POLÍTICA DE PAZ Y REINVENCIÓN DE LA POLÍTICA
Historia, tierra y construcción de Lo común

Daniel Libreros. 
Profesor. Universidad Nacional de Colombia
Jorge Gantiva Silva. 
Profesor. Universidad del Tolima

I
El largo ciclo histórico de latifundio y terror de Estado

La tierra es el centro de las negociaciones de paz en La Habana entre el gobierno de Santos y las Farc. No es casual que sea el primer punto de la agenda, se trata de reconocer la centralidad de la tierra para el conflicto colombiano. No hay que olvidar que las Farc surgieron en los inicios del Frente Nacional bajo la forma  de autodefensa campesina como respuesta al despojo de las tierras por parte de los grandes latifundistas y contra la ofensiva militar de un régimen autoritario que reprimió las reivindicaciones de las masas campesinas y que en las décadas posteriores adecuó el sistema institucional antelas exigencias del capitalismo internacional y la globalización neoliberal sobre el binomio: latifundio- “terror de Estado”.  Si bien, el tema de la tierra no explica solo el conflicto armado, expresa de todas maneras la forma como constituyó el tipo de régimen político imperante en Colombia. Necesariamente, esta tesis remitea la comprensión de la historia y ala configuración de la dominación política.     
La recurrencia del latifundio
Como ocurrió en la mayoría de los países periféricos, el desarrollo del capitalismo en  Colombia se fundamentó en el poder político y económico del latifundio abriendo un sinnúmero de tensiones recurrentes con el Estado, la conformación de las regiones y los poderes ocales, las aspiraciones del movimiento campesino. Desde que el modelo de acumulación se consolidó mediante la  denominada “sustitución de importaciones”, apareció la contradicción entre la extensión y profundización de la mercantilización de la economía, de un lado, y la permanencia del modelo hacendatario basado en el gran latifundio, por el otro, el cual ha buscado mantener a los campesinos poseedores  bajo formas premodernas de trabajo, particularmente en las zonas cafeteras, en medio de la competencia internacional del precio internacional del café, la construcción de infraestructura y el impacto de la globalización, lo que desencadenó el aumento gigantesco de los precios de la tierra. Esta contradicción desatóel movimiento campesino, las movilizaciones y luchas por la recuperación de la tierra, proceso que produjo una crisis en el hacendismo  convencional y confrontó el “régimen señorial hacendatario” como lo llamaba Antonio García Nossa.
El gobierno de López Pumarejo, con la expedición de la ley 200 de 1936, logró apaciguar la radicalidad campesina al reducir la prescripción adquisitiva de dominio en  predios ocupados sin oposición del propietario de treinta a cinco años. Esta concesión   fue otorgada en medio de una normatividad estrecha que la limitaba en el tiempo las ocupaciones ocurridas antes de 1935, desconocía la desigualdad en el acceso a la propiedad rural  y la  apropiación de baldíos en las zonas de frontera.La misma ley establecía la pérdida de la calidad de propietarioa quiense le comprobara la ausencia de explotación en sus predios por un período de 10 años; sin embargo, la disposición no tuvo mayores consecuencias.  
La ley 200 tuvo como correlato la expulsión de colonos, arrendatarios y aparceros en las zonas de conflicto y la reducción del área cultivada para evitar el choque con los arrendatarios, situación que obligó a la importación de alimentos. La ley 100 de 1994 cerró las posibilidades de atacar la propiedad de las haciendas al tiempo que normalizó la aparcería, recuperando la inversión. Este desenvolvimiento histórico grafica la configuración del Estado colombiano una vez consolidado el ciclo de la modernización capitalista. El Estado modernizado preservó en lo fundamental el esqueleto y el Espíritu” del sistema hacendista-autoritario y clerical que legitimó la “Regeneración” de Rafael Núñez en 1886. 

