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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa</FONT><BR><U>28 de agosto 2013</U><BR><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: <A
href="mailto:germain5@chasque.net">germain5@chasque.net</A></FONT></STRONG><STRONG><FONT
title="" size=4><A
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Ecuador</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT size=3>Los derechos de
la naturaleza después de la caída de la moratoria petrolera en la
Amazonia</FONT></STRONG><BR></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Eduardo Gudynas
*<BR>Alterinfos<BR><A
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title="http://www.alterinfos.org/ CTRL + clic para seguir el vínculo"></STRONG></FONT></A> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial>Una de las iniciativas ambientales
más originales de los últimos años, originada en Ecuador, buscaba dejar el
petróleo en tierra para preservar la Amazonia y sus pueblos indígenas. Era una
idea construida desde la sociedad civil que se concretó en 2007, durante el
primer gobierno de Rafael Correa, enfocándola en proteger el Parque Nacional
Yasuní, y sus áreas adyacentes (conocidas por la abreviatura ITT). Esos
esfuerzos terminaron pocos días atrás, cuando el gobierno anunció la cancelación
de esa iniciativa y permitir la explotación petrolera.</FONT></DIV><FONT size=2
face=Arial>
<DIV align=justify><BR>La idea de una moratoria petrolera en Yasuní-ITT maduró
durante muchos años, pero contó con un marco excepcional otorgado por el sistema
de derechos aprobados en la nueva Constitución de 2008. En ella se organizan de
mejor manera los derechos a la calidad de vida de las personas, la regulación
del uso de los recursos naturales y las salvaguardas a los pueblos indígenas. En
paralelo a éstos, se reconocieron por primera vez los derechos de la Naturaleza
o de la Pachamama. De esta manera quedó establecido un mandato constitucional
ecológico, que para ser cumplido no podría permitir una actividad de tales
impactos como la explotación petrolera en Yasuní-ITT.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En etapas siguientes, el gobierno mantuvo la moratoria
petrolera pero comenzó a buscar opciones alternativas para lograr una
compensación económica. En aquel tiempo se razonó que Ecuador perdería un
estimado de más de 7 mil millones de dólares por no extraer los 920 millones de
barriles de crudo que estaban debajo del Yasuní-ITT. El presidente Correa afirmó
que si se lograba un fondo de compensación de al menos la mitad de esas
ganancias perdidas, se mantendría la suspensión petrolera.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La condición para la protección del área pasó a estar
desde entonces en recolectar 3 600 millones de dólares. Se diseñaron distintos
mecanismos y justificaciones para implementar ese fondo internacional, donde
gobiernos, empresas o personas, pudieran depositar dinero. La idea era sensata,
ya que existen muchos argumentos por los cuales otros gobiernos, especialmente
del norte industrializado, deberían ahora apoyar solidariamente la protección de
la biodiversidad, abandonando así su postura clásica de apropiarse vorazmente de
los recursos del sur.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero con el paso del tiempo, el andamiaje conceptual
gubernamental comenzó a crujir. Por un lado, se insistía cada vez más en la idea
de la compensación o indemnización económica. Por otro lado, comenzó a quedar en
segundo plano la fundamentación basada en los derechos de la Naturaleza, para
pasar a priorizar argumentos enfocados en detener el cambio climático global. Se
sostenía que se debía mantener el petróleo bajo tierra para evitar que una vez
extraído fuera quemado en algún sitio, y los gases producidos alimentaran el
calentamiento global. Con ello, la propuesta era sobre todo una compensación
económica para evitar un aumento en el cambio ambiental planetario.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La iniciativa Yasuní-ITT era mirada con mucho interés por
la comunidad internacional y despertaba muchas ilusiones entre varios
movimientos sociales, al ser un ejemplo de una transición postpetrolera. Pero
siempre sufrió de tensiones, como el constante recordatorio gubernamental de
pasar a un "plan B" que consistía en explotar ese petróleo amazónico, e incluso
contradicciones, como fueron las declaraciones presidenciales contra los
posibles donantes internacionales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El presidente Correa acaba de presentar varios argumentos
para cancelar esta iniciativa de moratoria en Yasuní-ITT. Uno de ellos fue
denunciar la falta de apoyo de la comunidad internacional, calificándola de
hipócrita. En parte le asiste la razón, ya que muchas naciones industrializadas
crecieron gracias a la expoliación de los recursos del sur, y la iniciativa
Yasuní-ITT les permitía comenzar a saldar esas deudas. Pero tampoco puede
minimizarse que al condicionar la moratoria petrolera a una compensación
económica, se cayó en una contradicción insalvable. Es que el mandato
constitucional ecuatoriano obliga a la protección de ese tipo de áreas, tanto
por proteger los derechos de indígenas como los de la Naturaleza. Se vuelve muy
difícil pedir a otros gobiernos una compensación económica por cumplir con una
obligación constitucional propia. Una adecuada analogía sería la de un país que
le pide a otros compensaciones económicas por sus gastos en atender la salud de
sus niños.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Otro argumento presidencial se basa en una actitud de
optimismo tecnológico, sosteniendo que ahora sí se puede hacer una explotación
petrolea en la Amazonia minimizando los impactos. Esta actitud es muy común en
varios gobiernos, pero es especialmente paradojal en Ecuador, ya que allí se
vivieron en carne propia los duros impactos de extraer petróleo en la Amazonia.
