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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa</FONT><BR><U>11 de diciembre 2013<BR></U><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Montevideo -
Uruguay<BR>redacción y suscripciones: <A
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<HR>
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<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Argentina</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Declaración de CORREPI frente a las
nuevas asonadas policiales <BR><BR>El perro guardián quiere que su amo lo
alimente bien </FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT size=3>Ni ellos son trabajadores, ni
el pueblo es su patrón</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><BR><STRONG>Por medio de un documento la Coordinadora
Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) sentó posición con
respecto a los autoacuartelamientos de las fuerzas policiales en diferentes
zonas del país, como réplicas del triunfante motín policial cordobés. "Estas
asonadas tienen un carácter eminentemente mafioso, como lo prueban los
pretendidos "saqueos" paralelos a los acuartelamientos (...) Los policías,
gendarmes, prefectos o penitenciarios no son trabajadores que se organizan y
pelean por mejores condiciones laborales (...) Junto con el reclamo salarial
está presente el reclamo de "asistencia jurídica y psicológica", "apoyo
institucional" o formulaciones similares que apuntan a la defensa orgánica de
los acusados por fusilamientos de gatillo fácil, aplicación de tormentos y otros
hechos represivos."<BR><BR>ANRED (Agencia de Noticias-Redacción)<BR></STRONG><A
title="http://anred.org/ CTRL + clic para seguir el vínculo"
href="http://anred.org/"><STRONG
title="http://anred.org/ CTRL + clic para seguir el vínculo">http://anred.org/</STRONG></A><STRONG>
<BR></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT><BR>En octubre de 2012,
cuando la crisis europea se expresaba con mayor crudeza en Grecia, la Federación
de Sindicatos de Policías de ese país amenazó al gobierno con negarse a reprimir
las frecuentes protestas de trabajadores si no se le garantizaban mejoras en su
remuneración. Sin mayor discusión, y mientras se recortaban los salarios de los
trabajadores y las prestaciones sociales, el gobierno griego cedió a la presión
de quienes tienen un rol primordial para sostener el sistema de explotación, y
lo hacen valer (Boletín Informativo de CORREPI nº 674).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Un mes antes, en España, el titular del Sindicato
Unificado de la Policía (SUP), justificó la represión al movimiento de los
indignados, la infiltración y el uso de policías encapuchados (Europapress,
26/09/2012). En años anteriores, el SUP defendió públicamente el tratamiento
brutal a los independentistas vascos, y exigió al gobierno español que
profundizara la represión contra ETA, desconociendo los términos del acuerdo de
alto el fuego (Europapress 06/09/2010; 21/12/2011).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Estos dos ejemplos internacionales muestran claramente
cuál es el rol de las agrupaciones policiales o de otras fuerzas de seguridad,
que sus defensores insisten en llamar "sindicatos", como si sus integrantes
fueran parte de la clase trabajadora, en lugar de desclasados que, aunque cobren
un sueldo por la tarea que cumplen, son mercenarios cuya función es disciplinar
al pueblo para conservar los privilegios de sus patrones.<BR><BR>No es diferente
la cuestión en Argentina. Basta ver lo sucedido días pasados en la localidad
bonaerense de Olavarría, después de que el sargento Juan Coria impidiera, con un
certero disparo en el abdomen, que el trabajador de 33 años Jorge "Tito" Ortega
se suicidara. El asesinato de Tito movilizó a vecinos y amigos de la familia,
que se manifestaron en la plaza de la ciudad. La fuerte repercusión mediática
local de la presencia de Yesica Medina, su compañera, en el acto de CORREPI en
Plaza de Mayo el pasado 29 de noviembre, allanó el camino para que el fiscal
hiciera lo que hubiera hecho el mismo día del hecho si el asesino no llevara
uniforme: imputarlo por homicidio calificado y ordenar su detención.<BR>De
inmediato, el Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sin.Po.Pe.), afiliado a la
CGT línea Moyano, suscribió un acta acuerdo con los jefes de la policía de
Olavarría, que, como "medida de fuerza", se negaron a cumplir servicios
adicionales en la ciudad mientras el sargento Coria siguiera detenido. En poco
más de 72 horas, el fiscal revisó su posición, y anunció que no iba a pedir la
prisión preventiva del funcionario, por lo que fue liberado. En la página web de
APROPOBA, otro de los "sindicatos" policiales bonaerenses, no sólo se puede leer
su satisfacción por la noticia. También dejan claro que la libertad del asesino
fue fruto de un acuerdo con la fuerza. Dice su comunicado: "Se confirman así
todas las versiones que circularon insistentemente ayer en torno de un acuerdo
para permitir que Coria llegue en libertad al juicio oral y público por el
homicidio de Ortega. En ámbitos policiales se generalizaba un estado de ánimo
satisfecho a medida que corría la noticia. Los familiares de la víctima
seguramente la recibirán con desazón".<BR><BR>El Sin.Po.Pe. es uno de los tantos
"sindicatos" de fuerzas de seguridad en nuestro país, y se presenta como uno de
los más "progresistas", tanto desde su origen, de la mano del comisario
Mastandrea, quien iba a ser secretario de Seguridad bonaerense si la Alianza,
con Graciela Fernández Meijide de candidata, ganaba las elecciones a gobernador,
como por su cuidado lenguaje, que intenta remedar el de una organización de
trabajadores. A diferencia de otros de esos grupos de presión, que, por ejemplo,
reivindican de forma explícita la última dictadura militar, el Sin.Po.Pe se
esfuerza en parecer otra cosa, pero sus acciones concretas lo dejan al
descubierto. Su secretario de Accidentes de Trabajo, por caso, tiene como tarea
defender en las causas penales a los policías acusados por fusilamientos de
gatillo fácil, hechos de tortura y otras "contingencias laborales" frecuentes.