La forma-Estado corporativo
Diseñado bajo el peso político de un bipartidismo elitista que definía el accionar político-militar de las clases en el poder y en el marco de una modernización que tomó impulso bajo la hegemonía conservadora (1886-1930), la versión colombiana del Estado moderno apareció signada por una institucionalidad precaria, incapaz de integrar  a la población bajo los supuestos de la filosofía  liberal; y obligada a compensar ese déficit, acudió a los oficiosde la Iglesia católica para garantizar sus privilegios y dar continuidad al Concordato con el Vaticano.
Ahora bien, estas razones políticas e ideológicas, históricas e institucionales están sustentadas en un patrón de acumulación de capital, cuyo soporte ha sido, en primera instancia, la exportación cafetera, controladaa su vezpor la Federación Nacional de Cafeteros, posibilitándole obtener importantes divisas que determinaron una forma de desarrollo y un tipo de industrialización. Este peso específico en lo económico se proyectó en el plano político impidiendo que el Estado colombiano se apropiara de las rentas del comercio exterior y pudiera tomar decisiones públicas por fuera de los intereses privados de las fracciones del capital. La consecuencia nefasta de este proceso fue la cristalización de un cierto modelo de Estado-corporativo, cuyas características patrimonialistas desvirtuó el sentido moderno de lo público y la democracia.La formación de los gremios empresariales que representaban estas  fracciones del capital, formalizó dicho corporativismo. En cierto modo, es el largo camino de la “captura del Estado” por parte de grupos privados que a la larga cimentará el dominio de las mafias, de la corrupción y del poder clientelista.  
La república señorial hacendataria y el bipartidismo
Tras el asesinato de Gaitán, este sistema de dominación política entró en serias contradicciones y adquirió el rostro de una “República señorial hacendataria” que generó caos institucional, “autonomización” y enfrentamiento de los poderes locales,incapacidad  del Estado de ejercer el monopolio de las armas, por lo que las élites y el gobierno conservador, en particular, utilizaron la policía y los primeros grupos paramilitares, llamados entonces (“chulavitas”, “pájaros”) para mantener el poder y el control. En el  campo, nuevamente en las zonas cafeteras y en una coyuntura de precios internacionales favorables del café, se concentró la violencia y produjo un desplazamiento campesino a gran escala.
Más allá de constatar este proceso histórico, importa resaltar el hecho de que la masificación degradada de la violencia, destruyó valores de referencia colectivos y  lazos sociales,abriendo en el campo una fase de despojo recurrente que aún no termina,robo indiscriminado de tierras, desplazamiento masivo del campo a la ciudad, promovida y ejecutado, tanto por el paramilitarismo como por las políticas neoliberales. Lo que confirma la historia, es que el funcionamiento político-institucional está sustentado en el binomio: latifundio-terror de Estado. 
No hay que olvidar, por ejemplo, que la dictadura de Rojas Pinilla fue resultado de un acuerdo bipartidista en el que la Dirección Liberal de entonces, comprometió a las guerrillas liberales en una desmovilización. A la postre, sus principales dirigentes fueron asesinados. El Frente Nacional surge  de otro acuerdo bipartidista en el que los responsables de la violencia de los años anteriores quedaron en la impunidad y se legalizó el despojo de tierras. La asociación entre latifundistas y capitalistas agrarios  profundizó la industrialización del campo en algunas regiones de conformidad con las  exigencias del modelo sustitutivo que a finales de la década del sesenta del siglo XX se impuso hacia las exportaciones.
Sin embargo, desde los años iniciales del Frente Nacional era evidente que en la estructura de la propiedad rural ya se había consolidado el latifundio improductivo, precisamente en las regiones más fértiles. Los informes técnicos de los organismos  internacionales  (Currie y Lebret) destacaron esta situación y argumentaron como irracional ante las necesidades del desarrollo capitalista, mientras que la ganadería extensiva estaba ubicada en las llanuras fértiles y la mayoría de los campesinos se  agolpaban en las laderas de montaña en condiciones de pobreza y vida precaria. En este mismo período, una vez consolidado el triunfo de la revolución cubana, los gobiernos de los Estados Unidos reorientaron sus políticas hacia la “contención subversiva”, abrieron un espacio de reformismo agrario y combinaron represión y asistencialismo en la región. 
El reformismo agrario contrainsurgente
En este contexto la política liberal (Carlos Lleras Restrepo) propugnó el desarrollo del capitalismo en el campo basado en la pequeña propiedad, teniendo acogida social e institucional. Se expidió la ley 135 de 1961 que creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INCORA.  Las políticas agrarias durante la década del sesenta continuaron el mismo derrotero, al punto que en el mismo gobierno del Lleras Restrepo, se desata como contrapartida uno de los movimientos campesinos más genuinos bajo la consigna “la tierra pa’el trabaja”. La idea del gobierno era integrar el movimiento campesino al Estado, creando la Asociación Nacional de Usuarios Campesino, ANUC. La fórmula de Lleras incluía medidas para la contención de la migración del campo a la ciudad, promoviendo el fortalecimiento de la economía parcelaria como de dique de contención antes estos dilemas.
