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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa<BR></FONT><U>3 de agosto 2013</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Montevideo - Uruguay<BR>redacción y
suscripciones: <A
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href="mailto:germain5@chasque.net">germain5@chasque.net</A></FONT></STRONG><A
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title="mailto:germain5@chasque.net CTRL + clic para seguir el vínculo"
size=4></FONT></STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Uruguay<BR><BR>La llegada de El
Guardián </FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT size=3>Sistemas de inteligencia,
controles y secretos</FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><BR> <BR><STRONG>Samuel Blixen </STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Brecha, Montevideo, 3-8-2013<BR></STRONG><A
title="http://brecha.com.uy/ CTRL + clic para seguir el vínculo"
href="http://brecha.com.uy/"><STRONG
title="http://brecha.com.uy/ CTRL + clic para seguir el vínculo">http://brecha.com.uy/</STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify><BR><BR>"Razones de seguridad" facilitaron la compra directa
de un sistema de espionaje que pone en ventaja a la inteligencia policial ante
la proyectada creación de un Sistema Nacional de Inteligencia.</DIV>
<DIV align=justify><BR>¿Habrá un Edward Snowden uruguayo? La posibilidad corre
en proporción directa con los secretos que busquen y guarden los aparatos de
inteligencia, y también con la capacidad y voluntad de obtenerlos. De hecho
existe un antecedente: el marinero Daniel Rey Piuma desertó de la Prefectura
Naval en 1981, y salió clandestino del país llevándose consigo toda la
documentación sobre los hallazgos en las costas uruguayas de los cuerpos
arrojados en vida al mar desde aviones militares argentinos. Treinta años
después, Rey Piuma sigue exiliado en Europa, y aunque ha visitado Uruguay </DIV>
<DIV align=justify><BR>-incluso para dar testimonio ante un juez sobre aquella
documentación de la inteligencia de la marina-, considera que aún están en
actividad -y pueden tomar represalias- los que fueron denunciados por él ante
organismos internacionales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>A los viejos e inconfesables secretos de la época de la
dictadura, los sucesivos gobiernos democráticos han ido añadiendo montañas de
secretos, ocultamientos y asuntos reservados, de índole económica, financiera,
administrativa, política, judicial o de seguridad, que se justifican en la
necesidad de no entorpecer los procesos, de atender a la delicadeza de los
asuntos o simplemente al convencimiento de que el público en general no está en
condiciones de comprender la complejidad de esos procesos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Sobre esos secretos planea una suerte de obediencia
debida; los organismos que supuestamente deben controlar se muestran en extremo
incompetentes: en el Parlamento, entre el silencio del oficialismo -que
considera cualquier gesto de duda o de inquietud como un sabotaje a las chances
de un tercer período de gobierno- y las reacciones de la oposición -dirigidas
casi exclusivamente al alboroto electoral-, los intentos de develar misterios
naufragan y acumulan fracasos, acaso porque la voluntad es corta. Y en otros
ámbitos cualquier amague de independencia es duramente castigado.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Algunas iniciativas políticas que apuntan a la
transparencia han sido desvirtuadas. Una de ellas es la ley sobre los derechos
de acceso a la información pública, una herramienta que los periodistas
utilizamos cada vez con mayor asiduidad para acceder a fuentes inaccesibles o
esquivas. Aprobada en octubre de 2008, sus alcances quedarán seriamente
limitados cuando se apruebe la rendición de cuentas a estudio en el Parlamento
(véase columna de Edison Lanza). Si prospera el proyecto de rendición presentado
por el Poder Ejecutivo y son aprobados dos de sus artículos, el 37 y el 38,
entonces toda información podrá volverse "reservada" y por tanto podrá ser
negada. El inciso agregado al artículo 9 de la ley de 2008 dice textualmente:
"La información podrá clasificarse como reservada, tanto en el momento en que
ésta se genere, obtenga o modifique, como en el momento en que se reciba una
solicitud de acceso, cuando no se hubiera clasificado previamente". El texto
propone que la declaración de "reservada" en el momento en que la información se
solicita deberá ser debidamente fundada; pero primero se niega, y se vuelve
inaccesible cuando alguien la requiere.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Otra amputación a la transparencia es la actitud del
poder político con la Institución Nacional de Derechos Humanos, una formidable
herramienta de la sociedad civil para la preservación de los derechos
individuales, cuyo valor reside precisamente en su independencia. No se sabe
bien qué quiso hacer el legislador cuando aprobó la ley, porque le confirió
potestades para reclamar información, denunciar situaciones, acceder a toda
documentación y realizar todo tipo de inspecciones oculares sin ninguna clase de
restricción. Pero, por otro lado, limita su accionar, maniatándola, al negarle
el presupuesto necesario para actuar con independencia. En lugar de eso, sus
