalidad, su curso dependería de la eficacia de incidir en él de
distintos actores que al parecer buscan convencerlo de la pertinencia de sus
intereses. Da la impresión de que en este juego las negociaciones del gravamen
minero implicaron un acuerdo político de respaldo mutuo: las empresas mineras
pagando un poco más de impuestos, y el gobierno respaldando a las empresas para
mantener sus privilegios en casos de proyectos controversiales como Conga.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>DOS</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>En el conflicto provocado por el proyecto Conga está en juego
el futuro de la relación industrias extractivas-comunidades-población
urbana-Estado, y no sólo el futuro de este mismo proyecto.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Se puede ver a Conga como un piloto que definirá la
viabilidad de varios otros proyectos controversiales en Cajamarca y en el país
en el contexto de un gobierno nacionalista. En los últimos años, proyectos que
contaron con la oposición masiva de la población local en alianza (real o
impuesta por la fuerza de la organización social) con las autoridades locales no
han logrado establecerse (Islay, Ayavaca, Huancabamba, Tambogrande, Quilish). Si
un proyecto con tantas objeciones técnicas, procedimentales y sociales como
Conga logra concretarse amparado en el discurso de la "minería más responsable",
abrirá incluso la puerta a estos proyectos suspendidos. Cajamarca podría
terminar siendo una palanca para que avancen las otras explotaciones
pretendidas, consolidando un distrito (o departamento) minero sin precedentes en
el país.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En segundo lugar, Conga marca la pauta para la política
del gobierno nacionalista frente a los conflictos y protestas sociales. Y en
este sentido, la declaración de estado de emergencia genera mucha preocupación.
Las acciones desarrolladas previo y durante el diálogo tenían las
características de una operación militar que buscaba controlar un
territorio.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En tercer lugar, el discurso de la "minería
res­ponsable para la inclusión social" busca resta­blecer la hegemonía
del modelo extractivista, que se encuentra debilitado por tanto conflicto,
violencia, abusos y oposición. El éxito de ello definirá cuánto compromiso y
solidaridad pueda haber en Lima (y otros centros urbanos) y en las clases medias
hacia la protección del ambiente y el territorio en las otras regiones del
país.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Esta dimensión geopolítica del conflicto Conga se obvia
sistemáticamente en la mayoría de los análisis del caso, incluso por autores
independientes de los intereses económicos detrás de la minería. Curiosamente,
para los campesinos cajamarquinos esta dimensión está muy clara (más que todo en
relación con el futuro de su región) y explica el compromiso con las protestas,
desmintiendo las viejas tesis vanguardistas de que ellos no tendrían conciencia
política y por tanto serían manipulados (como plantea la derecha) o requerirían
una dirección (como plantean sectores de izquierda).</DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3
face=Calibri></FONT><BR><STRONG>TRES</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>En los conflictos mineros de los últimos años se puede
percibir un desarrollo, tanto organizativo como discursivo. Si bien es cierto
que este desarrollo no ha resultado en la consolidación de una organización
representativa que presente una agenda concertada, se puede percibir que los
reclamos en los distintos conflictos están cada vez más articulados y son cada
vez más programáticos y propositivos. Parcialmente se explica por las relaciones
y redes entre líderes, organizaciones e instituciones presentes en estos casos
que se han venido tejiendo, y parcialmente por la crítica de fondo al modelo de
desarrollo que se viene generando a raíz de conflictos constantes e irresueltos
en el país. En consecuencia -al contrario de hace cinco años-, en las protestas
de hoy está presente una agenda que permitiría cambiar la política minera en el
país, si hubiera voluntad política para ello. Esta agenda incluye políticas de
ordenamiento territorial participativo, reglamentación afianzada de la consulta
(antes de dar concesiones), la definición de zonas libres de minería, la
moratoria de concesiones mineras, la planificación estratégica del uso del agua,
o la inversión en el agro como alternativa económica.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>CUATRO</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Con todo ello, no es casual que el primer conflicto minero
grande de este gobierno ocurra en Cajamarca. De un lado, no hay región del país
que conozca mejor las implicancias de la minería "moderna", debido a la
presencia de Yanacocha, desde los noventa, en cuanto a contaminación, daños a la
salud humana, escasez de agua. Por lo tanto, decir que los cajamarquinos no
saben de qué hablan o que actúan por manipulación externa es de un racismo y
tutelaje escandaloso.</DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT><BR>Uno no puede negar que
en Cajamarca también existe apoyo a Yanacocha -sostenido en las redes amplias de
trabajo y el asistencialismo de las empresas mineras-, pero a la vez es evidente
que una parte mayor de la población, después de abusos, de haber visto daños
permanentes a la naturaleza y la salud humana, y después de haber compartido tan
poco de los supuestos beneficios, está convencida de que la minería no puede ser
el futuro de la región.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Al contrario de lo que pretenden presentar los medios de
comunicación, esto no implica que estén en contra de la "minería como tal", pero
sí que plantean que debe haber límites a esta actividad, que no puede
desarrollarse en todo sitio y de forma indiscriminada, y que la población tiene
el derecho a elegir su propio modelo de desarrollo y futuro. Las protestas en
Cajamarca en este sentido representan varias críticas y posiciones, como también
varias propuestas: una de ellas es el planteo de mayor inversión estatal en la
actividad agrícola</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>CINCO</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Como el conflicto en Cajamarca será un punto de inflexión
para el gobierno y para la actividad minera, puede ser un momento
(re)fundacional también para el campo progresista (para poner un nombre no del
todo arbitrario, que se refiere al sector de organizaciones, instituciones,
colectivos y personas que creen en cambios de fondo en el país para construir un
Perú más justo y democrático).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Definitivamente, la persistencia (o nueva etapa) del
modelo extractivista y las respuestas a éste, surgidas desde abajo, permiten
repensar los proyectos de transformación de la realidad peruana, y podrían
favorecer el surgimiento de nuevas formas de relación entre ellas, como redes e
iniciativas compartidas. </DIV>
<DIV align=justify><BR>* Colectivo de asociaciones que trabajan con las
comunidades locales en Cajamarca. Este documento es de diciembre de 2011, tras
la declaración por primera vez del estado de emergencia en la zona (reactivado
el 3 de este mes), pero por conservar actualidad Brecha reproduce fragmentos del
mismo.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>