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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa</FONT><BR><U>10 de diciembre 2013<BR></U><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: germain5@chasque.net<A
title="mailto:germain5@chasque.net CTRL + clic para seguir el vínculo"
href="mailto:germain5@chasque.net"></A></FONT></STRONG></DIV>
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</DIV><FONT size=3 face=Calibri></FONT><FONT size=3 face=Calibri></FONT>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Argentina</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=3>Documento completo</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><FONT size=3><A
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<DIV align=justify><BR><BR><STRONG>La década kirchnerista y las violaciones de
derechos humanos</STRONG></FONT> <BR><BR><BR><STRONG>Plataforma 2012, diciembre
de 2013<BR><A
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href="http://www.plataforma2012.org.ar">www.plataforma2012.org.ar</A></STRONG><A
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<DIV align=justify><BR><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Resumen</FONT></STRONG><BR><BR>En el
análisis de la década de los gobiernos de Néstor y Cristina F. de
Kirchner tanto el oficialismo como quienes colaboran en la
elaboración de la fundamentación de sus políticas y acciones, tienden a colocar
el tema de los derechos humanos en un lugar central. Ciertamente, el gobierno
nacional se autodefine como "el gobierno de los derechos humanos", promocionando
con ello la idea de que su política en este campo ha sido y es inobjetable. Esta
idea ha tenido tanta pregnancia en una parte de nuestra sociedad que aun muchos
de los que disienten con el conjunto de la política del gobierno nacional
tienden a naturalizar este enunciado.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Desde Plataforma 2012 consideramos que este enunciado
debe ser cuestionado en la medida en que se contradice con dimensiones y
aspectos muy importantes de la realidad.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por un lado, la política iniciada en 2003 por el gobierno
de Néstor Kirchner, vinculada al juzgamiento de los responsables de violaciones
de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos durante la última
dictadura militar, no debe ser leída de modo exclusivo como producto de la
acción de un gobierno determinado, sino también como el resultado de la historia
y la acumulación de luchas de un amplio abanico de organizaciones y movimientos
de defensa de los derechos humanos. Asimismo, creemos que en el campo de los
derechos humanos hoy en día existen elementos importantes que dan cuenta de la
persistencia de la impunidad. La desaparición de Jorge Julio López, testigo en
el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, el 18 de septiembre de 2006, es
el ejemplo paradigmático de esa persistencia.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por otro lado, desde Plataforma 2012 consideramos que, a
pesar de su obturación y denegación por parte del oficialismo, en la última
década los gobiernos del matrimonio Kirchner fortalecieron el entramado
legal que sostiene la recurrente y creciente violación de los derechos humanos
en el país mediante políticas de criminalización de las luchas sociales. De este
modo, se ha ido consolidando una política de judicialización de la protesta y de
la pobreza, así como la tendencia a la represión de los movimientos sociales y
comunidades indígenas, que ha dejado como saldo un elevado número de muertos en
manos de las fuerzas represivas del Estado.</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Así, la década de gobierno del matrimonio Kirchner deja un
saldo de militantes asesinados con motivo de la represión de la protesta social,
en demanda de tierra y vivienda, contra la tercerización, por salarios dignos,
por los derechos de los pueblos originarios y campesinos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La nómina de los asesinados con motivo de la
protesta social en defensa de derechos y del avasallamiento de las
poblaciones originarias desde 2003 es la siguiente:</DIV>
<DIV align=justify><BR>Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy, 2003)-
Sandra Cabrera (2004, Rosario), Martín Cisneros (2004, C.A.B.A) - Esteban
Armella (2004, Jujuy)- Carlos Fuentealba (2007, Neuquén) y Lázaro Duarte (2008,