El “Pacto de Chicoral” suscrito en 1972 entre el entonces presidente de la República, Misael Pastrana, y Alfonso  López Michelsen, jefe del partido Liberal, significó el cierre del ciclo de los intentos reformistas en el campo que tuvieron realmente resultados muy precarios. Por lo demás, la política oficial del gobierno de Pastrana plasmada en el   Plan de Desarrollo “Las Cuatro Estrategias”había desestimado la preocupación por la migración  del campo a  las ciudades,  ofreciendo la construcción de viviendas y áreas económicas similaresque no exigía alta calificación laboral, como política alternativa ante el desempleo. En este escenario complejo, surgió el más pavoroso paramilitarismo como punta de lanza contra el movimiento democrático de campesinos por la tierra, el cual trajo las matanzas y desplazamientos que contribuyeron a fortalecer el dominio terrateniente, consolidándose de este modo la contra-reforma agraria que ha significado la apropiación violenta de más de 7 millones de hectáreas; ha fortalecido el poder paramilitar en las regiones; ha servido como instrumento de acumulación mediante el lavado de activos y ha condenado al desplazamiento, la ruina, el despojo y la desesperanza de más 4 millones de campesinos y pobladores del campo. 
El surgimiento de los grupos de autodefensas, organizados por el paramilitarismo, se configuró en el contexto de la política de terror de Estado, con autorización oficial (Decreto  3398 de 1968), y operando con el apoyo de sectores del alto mandomilitar. En este sentido, este proceso ha repercutido en la conformación del ejército colombiano como cuerpo de choque en la confrontación interna y como fuerza de imposición violenta para mantener el orden social. Fue moldeado precisamente para enfrentar las revueltas obreras – años 20 -, se consolidó en la segunda post-guerra con la asesoría militar norteamericana, bajo la doctrina del anti-comunismo como cuerpo contra-insurgente. La subordinación frente al Pentágono ha sido un factor estructural en su estructuración, funcionamientoy formación ideológica. Al mismo tiempo, esta dependencia, ha determinado la incondicionalidad de la diplomacia colombiana al imperio norteamericano.  Durante el Frente Nacional y bajo el régimen de excepción, denominado por un largoperíodo “Estado de Sitio”, la institucionalidad bipartidista  entregó al ejército la judicialización de la rebelión política y de las luchas socialesmediante la imposición de la Justicia Penal militar. 
La defección del liberalismo colombiano
En este recorrido histórico existe un rasgo político en la explicación del poder político convencional del latifundio, ligado al papel  del liberalismo. Durante el gobierno de López Pumarejo se colocó a prueba su capacidad de cambio hacia un proyecto liberal-modernizante, y la llamada “revolución en Marcha” desarrolló algunas transformaciones en el funcionamiento estatal, particularmente en la política laboral y tributaria; no obstante, sus alcances resultaron bastante precarios. Por ejemplo, el enfrentamiento contra el latifundio nunca ocurrió, a pesar de las declaraciones rimbombantes que  precedieron a la expedición de la ley 200. La precaria conformación de una burguesía industrial, impidió la consolidación de una fuerza material que contribuyera a disolver el régimen latifundista, hacendatario. La derrota del movimiento campesino impidió concretar esta posibilidad; mientras del paramilitarismo se convirtió en la fuerza disolvente del democratismo campesino. El proyecto de la modernidad terminó siendo un difuso eco en medio de la “modernización tardía” del capital globalizado y transnacional y de la violencia social y política.
La incomprensión del carácter reaccionario de la burguesía colombiana y su íntima articulación con el Imperio, genera muchas confusiones y equivocaciones en política. Es conocida una cierta mitología en la izquierda colombiana sobre las supuestas bondades progresistas  del gobierno de López Pumarejo (“Revolución en Marcha”; sin embargo, estos argumentos mistificados sólo han servido para justificar una estrategia de conciliación de clases con el gobierno de López Pumarejocomo lo promovió el recién fundado Partido Comunista, y que de manera reiterada la izquierda reformista ha mantenido para validar su alianza con una supuesta “burguesía nacional” según la jerga del Moir y otros agrupamientos de centro-izquierda. 
La burguesía liberal colombiana ha sido sumamente conservadora. El “centenarismo”no ha sido más que una generación liberal, pacata que renunció a los ideales del liberalismo social y democrático. Lo que siguió inmediatamente –finales de los años 40 - fue el desprendimiento del sector de Eduardo Santos para consolidar los acuerdos con el conservatismo y la Iglesia Católica contra el fantasma del comunismo y la pretensión de cualquier reforma estructural del Estado colombiano. Tras el fracaso del segundo gobierno de López Pumarejo, gana la Presidencia, Mariano Ospina Pérez, unode los conservadores más caracterizados por su espíritu de contra-reforma, un personaje que ejecuta la maniobra de la continuidad institucionalidad luego del asesinato del caudillo popular, Jorge Eliécer Gaitán.
Los acontecimientos históricos posteriores comprometen la defección del liberalismo en el proceso de construcción de la modernización. Acorralado  por el terror  conservador, durante los años iniciales de la “Violencia”, el Partido Liberal acompañó la decisión de las guerrillas liberales a rebelarse. Una vez que lograron acogida entre las masas, las involucraron en el pacto de reconciliación sin garantías, abandonándolas a su propia suerte. Poco tiempo después sus dirigentes fueron asesinados con la complacencia de sus anteriores mentores. Estos sectores suscribieron el pacto bipartidista del Frente Nacional, como modelo oligárquico y autoritario; continuaron una suerte de modernización basada en el latifundio y mantuvieron intacta la “República señorial”. Al irrumpir la globalización neoliberal han sido los artífices de su aplicación dogmática. Es evidente la constante histórica del carácter retardatario del liberalismo colombiano. No obstante, se sigue guardando la ilusión de un supuesto liberalismo reformador con la vana idea del “desarrollo democrático”, el logro de la modernidad; y a lo sumo se propone conformar un supuesto frente político progresista que termine con la violencia sistemática en la que ha estado sumida Colombia y con la pretensión de concluir con el atraso, terror de Estado y la antidemocracia. Esta estrategia, a todas luces, equivocada, solo ha servido para nada minar la capacidad de resistencia y rebeldía de las masas. 
II
La insurgencia: resistencia y poder territorial 

