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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa</FONT><BR><U>6 de octubre 2013</U><BR><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: <A
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Uruguay</FONT></STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT size=3>El avance de la
opción punitiva</FONT></STRONG> </FONT></DIV><FONT face=Calibri></FONT><FONT
face=Calibri></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Calibri></FONT><FONT face=Calibri></FONT><FONT
face=Calibri></FONT><BR><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Colectivo
Militante</STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>En Lucha Nº 10,
agosto/setiembre 2013</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><A
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href="mailto:periodicoenlucha.enlucha@gmail.com"><STRONG
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<DIV align=justify><BR><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial>Según el subsecretario del Ministerio
de Desarrollo Social, Lauro Meléndez, hay gente que no tiene arreglo: "es
insurrecta, errante y quiere estar en la calle por convicción personal". (El
País, 12-5-2012) Arruinan bienes comunes, vulneran la propiedad privada,
consumen drogas ilícitas, incursionan en vandalismo. Molestan a los demás y
"afean" el paisaje urbano. De ahí que los inspectores del orden social hayan
resuelto poner fin a la tolerancia. Desde el 20 de agosto, la ley 19.120,
conocida como Ley de Faltas y Conservación de los Espacios Públicos, castigará
las conductas que inflijan la monotonía del bien vivir. </FONT></DIV><FONT
size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR>Como la ley entró en vigencia sin estar reglamentada, el
Ministerio del Interior queda habilitado por el "protocolo de procedimiento
policial" (votado en el 2008 durante el gobierno de Tabaré Vázquez) y puede
trasladar a los "infractores" a una comisaría. En ese lugar se les notificará,
"por escrito", que su manera irregular de transitar por la vida tiene un límite.
Deberán considerarse "intimados". A la tercera desobediencia pasarán a juez y se
les aplicarán penas que pueden ir de 7 a 30 días de "trabajo comunitario" (dos
horas por días) o a un día de prisión. En Montevideo, la tarea fiscalizadora
será ejecutada por el Grupo Especial de Patrullaje Preventivo ((GEPP) de la
policía y la Brigada Calle de la Intendencia Municipal. Así que el hacer cumplir
la ley de faltas estará bajo el mando directo del tupamaro Eduardo Bonomi y de
la estalinista Ana Olivera. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En realidad, se trata de una versión actualizada de la
nefasta ley 10.071 de 1941, llamada de "vagancia, mendicidad y estados afines",
que ya se aplicó en Punta del Este en 2012 para expulsar "indeseables" del
balneario de los ricos. Aunque la de hoy abarca a muchos más sujetos: personas
sin techo, indigentes callejeros, vendedores ambulantes, limpiavidrios sin
habilitación, mendigos "abusivos", subempleados crónicos, lumpenes diversos,
clasificadores de basura con o sin carro, y a otros tantos que se distribuyen
las sobras del "crecimiento económico".</DIV>
<DIV align=justify><BR>En palabras del sociólogo Gustavo Leal, asesor del
Ministerio del Interior, la ley de faltas es el primer "dique de contención"
contra el delito y significa el abandono, por parte del Estado, de una "actitud
pasiva" ante "situaciones de marginalidad cultural". Porque, según él, se
hace necesario "cambiar la compasión por la acción". (Entrevista en el programa
En Perspectiva, Espectador, 9-9-2013). Remplazando el deber social por la opción
punitiva. Porque de eso tratan la ley de faltas y la batería de medidas que
apuntan a "mejorar la convivencia urbana". El miércoles 4 de setiembre tuvimos
un adelanto de cómo funcionará el "dique de contención": un "grupo de
indigentes" fue expulsado de la Estación Central del AFE (ferrocarriles del
Estado), el lugar de residencia que habían encontrado para escapar de la
intemperie. Fueron las primeras víctimas de una "actualización normativa"
(votada por todos los partidos parlamentarios) que busca "cambiar los
paradigmas" a través de la represión. Obligando a resignar conceptos que hablan
de solidaridad, generosidad y tolerancia con los desposeídos de todo. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En uno de sus últimos libros, John Berger, el magistral
escritor británico, definió cómo es la existencia de aquellos que sufren la
desposesión más indignante: "La pobreza fuerza las decisiones más duras, esas
que casi no conducen a nada. Ser pobres es vivir con ese casi". (Con la
esperanza entre los dientes. Alfaguara, Montevideo, 2011) O, si se quiere: vivir
en la extrema pobreza es practicar la resistencia social más admirable. No
parece ser la opinión del asesor de Bonomi. Desde su cómodo y bien remunerado
"cargo de confianza", nos advierte: "la pobreza no es un valor a defender". Por
eso, tampoco, merecedora de una "actitud compasiva". A lo sumo, destinataria de
una "asistencia" que permita resolver un "problema" que raya con la siquiatría.
