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<DIV align=center><FONT size=4><STRONG><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa</FONT></STRONG><BR><STRONG><U>20 de febrero 2013</U><BR><FONT
color=#800000 size=5>Colectivo Militante - Agenda
Radical</FONT></STRONG><BR><STRONG>Montevideo - Uruguay<BR>redacción y
suscripciones: <A
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Uruguay</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT size=3>Febrero
amargo</FONT></STRONG><BR></DIV></FONT>
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<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Ricardo Scagliola
</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Proyecto
Fósforo</STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><BR> </DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial>Se consumó. La decisión de la
Sup</FONT><FONT size=2 face=Arial>rema Corte de Justicia de desplazar a la jueza
Mariana Mota de su intento de investigar decenas de crímenes de la dictadura,
disfrazada de un simple traslado, reeditó viejos cuestionamientos a la justicia,
puso en el centro del debate la independencia del Poder Judicial y volvió a
patentar fuertes diferencias en la izquierda en torno a cómo procesar las
violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. La crónica de
los diarios nos habla de centenares de personas concentradas a las puertas de la
Suprema Corte y la televisión nos muestra imágenes de una alicaída Mariana Mota,
al borde de las lágrimas, cuestionando la decisión. También a muchos coraceros
intentando desalojar la sala, donde finalmente la jueza Mota firmó su traslado a
la justicia civil. Salvando las diferencias de procedimiento, en el fondo -que
siempre es político- el caso encuentra evidentes paralelismos con la remoción,
en España, del juez Baltasar Garzón, único de su estirpe en defender causas
vinculadas a violaciones de los derechos humanos en el pasado
reciente.</FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR>Ocurre que tras el ropaje jurídico que lo envuelve, el
desplazamiento de Mota de una cincuentena de casos vinculados a la represión de
la dictadura reviste una simbología provocadora e insultante para los familiares
de las víctimas de la dictadura y para la tan cuestionada independencia del
Poder Judicial. Con esos casos a cuestas, Mota se aprestaba a concluir varias
investigaciones sobre torturas y asesinatos durante la última dictadura. La
escalada contra la jueza comenzó en mayo de 2011, luego de que Mota participara
de la Marcha del Silencio, que todos los años reclama "verdad", "memoria" y
"justicia" para los delitos cometidos por los militares durante la dictadura.
Pero siguió con evidentes presiones sobre el Poder Judicial. Por ejemplo, cuando
tras el procesamiento con prisión del coronel Carlos Calcagno por "coautoría de
dos delitos de desaparición forzada" de los militantes del Partido por la
Victoria del Pueblo (PVP), Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, el ex
presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre fueron a hablar a
la Corte para que sancionaran a la jueza. En declaraciones a la prensa, ambos
llegaron a calificar a Mota como "una jueza hitleriana".</DIV>
<DIV align=justify><BR>¿Por qué habrían de ir Batlle y Aguirre a la Suprema
Corte para pedir el desplazamiento de una jueza? ¿Qué los motivó a semejante
intromisión en una justicia a la que ellos mismos definen como intocable? ¿Quién
se los pidió? Cosas veredes, Sancho, pero la saga continúa. En setiembre del año
pasado, por una orden del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, a
la jueza se le prohibió tomar fotografías durante una inspección ocular al
Batallón 13, razón por la cual pende sobre las espaldas de Huidobro una denuncia
penal por desacato. El accionar de la justicia encontró más de una vez
enfrentados al ministro y a la jueza, que también tenía a su cargo el accidente
del avión de Air Class. En el marco de la investigación que venía realizando, la
jueza determinó la participación en la búsqueda del avión del buzo Héctor Bado,
rechazado por Huidobro. El caso Mota reviste aristas inesperadas, propias de una
película surrealista. Incluida una conferencia de prensa donde Pedro Bordaberry
cuestionó el fallo que procesó a su padre a 45 años de prisión por 11 delitos de
lesa humanidad (9 desapariciones y 2 homicidios políticos) y el delito de
atentado a la Constitución por el golpe de Estado del 27 de junio de 1973.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Es obvio: en el traslado de Mariana Mota el problema no
es solamente una decisión judicial, quizás motivada en inminentes fallos que en
cualquier caso llegan tarde y que todos sabemos que no irán más lejos de una
reparación simbólica. El problema es lo que pasó antes. El problema fueron las
tremendas presiones de militares, tupamaros y sus influencias políticas a la
justicia. Por parte de la derecha puede ser comprensible. La derecha uruguaya ha
tenido y tiene numerosos vínculos con los militares. Vínculos que, por otra
parte, no esconde. No es ninguna novedad que los partidos tradicionales
ampararon golpistas. Negar esta evidencia sólo indica escasa voluntad de separar
en su propia familia el grano democrático de la paja dictatorial. Podría
pensarse que los líderes democráticos blancos y colorados deberían ser los
primeros en aceptar esta realidad de la historia del Uruguay, porque entonces
perderían el miedo a que se señalen los crímenes de la dictadura y sus
complicidades intrauterinas. Y ganarían la legitimidad democrática del que
reconoce lealmente los desmanes del pasado. Pero no: ambos partidos eligieron
seguir siendo partidos bajo sospecha. Como en todos lados, hay blancos y
colorados que reivindican ese valor, pero son los menos. Una mayoría sabe que la
cultura de la dictadura todavía anida en una parte de sus electores y tiene
miedo a molestar.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La izquierda asiste hemipléjica a un nuevo caso de debate
público sobre el rol de la justicia. Una parte defiende la vía judicial, dos
veces rebatida por el juicio de las urnas. Otra parte se esmera en desactivarla.
