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name="Compose message area"><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa</FONT><BR><U>29 de noviembre 2013</U><BR><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: <A
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href="mailto:germain5@chasque.net">germain5@chasque.net</A></FONT></STRONG><A
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size=4></FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Chile<BR><BR>Un sistema político
antidemocrático</FONT></STRONG><BR><BR><BR><STRONG>Sergio
Grez</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Santiago, noviembre
2013<BR>Foro por la Asamblea Constituyente</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><A
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title="http://www.convergenciaconstituyente.cl/ CTRL + clic para seguir el vínculo">http://www.convergenciaconstituyente.cl</STRONG></A><STRONG>
<BR></STRONG><BR></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial>La Constitución de 1980 / 2005 no es
democrática. Ni por su origen, ni por sus disposiciones fundamentales. Lo que se
prolonga hacia un conjunto de leyes orgánicas y de quórum calificado, que la
especifican, muchas veces acentuando dicho carácter. Esto se observa no solo en
sus disposiciones propias y sus consecuencias, sino en aspectos fundamentales,
en contradicciones flagrantes entre las normas de rango constitucional y leyes
que aprovechan su vaguedad para negarlas. El caso más escandaloso es la plena
vigencia de la Ley de Nacionalización del Cobre, aprobada en forma unánime por
el Parlamento en 1971 y la Ley de Concesiones Mineras, que permite el régimen de
concesiones plenas, además de la desnacionalización de hecho de nuestras
riquezas naturales, promulgada bajo la dictadura y sancionada como marco
indiscutible a través de todas las reformas posteriores, en democracia. Como
Foro por la Asamblea Constituyente, creemos que todo esto configura en Chile un
ordenamiento político institucional regresivo y esencialmente antidemocrático.
</FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR>Tenemos derecho a esperar que el ordenamiento
institucional de nuestro país sea democrático en tres sentidos esenciales. En
primer lugar, en el sentido de que permita una auténtica y real representación
de la soberanía popular. En segundo lugar, en el sentido de que permita una
auténtica y real participación de los ciudadanos en la gestión de todas las
decisiones que los afectan. En tercer lugar, de manera más profunda, en el
sentido de que promueva y garantice derechos políticos, económicos, sociales y
culturales fundamentales. Tenemos derecho a una democracia representativa,
participativa y social. La Constitución actualmente vigente, incluso
considerando todas las reformas a que ha sido sometida y el ordenamiento que
deriva de ella, no cumple con ninguna de estas condiciones de manera efectiva.
</DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT><BR><STRONG>1. La
representación popular omitida o distorsionada</STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><BR>La Constitución de 1980 es antidemocrática, en primer
lugar, por su origen. Fue elaborada por un grupo de personalidades de derecha,
completamente a espaldas de cualquier consulta a la ciudadanía, buscando
expresamente fijar en ella un contenido ideológico abiertamente conservador y
mercantil. Fue aprobada luego en un plebiscito fraudulento, sin las garantías
mínimas de discusión ni libre participación. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Este origen antidemocrático se ha prolongado a todas y
cada una de las reformas a las que ha sido sometida, también elaboradas entre
cuatro paredes, a través de acuerdos solo en la elite política, aprobadas por un
parlamento elegido de manera no proporcional. Un proceso que culminó con las
reformas aprobadas bajo el gobierno de Ricardo Lagos, las que terminaron por
consagrar el carácter conservador y mercantil, incluyendo los mecanismos que
obstaculizan la representación y participación real de los ciudadanos [1] .