El Dr. Rubén Adrián Fernández defendió policías torturadores en los casos Duffau
y Gorosito, y hoy es el abogado del capitán Alfredo Alberto Veysandaz, que a
principios de año, en Quilmes, disparó sobre un grupo de jóvenes, que mató a
David Vivas (21) y a Javier Alarcón (15), e hirió a otro muchacho.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Estos pocos datos permiten ubicar con claridad desde
dónde se deben analizar las asonadas policiales de los últimos días, replicadas
en casi todo el país tras el triunfo del motín cordobés. En ese caso, además, no
se puede soslayar la particular situación de exposición del protagonismo de esa
fuerza en el narcotráfico en los últimos tiempos, cosa que, aunque no sea
novedad ni mucho menos privativa de la policía cordobesa -hace horas fue
arrestado un policía santafesino con la pistola 11.25 usada para disparar contra
el domicilio de su jefe político, el gobernador Bonfatti- puso un plus a la
jugada, ya que necesitaban relegitimar su lesionada imagen. Qué mejor para ello
que poner en evidencia el "caos social" que, lejos de ser resultado de su
ausencia en las calles cordobesas, fue deliberadamente causado para reforzar la
extorsión, y fue aprovechado, también, como "globo de ensayo" para medir la
reacción de ciertos sectores sociales con miras a la evidente profundización del
conflicto social que se avizora en el horizonte próximo.<BR>En resumen, los
policías, gendarmes, prefectos o penitenciarios NO son trabajadores que se
organizan y pelean por mejores condiciones laborales. Junto con el reclamo
salarial, generalmente en la letra chica de los petitorios, que no trasciende en
los medios, está presente el reclamo de "asistencia jurídica y psicológica",
"apoyo institucional" o formulaciones similares que apuntan a la defensa
orgánica de los acusados por fusilamientos de gatillo fácil, aplicación de
tormentos y otros hechos represivos. En sus páginas web, blogs y sitios de
Facebook nunca falta la explícita defensa a los "camaradas falsamente
incriminados" por las organizaciones antirrepresivas como CORREPI. En una de
esas publicaciones, por ejemplo, apodan a una de nuestras referentes, "la Dra.
Odio", que "ve en cada policía un asesino de menores y miente ante las
cámaras".<BR><BR>La lección para los gobiernos a partir de estas asonadas es más
que transparente: a los policías hay que aumentarles el sueldo sin discusión
pública, como hizo en su momento el gobernador de Chubut para no estimular el
reclamo salarial de los empleados estatales. Pero hay que aumentarles, porque al
perro guardián hay que tenerlo bien alimentado para que no se vuelva contra su
amo. Tampoco hay que pasarles demasiadas facturas por los negocios comunes en
los que los uniformados tienen a cargo la faz más operativa, como lo prueban los
episodios de Córdoba y el ataque a Bonfatti en Santa Fe.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Estas asonadas tienen un carácter eminentemente mafioso,
como lo prueban los pretendidos "saqueos" paralelos a los acuartelamientos. La
presión aplicada a los gobernadores es, a escala masiva, la misma que reciben a
diario los pequeños comerciantes de los barrios, que saben que si no pagan la
"cuota" a la brigada o comisaría de la zona van a ser prontamente
asaltados.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La forma empleada es otra evidencia de lo alejado que
están estos reclamos policiales de los métodos de los trabajadores. Por poner
sólo un ejemplo, jamás un trabajador de la salud dejaría -o promovería- la
muerte de los pacientes internados para mostrar la importancia de su
tarea.</DIV>
<DIV align=justify><BR>No menos característica es la inmediata y efectiva
reacción de los gobernantes, que, en lugar de rechazar todo diálogo, como hacen
habitualmente cuando el reclamo es de trabajadores, o de delegar en algún
funcionario de cuarta línea un simulacro de negociación para desgastar el
conflicto, se apresuran a atender personalmente a sus alterados perros
guardianes y buscar soluciones, incluso si, como Scioli, deben interrumpir un
viaje al exterior y suspender una reunión con un ex presidente yanqui.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Las declaraciones del jefe de gabinete Capitanich, que
atribuyó el amotinamiento a una intención caricaturesca de "socavar las bases de
la legitimidad democrática", es muestra de su verdadera preocupación. La
"legitimidad democrática" que Capitanich defiende, se conmueve si se pone en
evidencia que su sustento es, como lo vemos a diario, la represión.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>