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<HR>
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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa</FONT><BR><U>15 de febrero 2013<BR></U><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: <A
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<HR>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Uruguay<BR><BR>El poder de la
concentración <BR><BR>Los terratenientes que recusaron y harían caer el ICIR
(Impuesto a las concentraciones de inmuebles
rurales)</FONT></STRONG><BR> <BR></DIV>
<DIV align=justify><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Samuel Blixen <BR>Brecha, Montevideo,
15-2-2013</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><A
title="http://www.brecha.com.uy/ CTRL + clic para seguir el vínculo"
href="http://www.brecha.com.uy/"><STRONG
title="http://www.brecha.com.uy/ CTRL + clic para seguir el vínculo">http://www.brecha.com.uy/</STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT><BR><BR>Los 114 recursos de
inconstitucionalidad del impuesto a las concentraciones de inmuebles rurales
revelan cómo la gran propiedad de la tierra se potencia mediante lazos
familiares y empresariales, tanto nacionales como extranjeros. Si el icir cae,
como ya se ha anunciado que sucederá, se instalarán mecanismos para recaudar lo
proyectado, pero quedará por el camino el objetivo de desestimular la
concentración. <BR>La acusación del presidente José Mujica de que el grupo
estadounidense Timberland invierte en la compra de terrenos con fines de
especulación financiera, parece ser apenas la punta del hilo que desmadejará el
proceso de concentración de la tierra y desnudará el entramado de intereses
extranjeros y nacionales que avanzan sobre el control de una porción
significativa del territorio productivo. La docena de empresas y corporaciones
extranjeras que explotan cada una entre 30 mil y 250 mil hectáreas multiplican
su poder y su influencia mediante el corte transversal de empresarios y
profesionales uruguayos que anudan vínculos y relaciones e intercambian
funciones.</FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR>Una pista sobre ese nuevo entramado -que sustituye a
aquel que a comienzos de los años sesenta denunció el socialista Vivian Trías en
su estudio de las quinientas familias integrantes de lo que calificó "rosca
oligárquica"- surgió de un estudio realizado a partir de los 114 recursos de
inconstitucionalidad presentados ante la Suprema Corte de Justicia (scj), que
pretenden la derogación del impuesto a la concentración de inmuebles rurales
(icir). Los recursos son individuales y quien interpuso el reclamo debió
documentar su legitimidad mediante la presentación de certificados notariales de
propiedad de cada uno de los padrones que comprenden su inmueble rural. </DIV>
<DIV align=justify><BR>El listado de personas físicas y sociedades anónimas o de
responsabilidad limitada muestra un variado panorama de la extensión de terrenos
que superan las 2 mil hectáreas, el piso a partir del cual el icir grava cada
hectárea según tres franjas: de 2 mil a 5 mil, algo más de ocho dólares por
hectárea; de 5 mil a 10 mil, unos 12 dólares; y más de 10 mil, 17 dólares por
hectárea.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Especulativos</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>La finlandesa Stora Enzo y la chilena Arauco, que controlan
250 mil hectáreas para las necesidades futuras de la pastera Montes del Plata,
deberían pagar unos 4,25 millones de dólares al año, pese a lo cual no recurrió
el impuesto. Tampoco lo hicieron otros megaterratenientes, Forestal Oriental/upm
(200 mil hectáreas), la estadounidense Weyerhaeuser (140 mil hectáreas), el
grupo argentino El Tejar (160 mil hectáreas) y Agronegocios del Plata (100 mil
hectáreas)</DIV>
<DIV align=justify><BR>Quien sí lo hizo fue Timberland Group, con cuarteles
generales en la ciudad estadounidense de Atlanta, socio de Regions Morgan Keegan
Trust y Morgan Asset Management. Algunas fuentes sostienen que Timberland posee
40 mil hectáreas en Uruguay; el presidente le adjudicó "unas 30 mil" cuando la
puso en la picota; pero sus recursos ante la scj certificaron apenas unas 23.115
hectáreas de cuatro de sus firmas: Taurión sa, Taurión aarl (asociación agraria
de responsabilidad limitada), Monte Fresnos sa y Monte Fresnos aarl. Con los
recursos, Timberland pretendía ahorrarse 393 mil dólares al año.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Lo que llamó la atención del presidente Mujica fue que
sólo una de las cuatro empresas, Taurión sa, administra 82 padrones
desperdigados por las secciones judiciales de Durazno, Lavalleja, Cerro Largo,
Florida, Rocha y Treinta y Tres, de los cuales 39 tienen menos de 50 hectáreas y
algunos apenas cinco. Supuestamente las tierras están siendo utilizadas para
forestación, pero algunos técnicos consultados arriesgaron la opinión de que
