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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa</FONT><BR><U>4 de octubre 2013</U><BR><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: <A
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Uruguay</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Violencia de Estado
<BR></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>La "norma
obligatoria"</STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2
face=Arial><STRONG>Editorial</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>En Lucha Nº 10,
agosto/setiembre 2013</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><A
title="mailto:periodicoenlucha.enlucha@gmail.com CTRL + clic para seguir el vínculo"
href="mailto:periodicoenlucha.enlucha@gmail.com"><STRONG
title="mailto:periodicoenlucha.enlucha@gmail.com CTRL + clic para seguir el vínculo">periodicoenlucha.enlucha@gmail.com</STRONG></A></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><BR><FONT size=2 face=Arial>El fiscal penal Gustavo Zubía ha
pedido condena para siete luchadores y activistas sociales: Irma Leites,
Patricia Borda, Jorge Zabalza, Álvaro Jaume, Aníbal Varela, Diego y
Eduardo Jaume. Es el mismo fiscal que, cuando actuaba en materia de menores,
tuvo una influencia decisiva en las reformas al código penal adolescente (2004)
que aumentaron las penas. A tal punto, que en los juzgados se las conoce como
"ley Zubía". Se trata de un confeso derechista, fanático de las políticas de
"seguridad pública". Esas que criminalizan a las víctimas de la extrema pobreza
y la desposesión más atroz. Que encarcelan jóvenes y desempleados. Que penalizan
a los rebeldes que protestan y se indignan por la impunidad que beneficia al
terrorismo de Estado. Que amenazan a movimientos contestatarios y a militantes
de la izquierda desobedientes que rompen el "consenso" que manda en la sociedad.
</FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR>A los cuatro primeros quiere procesarlos con prisión. Los
acusa de "atentado", una figura del orden jurídico que castiga a los que se
atreven franquear -sin permiso- el umbral de las instituciones o corporaciones
estatales. Que buscan "impedir el ejercicio de la autoridad". Porque ese fue el
"delito" de los manifestantes el 15 de febrero, cuando llegaron hasta la Suprema
Corte de Justicia a protestar por el "traslado" de la jueza Mariana Mota. No
solo desafiaron una decisión arbitraria. Peor todavía: invadieron la soberanía
de la justicia. Atacaron su "independencia". </DIV>
<DIV align=justify><BR>La magistrada Gabriela Merialdo todavía no se expidió.
Cavila por estas horas entre la "privación de libertad" o una sentencia menos
rigurosa. Tiene plazo hasta los primeros días de octubre. Es una jueza con
experiencia. Su currículum vitae dice, entre otros méritos, que permitió los
"interrogatorios irregulares" realizados por el Departamento de Operaciones
Especiales de la Policía (DOE) contra el Colectivo de Denunciantes. O sea,
contra aquellos que denuncian a los torturadores y asesinos de la dictadura.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>Los inquisidores son circunstanciales. Cumplen la función
asignada. Apenas eso. Ni siquiera alcanzan el status de "enclave fascista" en el
Poder Judicial. Que, recordemos por si acaso, es un poder del "Estado de
derecho". Mejor dicho: del Estado capitalista. Allí donde la justicia actúa, en
palabras de Marx, como mecanismo de la "compulsión silenciosa de las relaciones
económicas". Bajo la apariencia de un "equilibrio" que garantiza el "interés
general". </DIV>
<DIV align=justify><BR>Obviamente, si alguno de los compañeros acusados es
procesado, la "escalada represiva" subirá de tono. Pero la violencia de Estado
ya ha demostrado que no se toma vacaciones en la era progresista. Bastaría con
registrar algunos hechos recientes para confirmarlo. Desde las infiltraciones
policiales en las marchas del 14 y 24 de agosto, al espionaje electrónico; desde
la "esencialidad de los servicios" para romper huelgas, al acoso de pegatineros
sindicales; desde el cierre de la radio comunitaria La Kandela, a la
confiscación de carros y caballos de clasificadores; desde las palizas a los
presos en el Comcar y Libertad, al horror de las cárceles del INAU; de los
"operativos de saturación" en los barrios más pobres, a las torturas de
adolescentes en Santa Catalina. Sin olvidarnos que en aplicación de la ley de
faltas, unas 20 personas por día (en su mayoría "indigentes" y sin techo), son
conducidas a comisarías.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por eso, tan ilusorio como reivindicar la "independencia"
del Poder Judicial, lo es pretender que este avance punitivo se debe, casi
exclusivamente, a los "abusos policiales" y a los desvaríos autoritarios de
quienes, desde el Ministerio del Interior, comandan las operaciones represivas.
Por el contrario, las estrategias de control social, de "tolerancia cero", al
igual que las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, no hacen más que
revelar que esta violencia, por naturaleza, es una "política de Estado".</DIV>
<DIV align=justify><BR>Hace más de cien años -cuando polemizaba con el
oportunismo parlamentario y el socialismo revisionista-, Rosa Luxemburgo decía
que "la legalidad burguesa no es más que la expresión de la violencia de clase,
elevada a norma obligatoria por la clase dominante". El gobierno del Frente
Amplio no es más ni menos represivo que los gobiernos de blancos y colorados.
Simplemente, aplica con esmero esa "norma obligatoria" que distingue a todo
Estado capitalista. A eso de reduce la "legalidad vigente" que jueces, fiscales
y policías defienden.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Si alguien llegó a pensar que con el progresismo la
"norma obligatoria" de la clase dominante iba desaparecer, evidentemente, se
equivocó. O nunca entendió el verdadero significado de ser "partido de
gobierno". Es decir, partido del orden. Por tanto, propietario del monopolio de
la violencia de Estado. Y celador del ordenamiento legal. </DIV>
<DIV align=justify><BR>El sistema capitalista, afirmaba Marx en El Capital,
tiene colgado en sus puertas de oro un cartel que dice: "Prohibido el paso salvo
para los negocios". Los compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales
(Unatra), pudieron comprobarlo hace pocos días durante en la Expo Prado:
compraron sus entradas pero no pudieron ingresar al predio para denunciar sus
pésimas condiciones laborales. Fue una cristalina demostración de cómo funciona
el "Estado de derecho". Y un aviso más para los revoltosos. Las instituciones
públicas no se pueden "invadir". Tampoco los centros del poder económico. Mucho
menos la propiedad privada. Son infranqueables, por definición.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>