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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa</FONT><BR><U>27 de enero 2013</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Montevideo - Uruguay<BR>redacción y
suscripciones: <A
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href="mailto:germain5@chasque.net">germain5@chasque.net</A></FONT></STRONG><A
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size=4></FONT></STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Uruguay<BR><BR>Saludando a la bandera
<BR><BR>Las dilatorias para instalar una unidad de investigación de delitos en
dictadura</FONT> </STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>La demora del Ministerio del
Interior en la instalación de una unidad que investigue delitos cometidos por el
terrorismo de Estado, para auxiliar a la justicia, plantea el primer
desconocimiento del gobierno a la Institución Nacional de Derechos Humanos, ese
organismo autónomo creado por el Parlamento cuya integración fue tan debatida y
negociada. El Observatorio Luz Ibarburu formuló una denuncia; había recabado un
consenso de aceptación generalizada que no se concreta en los
hechos.</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><BR><STRONG>Samuel Blixen </STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Brecha, Montevideo,
25-1-2013</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><A
title="http://www.brecha.com.uy/ CTRL + clic para seguir el vínculo"
href="http://www.brecha.com.uy/"><STRONG
title="http://www.brecha.com.uy/ CTRL + clic para seguir el vínculo">http://www.brecha.com.uy/</STRONG></A></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><BR><BR>El gatopardismo, concepto
popularizado a partir del libro de Guisseppe Tomasi de Lampedusa, expresa la
idea de que en determinados momentos históricos se impone la voluntad de crear
una apariencia de cambio con el fin último de que la base, el núcleo del
sistema, permanezca inalterado.</FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR>Eso es exactamente lo que pasa en Uruguay con la
impunidad de que gozan los criminales del terrorismo de Estado. Ningún rebuscado
argumento formal, ningún sofisma sobre tiempos políticos, ninguna excusa sobre
la diferencia entre voluntad y posibilidad podrán justificar la inacción, cuando
no el retroceso, respecto de la obligación de investigar los delitos y castigar
a los culpables. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La responsabilidad es compartida entre magistrados de la
Suprema Corte de Justicia, jueces, ministros y altos funcionarios de la
administración. Al finalizar 2012 en los juzgados de Montevideo estaban
radicadas 138 causas por denuncias relacionadas con violaciones a los derechos
humanos durante el terrorismo de Estado: sólo dos tienen sentencia firme y el 71
por ciento permanece en presumario. Había, además, otras 89 denuncias ingresadas
en seccionales policiales que no están registradas en los juzgados. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Algunas situaciones que expresan el gatopardismo del
discurso oficial uruguayo -que dice eliminar la impunidad pero la tolera- tienen
que ver con el mirar para el costado de una justicia penal que -salvo honrosas
excepciones- no investiga y espera que las propias víctimas averigüen para en
todo caso entonces actuar; o con las presiones de un ministro sobre jueces y
fiscales, o con las afirmaciones lanzadas a la prensa para generar opinión y
denostar a los denunciantes; o con el infalible método, tan caro a los ministros
de la Suprema Corte, de plegarse a las chicanas de abogados vinculados a los
centros de poder de la derecha, de dejar correr los plazos ante recursos
inconsistentes y aun ilegales cuando el acusado (en este caso un general) es
agarrado con las manos en la masa, como quien dice; o con la inquebrantable
postura de oponer recursos legales para evitar el pago de indemnizaciones; o con
el manejo discrecional de la información reservada y el secretismo sobre los
archivos de la represión. Y todo eso cuando, simultáneamente, se reitera que
estamos en un Estado de derecho donde todos los ciudadanos son iguales ante la
ley; y se desarchivan denuncias y se elimina la caducidad y se anuncia que se
aplicarán los criterios internacionales en materia de genocidio, desaparición
forzada, prácticas sistemáticas de torturas, robo de niños, violaciones, y se
promete finalmente que se concretará una reparación integral.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Una última muestra del gatopardismo uruguayo está
registrada en una denuncia que formula el Observatorio Luz Ibarburu para el
seguimiento de las denuncias penales por violaciones de los derechos humanos.