Sería un detalle si esa otra línea no la encabezaran José Mujica y Eleuterio
Fernández Huidobro, las figuras más visibles del Movimiento de Liberación
Nacional (MLN). En repetidas apariciones públicas, ambos han mostrado
reticencias con el camino de la justicia. Primero, a pocos meses para que se
plebiscitara el Sí rosado que anulaba la Ley de Caducidad, Mujica sostuvo que la
justicia para estos casos tenía "un hedor a venganza de la puta que lo parió".
Antes de asumir, postuló la idea de no tener "viejitos presos". En marzo de
2011, el presidente visitó en el hospital a Miguel Dalmao, preso desde noviembre
de 2010 por el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, como un
"gesto" ante lo que sería un "injusto" procesamiento. En mayo, Mujica visitó el
Parlamento para frenar la anulación de la ley de Caducidad, esta vez por la vía
parlamentaria. Huele mal, pero las raíces de esta sintonía entre militares y
tupamaros vienen de lejos, y empiezan en 1972 con la "tregua armada", un
paréntesis durante el cual unos y otros se comprometieron a investigar los
delitos económicos de la oligarquía. Siguió con un vínculo cordial entre ex
guerrilleros y sectores de las Fuerzas Armadas, como la logia Tenientes de
Artigas, luego de la recuperación democrática y, más acá en el tiempo, desembocó
en una nueva etapa, la del diálogo entre "combatientes".</DIV>
<DIV align=justify><BR>Militares y tupamaros encontraron el término medio, la
palabra justa para que la cordialidad se vistiera de complicidad: unos y otros
son combatientes que, habiendo ocupado distintos lugares en las trincheras,
ahora se saludan como iguales. En el medio: la sociedad; al fondo, a la derecha:
la justicia. Ese relato se impuso en el Uruguay de nuestros días, casi sin
resistencias. Como si fuera una ironía del destino, la noticia del brindis en el
Centro Militar la noche en que se conoció la noticia del traslado de Mota lo
dice todo: festejaron los dictadores y sus cómplices. Y no, la justicia no es
completamente independiente. Al contrario de lo que se ha dicho durante décadas,
el Poder Judicial no es un compartimento estanco, desvinculado de la sociedad o
del sistema político. Para empezar, la Corte es un cuerpo colegiado cuyos
miembros fueron entrando de a uno. Electos por los dos tercios de la Asamblea
General, los ministros de la Suprema Corte son designados por el poder político.
Los partidos políticos seleccionan un perfil en base a una evaluación, donde lo
político no es un detalle menor. Esas negociaciones parten, por lo general, de
los pasillos del Palacio Legislativo. Como si faltaran evidencias del
ingrediente político en la justicia, en su momento, los juicios a los militares
de la dictadura no podrían haberse gestado sin una expresa voluntad política.
Hoy sucede lo mismo, pero al revés: el desplazamiento de Mota pone de relieve
una escasa voluntad política de hacer justicia.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El debate, sin embargo, es más amplio. Y abarca al Poder
Judicial en su conjunto, el único de los tres poderes del Estado uruguayo donde
no existe participación popular en los procesos de selección de los magistrados
y control de los procedimientos. Otros países han incorporado a sus
legislaciones las representaciones gremiales, de centrales obreras, de
asociaciones civiles relacionadas con la justicia, entre otras, al proceso de
selección de jueces. Incorporando otras miradas e intereses, buscan limitar el
poder de los intereses económicos y las corporaciones respecto de las decisiones
judiciales. No es el caso de Uruguay, donde el Poder Judicial ocupa un lugar
lejano y distante del resto de los órganos del Estado, incluso de la ciudadanía.
La mayoría de los uruguayos, incluso los bien informados, no ubica los nombres o
los rostros de los cortesanos que ejercitan una cuota relevante de poder en uno
de los vértices más altos del poder del Estado. Se sabe poco del sistema
judicial. La opinión pública tiene poca data sobre cómo funciona la Corte por
dentro. Contado material académico o periodístico se adentra en sus relaciones
internas, en la microfísica del poder que se trama a su interior.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Una vieja afirmación predica que "los jueces hablan por
sus sentencias", pero la realidad indica que es escasa la información respecto
de la cabeza de este poder del Estado. Máxime porque esas sentencias, por lo
general, están escritas en jerga inaccesible para los profanos. Amparada en esas
distancias, quizás la Corte creyó que este traslado no iba a tener la
repercusión que finalmente tuvo. El mensaje, sin embargo, fue mucho más allá que
el de un simple traslado. Y revela escaso compromiso con la causa de los
derechos humanos. Trasladarla. Sacarla. Apartarla. Ese fue el objetivo de la
Corte. La Mesa Política del Frente Amplio, que en otro contexto se hubiese
reunido de urgencia para tratar este tema, duerme una siesta carnavalesca,
obviamente porque al interior de esa fuerza política hay dos bibliotecas. Y este
febrero es amargo. Es amargo para los familiares. Es amargo porque es de suponer
que los enemigos de Mota -entre ellos los que quieren esconder lo sucedido con
el avión de Air Class, pero también torturadores, asesinos, corruptos, sus
cómplices, y la lista es larga- se están frotando las manos. Hubo un brindis en
el Centro Militar. Hubo empacho de soberbia, hubo un espejismo de poder, hubo
una ilusa convicción de que es posible inmovilizar de un solo golpe los pies y
las manos de las generaciones venideras. Por suerte, eso nunca sale bien.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>