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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa</FONT><BR><U>14 de marzo 2013<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Montevideo - Uruguay<BR>redacción y
suscripciones: <A
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Uruguay</FONT></STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT size=3>La prevalencia
de la impunidad</FONT></STRONG><BR> <BR></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Agrupación
ProUNIR</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>En Lucha
Nº 8</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Montevideo, febrero-marzo de
2014</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><A
title="mailto:periodicoenlucha.enlucha@gmail.com CTRL + clic para seguir el vínculo"
href="mailto:periodicoenlucha.enlucha@gmail.com"><STRONG
title="mailto:periodicoenlucha.enlucha@gmail.com CTRL + clic para seguir el vínculo">periodicoenlucha.enlucha@gmail.com</STRONG></A><BR> <BR></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial>En artículos anteriores fuimos dando
cuenta del surgimiento de un verdadero "partido de la impunidad". Es decir, de
la existencia de un conglomerado "transversal" que, entrelazando complicidades,
reúne a militares, jueces, empresarios, medios de comunicación, dirigentes
blancos, colorados y frenteamplistas. Entre los que se destaca el actual
ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, abanderado de la institución
Fuerzas Armadas, como "último recurso" del orden capitalista, y entusiasta
promotor de la impunidad del terrorismo de Estado. Este "partido de la
impunidad" es, en definitiva, el mejor heredero del pacto del Club Naval y el
principal enemigo de la lucha por Memoria, Juicio y Castigo. <BR> <BR>Como
se sabe, esa complicidad tiene otros dos protagonistas centrales. Por un lado,
al propio presidente Mujica, quien expresó su voluntad -por ahora fallida-, de
indultar "por razones de edad" a los criminales recluidos en la cárcel VIP de
Domingo Arena; y para quien la lucha por Memoria, Verdad y Justicia tiene el
"hedor de la venganza". Por otro lado, a Tabaré Vázquez (alguien que nunca fue
molestado por la dictadura), quien desde su presidencia se opuso a la anulación
de la Ley de Impunidad, y que en 2009 intentó -sin lograrlo- una "Reconciliación
para un Nunca Más". Vale decir, "dar vuelta la página" definitivamente.
<BR> <BR><STRONG>"Ofensiva de la derecha"</STRONG><BR> <BR>La remoción
de la jueza Mariana Motta y su "traslado" al fuero civil, fue la primera señal
del nuevo empuje del "partido de la impunidad". Hay que destacar que la jueza
estaba a favor de aplicar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en el sentido de considerar los crímenes atroces y desapariciones de la
dictadura como delitos de "lesa Humanidad" y, por tanto, no sujetos a amnistía,
indulto o caducidad en el tiempo.<BR> <BR>Por otra parte, Mota tenía a su
cargo 55 expedientes que involucran a militares policías, y civiles con el
terrorismo de Estado, además de la investigación del "misterioso"
accidente del avión Air Class se cayó en aguas del Río de la Plata, asunto que
le generó conflictos con Fernández Huidobro. Lo mismo sucedió cuando una orden
de la jueza para inspeccionar un cuartel en la búsqueda de
detenidos-desaparecidos, fue parcialmente desacatada por el ministro de los
militares. Muchos de los expedientes contra represores y asesinos se encontraban
paralizados, debido a los recursos de "inconstitucionalidad" presentados por sus
abogados en contra de la llamada Ley Interpretativa de la Caducidad de la
Pretensión Punitiva.<BR> <BR>Con la decisión de la Suprema Corte de
Justicia (SCJ) de remover a la jueza Mota, y luego de la manifestación de
protesta que ocupó el edificio donde la jueza prestaba juramento al nuevo cargo,
los partidos tradicionales y los grandes medios apoyaron a la SCJ y denunciaron
por "subversión" a los indignados. El Frente Amplio se presentó dividido.
Algunos se limitaron a plantear su discrepancia con el "traslado" y también con
el accionar de los manifestantes. Otros plantearon la necesidad de convocar a
los miembros de la SCJ "para dar explicaciones" en el Parlamento, y hasta
manejaron la posibilidad de un Juicio Político. <BR> <BR>El escenario quedó
montado para una operación política. El progresismo apunto sus baterías en una
"ofensiva de la derecha" lanzada a través de la SCJ: remoción de Mota, sentencia
en contra del Impuesto a la Concentración de Inmuebles (ICIR), y declaración de
inconstitucionalidad de la llamada Ley Interpretativa. A partir de allí, los
"villanos" pasaron a ser los jueces que actuaron "dando la espalda el pueblo".
