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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa<BR></FONT><U>28 de enero 2013</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Montevideo - Uruguay<BR>redacción y
suscripciones: <A
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Colombia<BR><BR>Medellín diez años
después de la "Operación Orión"</FONT><BR><BR><BR>Maurice Lemoine<BR>Mémoire des
Luttes<BR><A
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href="http://www.medelu.org/">http://www.medelu.org/</A></STRONG><A
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title="http://www.medelu.org/ CTRL + clic para seguir el vínculo"></STRONG></A></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Traducción de Caty
R.<BR>Rebelión<BR><A
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title="http://www.rebelion.org/ CTRL + clic para seguir el vínculo"></STRONG></A></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><BR><BR>El 2 de diciembre de 1993 el
famoso y poderoso capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar, cayó acribillado a
balazos en el tejado de una casa del barrio de Los Olivos. La larga cacería del
hombre que condujo a este desenlace fue llevada a cabo por una unidad militar de
élite, «El bloque de Búsqueda», apoyado por los servicios secretos
estadounidenses y un grupo de delincuentes -perseguidos por Pablo Escobar (los
pepes)- comandados por los hermanos paramilitares Fidel, Vicente y Carlos
Castaño, financiados a su vez, por. los narcotraficantes del cártel de Cali. Hay
que señalar, para la pequeña historia, que la composición de ese curioso grupo
fue aprobada en 1989 por el presidente de Estados Unidos George Bush (padre) con
el nombre en clave de «Heavy Shadow».<BR><BR>Al margen de esta guerra a la
cocaína, otra guerra atroz y aparentemente sin fin provocada por las
desigualdades sociales sigue ensangrentando Colombia. Las guerrillas se
infiltraron desde hace ya algunos años en los barrios populares de las grandes
ciudades; a su vez los paramilitares pretendieron implantarse en Bogotá, Cali,
Barrancabermeja, etc. Hasta ahora muy rural, el conflicto se está volviendo
urbano.<BR><BR>Fue en Medellín en 1996 donde surgió el «Bloque Metro» de las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) dirigido por «Doble Cero».
Mucho después, en abril de 2012 un exjefe paraco (1), Pablo Hernán Sierra
García, alias «Alberto Guerrero», afirmó ante la justicia que las ACCU fueron
creadas por los ganaderos del departamento de Antioquia, entre ellos los
hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez (el cual, que mientras tanto pasó por la
presidencia de la República, niega ferozmente esa acusación). Pero, en resumen,
en ese final de década de 1990, todavía no habíamos llegado ahí. En el año 2000
en Medellín, bajo las órdenes de Carlos Castaño que federó al conjunto de los
grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el «Bloque
Metro» dejó su puesto al «Bloque Cacique Nutibara», dirigido con mano de hierro
por Diego Fernández Murillo, alias «don Berna».<BR><BR>Al oeste de la ciudad,
apenas a diez minutos en coche del Centro Administrativo La Alpujarra, donde
están la Gobernación y el Ayuntamiento, se encuentra la Comuna 13, un sector
deprimido compuesto por 22 barrios legales o informales (2). Aferrado a las
laderas de una montaña escarpada, rayado de caminos, empinadas escaleras,
callejones, callejuelas y rincones oscuros, este auténtico laberinto acoge a
200.000 habitantes originarios en su mayoría del Urabá antioqueño y chocoano -al
norte del país-. Los pobres, víctimas de la exclusión social, arrojados a la
economía sumergida pero con una gran capacidad de organización comunitaria y un
firme sentido de sus reivindicaciones. De tal forma que la cohabitación con las
milicias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y sobre todo
con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el más presente en la zona, no da
lugar a demasiadas fricciones. <BR><BR>A esos tradicionales protagonistas
armados se añade, en la Comuna 13, un grupo independiente, los Comandos Armados
del Pueblo (CAP), que no dependen de las FARC ni del ELN pero comparten con
ellos la opinión de que hay que enfrentarse al Estado. «Esta milicia tuvo mucho
éxito», se oye todavía en la actualidad, «porque estaba formada por personas del
barrio, anteponía la labor política a la acción militar y se proclamaba sobre
todo defensiva». «Sabiendo por otra parte», nos completan la información, «que
las organizaciones comunitarias, artísticas, religiosas y otras, que