Neuquén)- Juan Carlos Erazo ( 2008, Mendoza)- Javier Chocobar (2009, Tucumán)-
Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas (2010, Bariloche, Río negro)- Facundo Vargas
(2010, Mendoza) - Mariano Ferreyra (2010, CABA)- Roberto López y Mario López
(2010, Formosa)- Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri
Álvarez (2010, Parque Indoamericano, CABA) - Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel
Farfán (2011, Jujuy)- Mártires Lopez (2011, Chaco)- Cristian Ferreyra (2011,
Santiago del Estero) - Diego Jáuregui (2011, Avellaneda, Pcia Bs. As)- Geremias
Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez (2012, Rosario, Santa
Fe)- Noemí Condorí (2012, Escobar, Pcia Bs. As)- Miguel Galván (2012, Santiago
del Estero) - Celestina Jara y su nieta de ocho meses (2012, Formosa)- Imer
Flores (2013, Chaco)- Juan Manuel Asijak de 16 años (2013, Formosa).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Continúa desaparecido Daniel Solano, de 27 años,
trabajador de Río Negro, secuestrado el 5 de noviembre de 2011.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Asimismo, una serie de hechos a lo largo de estos años
evidencian la política de criminalización y judicialización, entre ellos:</DIV>
<DIV align=justify><BR>-Judicialización de la protesta social, a través del
procesamiento de militantes populares, que ha incluido desde las
organizaciones de desocupados, sindicatos, comunidades indígenas, organizaciones
de derechos humanos, asambleas y grupos ambientalistas, partidos políticos,
organizaciones territoriales, estudiantiles, entre otros.</DIV>
<DIV align=justify><BR>-La judicialización ha apelado a las siguientes figuras
penales: Detención y/o procesamiento de los manifestantes ante un corte de ruta
(a esos fines, se invoca el art. 194 del Código Penal); Imputación de usurpación
(contra pueblos originarios y campesinos), Imputación del delito de sedición (en
estos casos se invoca el art. 230 del Código Penal); Imputación del delito de
intimidación pública; Imputación del delito de resistencia o desobediencia a la
autoridad; Imputación del delito de coacción o extorsión; Imputación del delito
de daños, e incluso imputación de homicidio, entre otros.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Desde Plataforma 2012 consideramos falaz adjudicar la
responsabilidad exclusiva de la represión y criminalización a los gobiernos
provinciales, no sólo porque esto se revela como contradictorio con la fuerte
concentración de poder del actual gobierno nacional (un gobierno "unitario" en
su estilo de conducción política), sino también porque aquellas están ligadas a
la implementación de modelos de (mal)desarrollo, de carácter excluyente, que son
sostenidos activamente a nivel nacional desde políticas de Estado. Así, la
represión y la política de criminalización dan cuenta de la estructura de
alianzas políticas que el gobierno nacional alienta y promueve, con los
gobernadores y con los grandes actores económicos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Desde Plataforma 2012 consideramos que el umbral de
violencia política que una sociedad es capaz de tolerar es siempre una
construcción social y cultural, muy ligada a los ciclos de su historia nacional
y a sus devenires traumáticos. En nuestro país, el gran trauma social producido
por la dictadura militar impactó sobre el modo en cómo la sociedad procesa,
comprende y tolera la violencia política ejercida desde el aparato represivo
estatal. Este es uno de los grandes legados de las organizaciones defensoras de
derechos humanos, resumido en la fórmula del "Nunca más", que con el correr de
los años apuntaló un cierto consenso respecto de los límites de la violencia
política desde arriba, a saber, el rechazo a toda forma de terrorismo de Estado
y de la alternativa del asesinato o exterminio político de los ciudadanos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Desde sus inicios, el gobierno de los Kirchner buscó
hacerse eco de esta representación social -el rechazo a la represión abierta y
selectiva contra militantes sociales o políticos-, retomando y apropiándose del
paradigma de los derechos humanos. Sin embargo, pese a esta reiterada
reivindicación discursiva, la década kirchnerista abre enormes cuestionamientos
que colocan en el tapete la distancia entre el discurso oficial y los hechos y
