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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa</FONT><BR><U>7 de octubre 2013</U><BR><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: <A
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href="mailto:germain5@chasque.net">germain5@chasque.net</A></FONT></STRONG><A
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>República Dominicana <BR><BR>Dspojará de
su nacionalidad a miles de dominicanos por su ascendencia haitiana
<BR></FONT></STRONG><BR></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Sorayda Peguero
Isaac<BR>Periodismo Humano<BR><A
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href="http://periodismohumano.com/">http://periodismohumano.com/</A></STRONG><A
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title="http://periodismohumano.com/ CTRL + clic para seguir el vínculo"></STRONG></A></FONT></DIV><FONT
size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT><BR><BR>El Tribunal
Constitucional (TC) de la República Dominicana acaba de emitir una sentencia con
la que pretende despojar de la nacionalidad a miles de personas. La sentencia
TC/0168/13, emitida el 25 de Septiembre, se aplicará de forma inmediata y una de
sus implicaciones será la elaboración de una lista que incluirá a todos los
hijos de extranjeros nacidos en suelo dominicano a partir de 1929 y hasta la
fecha actual. El plazo fijado para el inicio de este proceso es de diez días y
un año (prorrogable) para la elaboración de un nuevo listado de ciudadanos, que
habían sido reconocidos como dominicanos y que en lo adelante serán considerados
extranjeros.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La sentencia del Tribunal Constitucional afecta a más de
tres generaciones de dominicanos que serán despojados del derecho adquirido de
la nacionalidad sin causa comprobada e incurre en la violación de varios
principios constitucionales, entre ellos, los derechos del niño a la identidad y
a la nacionalidad, el principio de irretroactividad de la ley, el carácter
vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el
principio de igualdad.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Algunos organismos internacionales ya han mostrado su
rechazo ante esta sentencia. Líderes comunitarios de Washington Heights y Puerto
Rico extendieron una invitación a la diáspora dominicana para participar en
manifestaciones de repudio ante la sentencia TC/0168/13. El coordinador
residente del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, Lorenzo
Jiménez de Luis, declaró que la organización está ejecutando una investigación
exhaustiva sobre la privación de documentación a personas que, habiendo tenido
nacionalidad dominicana, han sido despojados de la misma, y añadió que la
sentencia emitida por el Tribunal Constitucional también será investigada.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Con el propósito de que "los Poderes del Estado
dominicano suspendan la política de desnacionalización de dominicanos y
dominicanas de ascendencia haitiana", El Movimiento por un Registro Civil Libre
de Discriminación (Reconoci.do), persiste en su lucha y solicita a la comunidad
nacional e internacional que apoyen una nueva petición de firmas dirigida al
Jefe del estado y al Tribuna Constitucional de la República
Dominicana.<BR><BR>Incluso durante el tiempo muerto, cuando se acababa la zafra
y los congó regresaban a Haití, el aire que se aspiraba en el batey era meloso y
embriagador, como la transpiración de una caña añeja. Ana María recuerda que
ella y sus hermanos correteaban por los rieles y se perdían entre los
cañaverales, evitando el contacto con las ardientes hojas del fogaraté. Olía a
guarapo, a melaza, a caña seca. Todos los aromas dulzones posibles impregnan el
recuerdo de su infancia en un universo de sol volcánico y caña de azúcar.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Yermena y José se conocieron en los cañaverales del
Ingenio Quisqueya. Ambos son haitianos y emigrantes afincados desde los años 70
en San Pedro de Macorís, al Sureste de la República Dominicana. José trabajaba
en los campos de caña y Yermena se dedicaba a la venta ambulante de ropa y,
eventualmente, al cultivo de caña. Ana María es la tercera de sus hijos. Cuando
llegó al mundo, en 1986, José, que cuando se trataba de gestiones legales era
muy prudente, se dirigió al Registro Civil para inscribir a su hija. Presentó su
carnet de jornalero y regresó a casa con un acta de nacimiento que daba fe de
que la niña Ana María había nacido, de que tenía madre y padre, de que
pertenecía a una comunidad, de que era dominicana.<BR> <BR><STRONG>Ana
María</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>"Siempre me he sentido dominicana. Reconozco y respeto
mis raíces haitianas pero amo mi país igual que amo mis orígenes. Nunca me sentí
fuera de la sociedad. Hasta ese día, no me había sentido tan humillada. Me
dijeron que no podían darme el documento porque en el libro del Registro Civil
dice que mis padres son haitianos. Yo quise saber el porqué, ya era mayor de
edad, había completado la educación primaria y secundaria, mis padres nunca
tuvieron problemas para inscribirme en la escuela. Tenía cédula de identidad y
pasaporte, había ejercido mi derecho al voto, hasta había viajado a Brasil. No
entendía qué problema había"</DIV>
<DIV align=justify><BR>La respuesta del oficial civil se desplomó sobre Ana
María con el peso aplastante de una gran losa: "Nosotros no somos culpables de
que tus padres sean haitianos". <BR></DIV>
<DIV align=justify>"Para mí no es motivo de culpa ser hija de haitianos, yo me
siento muy orgullosa de mis padres", respondió Ana María a la
oficial.<BR><BR>Era el año 2007. Pudo haber sido cualquier otro día, pero fue un
lunes y fue, precisamente, un 10 de diciembre, el día de los Derechos Humanos.