manifestaban hacia ella cierta simpatía, se mantenían totalmente autónomas». Al
principio esas milicias no inquietaron demasiado a las autoridades. Supliendo
las carencias del Estado garantizaban la seguridad luchando contra las bandas de
delincuentes, mejorando las viviendas, construyendo caminos, etc.<BR><BR>La
situación cambió a principios de los años 2000. Medellín tenía en perspectiva
importantes proyectos de desarrollo económico incompatibles con la resistencia y
las vías alternativas de cualquier tipo. <BR><BR>En todos los barrios marginales
a los que en los años 60 y 70 llegaron las familias expulsadas de los campos por
la violencia o atraídas por el estallido industrial de la décima metrópoli del
país, se crió una generación de adolescentes que se agruparon en bandas -las
pandillas-. Fue en esas pandillas donde, en el apogeo de la guerra que libró
contra el Estado, Pablo Escobar reclutó a sus sicarios. También los captaron los
paramilitares, quienes, desde su intrusión, establecieron un control
territorial, militar, económico y social absoluto sobre la ciudad. Excepto en la
Comuna 13, que solo ocupaban parcialmente. El ejército de los CAP y de los
guerrilleros de las FARC y el ELN, así como la resistencia civil de las
organizaciones comunitarias se lo impidieron. Sin embargo e independientemente
de la «lucha antisubversiva», los paracos codiciaban especialmente ese
territorio: corredor montañoso estratégico, une el suroeste del departamento de
Antioquia y el mar, en el golfo de Urabá, una configuración muy interesante para
el tráfico de armas o la exportación de la cocaína.<BR><BR>El 29 de mayo de
2002, con el pretexto de pacificar la zona, una primera operación militar -la
Operación Mariscal- reunió 900 hombres de la fuerza pública y se saldó con la
muerte de nueve civiles (entre ellos cuatro niños), 37 heridos y 50 detenciones
arbitrarias. La intrusión, sin embargo, sólo duró unas horas: la población salió
con banderas blancas y al mismo tiempo la presencia de la prensa y de
organizaciones de defensa de los derechos humanos ejercieron tal presión que el
ejército tuvo que detener su intervención.<BR><BR>Elegido el 26 de mayo, Uribe
asumió sus funciones en la Casa de Nariño -el palacio presidencial- el 7 de
agosto. Inmediatamente ordenó «retomar» la Comuna 13 -una forma de inaugurar su
dura política de «seguridad democrática»-. Tras una breve operación «Antorcha»
(el 15 de agosto), la operación «Orión» lanzó sobre el barrio, el 16 de octubre,
cinco batallones de la IV Brigada, el Grupo de Fuerzas Especiales Urbanas
(FUDRA), el batallón contraguerrillero del ejército, efectivos de la policía
metropolitana y de la policía de Antioquia, con el apoyo del Departamento
Administrativo de Seguridad (la policía política, DAS). Más de 3.000 hombres
lanzados en una operación de guerra total contra. la población.<BR><BR>En
efecto, aunque en las primeras horas las milicias combatieron la envergadura de
la ofensiva las obligó a replegarse. Eso no impidió que los helicópteros
continuasen acribillando los tejados de las casas, las tanquetas (blindados
ligeros) siguieron disparando de forma indiscriminada empujando a las calles una
avalancha de habitantes desesperados. Durante cinco días de «pacificación»,
vestidos de camuflaje, la cara cubierta con pasamontañas negros, los
«informadores» -entre ellos un tal Carlos Pesebre que lo confesaría- guiaron a
los agentes de la fuerza pública que registraron las casas. Al final de los
registros, que se llevaron a cabo sin órdenes judiciales, se contaron 355
detenciones arbitrarias a las que se añadieron, según el balance oficial, 39
civiles heridos, siete desaparecidos y tres policías muertos.<BR><BR>La primera
fase de la operación duró hasta el 20 de octubre. La Comuna estaba completamente
aislada. Nadie tenía autorización para salir o entrar, únicamente la versión de
la fuerza pública se filtró a los medios, «se trata de una operación militar
legítima que, al perseguir a los grupos ilegales, ha devuelto la paz a la
Comuna».<BR><BR>Una segunda fase podía comenzar: en la Comuna 13 sólo
permanecían los efectivos del ejército, de la policía y. los paramilitares del
«Bloque Cacique Nutibara» que ocupaban totalmente el territorio, lo que no
habían podido hacer hasta ese momento. Desde entonces en esa zona, presentada
como un «laboratorio de paz», es raro no encontrar cadáveres en las calles. Así
fue, recurriendo a la práctica de las «desapariciones forzosas», como los
paracos establecieron su control social en la Comuna hasta finales de 2003.
