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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa<BR></FONT><U>6 de noviembre de 2013<BR></U><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Montevideo -
Uruguay<BR>Redacción y suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
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<DIV align=justify><FONT size=3><STRONG>Uruguay<BR></DIV></STRONG></FONT></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Violencia de
Estado<BR></DIV></STRONG></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Ielsur y Serpaj
denuncian:<BR></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><FONT size=3><STRONG>“Hay un estado
policial desbocado”<BR><BR><FONT size=2>Las organizaciones vinculadas a la
defensa de los Derechos Humanos, Instituto de Estudios Legales y Sociales y el
Servicio Paz y Justicia-Uruguay, advirtieron que hay un “estado policial
desbocado” producto de lo que consideran “errores
legislativos”.<BR></FONT></STRONG></FONT></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>El País, Montevideo,
6-11-2013<BR></STRONG><A
href="http://www.elpais.com.uy/"><STRONG>http://www.elpais.com.uy</STRONG>/</A></FONT></DIV><FONT
size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR><BR>“Amparado en la Ley de Procedimientos Policiales
-aprobada en el año 2008-, el Estado viene desarrollando operaciones y
procedimientos que exacerban el poder punitivo y la violencia institucional,
limitando y anulando garantías establecidas en la Constitución, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de
Derechos Humanos”, sostienen las organizaciones.</DIV>
<DIV align=justify><BR>“La expansión de la vigilancia policial -simbólica e
instrumentalmente-, se materializó en las manifestaciones políticas realizadas
el 14 de agosto y 24 de agosto, y también en los hechos ocurridos recientemente
en el barrio Santa Catalina. Estos hechos se integran a una construcción en
movimiento de políticas más punitivas y represivas, entre las cuales se cuentan
la aprobación de la ley 19.120 (que modifica las faltas establecidas en el
Código Penal), el aumento de mínimos de privación de libertad para delitos
gravísimos y nuevas tipificaciones en la Justicia Penal Juvenil, y los
anteproyectos de Internación Compulsiva y Código Infraccional Juvenil, la
aplicación de las medidas de seguridad curativas y educativas previstas en el
art. 92 del Código Penal en casos de consumo de alcohol en espacios públicos”,
afirman.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En el comunicado público se afirma que “algunos errores
legislativos y de gestión en el Ministerio del Interior son los que han
fortalecido las bases de este estado policial desbocado al que venimos
asistiendo. Sin embargo, también asistimos a duros golpes contra espacios
históricos de corrupción policial (Cayma) lo que evidentemente afecta muchos de
sus intereses y quizás sea una más de las razones de esta escalada
represiva”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>“La construcción de una sociedad, basada en el pleno
acceso a los derechos, supone un proyecto común a todos y todas. Para lograr
esto no se debería aplicar una política de amortiguación. Por un lado se
aprueban y promueven políticas de inclusión y derechos (despenalización del
aborto, matrimonio igualitario, y media sanción de ley de regulación de la
marihuana), y por otro lado, se continúa criminalizando a los grupos y
poblaciones más vulneradas (en particular a los adolescentes y
jóvenes).<BR>Convocamos a la reflexión y discusión de todos estos
acontecimientos. De ello dependerá de que nos acerquemos a un Estado Social,
evitando que el Estado Policial se siga expandiendo”, sostienen Ielsur y Serpaj.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>