Las Farc surgieron como autodefensa campesina, como proyecto de los campesinos liberales contra  el régimen conservador y los grupos privados que desataron el “terror de Estado”. Su forma de cohesión social se articuló al modelo de tradiciones familiares y de vecindad. Una vez ocurrida la desmovilización de las guerrillas llaneras con su desenlace fatal; abandonaron esta opcióny en el enfrentamiento con Rojas Pinilla y el Frente Nacional giraron hacia una posición comunista, fusionándose en el llamado Bloque sur. En el lapso 1957-1964 transitaron de la lucha inter-partidaria a la resistencia campesina contra del Estado, lo que se cimentó su naturaleza ideológica, establecida en la plataforma que dio inicio a las Farcen 1964. El gobierno de Guillermo León Valencia reacciona entonces desatando un amplio plan militar llamado “operación Marquetalia”, una de las acciones militares de mayor envergadura que se haya hecho en toda la región, en esa época, asesorada y dirigida directamente por los Estados Unidos. Las Farc logran subsistir, consolidándose como estructura político-militar, al tiempo que inician un proceso de colonización en el sur-oriente del país.

Resistencia campesina y colonato

Tener en cuenta este proceso es importante dado que la ofensiva ideológica global, asociada en lo militar con la denominada “lucha anti-terrorista”, ha diseñado, en el plano interno, una falsa simetría entre guerrilla y paramilitarismo, intentando eludir la responsabilidad del “terror de Estado”, sinoque además busca erradicar de la memoria colectiva la historia de la resistencia del movimiento campesino. Independientemente de las diferencias ideológicas, políticas, con el proyecto político y el accionar de las Farc, es un hecho histórico su ligazón con la resistencia campesina. No admitirlo es seguir la cartilla establecida en el Pentágono y los círculos de la oligarquía colombiana. 

