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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa</FONT><BR><U>24 de marzo 2013</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Montevideo - Uruguay<BR>redacción y
suscripciones: </FONT></STRONG><A
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size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Brasil<BR><BR>El estado de Pará otorga
tierras a los asesinos de campesinos</FONT></STRONG><BR><BR></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG>Gerardo Iglesias<BR>Rel-UITA<BR></STRONG><A
title="http://www.rel-uita.org/index.php/es CTRL + clic para seguir el vínculo"
href="http://www.rel-uita.org/index.php/es"><STRONG
title="http://www.rel-uita.org/index.php/es CTRL + clic para seguir el vínculo">http://www.rel-uita.org/index.php/es</STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify><BR><BR>Hay hechos que valen por ríos de tinta, miles de
imágenes o infinidad de bytes. Revelan la verdadera cara de una persona o un
grupo social.<BR><BR>En el estado norteño de Pará, hace apenas un par de
semanas, la autoridad local del Instituto Nacional de Colonización y Reforma
Agraria (INCRA), otorgó tierra a los mandantes del asesinato en mayo de 2011 de
José Cláudio Ribeiro y Maria do Espíritu Santo, una pareja de luchadores por la
tierra y la ecología. José Rodrigues Moreira, principal acusado de haber
ordenado la muerte de ambos asentados, pilares de la resistencia contra el
avance de las empresas madereras en la floresta amazónica, estaba inscrito en el
INCRA como aspirante a colono. Y también su esposa, Antonia Nery de Souza. Una
sociedad de hecho.</DIV>
<DIV align=justify><BR></FONT><FONT size=2 face=Arial>El pasado 14 de diciembre
de 2012, el superintendente local del INCRA, Edson Luis Bonetti, firmó una
resolución otorgándole a Antonia Nery el mismo lote por el cual su esposo mandó
matar a José Cláudio y a Maria. No se trata de un "error por inadvertencia" o de
una "omisión fortuita", sino de una cruel confirmación: consorcios de
empresarios madereros y latifundistas continúan disponiendo de la vida, la
naturaleza y hasta la memoria de las personas en "territorios liberados de ley
federal". No sólo pretenden ser la ley y el orden contra quienes les oponen
resistencia, también permanecer impunes y llenan de temor a quienes quieren
resistir pero aún no se atreven.</FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR>Consultado por La Rel, Francisco de Assis da Costa,
secretario de Organización de la Federación de Trabajadores en la Agricultura
(FETAGRI) de Pará, explicó que "No se trata de un hecho aislado ni novedoso. Es
un ejemplo más de una política sistemática de protección y, en este caso,
premiación de alguien que ordenó el asesinato de dos campesinos indefensos. Es
un premio y un mensaje para toda la sociedad del sureste de Pará. Ese mensaje
dice: 'Hacemos lo que queremos, cuando queremos'".</DIV>
<DIV align=justify><BR>Según Da Costa, la FETAGRI ya había advertido hace tiempo
mediante notas oficiales tanto a las autoridades locales y federales del INCRA
como al Ministerio Público de que esta señora, esposa del mandante de los
asesinatos, aún permanecía en la lista de aspirantes a colonos. "Por eso esto
nos toma por sorpresa. Pensábamos que el alto grado de exposición del caso haría
recular a los consorcios. Pero nos equivocamos. La realidad superó a la más
absurda ficción", dijo Da Costa.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La reacción de la FETAGRI, de la Comisión Pastoral de la
Tierra (CPT) y de numerosas organizaciones sociales no se hizo esperar y la
información adquirió rápidamente repercusión nacional. Hace apenas un par de
días, tres meses después de la adjudicación del lote, el INCRA decidió tomar
cartas en el asunto destituyendo a Edson Luis Bonetti, superintendente del
organismo en la región. Francisco da Costa, por su parte, estimó que "No es
suficiente destituir a un funcionario corrupto. Se trata de una política
deliberada para favorecer a los consorcios de madereros y latifundistas. Hasta
que no se modifique en profundidad esa política y se instrumente una reforma
agraria integral, estas cosas seguirán ocurriendo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Nosotros continuaremos denunciando y luchando -agregó-.
Por ejemplo, ahora hemos advertido que en el lote adjudicado al mandante de los
asesinatos había varias familias viviendo allí desde hace años. La Policía se
presentó y los conminó a abandonar rápidamente sus tierras, cuando se sabe que
la adjudicación no es legítima". Da Costa señaló además que los campesinos
acampados en diversos predios de la zona, y que reclaman tierra para vivir y
producir, son objeto permanente de amenazas, insultos y provocaciones por parte
de particulares y de policías.<BR></DIV>
<DIV align=justify>La última ironía de este episodio es que ahora el Ministerio
Público debe buscar la vía legal adecuada para anular la adjudicación que fue
hecha en términos reglamentarios. Desde ya, la fiscalía advierte que "no será
sencillo".
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>