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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa<BR></FONT><U>28 de diciembre 2012</U><BR><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: <A
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href="mailto:germain5@chasque.net">germain5@chasque.net</A></FONT></STRONG><A
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Paraguay</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT size=3>Curuguaty, la
masacre que derrumbó a Lugo</FONT></STRONG> <BR> <BR><BR><STRONG>El
derrocamiento del presidente paraguayo Fernando Lugo por un golpe de Estado
parlamentario fue uno de los grandes acontecimientos políticos del año en
América Latina. La destitución del ex obispo fue justificada por un
enfrentamiento en el que murieron 17 personas (11 campesinos y seis policías) en
la zona de Curuguaty en un operativo de desalojo de "sin tierra" que estaban
ocupando uno de los tantísimos predios "mal habidos" por terratenientes ligados
a la dictadura de Stroessner. La Agencia Pública de Periodismo Investigativo
(Pública) de Brasil estuvo en Curuguaty para reconstruir lo sucedido aquel 15 de
junio. Brecha reproduce fragmentos de su investigación.
<BR></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Natalia
Viana</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Brecha, Montevideo,
28-12-2012</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><A
title="http://www.brecha.com.uy/ CTRL + clic para seguir el vínculo"
href="http://www.brecha.com.uy/"><STRONG
title="http://www.brecha.com.uy/ CTRL + clic para seguir el vínculo">http://www.brecha.com.uy/</STRONG></A></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><BR> <BR>Detrás de las gruesas y
oxidadas rejas de la penitenciaría nacional de Tacumbú, en la capital paraguaya
de Asunción, en medio de más de 3 mil detenidos -la capacidad es de 1.500-, el
campesino Rubén Villalba carga un peso infinito. Bajito, barrigón, de ojos
pequeños y piel morena típica del interior paraguayo por los lados de Mato
Grosso do Sul, está acusado de ser el principal causante de la matanza de
Curuguaty, motivo utilizado para destituir al presidente electo Fernando Lugo en
junio de 2012 por el Congreso.</FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR>Contra Villalba pesa no sólo el papel que se le atribuye
en la historia, sino la realidad de que está solo. Nunca hubo en la prensa
paraguaya una sola voz que lo defendiese: los demás dirigentes de la ocupación
de los sin tierra que, como él, decidieron resistir la reintegración de la
posesión el 15 de junio, están muertos; su esposa está en prisión domiciliaria a
400 quilómetros con su hijo de siete meses. Todas las evidencias consideradas
por la investigación de la Fiscalía, especie de ministerio público de Paraguay,
apuntan a él. El presidente Federico Franco lo llamó asesino y afirmó que
protagonizó una emboscada a policías que resultó en la muerte de seis de ellos.
Ese día murieron también 11 campesinos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>"Claro que me golpearon cuando fui preso", cuenta a
Pública en su español mezclado con guaraní, mientras esquiva la mirada de los
guardias en un rincón del presidio -le está terminantemente prohibido hablar con
la prensa-. "Había mucha tortura psicológica, 'vos sos el que mató al fulano,
vos sos del (grupo guerrillero) epp', decían. Se me subió encima del lomo, en la
espalda, y dijo 'Hurra'. Me parece que era un trofeo, me parece.".</DIV>
<DIV align=justify><BR>Y en ese momento Rubén comienza a llorar, a relatar lo
poco que recuerda de la desocupación del terreno de 2 mil hectáreas. No eran
poco comunes las de-socupaciones de ese tipo ni que los sin tierra decidieran
resistir el intento de reintegrar la posesión, como hicieron Rubén y los demás
dirigentes. El hecho de que el grupo poseyera escopetas de caza (entre 17 y 20)
también era algo común en las desocupaciones, según muchos testimonios oídos por
Pública de policías, campesinos, periodistas, militares. Pero todo lo que siguió