Con la finalidad de depurar el Registro Civil de errores, omisiones o fraudes,
el pleno de jueces de la Junta Central Electoral de la República Dominicana dio
a conocer la Resolución no.12, un procedimiento que "suspende provisionalmente
la expedición de Actas del Estado Civil que contengan irregularidades o vicios
que imposibiliten legalmente su expedición". A partir de ese momento, miles de
dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana se convirtieron en ciudadanos
de ninguna parte. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Durante muchos años la inmigración haitiana en República
Dominicana estuvo estrechamente ligada a la industria azucarera. A principios
del año 1952, los gobiernos de República Dominicana y Haití firmaron un acuerdo
para regularizar la inmigración masiva y temporal de jornaleros haitianos que
trabajaban en la cosecha de la caña de azúcar. El gobierno dominicano
determinaba la cantidad aproximada de jornaleros que necesitaba para la zafra
-tiempo que dura la cosecha de caña- y las autoridades haitianas ponían en
marcha un sistema de selección ejecutado por buscones que reclutaban campesinos
para el trabajo en los campos cañeros. Cuando los jornaleros llegaban a
territorio dominicano eran traslados en camiones custodiados por oficiales del
ejército y conducidos en grupos hasta las plantaciones de los diferentes
ingenios estatales y privados. La mano de obra haitiana se convirtió en un valor
imprescindible para la pujante industria azucarera dominicana que, con la caída
del dictador haitiano Jean Claude Duvalier y la consecuente inestabilidad
política del país antillano, dejó atrás sus años de bonanza.<BR><BR>Entre zafra
y zafra empezaron a formarse familias en los bateyes -comunidades aledañas a los
ingenios- y nacieron niños y niñas que, con el beneplácito del Estado, fueron
inscritos en las oficialías como dominicanos y dominicanas. Muchos de estos
niños alcanzaron la edad adulta teniendo a sus padres como única referencia y
vínculo con Haití; la mayoría de ellos ni siquiera conoce el país vecino.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En relación a los hijos de extranjeros, la Junta Central
Electoral (JCE) manifestó que acoge lo establecido por la Constitución en su
artículo 11 (vigente hasta el 26 de enero del 2010): "Son dominicanos: todas las
personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los
hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación
diplomática o los que están de tránsito en él."</DIV>
<DIV align=justify><BR>La JCE desmiente que la Resolución no.12 tenga matices
discriminatorios y para respaldar su argumento señala que la excepción
contemplada en el artículo 11 también incluye a los hijos de extranjeros que
ejercen funciones diplomáticas. Sin embargo, los obreros haitianos que prestaban
sus servicios en los campos cañeros no encajan en ninguno de estos dos grupos:
no eran diplomáticos y no estaban oficialmente en tránsito. Los jornaleros
recibían un carnet de Permiso de Permanencia Temporal que los diferenciaba de
los extranjeros en tránsito y que les permitía realizar todo tipo de actos
civiles. Hasta el 16 de agosto del 2004 se consideraba que un extranjero estaba
en tránsito cuando permanecía en suelo dominicano por un periodo inferior a los
10 días, mientras que la temporada de zafra tenía una duración aproximada de 6
meses. Muchos jornaleros se establecieron en los bateyes junto a sus familiasy
no regresaron a Haití. Estas comunidades fueron creadas por los empleadores con
el consentimiento de los propietarios de los ingenios, que de este modo se
ahorraban los gastos que generaba el retorno de los trabadores a su país de
origen.<BR><BR>Son dominicanos, así lo reconoció el Estado de su país, pero no
pueden acceder a las escuelas ni a las universidades. No les entregan sus
cédulas de identidad ni sus pasaportes. No pueden adquirir propiedades, contraer
matrimonio ni abrir cuentas en el banco, y no pueden declarar a sus hijos que,
inevitablemente, arrastran la incertidumbre y las secuelas emocionales que
genera en sus padres esta situación.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Una de las consecuencias de esta medida es el sentimiento
de auto-odio. Muchas personas perjudicadas experimentan rechazo hacia su propia
identidad y sienten que sus orígenes son un lastre que los condena de por vida a
la mala suerte. Como en el caso de Ana María, el sentimiento de culpa es
recurrente en los padres de jóvenes afectados por esta resolución. "Mi mamá se
siente culpable. Ella me pregunta: ¿Qué he hecho mal? ¿Será porque no sé leer?