Ya lo había dicho el presidente Mujica en una de sus recurrentes alocuciones
sobre los "aspectos elevados" de la vida: "La pobreza es un problema mental". Y
menos de condiciones materiales, porque "pobres son los que necesitan mucho para
vivir". (El País, 15-9-2013) Así de simple. </DIV>
<DIV align=justify><BR>O no tanto. Porque el mismo gobierno reconoce que sus
"políticas sociales" se quedaron cortas. Por no decir que fallaron. De allí el
lanzamiento del plan 7 Zonas. El objetivo sería fortalecer la "presencia social
del Estado" en los barrios de Montevideo y Canelones donde se concentran las
mayores cifras de desempleo y subempleo, embarazo adolescente y repetición
escolar, indigencia y pobreza infantil. Con apenas U$S 34 millones de "gasto",
prometen "mejorar la convivencia", realojar asentamientos, arreglar calles y
alumbrado, remodelar plazas, construir "centros cívicos", espacios deportivos.
Y, sobre todo, "reforzar la seguridad" con más patrullaje y "policías
comunitarios". </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Retroceso democrático</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Abrazados al mentiroso "pacto de convivencia", los
mercachifles progresistas se zambullen en la lógica disciplinadora. Con el
apoyo, eso sí, de una sociedad miedosa e irritada que demanda atacar sin
miramientos a los "pichis" y "distintos". No importa si hay que sancionar
"pequeñas faltas" o "micro-delitos". Las "intimaciones" son, en definitiva, un
aviso previo. Los "infractores" deben tomar nota. Porque si adquieren un grado
comprobable de amenaza a la "seguridad pública", terminarán habitando el
infierno carcelario. Y allí, se sabe, cuales son las "condiciones de vida":
hambre, frío, hacinamiento, insalubridad, corrupción, tráfico, violaciones,
asesinatos, requisas, y brutales palizas. Como la que recibieron, a modo de
"bienvenida" policial, un grupo de presos en el Comcar el 31 de agosto. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La profesora Alma Bolón no tiene dudas al afirmar lo que
muchos, tanto en el Frente Amplio como en la izquierda radical, prefieren
callar: "los presos de hoy están mucho más desprotegidos -mucho más abandonados
a su propia suerte- que los presos políticos de ayer, por cierto condenados por
la dictadura y sus abundantes partidarios, pero 'cuidados' y 'defendidos' por
una parte considerable de la ciudadanía, que los había hecho suyos. Los presos
de hoy, en cambio, están solos". (Brecha, 23-8-2013).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Tan solos y desprotegidos, debe decirse, como los menores
y adolescentes "en conflicto con la ley". Encerrados en verdaderas catacumbas
(Colonia Berro, Hogares Desafío y Ser), permanecen en sus celdas más de veinte
horas al día, usan baldes en lugar de baños, reciben psicofármacos para
"tranquilizarlos", son objeto de chantajes económicos, abusos sexuales y
"apremios físicos" por parte de sus "custodios". Ante la intervención activa de
la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), el Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) que preside el ex sindicalista Ruben
Villaverde, pidió más plazos para "verificar las denuncias". </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT><BR>El alcance de la
operación de limpieza social puede medirse en números. Por año, la cantidad de
presos aumenta entre 600 y 700. Mientras que se duplicó la cifra de menores
entre 13 y 15 años "internados". El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
(INAU) no niega la gravedad que eso tiene. Como los jueces aplican la "prisión
preventiva" ante lo que consideran un escenario de "alarma pública", las
cárceles continuarán desbordándose. Imprimiéndole a los gobiernos progresistas
una de sus marcas registradas: en ocho años duplicaron la cantidad de personas
encarceladas. Lo que, desde un punto de vista estrictamente político, es un
inocultable retroceso democrático. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En los tiempos de gobiernos neoliberales, el Frente
Amplio denunciaba la naturaleza de sus programas. A la atrofia del "Estado
social" -privatizaciones, flexibilización laboral, desempleo masivo, aumento de
la pobreza, fragmentación social-, le correspondía la hipertrofia de un "Estado
policial y penal", donde la represión se concentraba en los "subversivos", los
"marginales", los "criminales potenciales". Ya como partido de gobierno, esto
es, como gestor del orden capitalista, las diferencias casi se esfumaron. La
"norma obligatoria" de la legalidad burguesa, que constituye el pilar de todas y
cada una de las violencias de Estado, continúa rigiendo a pleno. En este cuadro,
las violaciones contra los derechos humanos se multiplican. Sean contra
militantes políticos y luchadores sociales, sean contra los más pobres y
desamparados. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Aunque lo sabemos: la violencia de Estado no es
democrática. No afecta a todos por igual. Bastaría remitirse a la condición
social de la inmensa mayoría de los presos y presas, mayores y menores. O
preguntarles a las madres procesadas por "faltar" a la "patria potestad"; a los
jóvenes de Santa Catalina amenazados y golpeados; y a las miles de familias que
se quedaron sin la asignación familiar por "incumplir" los deberes que el
Estado, como supremo gendarme, impone a la sociedad.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>