abren nuevos interrogantes acerca del umbral de violencia estatal que nuestra
sociedad está dispuesta a tolerar y permitir.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En suma, pese a la defensa del derecho de protesta, la
criminalización de la protesta social se ha multiplicado y consolidado a través
de un fuerte entramado legal, que encuentra prolongación en una serie de medidas
sumamente preocupantes. En esta línea, no podemos dejar de mencionar dos
inflexiones que revelan de manera directa la fractura misma de la política de
derechos humanos y muestran su contradicción con el discurso oficial, como es el
caso de las dos leyes antiterroristas promovidas por el ejecutivo y votadas por
el oficialismo en 2006 y 2011, y la designación del general César Milani al
mando del ejército, sobre quien pesan graves acusaciones por la violación de
derechos humanos bajo la última dictadura militar. A esto hay que sumar el
nombramiento de Alejandro Marambio al frente del Servicio Penitenciario Federal
y el de Granados en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
La propuesta de la baja de la edad de imputabilidad de los menores, el Plan de
Espionaje X y la utilización del ejército para la represión en la provincia de
Santa Cruz, entre otros hechos, tienen un alto valor emblemático y
simbólico.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La precariedad y el notorio deterioro de los transportes
públicos (servicios ferroviarios, especialmente), potenciados por los negociados
entre empresarios y agentes estatales, ha mostrado que la corrupción también
mata y por lo tanto también termina violando derechos humanos. La denuncia de
la precarización laboral y los reclamos salariales -en los más diversos
ámbitos- han derivado, en varios casos, en el asesinato de militantes. La
política de criminalización de la pobreza y el aumento de los casos de "gatillo
fácil" hoy aparecen desplegados en la totalidad del territorio nacional, a lo
cual se suman situaciones de "nuevo conflicto social", ligadas al avance
del trabajo esclavo, la trata de personas y el narcotráfico. Aunque no ha sido
parte de este informe, no se puede obviar la importancia creciente de estas tres
problemáticas, que cuentan con la participación necesaria de diferentes sectores
de poder (político, económico, judicial, policial).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Incentivados y promovidos por políticas públicas
nacionales, la megaminería, la expansión de la frontera de los agronegocios, el
avance de la explotación de hidrocarburos no convencionales (fracking) generan
concentración y despojo, avanzando sin consulta pública ni licencia social,
segando el camino de territorios y cuerpos sacrificables. Desde la lógica
de esos modelos excluyentes, ya no son -como sucedía en los `90- los desocupados
la "población sobrante" (para ellos el poder político prevé planes sociales
masivos), sino otros cuerpos y comunidades, principalmente indígenas y
campesinos, víctimas del racismo endémico, que hoy devienen un obstáculo, una
piedra en el camino frente a la imperiosa expansión del capital.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Estos hechos, lejos de afianzar un paradigma de los
derechos humanos, tal como ha venido afirmando los gobiernos del
matrimonio Kirchner a lo largo de estos diez años, ilustran la permanencia
y profundización de una política de violación de los derechos individuales y
colectivos, cuyo responsable último es el Estado.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En el siguiente resumen enunciamos los temas que son
desarrollados en el documento principal.</DIV>
<DIV align=justify><BR>I-Un recorrido por la década (pag.2)<BR>- La persistencia
de la impunidad (pag.4)<BR>II. El derecho a la Protesta (pag.5)<BR>- La
legislación represiva desde 2003 (pag 6.)<BR>- Las leyes Antiterroristas
(pag.6)<BR>III. La criminalización y represión de la protesta (pag.9)<BR>- El
arrinconamiento y despojo de los Pueblos Originarios y Campesinos (pag.11)<BR>-
Protesta Sindical, Precarización laboral y Desocupados (pag.13)<BR>- Las luchas
socio-ambientales: megaminería, fracking y agronegocios. (pag.16)<BR>- Protesta
en reclamo por tierra y Vivienda (pag. 21)<BR>IV. Criminalización de la pobreza,
precariedad y crímenes sociales (pag.21)<BR>- Precariedad, corrupción y crímenes
sociales (pag.23)<BR>A modo de síntesis (pag.24)
<HR>
<BR><BR></DIV></FONT></BODY></HTML>