«Denunciamos eso desde el principio», recuerda la abogada Adriana Arboleda,
miembro de la Corporación Jurídica Libertad, «nadie nos creía, nadie nos
escuchó. Nos acusaban de ser el brazo jurídico de la guerrilla». <BR><BR>Diez
años después sabemos un poco más sobre lo que deberíamos llamar un crimen de
Estado. Los supervivientes, los familiares de las víctimas e incluso los
exparamilitares han afirmado que muchos «desaparecidos» fueron enterrados en un
lugar llamado «La Escombrera». Un vertedero 50% público y 50% privado que se
extiende por 15 hectáreas en la zona alta de la Comuna 13, en el límite del
barrio El Salao y con el municipio San Cristóbal. «Como Corporación Jurídica»,
continúa Adriana Arboleda, «hemos registrado 92 desapariciones. Nunca hubo
tantas en una zona urbana en tan poco tiempo. Pero la cifra real es mucho más
espantosa.»<BR><BR>En diciembre de 2002, dos meses después de la operación
«Orión», por iniciativa del presidente Uribe se firmó el pacto de Ralito,
primera etapa de la vuelta a la vida civil de los paramilitares que culminaría
en julio de 2005 con la controvertida ley Justicia y Paz que les garantizaba una
impunidad casi total. El primer grupo desmovilizado, el 25 de noviembre de 2003,
incluso antes de la aprobación de la ley, fue precisamente el «Bloque Cacique
Nutibara». Convertido en la época en el principal narcotraficante de la capital
antioqueña, donde controlaba también otras actividades delictivas como
secuestros y extorsiones, «Don Berna» fue extraditado en 2008 a Estados Unidos
por narcotráfico. Allí afirmó que los cadáveres de 300 víctimas, repartidos en
un centenar de fosas comunes, se hallaban en «La Escombrera». También precisó
que la operación «Orión» fue planificada y coordinada conjuntamente por los
paramilitares y los miembros de la IV Brigada que mandaba entonces el general
Mario Montoya -nombrado después comandante en jefe del ejército colombiano por
Uribe- (3).<BR><BR>Ese pasado resurgió a finales de 2009 cuando, bajo presión de
las familias de las víctimas y de las ONG que las apoyan, la alcaldía de
Medellín firmó dos acuerdos -uno con antropólogos peruanos, guatemaltecos y
argentinos y otro con la universidad de Antioquia- para tratar de esclarecer los
hechos. Encargados de determinar la viabilidad de posibles exhumaciones, los
antropólogos extranjeros, tras considerarlas imposibles, arrojaron la toalla
rápidamente. «En efecto, en este tipo de procesos hay que saber cuántas personas
se buscan, cómo se llaman y si es posible de dónde son», explica Andrea Romero
en los locales de la sección antioqueña del Movimiento Nacional de las Víctimas
de Crímenes de Estado (MOVICE). «En este caso concreto, a falta de una
investigación preliminar, no existían esas informaciones y se corría el riesgo
de encontrarse con un montón de cadáveres imposibles de identificar que llevaría
finalmente a una segunda desaparición».<BR><BR>Numerosos exparamilitares
afirmaron que poseían esas informaciones. Pero se niegan a darlas. El «Bloque
Cacique Nutibara» se desmovilizó antes de la ratificación de la ley Justicia y
Paz, sus miembros no se beneficiaron de las garantías de impunidad de esa ley y
por lo tanto corren el riesgo, si hablan, de ser perseguidos por la
justicia.<BR><BR>Desde 2010 todo sigue igual. Escandalizadas por semejante
inmovilidad, las víctimas y las ONG exigen imperiosamente el cierre inmediato de
«La Escombrera». En ese vertedero de basura, de un espesor de 70 metros, todos
los días se vierten más desechos, entre ellos numerosos productos químicos que
pueden modificar los resultados de las potenciales investigaciones futuras cuya
posibilidad se aleja cada día un poco más.<BR><BR>Edificios nuevos, geométricos,