fue absolutamente atípico.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Cerca, en el ala del hospital del centro de detención, de
nombre Esperanza, está Néstor Castor, otro de los aproximadamente 70 que
ocupaban las tierras conocidas como Marina Cué. Aunque contra él no pesa la
acusación de haber provocado la masacre, Castor tenía una horrible herida: su
maxilar izquierdo fue destruido por una bala y desde aquella mañana su rostro
está parcialmente desfigurado. En la época de la entrevista, la parte inferior
estaba atada por una suerte de aparato dentario con elásticos. Néstor tenía
dificultad para hablar y comer -aún se alimenta a base de líquidos-. La
operación recién fue realizada el 23 de noviembre, cinco meses después de ser
herido. Ahora está en recuperación.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero su dolor no es sólo físico. Castor carga la culpa de
haber delatado sin querer a todos sus compañeros. Es que días antes del
conflicto escribió de su propio puño una lista de nombres de los que ocupaban el
terreno "para pedir víveres a la Secretaría de Emergencia Social" del gobierno
federal. La lista, encontrada por la policía, es una de las principales piezas
de la investigación conducida por la Fiscalía. A todos los que figuran en ella
-estuviesen o no en el momento del conflicto- se les dictó prisión preventiva y
fueron acusados de homicidio doloso agravado, homicidio doloso en grado de
tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción grave e invasión de
inmueble ajeno.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Procesar indiscriminadamente a todos los registrados en
una lista garabateada con lapicera no es la única fragilidad de la investigación
sobre el evento más importante de la historia reciente de Paraguay. En verdad,
la investigación está bajo creciente crítica de la opinión pública.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Incluso después de que se dio por concluido el informe de
la investigación, en octubre de 2012, no se sabía aún el resultado de los
exámenes de las autopsias ni de los de balística. De las cinco escopetas
capturadas, las supuestas armas del crimen, apenas una se demostró capaz de
disparar; decenas de casquillos de armas automáticas simplemente desaparecieron.
Hay indicios de adulteración de la escena del crimen y de los cadáveres; un arma
apareció de la nada, hay testimonios anónimos y policías que cambiaron sus
versiones de los hechos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La investigación es conducida por un joven integrante de
la Fiscalía, de nombre Jalil Rachid, de 33 años, hijo de Bader Rachid, ex
presidente del Partido Colorado, y por el empresario Blas Riquelme, que usaba el
terreno y desde 2004 reivindicaba ante la justicia su posesión, pidiendo la
expulsión de los sin tierra.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Riquelme, empresario para unos, falsificador de títulos
de tierras para otros -la Comisión de la Verdad sobre la dictadura de Stroessner
señaló irregularidades en los terrenos que adquirió en ese período- falleció dos
meses después de la masacre. Fue enterrado con gloria y honores, homenajeado en
el mismo Congreso que destituyó a Fernando Lugo y en la sede del Partido
Colorado, el mismo que votó en pleno por el impeachment.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Según un jefe policial que participó en la operación
-cuyo nombre no será identificado a su pedido-, la policía sabía que los
campesinos tenían escopetas. "Yo se lo dije incluso al comandante (de la
policía, Paulino ojas), que se tomase más tiempo (para entrar) porque era
peligroso, porque si moría un policía también caería la cabeza del comandante. Y
si moría un campesino, lo mismo", explica el jefe, que participó en las
discusiones de la cúpula. "Yo le dije que enviase más gente de inteligencia al
lugar para obtener más datos, para que hubiese más informaciones (antes de
actuar)". Según él, otros jefes policiales también querían postergar la
desocupación, que al final ocurrió por presión de la Fiscalía.</DIV>
<DIV align=justify><BR>"Yo le dije al comandante: ¿quién está detrás de esto?