Los dirigentes de las Farc“encontraron un enorme potencial en los colonos pobres de los nueve frentes de frontera interior de la segunda mitad del siglo XX, que abrieron a la producción unos 4 millones de hectáreas…”. Durante la década del ochenta cuando el país devino en productor de hoja de coca y la crisis del modelo sustitutivo en el campo produjo un desplazamiento campesino hacia esas zonas de colonato esta guerrilla encontró las bases económicas y poblacionales para articular y centralizar la anterior colonización dispersa. En la década de los noventa, el enfrentamiento en el terreno con los paramilitares obligó a un cambio de estrategia militar, dirigido al control de los  territorios como base de apoyo  a la economía de guerra; obligó, igualmente a las Farc a transitar del cobro de impuestos a la compra-venta de la coca en el sitio de producción, a la intermediación con el capital ilegal que la obtiene como materia  prima.

La dirección de las Farc logró, adicionalmente, posicionar un discurso alternativo que   coloca al Estado como responsable de la siembra de coca en estas regiones a causa del abandono secular a que ha sido sometido el colono y los pobres del campo por parte del Estado. Las marchas cocaleras en ese período, fueron realzadas bajo esa orientación.El posicionamiento territorial explica el por qué ahora cuando se ha abierto una nueva posibilidad de negociación de paz, en La Habana, las Farc han planteado la constitucionalización de territorios campesinos con organización política interna propia, lo que significa un cambio cualitativo en términos comparativos en lo que se refiere a las propuestas  que realizó esta misma guerrilla en los anteriores negociaciones de paz.

La Tierra en el contexto de la globalización

Lo que empezó como una decisión del imperio norteamericano en el gobierno de Nixon de transitar del dominio político del régimen de Estados desiguales -definido en la segunda post-guerra -, a la hegemonía del dólar en el sistema financiero internacional,   decisión que produjo la terminación del patrón dólar-oro con sus medidas complementarias (tasas de cambio  variables,  desregulación de los flujos de  capital), dio por concluido a mediados de la década del 80 con el control por parte de los grandes intermediarios financieros (HedgeFunds,  Banca de Inversión,  Fondos de Pensiones, Compañías aseguradoras)  de la producción y la distribución de una riqueza cada vez más concentrada, control que se realiza en los mercados de capitales. Este giro histórico determina el carácter rentista   generalizado del capitalismo  en la fase actual de la  acumulación de capital, lo que ha llevado a que se le asigne el carácter de patrimonial.  Como parte de ese rentismo, las inversiones de los grupos  transnacionales se registran bajo la forma de títulos en los mercados financieros.     
 Este funcionamiento de los mercados de capitales recuperó la importancia de las inversiones asociadas a  la tierra, por cuanto las empresas transnacionales ubicadas  en  la producción primaria (agricultura, petróleo y minería) han vendido beneficiándose en los últimos años de un alza en los precios de las comodities, como resultado de un “boom” de las titularizaciones en el sector, causado por decisiones deliberadas de las autoridades financieras estadounidenses.  Esta es una de las causas del por qué, en el caso colombiano, existe una presión del capital internacional sobre el gobierno de Santos  y el empresariado ruralpara aumentar la inversión agrícola.
Sin embargo, el dimensionamiento del  tema de la tierra no obedece tan solo a razones coyunturales, sino, igualmente, a condiciones estructurales. La globalización neoliberal  produjo una nueva división internacional del trabajo. Esta  división  internacional  del trabajo se encuentra vertebrada en torno a las grandes corporaciones transnacionales  que han terminado por convertir a la franja mayoritaria del comercio internacional en un  comercio intra-firmas (transacciones entre filiales y matrices). Enrique Arceo ha hecho un buen resumen de las características de esta crucial transformación:“Se trata de un cambio fundamental en la centralización de la gestión y la especialización de las filiales que posibilita el pasaje de la provisión por las filiales de productos para los mercados en que están implantadas, a la producción  de partes o piezas en proceso en el marco de un proceso productivo global que se desarrolla en el mercado mundial  o regional y tiene a éste como destinatario (...)Se ha pasado a una división internacional del trabajo centrada en el intercambio de productos manufacturados del centro por productos primarios de la periferia, a otra basada en el intercambio de productos manufacturados cuya producción requiere distintas proporciones de capital y de trabajo calificado”.
 Como añade el mismo Arceo las burguesías periféricas en este nuevo escenario productivo  transnacional deben incorporarse  en condiciones de “subcontratistas  en las redes  globales”.La particularidad  del desarrollo geográfico desigual que produjo la  división del trabajo en la fase del capital globalizadoestá basada en el hecho de que América Latina que, experimentó durante la década  de los ochenta  la crisis de la deuda, quedó rezagada  conrelación aAsia (China, India y los “Tigres asiáticos” principalmente)   en el nuevo escenario  de organización productiva transnacional  y quedó condenada a la reprimarización económica.
III
El juego de poder en la Mesa de negociaciones