Dicha denuncia se refiere a la dilatoria para instalar una Unidad Especial de
Investigación y Apoyo al Sistema Judicial, en la órbita del Ministerio del
Interior.<BR></DIV>
<DIV align=justify>En los últimos meses del año pasado el Observatorio había
formalizado un reclamo sobre la instalación de esa unidad ante los organismos
que integran la comisión interministerial encargada de supervisar el
cumplimiento de la sentencia que, sobre el llamado "caso Gelman", emitió la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. En opinión del Observatorio, una
dilatoria en ese sentido podría implicar que "Uruguay cayera nuevamente en
responsabilidad internacional por la persistencia de la impunidad ante la falta
de un proceso eficaz de justicia". El reclamo se realizó no sólo ante los
ministerios y la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, que
integran la comisión interministerial, sino también ante otras autoridades
estatales con responsabilidad específica en materia de derechos humanos, como lo
son las direcciones de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura y
del Ministerio de Relaciones Exteriores, y autoridades del sistema judicial
(magistrados, fiscales, abogados y funcionarios judiciales). La idea era
"construir consensos para enfrentar y resolver adecuadamente los hechos de
nuestro pasado reciente, con las herramientas construidas por el derecho
internacional".<BR> <BR><STRONG>Generar capacidades</STRONG> </DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Todos los consultados estuvieron de acuerdo -al menos de
palabra- en implementar esa unidad de investigación. Y a ese consenso se sumó la
recomendación que la Institución Nacional de Derechos Humanos (indh) formuló al
ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el 14 de diciembre, a raíz del planteo
del Observatorio Luz Ibarburu. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La recomendación de la indh recuerda que la Convención
Americana sobre Derechos Humanos establece "el deber de los estados parte de
organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a
través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal
que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los
derechos humanos".</DIV>
<DIV align=justify><BR>El texto enviado al ministro Bonomi recuerda, asimismo,
que la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman versus Uruguay, de
febrero de 2011, "impone claramente al Estado uruguayo la obligación de generar
las capacidades técnico-operativas necesarias para la investigación de
violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de
Estado".</DIV>
<DIV align=justify><BR>Puesto que la propuesta del Observatorio es funcional a
la obligación señalada por la Corte, la dirección de la indh resolvió recomendar
"que en el plazo más breve posible, preferentemente antes de la finalización de
la Feria Judicial Mayor (el 1 de febrero) se constituya una unidad especial para
auxiliar al Poder Judicial en la investigación de las denuncias" sobre delitos
cometidos durante el terrorismo de Estado, y que la misma funcione en la órbita
del Ministerio del Interior, "integrada por personal profesional de esa
secretaría de Estado con especialización en las diferentes disciplinas
involucradas en investigación criminal", y también por "personal especializado
en atención y seguimiento a las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos y sus familiares".</DIV>
<DIV align=justify><BR>La indh explica en su recomendación que la subordinación
de la unidad al Ministerio del Interior se debe a que ese ministerio cumple una
función específica de auxiliar de la justicia; pero igualmente señala que la
unidad especial "deberá coordinar y recibir el apoyo técnico de otras
instituciones y dependencias públicas no subordinadas al Ministerio del
Interior".</DIV>
<DIV align=justify><BR>Al emitir esa recomendación, la indh se estaba ajustando
a las competencias adjudicadas por el Parlamento cuando la creó por ley y
debatió extensamente la designación de sus autoridades. En su oportunidad el
debate sobre los nombres reveló la jerarquía de ese organismo que, aunque en
última instancia es dependiente del Parlamento, tiene una excepcional autonomía
para indagar, hacer seguimiento sobre cuestiones de derechos humanos y formular
las recomendaciones pertinentes.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Esta recomendación sobre la creación de una unidad de
investigación, a partir de una propuesta del Observatorio (integrado por
representantes de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos,
Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Hijos-Uruguay, Crysol, Onajpu,
Serpaj Uruguay, Ielsur, Mesa Permanente contra la Impunidad, Pro Derechos,
Colectivo Denunciantes de Octubre de 2011 y la Fundación Mario Benedetti), de
hecho pone sobre el tapete la cuestión del reconocimiento de su autoridad. Sin
embargo, a más de un mes de adoptada la decisión, no hay reacción conocida del
Ministerio del Interior.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El 15 de marzo el Observatorio emitió un comunicado en el
que manifestaba su "preocupación ante la situación denunciada (la ausencia de
una resolución), que se suma a las dilatorias que padecen muchas causas por
improcedentes recursos insólitamente demorados ante la Suprema Corte de
Justicia".</DIV>
<DIV align=justify><BR>Todos están de acuerdo con instalar la unidad de
investigación, pero igual marche preso. Si se concreta el gatopardismo en esta
cuestión no sólo se estará contradiciendo en los hechos lo que se prometió en la
Corte Interamericana; también se revelará que la trajinada votación en el
Parlamento para la integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos
fue un saludo a la bandera.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>