directivos deben mendigar ante burócratas del Palacio Legislativo para hacer un
gasto o para trasladarse en un vehículo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La posibilidad de decretar reservada cualquier
información está a tono con la implantación, en la inteligencia policial, de
sistemas de espionaje telefónico y electrónico que multiplican la capacidad de
escuchar conversaciones y acceder a mensajes de correos. La adquisición de un
tal sistema fue admitida por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuando el
diario El País reveló que El Guardián (así se llama el sistema) había sido
adquirido en Brasil, en una compra directa de 2 millones de dólares a la empresa
Digitro Tecnología Limitada, y que se había mantenido en secreto por "razones de
seguridad pública".</DIV>
<DIV align=justify><BR>El Guardián, utilizado por la Policía Federal de Brasil,
permite que al mismo tiempo 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real
del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. También
habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el
monitoreo de hasta tres redes sociales. En definitiva, un sistema que moderniza
y potencia la capacidad de la inteligencia policial para vigilar a los
ciudadanos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Como explicó el ministro Bonomi en el Consejo de
Ministros del lunes 29, El Guardián se utilizará siempre que exista una orden
judicial que lo autorice, y declaró ante sus colegas que "están aseguradas las
máximas garantías". A su vez, en conferencia de prensa, el secretario de la
Presidencia, Homero Guerrero, argumentó que el nuevo sistema pretende
"centralizar los medios de investigación de vigilancia electrónica", aunque no
abundó en detalles sobre esa "centralización". Adelantó también que El Guardián
será aplicado en coordinación con empresas de telecomunicaciones, pero todo
indica que las escuchas y copias de correos electrónicos no dependen de esa
"coordinación". Al respecto el ministro Bonomi reveló en el Consejo de Ministros
que sabe que se escuchan llamadas de manera clandestina con equipos que están en
manos de privados.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Fuentes parlamentarias consultadas por Brecha admitieron
el temor de que la "modernización de las escuchas" profundice la autonomía de
los aparatos de inteligencia para recolectar información lesionando la
privacidad. Explicaron que se hace difícil establecer en qué momento culmina la
autorización judicial. Las fuentes admitieron que herramientas como El Guardián
son incorporaciones inevitables de los aparatos policiales, pero que esa
autonomía que ofrecen para el espionaje hace más necesario establecer un
protocolo que defina los límites de lo permitido y el uso que se hace de la
información obtenida. Miembros de la oposición recordaron que, ante
informaciones sobre posibles escuchas a legisladores, se le reclamó al ministro
Bonomi información sobre las técnicas empleadas y los criterios utilizados por
la Policía. Bonomi negó enfáticamente que la institución policial haya
intervenido teléfonos de legisladores, pero no entregó la información
solicitada. Ahora se anuncia que será convocado a la comisión respectiva de la
Cámara de diputados para que fundamente la compra de El Guardián.</DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT><BR>A su vez, senadores
blancos estimaron que la aplicación de esta herramienta debería quedar
supeditada a la aprobación de una ley sobre los servicios de inteligencia, cuya
redacción está muy demorada. Y adelantaron que también sería convocado Bonomi a
la comisión bicameral designada para la redacción de una ley que regule la
inteligencia de Estado.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por su parte, el juez Rolando Vomero manifestó su
preocupación por una generalización de las intervenciones telefónicas. Dijo que
"tiene que haber una causa importante, porque se trata de una prueba delicada".
Y recordó que, en su experiencia, la Policía "suele pedir la interceptación de
teléfonos por situaciones que no ameritan esa medida". Y recordó que cuando era
juez de primera instancia negó "varias solicitudes al considerarlas
injustificadas".</DIV>
<DIV align=justify><BR>La utilización de herramientas cada vez más sofisticadas
para el espionaje genera incertidumbres y preocupaciones sobre los mecanismos de
control, sobre cómo se usan esos programas y quiénes los usan. Así como generó
suspicacias el apresamiento (gracias a la aplicación de esas técnicas de
escucha) de un cargamento de más de 400 quilos de marihuana en vísperas de la
discusión parlamentaria sobre la legalización de esa droga, también generó
suspicacias que el Ministerio del Interior, en forma "secreta por razones de
seguridad" haya adquirido El Guardián cuando uno de los cometidos de la ley de
inteligencia del Estado será definir la relación, en un Sistema Nacional de
Inteligencia, entre los distintos organismos de inteligencia de Defensa,
Interior, Relaciones Exteriores y Economía. Las fuentes consultadas por Brecha
sugirieron que los aparatos de inteligencia policiales pretenden tener una
posición de dominio, por lo cual desde hace tiempo han desplegado una fuerte
competencia que limitó las posibilidades de una real coordinación.
<HR>
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