Estas consideraciones explican el por qué el gobierno de Santos y los empresarios rurales pretenden que la negociación política con las Farcsirva de oportunidad para  acomodarse a las exigencias del capital globalizado. El primer paso para lograr ese cometido es el de formalizar la propiedad de la tierra después de décadas de despojo. Para lograr ese propósito requiere legitimar internamente, y ante la comunidad internacional, el tema de los desplazados. La ley 1448 del 2011 que expidió el Congreso  por solicitud del Presidente,  antes de que empezaran las negociaciones de La Habana, además de las falencias frente a la normatividad internacional en derechos humanos,   limita el uso de las tierras que se devolverán a las víctimas, respeta los megaproyectos  de minería y agro-industriales al excluirlos de la restitución y define una indemnización con títulos de deuda pública a  los desplazados que no quieran retornar a sus territorios. 
Un instrumento  normativo de estas características tiene  limitaciones para negociar con una guerrilla que reclama la representación de miles de colonos que  incorporaron a la producción 4 millones de hectáreas. Esta realidad obliga a una negociación que incluya  el tema de la organización  territorial.  En la mesa de negociaciones, la propuesta gubernamental  gira en este tema regional hacia la focalización en las zonas en que tiene presencia  esta guerrilla, eludiendo el enfrentamiento con los latifundistas en el resto del país. Al mismo tiempo el gobierno pretende desde ya asegurar el orden político en esos territorios para garantizarle al gran capital el control corporativo de los mismos, a la manera de lo que  ocurre en otras regiones.  
El control corporativo de los territorios permite la integración territorial de las poblaciones rurales, en la medida en que una  de las particularidades definitorias del capital globalizado es la de la acumulación geográfica o la acumulación espacial, mediante la cual se apropia y organiza bajo su lógica de funcionamiento el conjunto del circuito económico regional (producción, distribución y consumo). En el caso de la agricultura este tipo de acumulación toma la forma de cadenas productivas que pueden ejecutarse a través de alianzas asociativas sin importar, ni el tamaño, ni el tipo de  propiedad. Pueden citarse múltiples informes de instituciones internacionales sobre  este tema. Según la FAO, “Las alianzas productivas involucran a diferentes actores en los procesos productivos. Dichos actores, se vinculan de forma voluntaria para intercambiar recursos, generando compromisos en la consecución de un objetivo común, cuya principal virtud es agregar valor…”. Capturar el valor agregado deviene en un asunto decisivo si se tiene en cuenta que el monto mayor de ese valor se obtiene  actualmente por fuera de las fincas.  
Rafael Mejía, Presidente de la SAC, haciendo eco de esas orientaciones de los voceros del capital global ha insistido en el desarrollo agrario con enfoque territorial y en las alianzas asociativas como propuesta que debe acompañar la salida política al conflicto. “Por lo tanto, el desarrollo rural con enfoque territorial es un concepto integral que comprende aspectos como la promoción de la producción agrícola, iniciativas que promuevan la seguridad alimentaria, la educación, la infraestructura, la salud y el desarrollo de capacidades productivas de los ciudadanos, el fortalecimiento de las instituciones rurales y la protección de grupos vulnerables, todo esto en el contexto de un espacio rural…”.  Sobre esta base ha formulado el diseño de alianzas asociativas que incluyan a empresarios  rurales con pequeños y medianos propietarios, resguardos y  comunidades afro-descendientes para la  ejecución de cadenas productivas. 
En el contexto de acumulación espacial de capital la economía campesina de pequeña propiedad  no tan solo debe ser  respetada, sino, igualmente, promocionada.  Rudolf Hommes, apoyándose en la investigación de José Leibovich según la cual la productividad de la tierra en los minifundios (medida bajo el indicador pesos y rendimiento anual por hectárea) es 40 veces superior a la de la gran propiedad, 28 veces superior a la de los productores medianos y casi  seis veces superior a la de los pequeños propietarios; el exministro Hommesconcluye que si se entregara “ el 10 por ciento de la tierra a los cultivadores en minifundios o en pequeñas propiedades, la producción agrícola podría aumentar en un 16 por ciento si se mantienen las productividades. Y si les cedieran el 20 por ciento, aumentaría la producción agropecuaria en cerca del 32 por ciento...”. Además añade que las tierras a repartir a los minifundistas deben tomarse del Fondo de Estupefacientes.
En esta propuesta hay algo que está implícito, y debe develarse. Las formas de producción y el proceso tecnológico que las acompaña serían las de un capital  depredador que utiliza fertilizantes basados en la química del petróleo y que incentiva a la producción acudiendo a los transgénicos. Se produciría unaexpropiación sobre el  derecho al uso del suelo de los campesinos, y significaría el final de la economía familiar basada en saberes ancestrales. En una palabra, se oficializaría el paso del minifundista y el pequeño propietario al micro-empresario rural capitalista, integrado a la mercantilización de la tierra, la asistencia técnica y el sistema crediticio del capital financiero.  En regiones de colonato bajo la influencia de las Farc, esta propuesta integradora  estaría acompañada de un proceso que transitaría de la sustitución de cultivos ilícitos  hacia cultivos de incidencia en el mercado.
La misma lógica de funcionamiento espacial  pretende aplicarse a las zonas de reserva campesina.  Las reconoce el Estado para articularlas al espacio mercantilizado. Juan Manuel Ospina, exdirector del INCODER ha anotado al respecto “Las zonas de reserva campesina, se asimilarían a los resguardos y a los títulos colectivos afro, combinando propiedad colectiva y vivienda y parcela familiar; escenarios para una vida comunitaria activa que sea motor de progreso y de democracia; en ellas la propiedad se mantendría indefinidamente en manos campesinas para abrirse de manera organizada a los mercados, a los encadenamientos productivos con el sector agroempresarial…”.
Las Farc han propuesto otras consideraciones para estas zonas de reserva campesina,  asociadas al concepto de territorios colectivos campesinos que tendrían normas de funcionamiento diferentes a las de las transacciones en el mercado y con autonomía política en las decisiones de quienes las integran como sucede con los resguardos indígenas.
Consolidar un proyecto de estas características requiere actuar en clave de  resistencia espacial. Obliga a construir una unidad política plural entre todos los oprimidos del campo en la perspectiva de poderes políticos regionales alternativosque puedan articularse con el tiempo con las rebeliones urbanas en procura de la transformación social. Esta resistencia espacial plantea igualmente la necesidad de implementar  de manera colectivaformas  de intercambio económicos diferentes a las del mercado capitalista. En una palabra, se trata de afirmar un proceso de “desconexión parcial” con la globalización. Este es el tamaño de la paz y el sentido de las transformaciones políticas y sociales.
IV
La significación histórica de la paz y la construcción de Lo común