</DIV>
<DIV align=justify><BR>El ordenamiento político institucional que ha derivado de
la Constitución de 1980 / 2005 es antidemocrático, en segundo lugar, porque
distorsiona gravemente la representación de la soberanía popular a través: <BR>-
del sistema binominal de elecciones parlamentarias, permitiendo que la derecha
pueda obtener la mitad del Parlamento con solo la tercera parte de apoyo de la
ciudadanía; </DIV>
<DIV align=justify><BR>- del sistema de quórum calificado para las principales
leyes orgánicas y leyes simples, constituyendo con esto, de hecho, un derecho a
veto por parte de la derecha conservadora y mercantil ante cualquier iniciativa
que procure cambiar algún aspecto básico de la economía neoliberal impuesta;
</DIV>
<DIV align=justify><BR>- de los requisitos para ser elector o ser elegido, que
dejan a miles de chilenos sin derechos políticos por el solo hecho de vivir en
el extranjero o de haber sido sometido a ciertos tipos penales o, incluso, por
el hecho de ser dirigentes sindicales. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Esta tendencia se acentúa en ámbitos esenciales del
quehacer nacional a través de enclaves de poder sin un control claro y directo
desde la soberanía popular, como se da en los siguientes casos: <BR>- en la
amplia autonomía concedida de manera extraordinaria a las Fuerzas Armadas, que
deja a la ciudadanía sin posibilidad real de fiscalizar sus gastos, ni de
participar en la formulación de las políticas y prácticas que atañen a la
seguridad del Estado; <BR></DIV>
<DIV align=justify>- en la completa autonomía concedida al Banco Central,
enmarcada en la imposición de un modelo económico particular, abiertamente
antipopular; </DIV>
<DIV align=justify><BR>- en el poder concedido al Tribunal Constitucional que,
en virtud de facultades extraordinariamente amplias, puede rechazar la
promulgación de leyes aprobadas por el Parlamento e, incluso, exigir quórums
calificados no contemplados con anterioridad para la aprobación de leyes que,
según su criterio autónomo y exclusivo, contienen temas que los requieren.
<BR>La participación escamoteada <BR> <BR>El ordenamiento político
institucional que nos rige no es democrático porque es abiertamente no
participativo. Carece de mecanismos que aseguren la participación ciudadana real
y efectiva. Todos los mecanismos que teóricamente permitirían esa participación
están condicionados o establecidos de tal manera, que de hecho no la permiten.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>No contiene mecanismos que permitan la participación
popular directa en la discusión y decisión de los temas que afectan de manera
directa a los ciudadanos: </DIV>
<DIV align=justify><BR>- el procedimiento plebiscitario está extraordinariamente
restringido en sus temas posibles, en su convocatoria y realización, no tiene
poder vinculante alguno pudiendo, incluso, ser rechazado por la simple decisión
autónoma del Tribunal Constitucional; </DIV>
<DIV align=justify><BR>- no contempla mecanismos democráticos ampliamente
aceptados en otros ordenamientos democráticos , tales como la iniciativa popular
de ley, la revocatoria de mandato, la posibilidad de convocatoria popular a
plebiscito. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Contiene enclaves y disposiciones que omiten de manera
escandalosa la participación popular hasta la voluntad popular ya expresada,
como el sistema de reemplazo de las vacancias parlamentarias por designación
simple por parte de los partidos políticos. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Carece absolutamente de mecanismos que permitan la
democratización de las Fuerzas Armadas, en sus mecanismos de ingreso, de
formación, de participación en las tareas comunes a todo el país, manteniéndolas
ajenas y aisladas respecto de las verdaderas inquietudes del conjunto de la
ciudadanía. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Contempla disposiciones que dificultan gravemente la
libertad de expresión, como el condicionamiento del derecho de reunión a la
potestad administrativa del ejecutivo, que se rige por una ley emanada durante
la dictadura justamente para restringirlo, o como el conjunto de disposiciones
que tienden a criminalizar las expresiones de disconformidad popular. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Establece leyes de transparencia y acceso a la
información pública absolutamente insuficientes, que se pueden eludir con toda
facilidad y prácticamente sin consecuencias, que no permiten la fiscalización
directa y efectiva de las autoridades por los ciudadanos. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Contiene áreas enteras que escapan al poder fiscalizador
del Parlamento, como la política económica, el funcionamiento de las Fuerzas
Armadas, el arbitrio del Tribunal Constitucional, o los cuantiosos recursos que
se declaran, por simple acuerdo en la elite política, como "fondos reservados".