Esto ha quedado en evidencia en el proceso contra Texaco-Chevrón. Toda la
información científica disponible abrumadoramente deja en claro los graves
impactos de las petroleras en ambientes tropicales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El combate a la miseria es otro de los argumentos
presidenciales para cancelar la moratoria petrolera. Esta es una posición que
suscita muchas adhesiones, y debe celebrarse que se usen los recursos naturales
en beneficio del país, en lugar que nutran las arcas de empresas
transnacionales. Pero decirlo no resuelve el problema de cómo asegurar que ello
suceda. Es que más o menos lo mismo sostienen las empresas (cuando prometen, por
ejemplo, que la minería resolverá la pobreza local y generará empleo), lo
repiten unos cuantos gobiernos ideológicamente muy distintos (la "locomotora
minera" de Santos se supone que reducirá la pobreza en Colombia), y está en el
núcleo conceptual del desarrollo convencional (creyendo que todo aumento de
exportaciones arrastrará al producto interno, y con ello se reduciría la
pobreza).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Hay muchos pasos intermedios entre extraer un recurso
natural y reducir la pobreza, y es precisamente en esas etapas donde se originan
multitud de problemas. Estos van desde los dudosos beneficios económicos de ese
tipo de extractivismo (ya que lo que el Estado ganaría por un lado por exportar
petróleo, lo perdería por otro al atender sus impactos sociales y ambientales),
el papel del intermediario (donde las empresas, sean estatales o privadas, del
norte o de amigos del sur, sólo son exitosas cuando maximizan su rentabilidad, y
casi siempre lo hacen a costa del ambiente y las comunidades locales).</DIV>
<DIV align=justify><BR>La decisión de Correa genera ondas de choque en diversos
planos. Al liberar a las petroleras, se pone en riesgo inmediato un ecosistema
de alta biodiversidad, y a los pueblos indígenas que lo habitan (incluyendo
aquellos que viven en aislamiento). Se desploma el intento de aplicar una
alternativa postpetrolera, y la capacidad de servir como ejemplo entre los demás
países desaparece. La medida ecuatoriana sin dudas alentará las presiones sobre
áreas protegidas que también se viven, por ejemplo, en Perú y Bolivia. También
muestra que el país no logra cumplir las promesas de diversificación productiva,
y vuelve a caer en un papel de proveedor de materias primas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero posiblemente el impacto más fuerte ha sido sobre el
marco constitucional de los derechos de la Naturaleza. Es que al final de su
discurso, Correa regresó a la vieja oposición de la década de 1970 entre
desarrollo y conservación ambiental, cuando dijo que el "mayor atentado a los
Derechos Humanos es la miseria, y el mayor error es subordinar esos Derechos
Humanos a supuestos derechos de la naturaleza: no importa que haya hambre, falta
de servicios... ¡lo importante es el conservacionismo a ultranza!". Nadie en el
ambientalismo defiende la miseria, sino que denuncian que bajo los titulares de
promover el crecimiento económico no sólo se desemboca en mayores desigualdades
sociales sino que se destruye el entorno natural.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Al margen de esa precisión, el problema es que en esa
frase los derechos de la Naturaleza quedan apenas como un supuesto. Si esos
derechos son dejados a un lado, prevalecerá el desarrollo convencional, con un
nuevo triunfo del petróleo, ya que los impactos sociales y ambientales no tienen
valor económico. Los derechos de la Naturaleza son una reacción a ese tipo de
razonamiento. No son una concesión a las plantas y animales, o a los
ambientalistas, sino que son una necesidad para poder proteger efectivamente a
los pueblos y su patrimonio natural.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Todo esto hace que quede planteada la angustiosa pregunta
si el día en que cayó la iniciativa de moratoria petrolera en la Amazonia de
Ecuador, también no comenzaron a desplomarse los derechos de la
Naturaleza.<BR><BR>* Eduardo Gudynas integra el equipo del CLAES (Centro Latino
Americano de Ecología Social).
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>