lujosas construcciones de vidrio y metal iluminadas por una profusión de
carteles publicitarios. A finales de 2012 Medellín va bien. El ramillete
habitual de políticos, con sus fórmulas prefabricadas, venden la ciudad como una
metrópoli dinámica, un centro de negocios en la vanguardia del progreso, llena
de turistas que pasean por la plaza Botero. Las tristes épocas del «cártel» y
los paracos habrían pasado definitivamente.<BR><BR>En 2005 los paramilitares
abandonaron la Comuna 13 en sus vehículos para desmovilizarse. Unos días después
volvieron en los mismos vehículos, vestidos de civiles, para seguir controlando
el barrio. Toda la ciudad ha vivido el mismo fenómeno -lo mismo que numerosas
regiones del país donde ya actúan, con los mismos modos operativos que en el
pasado, las «bandas criminales emergentes» (BACRIM)-. En el corazón de Medellín,
en las calles peatonales, centros comerciales y espacios públicos, pululan
guardias uniformados de compañías privadas de seguridad: la mayoría son
paramilitares «reinsertados». <BR><BR>Cuando se extraditó a «Don Berna», en
2008, las compañías de transporte de algunos barrios organizaron un paro laboral
inmovilizando sus autobuses -con el beneplácito de la alcaldía-. Y las
violaciones de los derechos humanos continúan, «Ciertamente se puede observar
que hubo una disminución de las agresiones entre 2004 y 2006: los paras querían
legitimarse, demostrar que hacían bajar los índices de criminalidad», que
volvieron a dispararse a partir de 2009. En parte también porque los lobos se
devoran entre ellos.<BR><BR>Con «Don Berna» fuera del circuito su estructura
mafiosa, la Oficina de Envigado, surgida en su origen de la red de sicarios
creada por Pablo Escobar en la década de 1980, se ha disparado. Algunos miembros
formaron un grupo nuevo -los Paisas-. Desde 2011 otra banda, los Urabeños, les
disputan los barrios ofreciendo a cada jefe de pandilla, para comprar su
lealtad, 35 millones de pesos (15.000 euros) y un arsenal raramente inferior a
seis fusiles de asalto. El jefe de los Urabeños, Carlos Pesebre, uno de los
principales informadores del ejército en la operación «Orión» ya tiene varios
combos (4) a su servicio. En los períodos de tensión vinculados al reparto de
las zonas todas esas personas se matan entre ellas hasta que se vuelve a
establecer un clima de paz tensa (5).<BR><BR>Esas luchas de influencia responden
a intereses muy concretos: control del tráfico y menudeo de droga, de la
prostitución, de la explotación sexual de menores, de las extorsiones y del
pequeño comercio -en muchos barrios, los combos llegan incluso a los negocios de
arepas, huevos, pollo y leche, imponiendo a las tiendas sus propias mercancías y
prohibiéndoles la venta de otros productos.<BR><BR>Sin embargo, aunque las
dinámicas de esas estructuras paramilitares no son las mismas de hace diez años,
una constante permanece: siguen amenazando abiertamente a las organizaciones
comunitarias o culturales, a los comités de acción comunal, a los militantes y
dirigentes sociales. ¿Con total impunidad? Quizá total no. Los combos han
conseguido tanto poder que no respetan a la fuerza pública y no dudan en
asesinar policías. En cambio el 8 de agosto de 2012 capturaron a Erickson Vargas
Cardona, alias «Sebastián», último jefe conocido de la Oficina de Envigado. Es
obvio que no se persigue a esos paramilitares como a los grupos guerrilleros. «Y
hay que señalar que detrás de esos actores criminales están personas que tienen
tanto poder -empresarios, políticos u hombres de negocios- que a pesar de las
detenciones las estructuras no se desestabilizan». <BR><BR>Se observan, en
efecto, dos fenómenos curiosos. Con sus centros comerciales, sus teatros, sus