dicha explotación sería costosa con tal grado de dispersión.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Lucía Basso, funcionaria de la Regional Sur-División
Planeamiento de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca entre 1990 y 2004, y country manager en Timberland Group,
fue vocera de la "sorpresa" que habían causado las afirmaciones presidenciales
sobre la especulación financiera con tierras. Allegados al presidente explicaron
a Brecha que los lotes pequeños que forman una parte sustancial de la propiedad
de Timberland en Uruguay sirven fundamentalmente para operaciones de
especulación; es inusual la compraventa de terrenos tan pequeños cuando no son
parte de unidades más extensas, salvo en producción chacarera, dijeron. El
senador Ernesto Aggazzi aclaró no obstante que las inversiones de estos fondos
extranjeros no son "capitales golondrina (pero) siguen siendo capitales
especulativos, porque a la larga buscan el beneficio de la especulación. Por eso
hay que prestar atención".</DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT><BR><STRONG>Lazos
familiares</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Según la documentación presentada por Timberland, el señor
Charles Daniel III, ciudadano estadounidense, es el presidente del directorio de
las cuatro sociedades. Pero el representante en Uruguay de las cuatro es Juan
Carlos Oreggia Carrau, abogado del estudio Posadas, Posadas y Vecino. Oreggia
integró en 2009 el equipo de abogados que negoció, en nombre de la finlandesa
Stora Enzo y la chilena Celulosa Arauco, la compra de 130 mil hectáreas que
pertenecían al español Grupo Empresarial ence. La transacción fue por 344
millones de dólares y el jefe del equipo negociador fue Fernando de Posadas
Trambauer, socio de Oreggia en el bufete Posadas, Posadas y Vecino y sobrino de
Ignacio de Posadas Montero, ex ministro de Economía durante el gobierno de Luis
Alberto Lacalle.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El currículo de Fernando de Posadas sostiene que "fue
especializándose en el derecho corporativo y comercial. Actualmente, se destaca
su participación en importantes procesos de fusiones y adquisiciones así como el
asesoramiento legal en los mayores proyectos de inversión del país". Pero además
del asesoramiento, Fernando participa directamente en los emprendimientos
rurales. Así lo testifican los documentos notariales para la derogación del icir
que lo sindican como propietario de 5.014 hectáreas en Artigas, Treinta y Tres y
Cerro Largo, registradas a nombre de Casarone Agroindustrial, una firma que
atiende todo el proceso del arroz, desde la plantación hasta el procesamiento
del grano. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Y también su nombre aparece vinculado a Guanare sa y
Guanare aarl, que documentó ante la Suprema Corte 57.375 hectáreas en Maldonado,
Treinta y Tres, Lavalleja y Cerro Largo. Guanare integra la lista de los top ten
latifundios y sus responsables legales son Peter Charles Lyford-Pike Peirano,
José Rafael Campino Talavera y Fernando de Posadas Trambauer. </DIV>
<DIV align=justify><BR>El uruguayo Lyford-Pike Peirano (cuyo currículo lo
identifica como "responsable de iniciar las primeras exportaciones de madera
para pulpa desde Uruguay; corresponsable de la implementación de las
plantaciones forestales de gran escala de cofusa; y del primer aserradero de
gran escala para eucaliptos del país establecido por Urufor sa") se asoció con
el chileno José Rafael Campino, de Forestal del Sur-Chile, para crear Forestal
Atlántico Sur (fas). Esta última es la empresa responsable de la gestión general
de los campos de las dos sociedades Guanare. De modo que Fernando de Posadas
aparece vinculado directamente a 62.389 hectáreas que cuestionan la
constitucionalidad del impuesto a la concentración de inmuebles rurales, e
indirectamente a más de 300 mil, si se suman las de Montes del Plata por su
vinculación con Stora Enzo. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Los lazos familiares también multiplican la concentración
rural. Tomando como referencia sólo aquellos que se apersonaron ante la scj,
surge el apellido Bordaberry: 3.020 hectáreas en siete padrones del departamento
de Durazno. Es una posesión humilde compartida entre Luis Ignacio Bordaberry
Fontana, Gloria Bordaberry Fontana, María José Bordaberry Fontana, Gabriela
Bordaberry Fontana, Cecilia Bordaberry Fontana y Elisa Bordaberry Fontana. El
primo, Pedro Bordaberry, no recurrió la constitucionalidad del impuesto, aunque
en el Senado se manifestó contrario a su aplicación. Pero, como consecuencia de
vínculos matrimoniales, a las posesiones de los Bordaberry deberían sumarse las
de los Laurnaga: 9.071 hectáreas en Durazno y Flores, administradas por Las
Anitas sa, y a nombre de Ricardo Alfonso Laurnaga.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Un caso similar es el de Ricardo y Gonzalo Reilly
Arrarte, que concentran 4.684 hectáreas en Cerro Largo; ambos dirigen una
empresa ganadera agrícola que incluye dos establecimientos y la cabaña de