¿Por qué quieren tanto hacerlo si tenemos tiempo para cumplir con la orden de
desocupación? Podíamos habernos tomado hasta un año, inclusive. Podíamos
argumentar que la policía no estaba en condiciones de operar, podíamos decir
muchas cosas." Su relato es corroborado por la declaración de un policía del
Grupo Especial Operativo (geo) que consta en la investigación oficial.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Según los documentos, Erven Lovera, comandante del geo,
también quería postergar la desocupación. "El jefe Lovera no quería hacer ese
procedimiento, tenía ese fin de semana libre y quería pasar el Día del Padre con
sus hijos en Asunción. Trató por todos lados de suspender, llamaba de acá para
allá, pero de todos lados había mucha presión de que se tenía que hacer ese
procedimiento de cualquier manera." Lovera fue el primer policía muerto. Era
hermano del jefe de seguridad personal del entonces presidente Fernando
Lugo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Desde el punto de vista del gobierno, sin embargo, la
atención tendría que haber sido redoblada, y no lo fue. Porque había
informaciones sobre la posibilidad de que se armase un problema, un teatro de
conflicto en la región, que llegó a altas autoridades del gobierno de Lugo.
Miguel Lovera, entonces director del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad
Vegetal y Semillas (Senave), cuenta que recibió informaciones ya en abril (de
2012). "Yo ya había oído rumores semejantes antes, pero esta información vino
completa. Ciertos elementos de reputación muy negativa habían sido vistos en la
zona. Matones. Gente al servicio de los dueños de la tierra. La información era:
quieren producir un derramamiento de sangre para llevar a Lugo a juicio político
y sacarlo del poder."</DIV>
<DIV align=justify><BR>Otras fuentes del gobierno de Lugo confirman que, meses
antes, hubo una situación semejante durante la desocupación de un terreno en
Ñacunday, ocupado por cerca de 8 mil familias sin tierra. En la ocasión, los
campesinos fueron transferidos a un terreno vecino, bajo la intensa crítica de
la prensa nacional. "Cuando ocurrió el caso Ñacunday, nosotros denunciamos que
había armas de guerra, que había grupos que se habían infiltrado y que iban a
usar cualquier acción de la policía para responder. Se generó una situación muy
delicada que lamento que no haya sido tomada suficientemente en serio, porque
hace tiempo que gente que quiere desestabilizar al gobierno está buscando
provocar este tipo de hecho", afirmó a la prensa López Perito, jefe de gabinete
de Lugo, al día siguiente del conflicto.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>EL ESTADO, EN CAUTIVERIO</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>En la región de Canindeyú, el entonces director del Instituto
de Tierras (Indert), Ignacio Vera, era cercano a los movimientos campesinos
-demasiado cercano, en la visión de la policía y de los hacendados de la
región-. Tanto que el 15 de junio, día en que ocurrió la confrontación, tuvo que
salir huyendo del lugar bajo amenaza de muerte. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Vera recuerda que salió corriendo con el consentimiento
de sus superiores en el gobierno federal. "Estaba muy preocupado por la
situación, porque comprendí que era un problema de persecución política y que
podía haber violencia en cualquier parte", dijo a Pública. Vera se quedó algunos
días escondido hasta poder volver a la región. Un mes después, ya bajo el nuevo
gobierno del liberal Federico Franco, fue apartado de la dirección del
Indert.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Miguel Lovera también visitó la región ese mismo día, y
también tuvo que marcharse rápidamente. La ministra de Salud, Esperanza
Martínez, considerada la ministra fuerte del gobierno de Lugo, llegó a Curuguaty
para prestar asistencia a las víctimas. El escenario que encontró, según contó
en entrevista con Pública, era desolador. "Cuando llegué, la policía estaba