museos, su metro y sus complejos para convenciones, Medellín se enorgullece de
haber acogido la Asamblea General de la organización de Estados Americanos (OEA)
en 2008; la del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2009; los Juegos
Deportivos Sudamericanos en 2010; y quiere seguir siendo una metrópoli acogedora
en la misma línea. «¡Durante esos períodos no hay un solo asesinato! ¿Cómo se
explica esto? ¡Ningún enfrentamiento! Al día siguiente la violencia reaparece en
todas las esquinas.». Algunos apuntan una respuesta: dando pruebas de una
complacencia demostrada, el gobierno no duda en pactar secretamente con las
estructuras criminales a cambio del control social de los barrios. «Además de
que ciertos sectores del conglomerado económico antioqueño, propietarios del
comercio e incluso de la ciudad, no tienen ningún interés en atacar la economía
sumergida: es en sus bancos donde aterriza.».<BR><BR>Mientras en La Habana el
gobierno y las FARC intentaban negociar el final del conflicto armado, en la
propia Colombia el movimiento social resurgió con fuerza desde 2010, y sobre
todo desde que el 23 de abril de 2012 la Marcha Patriótica (MP), una formación
creada recientemente, reunió a 80.000 personas en la plaza de Bolívar, en
Bogotá. Reclamando la paz «con justicia social» y reformas estructurales,
empezando por la reforma agraria, tuvo un resultado todavía mejor el 12 de
octubre en una manifestación nacional que reunió a 350.000 «indignados en la
calle». No hubo que esperar mucho tiempo para que, ampliamente repetidos por los
medios de comunicación, el ministro de Defensa, el general Juan Carlos Pinzón, y
el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), José Félix
Lafaurie, acusaran a la MP de estar financiada por los «terroristas» de las
FARC. En un país donde la oposición, siempre pacífica, ha sido masacrada
sistemáticamente, esas declaraciones provocan grandes dolores de
cabeza.<BR><BR>En Medellín, en la Comuna 13, la situación se considera crítica.
La guerra silenciosa de la mafia y sus bandas continúa. Porque a través de su
acción cultural escapaba del orden paramilitar, el joven cantante de rap Elider
Varela, «El Duke», fue asesinado el pasado 30 de octubre. El 9 de noviembre
Robert Steven Barrera, de 17 años, miembro del grupo rapero «Alto Rango», sufrió
la misma suerte. Un centenar de jóvenes pertenecientes a «Son Batá» y a la red
de hip hop la Elite están amenazados. En el centro de la ciudad un militante de
la Marcha Patriótica no puede contener una mueca: «Estamos en un país, una
ciudad donde todos los días vemos hechos aterradores. Ya no matan a toda la
comunidad, asesinan a una persona y con eso todo el mundo sabe lo que le puede
pasar. El miedo reprime los sentimientos y las acciones, restringe la militancia
política abierta. La lucha por el cambio continúa siendo
peligrosa».<BR><BR><STRONG><U>Notas</U></STRONG><BR><BR>(1) Paramilitar<BR>(2)
La Comuna 13 es una de las 16 comunas de Medellín de la que dependen, a su vez,
cinco «corregimientos» (zonas rurales).<BR>(3) El general Montoya dimitió en
noviembre de 2008, cuando estalló el escándalo de los «falsos positivos» de
civiles asesinados por los militares y presentados como guerrilleros muertos en
combate.<BR>(4) Tradicionalmente se da el nombre de «combo» a un grupo de amigos
que se reúnen habitualmente en una zona de la calle, para diferenciarlo de la
«banda» que tiene la característica de ser un grupo organizado de
delincuentes.<BR>(5) Medellín ha lamentado 2.186 homicidios en 2009; 1.651 en
2011; 1.064 en 2012 (de enero a finales de octubre). Semana, Bogotá, 12 de
noviembre de 2012.
<HR>
<BR><BR></FONT></DIV></BODY></HTML>