hereford La Alborada. Ricardo fue directivo de la Sociedad Criadores de
Hereford. A las posesiones de los Reilly habría que sumar las 4.068 hectáreas,
también en Cerro Largo, de su madre, Isabel Arrarte Haro; las 5.600 hectáreas
propiedad de Martha Irene Arrarte Haro y Edgar Hampe Vilaró; y las 3.724 de
Sebastián Hampe Arrarte y Federica Hampe Arrarte. El complejo familiar
Reilly-Arrarte-Hampe-Haro concentra en Cerro Largo unas 18.600 hectáreas. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La familia Bove-Santayana-Martirena-Ferrés, por el
contrario, dispersa sus patrimonios rurales (certificados ante la scj por el
recurso de inconstitucionalidad) por San José y Tacuarembó: Enriqueta Bove
Santayana declara 2.261 hectáreas en San José, y Luis Esteban Bove Santayana,
3.286 en Tacuarembó. En Tacuarembó tiene 4.289 hectáreas Miguel Martirena Bove,
quien junto con Mariana Ferrés Crespi ostenta otras 3.766 hectáreas en San José.
Sumadas, representan 13.602 hectáreas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Hay otros empresarios que en forma individual concentran
grandes extensiones certificadas ante la scj, lo que no quiere decir que no
controlen otras en diversas asociaciones: Luis Omar Macció Linares, del grupo
Macció que comercia con fertilizantes, declaró 10.911 hectáreas en Florida y
Lavalleja. Nofulor sa, de la que no fue posible obtener otros datos, controla
16.611 hectáreas en 36 padrones de Rivera. Y Jorge Luis Mailhos, directivo de
Subaru, de Saceem, de Philip Morris (la trasnacional que arremetió contra el
Estado debido a las normas antitabaco), de Montepaz y de la Sociedad de
Criadores de Angus, concentra 11.263 hectáreas en San José, Durazno y
Tacuarembó, algunas a través de la sociedad anónima Xadol.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En conjunto, los 114 expedientes en la scj confirman el
proceso de concentración y extranjerización de la tierra, que el icir pretendía
desestimular. Pero, con una Suprema Corte que cobra al grito de los sectores más
reaccionarios, sean civiles o militares, y con una oposición política que en
caso de la tierra suma a los planteos de corte electoralista una indudable
postura de principios que viene de sus genes más conservadores, el gobierno
deberá pensar en otras medidas más de fondo, más radicales si quiere concretar
el cambio de la matriz productiva en el agro. <BR></DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Familias, recursos y caminos rurales</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>"Alguien tendrá que pagar. Habrá que buscar mecanismos
para que quienes utilizan los caminos paguen su mantenimiento", dijo el
intendente de Durazno, Benjamín Irazábal (Partido Nacional), ante la
eventualidad de que la Suprema Corte proclame la inconstitucionalidad del
impuesto a la concentración de inmuebles rurales (icir). Algo similar comentó el
colorado Marne Osorio, intendente de Rivera: "Habrá que generar una instancia
para sostener lo que el Ejecutivo comprometió para reforzar la inversión en
infraestructura productiva".<BR></DIV>
<DIV align=justify>Al impulsar la creación del icir, el gobierno comprometió
destinar la recaudación anual, estimada en unos 60 millones de dólares, al
financiamiento de obras de mantenimiento vial, mediante su transferencia a las
intendencias. Esa propuesta reclutó el apoyo de todos los intendentes, pero
generó contradicciones en el seno de los partidos tradicionales, respaldados por
catedráticos de derecha y por las autoridades de la Federación Rural, la
Asociación Rural y la Cámara Mercantil.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Aunque los dirigentes de los partidos tradicionales,
aquellos que poseen establecimientos rurales, no han recurrido el impuesto por
inconstitucionalidad, sus familias, en muchos casos, y otras de referentes
blancos y colorados aparecen en la lista de los 114 recursos que estudia la
Suprema Corte de Justicia (scj): la familia Bordaberry, la familia De Posadas,
la familia Reilly Arrarte, la familia Gallinal Algorta, la familia Martirena
Bove Santayana, la familia Riani, entre otras.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La decisión de la Suprema Corte es inminente, en cuanto
el ministro Julio César Chalar desarme el empate entre Jorge Ruibal y Ricardo
Pérez Manrique, que fallaron a favor de la vigencia del impuesto, y Jorge
Chediak y Jorge Larrieux, que se pronunciaron a favor de la
inconstitucionalidad. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Si el fallo se conoce antes del fin de semana y éste es
favorable al mantenimiento del impuesto, entonces en la reunión prevista para el
domingo en la estancia Anchorena entre el presidente Mujica y los integrantes
del Congreso de Intendentes se analizará propuestas como la del intendente de
Treinta y Tres, Dardo Sánchez (Partido Nacional), para quien el dinero no sólo
debe invertirse en caminería, sino también en "obras de infraestructura mayores,
como un parque eólico en Maldonado o un puente sobre el río Cebollatí".