Omitiendo la responsabilidad del Frente Amplio para que no triunfara la papeleta
rosada en el Plebiscito de octubre de 2009. Omitiendo que el "partido de la
impunidad" tiene entre sus más conspicuos afiliados a dirigentes del
progresismo. Omitiendo reconocer que la llamada "Ley Interpretativa" fue un
invento del gobierno Mujica para evitar anular lisa y llanamente la Ley de
Impunidad. Y, sobre todo, pasando por alto que los miembros actuales de la SCJ
¡fueron nombrados por unanimidad en un Parlamento donde el progresismo tiene
mayoría!<BR> <BR><STRONG>Legalidad vigente</STRONG><BR> <BR>La
supuesta "independencia del Poder judicial" y en particular el de su máxima
instancia, son un mito. En una sociedad capitalista donde existe el antagonismo
entre ricos y pobres, entre los que concentran poder económico (y por tanto
directa o indirectamente poder político) y los que solo tienen su fuerza de
trabajo, es una entelequia, mejor dicho, una falsedad, hablar tanto de un Estado
"neutral" como de una "independencia" de la jurisprudencia. Sobran las pruebas:
no solo el fallo sobre el ICIR que beneficia a los terratenientes, sino una
larguísima lista de sentencias a favor de las patronales, en contra de los
trabajadores y de luchadores sociales. Aunque bien podríamos remontarnos a 1985
cuando la Ley de Caducidad de la Pretensión punitiva del Estado fue declarada
"constitucional". ¡Donde la Suprema Corte de Justicia aceptaba anular sus
propias atribuciones como organismo y su propia y cacareada "independencia", a
favor del Poder Ejecutivo y en última instancia, de los violadores de los
derechos humanos!<BR> <BR>Por si faltaba una confirmación de la naturaleza
de clase de esta "justicia", basta ver la declaración de las cámaras
empresariales (Asociación Rural, Cámara de Industrias y Cámara de Comercio
y Servicios), donde llamaban a "respetar" las decisiones de la SCJ sin reparar a
quienes favorezcan o perjudiquen. Que surjan jueces como la jueza Mota o como el
ex fiscal Enrique Viana (para citar solo dos ejemplos) que se apartan de la
línea predominante, no elimina lo afirmado sobre la jurisprudencia en un Estado
capitalista. La legalidad vigente no está hecha para defender los derechos de la
clase trabajadora. Sino para garantizar, ante todo, los derechos de propiedad
(privada) de los dueños del dinero y el poder. <BR> <BR>En filas de la
militancia del campo de izquierda (en un sentido amplio) y de los movimientos
sociales, se ha generado un gran desconcierto. No obstante, surgen análisis que
permiten reflexionar y extraer conclusiones. Al respecto es interesante citar
las declaraciones de la politologa e investigadora de la Udelar (Universidad de
la República), Fabiana Larrobla: "El vacío generacional que trajo la dictadura
al encarcelar y torturar a los jóvenes que querían romper las legitimidades
saliéndose de la estructura legal, redujo el debate (sobre la impunidad) a
términos jurídicos. Solamente se habla de lo posible o imposible en este
terreno, como si la verdad revelada estuviera en los textos de la ley. Ahí esta
el triunfo de la derecha, del liberalismo, de la división de poderes, del
republicanismo..." (Entrevista en Brecha
1-3-2013)<BR> <BR><STRONG>Oportunismo político</STRONG><BR> <BR>La
convocatoria del Frente Amplio a concurrir a la Plaza Libertad el lunes 25 de
febrero, ha promovido la más absoluta confusión y eso era visible en los
participantes de la concentración. <BR> <BR>La senadora Lucia Topolansky
declaró al principio que el traslado de una jueza no era el fin del mundo y
llamo a respetar los fallos de la SCJ. Un poco después dijo que había que
promover un Juicio Político a la misma ¿cómo se entiende?. Después señaló que
iba a participar en la concentración para apoyar la posición del magistrado
discorde con el fallo. Fue una muestra de supremo oportunismo ver en la Plaza
Libertad a los responsables de que la ley de Impunidad no se hubiera anulado (el
conjunto de la bancada parlamentaria y los principales dirigentes del Frente
Amplio).<BR> <BR>Como no podía ser de otra manera, la posición de los
dirigentes del bloque mayoritario del PIT-CNT fue la misma. Otra vez, actuaron
como bomberos apagando incendios, al servicio del partido de gobierno, sin tomar
una sola medida concreta de lucha. Apenas unas inocuas declaraciones "en defensa
de la democracia" y la "independencia de los poderes".
<BR> <BR><STRONG>Anular la ley</STRONG><BR><BR>Cuando se presentó la
llamada Ley Interpretativa, el compañero Helios Sarthou (1926-2012) señaló su
"talón de Aquiles" en los argumentos de "inconstitucionalidad" y predijo lo que
finalmente ocurrió. Se insistió en el camino de la "Ley Interpretativa" que se
reveló como una vía muerta ¿Descuido o acción deliberada? Al igual que el
compañero Sarthou en aquella ocasión, defendemos la demanda de la Anulación de
la Ley de Impunidad. Y esa sigue siendo una de las banderas centrales con
relación a la impunidad. Señalando, claramente, que las vías "intermedias" y los
retorcimientos político-jurídicos con los que se pretenden supuestamente
despejar los caminos, lo único que han hecho es enredar más las cosas y han
terminado por ser funcionales a los partidarios de la consolidación de la
impunidad del terrorismo de Estado.</DIV>
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