Yo trato de explicarle que ellos no hicieron nada para provocar esta injusticia.
Ellos vinieron a trabajar y a servir durante muchos años porque lo requería el
Estado, porque los necesitaban. Si nuestros padres estaban en tránsito y era
ilegal que declararan a sus hijos como dominicanos, ¿cómo es posible que por más
de 40 años el Estado lo consintiera? Ahora nos quieren matar dejándonos vivos."
<BR><BR>Ana María sigue sin entender la lógica de la Resolución no.12, se siente
discriminada, y asegura que los empleados de algunas oficialías utilizan un
código para referirse a los hijos de haitianos: HH (hijo de haitiano). "Si eres
un HH y vas a una oficialía para solicitar cualquier tipo de documentación te
pueden pedir desde fotografías familiares hasta el acta de nacimiento de tu
abuela. Eso no se lo piden a nadie más. La cuestión es complicarnos la vida. Los
oficiales del estado civil dominicano tienen estrictas órdenes de la JCE de no
expedir actas de nacimiento a personas con apellidos haitianos. Dicen que no
discriminan pero se fijan en la forma de tu boca, en tu pelo, en el color de tu
piel. Si esto no es discriminación, ¿qué es?".</DIV>
<DIV align=justify><BR>"El día que me negaron mi acta de nacimiento me sentí
frustrada. A pesar de ser hija de haitianos, de ser negra y de haber crecido en
un batey, nunca me había sentido discriminada en mi país. Nunca nadie hizo
alusión a mi origen como motivo de culpa, ni siquiera en la escuela padecí la
crueldad de los niños; quizás porque en el batey todos éramos iguales, era mi
ambiente. Lo que no me habían dicho nunca antes me lo decía una oficial del
estado. Salí llorando de esa oficina. Estaba destrozada. Mi intención inmediata
era entrar en la universidad pero ni siquiera me dijeron cuánto tiempo estarían
investigando mi caso." </DIV>
<DIV align=justify><BR>Durante la campaña electoral, el actual presidente de la
República Dominicana, Danilo Medina, expresó su preocupación por este problema y
dijo que había que encontrar una solución. Después de su ascensión al poder no
ha vuelto a pronunciarse al respecto. En declaraciones ofrecidas a la prensa, el
presidente de la JCE, Roberto Rosario, advirtió que "no regalará la ciudadanía a
persona alguna que no cumpla los requisitos constitucionales para obtenerla, ni
cederá ante ningún tipo de ataque de sectores amparados en una supuesta defensa
de los derechos humanos".<BR><BR>La Resolución no.12 ha perjudicado notablemente
la imagen de la República Dominicana a nivel internacional. Argumentando que
había presentado respuestas de suficiente fundamento y base jurídica, El Estado
dominicano solicitó este año a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) no convocar más audiencias para abordar el tema de la nacionalidad.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Ana María no está dispuesta a resignarse, actualmente se
desempeña como vocera de El Movimiento por un Registro Civil Libre de
Discriminación (Reconocido) y se mantiene firme en la lucha por sus derechos y
los de miles de jóvenes que comparten su condición de indignada.
@reconoci_do empezó como una campaña centrada en el desarrollo de actividades
que demandan la erradicación de las medidas discriminatorias de la Resolución
Nº12 y una recogida de firmas. En la actualidad, el movimiento realiza acciones
pacificas el día 12 de cada mes y cuenta con el apoyo de varias entidades
sociales y religiosas que luchan contra lo que califican de "genocidio
civil".</DIV>
<DIV align=justify><BR>A mediados de febrero, decenas de dominicanos de
ascendencia haitiana caminaron por las calles de Santo Domingo cargando pequeñas
cruces de madera. Cada cruz representaba el malestar común que los arropa desde
que sus historias personales quedaron atrapadas por tiempo indefinido en un
tortuoso limbo, en la incertidumbre de no saber qué pasará con sus vidas ahora
que no son ni de aquí, ni de allá.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>