<BR></DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Tenencia, impuestos y exoneraciones</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>La ofensiva del presidente José Mujica contra ciertos
grupos inversores que compran tierras para la especulación sería un botón de
muestra de lo que se viene. En su audición radial del viernes 8 Mujica mencionó,
a modo de ejemplo, la concentración de tierras del grupo estadounidense
Timberland, que maneja fondos de inversión en varios países latinoamericanos,
principalmente en el rubro forestación, y que en Uruguay actúa a través de dos
sociedades anónimas, Taurión y Monte Fresnos.<BR></DIV>
<DIV align=justify>El ejemplo, sin embargo, iba más allá de la simple
concentración de tierras. El caso de Timberland puede aplicarse al paquete de
medidas que impulsan técnicos de la Presidencia, de la opp y legisladores
oficialistas. Por un lado se propone: aumentar el impuesto a las rentas de las
actividades económicas (irae) del 25 al 30 por ciento; eliminar los beneficios
fiscales que otorga la ley de inversiones a aquellos emprendimientos que no
integren valor agregado a la producción; estudiar en detalle los beneficios de
que gozan las zonas francas; regular la cantidad de tierras en manos de
extranjeros, y establecer "zonas de frontera" para atacar el problema de la
extranjerización.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Según los registros de la Comisión de Aplicación de la
Ley de Inversiones, en la última década el monto de los proyectos de inversión
se duplicó pero los beneficios fiscales se quintuplicaron. Las exoneraciones
fiscales en 2010 sumaron 754 millones de dólares, que se restaron a la
recaudación del impuesto al patrimonio, el iva y el irae. Los mayores descuentos
en el marco de la ley de inversiones afectaron principalmente al irae (557
millones de dólares). La recaudación del impuesto al patrimonio fue afectada en
107 millones de dólares y el iva en 89 millones.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La otra gran iniciativa referida a la tenencia de la
tierra fue propuesta por los senadores Enrique Rubio y Ernesto Agazzi relativa a
los extranjeros que poseen propiedades rurales en las zonas fronterizas con
Brasil y Argentina: se propone delimitar una franja de 25 quilómetros de ancho
sujeta a ese régimen especial y requerir de los extranjeros allí asentados que
se nacionalicen y adquieran la ciudadanía legal o natural.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Tras la reunión del Consejo de Ministros del martes, el
secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, señaló que ante la "situación
complicada" se tomarán "medidas colectivas de carácter sectorial". Estos
anuncios de modificaciones en las exoneraciones tributarias de la ley de
inversiones promovieron la inmediata reacción de las cámaras empresariales, que
aun sin conocer las modificaciones en detalle, reclamaron "seguridad jurídica y
no modificar las reglas de juego", para "proteger la imagen de Uruguay".</DIV>
<DIV align=justify><BR>El gobierno, de todas formas, parece decidido a
introducir modificaciones en las reglas de juego, algunas de las cuales serán
analizadas en una reunión del gabinete productivo y otras durante el encuentro
del presidente con los intendentes, el próximo domingo en Anchorena. En ese
sentido habló el presidente Mujica en su audición de ayer jueves 14, en M 24:
"Al parecer la Constitución se opondría a que pague más quien más se beneficia.
Habrá que plantearse cambios constitucionales. No vamos a bajar los brazos ni
cambiar el programa", aseguró.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>