rodeando el hospital porque había una amenaza de que los campesinos invadirían
para llevarse los cuerpos de sus parientes. Los periodistas andaban libremente
por los corredores", recuerda. "Los cadáveres de los campesinos estaban tirados
al lado de la entrada y los de los policías estaban en un cuarto en el fondo,
resguardados. Después me enteré de que la policía solamente transportó en los
aviones que llegaron por la tarde a los policías heridos y muertos hasta
Asunción, donde se haría la autopsia."</DIV>
<DIV align=justify><BR>Ese mismo día, Esperanza tuvo que volver corriendo a
Asunción -"ya se estaba hablando del juicio político en el Congreso", dice-,
pero intentó todavía ayudar a algunos moradores con los que tuvo una rápida
reunión. "Hablamos con los campesinos, y ellos decían que mucha gente estaba
siendo detenida simplemente por preguntar sobre los heridos." No consiguió hacer
nada en los días siguientes, enfrascada en las negociaciones políticas para
evitar la destitución de Lugo. Esperanza fue, con el jefe de gabinete López
Perito, la única ministra mencionada específicamente en el libelo acusatorio
presentado en el Congreso. Los diputados afirmaron que los ministros actuaron de
forma "absolutamente equivocada" en Curuguaty al "tratar de manera igual a
policías cobardemente asesinados y a aquellos que fueron protagonistas de estos
crímenes", o sea los campesinos.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>BALA 5.56.</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Una cápsula de proyectil dorada, hecha de latón militar, con
9,50 milímetros de diámetro, puede ser la evidencia definitiva de que la
investigación del fiscal Rachid está ignorando muchos elementos cruciales.<BR>El
2 de octubre Rachid divulgó la conclusión de la Fiscalía de que los agentes
policiales cayeron en una emboscada "previamente preparada y planeada" por sin
tierra armados con rifles, escopetas, hoces y machetes. Afirmó también que Rubén
Villalba es el principal responsable de la tragedia.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En poco más de dos mses de investigación, sin embargo,
Pública tuvo acceso a la cápsula de una bala 5.56, utilizada en fusiles M 16 y
carabinas M 4 -armas usadas tanto por grupos de elite de las fuerzas de
seguridad de Paraguay como por traficantes que contrabandean marihuana,
artículos electrónicos y agrotóxicos a Brasil-. Según los testimonios, la
cápsula fue encontrada en el terreno de Marina Cué poco después del conflicto.
Se trata de una cápsula de bala fabricada en 2007 en Salt Lake City Army
Ammunition Plant, en un complejo militar perteneciente al gobierno
estadounidense en el estado de Utah y administrado por la empresa militar
privada Alliant Techsystems (atk). La atk exporta armas y municiones a Paraguay
a través de la empresa Sake Saci, según registros del gobierno estadounidense
compilados por la consultora Import Genius. Contactada por Pública, la atk se
negó a decir si exporta sólo a las fuerzas militares de Paraguay o también a
grupos privados. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La cápsula de bala 5.56, que permanece en un lugar seguro
en Paraguay, puede ser el único indicio de que el día del conflicto se
utilizaron armas militares -fuera por las fuerzas especiales de la policía o por
francotiradores-. Decenas de otras cápsulas semejantes, recogidas en el lugar,
simplemente desaparecieron.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En el informe de la policía, al que Pública tuvo acceso,
aparecen sólo dos cartuchos de bala 5.56, que no fueron sometidos a pericias
porque no se hallaron las armas correspondientes. </DIV>
<DIV align=justify><BR>De acuerdo con Rachid, ningún arma militar fue utilizada
aquella mañana. "Tomé las declaraciones testimoniales de los agentes que
intervinieron y ellas están anexadas en el informe oficial. Todos coinciden en
decir que no utilizaron armas con proyectiles reales ni gas pimienta", dijo.