</DIV>
<DIV align=justify><BR>No otorga ningún mecanismo efectivo para la discusión y
confección participativa de los presupuestos municipales, tampoco, para su
fiscalización directa y real. </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT><BR>No contempla ningún
mecanismo efectivo de participación democrática en la generación de las
autoridades judiciales, ni en su fiscalización, ni en la administración de
justicia. </DIV>
<DIV align=justify><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>2. Un ordenamiento al servicio del mercado</STRONG>
</DIV>
<DIV align=justify><BR>El ordenamiento político institucional que ha sido
impuesto al país es antidemocrático porque no consagra, ni garantiza el
ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales
fundamentales. </DIV>
<DIV align=justify><BR>No asegura el ejercicio efectivo del derecho a la
educación, a la salud, a la vivienda, a pensiones justas y dignas, ni a un medio
ambiente sano. Solo establece, en cada uno de estos ámbitos, amplias facilidades
para su mercantilización, para el desvío de la responsabilidad y recursos del
Estado hacia los empresarios privados, y de los costos y consecuencias hacia los
ciudadanos. </DIV>
<DIV align=justify><BR>No garantiza el derecho a la diversidad cultural, ni
contempla el reconocimiento nacional, ni la autonomía real de los pueblos
originarios. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Contempla amplias garantías para el derecho de propiedad,
pero no establece ningún mecanismo que permita garantías para ejercer al derecho
a la propiedad. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Consagra un régimen laboral abiertamente antipopular que
anula, en la práctica, los derechos a la huelga, a la sindicalización, a la
negociación colectiva. </DIV>
<DIV align=justify><BR>No otorga garantías reales para los derechos propios de
las diferencias de género, los derechos reproductivos, el derecho al
reconocimiento a la diversidad sexual. </DIV>
<DIV align=justify><BR>No establece, en absoluto, la soberanía, la propiedad, el
usufructo, ni la administración común de los recursos naturales, al servicio del
país: <BR></DIV>
<DIV align=justify>- mineros, pesqueros, forestales; <BR>- fuentes y modos de
generación de energía; <BR>- uso común y democrático del espectro
radioeléctrico; <BR>- patrimonio genético de nuestra flora y
fauna. <BR> <BR>Consagra un sistema penal abiertamente
discriminatorio, con leyes y normativas reglamentarias que distorsionan
gravemente los derechos penales, procesales y penitenciarios, que criminaliza
con facilidad y de manera sumaria a sectores enteros de la población,
permitiendo la violación cotidiana de Derechos Humanos básicos. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>3. Hacia una Asamblea Constituyente</STRONG>
</DIV>
<DIV align=justify><BR>Una Constitución de la que deriva un sistema político e
institucional que distorsiona la representación de la soberanía popular, que no
permite la participación ciudadana directa y efectiva, que entrega los derechos
económicos, sociales y culturales a la conveniencia del mercado, que convierte
derechos fundamentales en sistemas de bonos y asignaciones variables, que otorga
toda clase de privilegios y garantías a una parte minoritaria de la población y
escamotea los derechos de las más amplias mayorías, no es una Constitución
democrática. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Como Foro por la Asamblea Constituyente, creemos que es
urgente y necesario iniciar un proceso de cambio realmente profundo de todo este
sistema institucional, un proceso que sea gestado de manera democrática desde
los más amplios sectores de la ciudadanía. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Solo una Asamblea Constituyente puede convertirse en el
primer paso hacia la recuperación de nuestros recursos naturales, de nuestros
derechos fundamentales y, sobre todo, de nuestro derecho esencial a vivir en un
sistema social en que el respeto real y efectivo de los Derechos Humanos no sea
distorsionado por los intereses y la avidez del mercado. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Solo una nueva Constitución, gestada desde una Asamblea
Constituyente, puede ser el inicio del camino que nos lleve a conquistar una
democracia realmente representativa, participativa y social. <BR></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><U>Notas</U></STRONG><BR></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT><FONT size=3
face=Calibri></FONT><BR>[1] El Foro por la Asamblea Constituyente publicará, en
un documento independiente, un detallado informe en torno al origen y desarrollo
de la Constitución actual mostrando, paso a paso, cómo la élite política ha
consagrado la lógica y el contenido con que fue diseñada e impuesta desde su
primera formulación, bajo la dictadura.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>