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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa<BR></FONT><U>20 de setiembre de 2013<BR></U><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Montevideo -
Uruguay<BR>Redacción y suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
</STRONG></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Uruguay <BR><BR>Derechos en juego
</FONT></STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Luis
Rómboli</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>La Diaria, Montevideo,
20-9-2013</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><A href="http://ladiaria.com.uy/"><FONT size=2
face=Arial><STRONG>http://ladiaria.com.uy/</STRONG></FONT></A></DIV>
<DIV align=justify><BR><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial>Ayer de tarde, y durante más de
cuatro horas, la jueza penal de 9º Turno, Gabriela Merialdo, les tomó
declaraciones a la integrante de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites, al ex
dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) Jorge Zabalza,
al activista de la Asamblea Nacional Permanente (ANP) por la Defensa de la
Tierra y los Bienes Naturales Álvaro Jaume, a la militante de la Federación
Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) Patricia Borda, al
secretario general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de
Montevideo Aníbal Varela y a los integrantes de la ANP Diego Jaume y Eduardo
Jaume.<BR></FONT><FONT size=2 face=Arial></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial>Como se sabe, el fiscal Gustavo Zubía
solicitó esta semana el procesamiento con privación de libertad por el delito de
atentado especialmente agravado de los cuatro primeros y el procesamiento sin
prisión por el delito de complicidad de los tres últimos, por el caso que se
investiga de la manifestación en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del 15 de
febrero, convocada por varias organizaciones sociales y defensoras de los
derechos humanos en rechazo del traslado del ámbito penal al civil de la jueza
Mariana Mota.</FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR>La magistrada estaba a cargo de medio centenar de
expedientes de casos sobre violaciones a los derechos humanos durante la
dictadura, y apeló la decisión ante la SCJ -que obviamente negó el pedido-, y
ahora su situación se analiza en la órbita del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero volvamos al caso del pedido de procesamiento de los
militantes sociales. Ahora Merialdo se tomará un plazo de hasta 45 días para
decidir si hace lugar al pedido del representante del Ministerio Público o si
archiva definitivamente el caso. Según los abogados defensores, hay una tercera
opción, que es continuar con la investigación, pero se trata de un procedimiento
“inusual” en la Justicia uruguaya.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Sacale una foto</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Los siete indagados ingresaron al edificio del Poder
Judicial, en la calle Misiones 1469. Entraron todos juntos y alentados por los
cánticos de cerca de un centenar de manifestantes que se apostaron detrás del
vallado protegido por unos 20 efectivos policiales. Durante la larga audiencia
se fue sumando más gente, convocada por varias organizaciones sociales y
sindicales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Usando la sede judicial como lugar de operaciones y
protegiéndose detrás de la custodia y del vallado, un fotógrafo y un
camarógrafo, uniformados con chalecos de la Policía, se dedicaron a registrar a
los manifestantes durante toda la tarde y a esbozar una sonrisa cuando recibían
algún grito de protesta o cuando les sacaban fotos a ellos desde el otro
lado.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Dos de las pruebas sobre las que se basó el pedido de
Zubía fueron un video de la manifestación en la SCJ, proporcionadas por los tres
canales privados de televisión a la Policía, y otro con filmaciones realizadas
por la propia institución. Pero las imágenes de la televisión estaban editadas
por la Policía, por lo que los abogados defensores solicitaron a la jueza
acceder y visualizar el material audiovisual en bruto. Merialdo accedió, y luego
de que la Policía llevara los videos completos que tenía en su poder, se
procedió a observarlos en la audiencia. Una fuente de la Policía informó a la
diaria que el Departamento de Operaciones Especiales pidió las imágenes a todos
los canales de televisión abierta, que Televisión Nacional Uruguay no accedió a
proporcionarlos y que luego las imágenes en bruto fueron editadas por Policía
Técnica.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Juan Fagúndez, abogado de Jorge Zabalza, de Álvaro Jaume
y de uno de sus hijos, explicó que el alegato que presentó se basó en que “el
delito por el que se pide el procesamiento no se adecua a lo que pasó”. “Lo que
hubo fue una protesta y no se puede comparar una protesta con un delito. Pero el
fiscal interpreta las pruebas en un sentido, que hubo instigación para impedir
el acto [de asunción de Mota como jueza civil] y nosotros decimos que hubo una
protesta social que lo que hizo fue demorar ese acto durante tres horas”,
afirmó.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Los primeros en salir del juzgado fueron Zabalza, Varela
y los tres Jaume; media hora después lo hicieron Borda y Leites.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Todo preso es político</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Zabalza expresó que “éste es un caso penal que se sale de
lo habitual y entonces hay que seguir esperando”. El ex referente del MLN opinó
que “la acusación del fiscal es política” y que pretende “escarmentar a los que
luchan por verdad y justicia, a los que quieren juicio y castigo para los
criminales de Estado, y por eso se utiliza a siete compañeros como vehículo para
desalentar la lucha”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Zabalza contó que el día de la manifestación en la SCJ,
no pretendió “interrumpir ningún acto”. Según dijo, estaba vestido “de chinelas
y bermuda”, y cuando se cerraron las puertas del Palacio Piria algunos quisieron
entrar “para presenciarlo, no para interrumpirlo”, y entonces él le preguntó al
vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, si podía ingresar al acto, y éste le
respondió que sí.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Una estrategia de defensa diferente fue la que tomó
Ignacio Durán, abogado defensor de Borda. Durán dijo que después de observar los
videos “se puede apreciar que ella fue pacíficamente a la manifestación, porque
tiene vínculos familiares con la doctora Mota y concurrió a expresarle su
solidaridad”. Para Durán, el dictamen del fiscal “es apresurado, no está fundado
y le falta solidez”, y dijo que solicitó que la jueza citara a declarar a cinco
testigos, entre los que se encuentran un fotógrafo y un docente compañero de
Borda, quienes estuvieron en la manifestación, y la propia jueza Mariana Mota.
Durán explicó que si bien no cree que Zubía “cambie el dictamen”, la jueza
Merialdo “tiene la potestad de archivar el expediente y el caso puede concluir
en esa posibilidad”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Leites dijo que su alegato se basó en que éste es “un
juicio político”, y que solicitó que el proceso fuera “oral y público”, pero que
la jueza “no lo consideró”. Agregó que “se eligieron siete personas para
estigmatizarlas y acusarlas de lo que pasó, porque no hay una conducta
diferencial de esos siete con respecto a todos los demás que estuvieron en la
manifestación”. Finalmente, Leites expresó que en el fallo de Merialdo “se juega
mucho del futuro”, y que en la declaración realizó “un alegato a favor del
derecho a la protesta” y pidió a la jueza “amparo contra la prepotencia de la
Policía con sus abusos y seguimientos”.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>