Desde que presentó sus conclusiones, en octubre, el fiscal ha sido cada vez más
criticado. Más allá de las protestas pidiendo la libertad de los campesinos, la
verdad es que su hipótesis -que 70 campesinos habrían emboscado a 324 policías
con escopetas de caza- no convence a nadie.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La mayor piedra en el zapato del fiscal es un informe
detallado, publicado en el mismo mes de octubre por la Plataforma de Estudio e
Investigación de Conflictos Campesinos (peicc), fundada poco después de la
destitución de Lugo por el político liberal Domingo Laíno, un hombre tranquilo
pero de palabras enfáticas, casi dramáticas, con el objetivo explícito de
investigar la investigación oficial.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La peicc también asumió la defensa de los campesinos
presos y está pidiendo la completa anulación de la investigación. Las fallas
planteadas por el informe de la Plataforma son elocuentes. Primero, cuestiona el
hecho de que sólo se hayan encontrado en el lugar cinco escopetas de caza y un
revólver, armas que difícilmente conseguirían matar a tanta gente en tan poco
tiempo. Analizando un video grabado por la policía, la peicc defiende que se oye
una ráfaga de fusil automático en el momento del tiroteo. La evidencia es
descartada por el fiscal Rachid. El mismo video muestra la presencia de mujeres
y niños en el lugar de la confrontación, lo que desmentiría la versión de una
emboscada. Ya en la investigación presentada por la Fiscalía, los más de 30
testimonios de policías golpean la misma tecla: que no había allí ninguna mujer
o niño. Es mentira. Dicen también que los campesinos estaban fuertemente
armados. Pero, otra vez, el video publicado por la peicc desmiente esa versión:
los campesinos realmente portan escopetas de caza.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La cosa se pone peor. De las cinco escopetas examinadas
por la policía, apenas una se mostró capaz de disparar durante las pruebas de
balística. Y una de las armas incluidas en el informe de la policía fue, en
verdad, robada el 22 de junio, una semana después de la masacre, de la casa del
general Roosevelt César Benítez Molinas y abandonada atrás de una iglesia en
Curuguaty. <BR></DIV>
<DIV align=justify>La hipótesis de que hubiese francotiradores en el área fue
después descartada por la Fiscalía, y los resultados de los informes del forense
no fueron presentados en público cuando Rachid anunció sus conclusiones. Tampoco
consta en la investigación de la Fiscalía el hecho de que el helicóptero usado
por la policía, que hacía sonar una sirena ensordecedora, disparaba durante la
confrontación. Todos los policías entrevistados afirman que el helicóptero no
estaba sobrevolando el área durante el tiroteo. Pero un video filtrado en
Youtube muestra, de hecho, el disparo del helicóptero. El campesino Roberto
(nombre ficticio), entrevistado por Pública, recuerda bien este detalle. "Los
heridos estaban corriendo y les disparaban desde el helicóptero, que estaba muy
bajo." El informe de peicc muestra, además, a policías manipulando los cuerpos
de los campesinos, tirando sobre ellos cartuchos de bala y escopetas, para posar
ante las fotos que ilustrarían los periódicos de los días siguientes. Las fotos
de montaje de la escena, según Laíno, fueron cedidas a peicc por fotógrafos "que
no están de acuerdo con lo que ocurrió" y no salieron en la prensa
paraguaya.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Coincidentemente, es una foto fuera de foco, sin autoría
definida y filtrada a peicc, la que fue utilizada para identificar a Rubén
Villalba como el hombre que tiró contra Erven Lovera, dando inicio a la llamada
"emboscada" contra la policía.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En su celda hacinada de Tacumbú, Villalba tiene pocas
esperanzas de escapar al papel de gran verdugo de la masacre de Curuguaty, en
caso de que la investigación siga el mismo rumbo. O de tener un juicio justo.
Contra él están el fiscal, el juez y el breve presidente Federico Franco, cuyo
mandato termina en agosto de 2013 y que depende, en gran parte, de que se
mantenga la versión de que los campesinos emboscaron a los policías porque "el
presidente Lugo se mostraba siempre con las puertas abiertas a los líderes de
estas invasiones, dando un mensaje claro sobre su apoyo a esos actos de
violencia y comisión de delitos", como declara el documento del impeachment.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>