Las negociaciones de paz en la Habana representan un acontecimiento histórico para que Colombia pueda emprender procesos de transformación democrática. A sabiendas de las enormes dificultades y de la férrea oposición de sectores reaccionarios, este proceso de paz tiene la ventaja de plantear asuntos estratégicos para la construcción de nuevas posibilidades para el cambio social y político. El capital transnacional insistirá en su lógica de “subsunción real” y total; y querrá limitarsu alcance al juego de la mercantilización, la capitalización y la empresarización, sin importar, los lazos sociales, los saberes ancestrales y las culturas populares. Las élites buscarán minimizar su proyección, y seguirán reduciendo sus objetivos al fracaso anticipado del proceso de paz. El país, polarizado por los alcances de la paz, ha logrado develar la magnitud de las transformaciones necesarias para un cambio significativo. Sin embargo, el gobierno y la oligarquía se niegan sistemáticamente a producir cambios en el orden macroeconómico y político. La voluntad de paz de los distintos actores también tiene sus límites. El gobierno, acosado por la ofensiva del proyecto del “centro democrático”-paramilitar que lidera Uribe; el estallido de la protesta social ante el recrudecimiento de las políticas neoliberales y la proximidad de los comicios presidenciales, transitarán en una suerte de turbulencias recurrentes, con intentos de desenlace fatal. Para las partes, será un desafío complejo. Podrá concretarse un pacto de diverso tipo. Podrá ser beneficioso para los contendientes, sin resultados estratégicos definitorios. También, podrá convenirse en un acuerdo transitorio que buscará alentar un movimiento democrático de grandes transformaciones. O, podrá ser también otro proceso de paz como los que ha habido en Colombia y que la historia recordará como un armisticio temporal para reanudar los nuevos conflictos y los venideros procesos de paz.    

Evidentemente algunas de las debilidades del actual proceso de pazalientan la incertidumbre y la conspiración por parte de la oligarquía reaccionaria. En particular, la ausencia de un vigoroso movimiento social, civil y democrático por la paz que soporte la agenda de las negociaciones hace creer que se trata de un acuerdo entre guerreros. La precariedad de la participación ciudadana y la ausencia de un entusiasmo público, despierta dudas y desazón. El mismo gobierno y los sectores reaccionarios han contribuido a minar su credibilidad mediante el asedio catastrófico de los medios de comunicación.  

Por supuesto, la mayor debilidad radica en la dispersión de la izquierda, en su profunda división y en la carencia de un pensamiento estratégico. En particular, el predominio de una visión instrumental, corporativa y mezquina ha obstaculizado la comprensión de las dimensiones históricas del actual proceso de paz. En este contexto, la proyección de las negociaciones de paz requiere una izquierda comprometida cabalmente con la solución política al conflicto armado. Para ello, será necesario instalarse en otra lógica, en la idea-fuerza de la reinvención de la política. Urge superar entonces la visión corporativa, aparatista e instrumental, y promover en consecuencia una política de Lo común. Así mismo, los movimientos sociales, las resistencias regionales, las movilizaciones y la solidaridad requieren construir una propuesta nacional de cambios democráticos. En este escenario de complejidad la construcción de Lo común no es una suma de reivindicaciones, sino un proyecto de múltiples interpelaciones y creaciones colectivas sobre la base de las ideas de la democracia, el Buen Vivir y la paz. Es necesario seguir insistiendo en la necesidad de modificar la estructura del Estado latifundista, cambiar el régimen hacendatario y superar la “República señorial”. 

Sobre esta base, el proceso de paz tiene que estar soportado en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Ninguna paz será posible sinrefrendarse a través de la voluntad popular. El temor de algunos sectores según la cual dicha Asamblea sería la un salto al vacío que aprovecharían los opositores de la Constitución del 91 para hacerla regresiva, no tiene fundamento político, moral y social. Por el contario, sería el escenario histórico para crear una “hoja de ruta” hacia las grandes transformaciones democráticas y el espacio propicio para consolidar las aspiraciones populares, regionales y sociales alternativas. Se trata de repensar entonces la paz como proceso histórico de cambio democrático. Sobre este horizonte tiene sentido la construcción de Lo Común y la reinvención de Colombia como país democrático.